Crece en el país la subrogación de vientres, criticada por el Papa
Solo en la ciudad de Buenos Aires durante 2023 fueron inscriptos más del doble de chicos nacidos por este método que en 2022
María Nöllmann
En su consultorio, María Belén García Ojeda recibe cada vez más casos de mujeres dispuestas a llevar en su vientre de manera voluntaria al hijo de su hermana, de su cuñada o de su prima. Pero también observa más que nunca a aquellas que deciden subrogar su útero a desconocidos a cambio de algún tipo de convenio. “El tema económico lo acuerda la pareja con la mujer. Si le quieren regalar a cambio una casa o un departamento, eso se arregla entre ellos”, afirma la médica ginecóloga, especialista en medicina reproductiva.
En su clínica, el año pasado recibieron tanto casos de parejas heterosexuales que por razones de salud o condiciones médicas no pueden concebir naturalmente, como de parejas de hombres que desean ser padres. Este incremento de embarazos por sustitución, práctica que recientemente el papa Francisco pidió prohibir en el mundo, se extiende por todo el país, especialmente en la Capital. Allí, en 2023 se inscribieron 65 bebés nacidos por este método, lo que marca un aumento del 109% respecto del año anterior, cuando se registraron 27, según datos del Registro Civil porteño. La cifra viene en alza desde 2017, año en que se inscribió el primer bebé, pero se incrementó especialmente tras la guerra en Ucrania. Si antes gran parte de las parejas y las personas solas que deseaban tener un hijo de esta manera subrogaban un vientre por un aproximado de US$60.000enesepaís,ahoralamayoría opta por el método dentro de la Argentina, indican los especialistas consultados. Algunos pocos lo hacen en los estados de Estados Unidos donde la práctica es legal. Esta opción es aún más costosa: allí las mujeres gestantes cobran entre US$150.000 y US$200.000.
Pero, a diferencia de Ucrania y las jurisdicciones de Estados Unidos, en la Argentina la subrogación no está regulada jurídicamente: no está legislada ni tampoco prohibida. Y entonces el crecimiento de la práctica ocurre en medio de un vacío legal que, según los especialistas, produce discusiones éticas entre los profesionales, la proliferación de malas prácticas y también el “riesgo de comercialización y extorsión”.
“Por el artículo 19 de la Constitución, todo lo que no está prohibido está permitido. La gestación subrogada no está prohibida, tampoco está legislada”, afirma la abogada Florencia Daud, especialista en reproducción médicamente asistida. Según su interpretación de las normas del Código Civil y de la misma Constitución, “jurídicamente este tipo de embarazo está permitido en su versión altruista, o sea cuando la mujer gestante lo hace de manera autodeterminada, sin estar obligada ni a cambio de dinero, solo para ayudar a una pareja a tener un hijo. Como no hay legislación que lo aclare, esa otra persona no necesariamente tiene que ser un pariente o una persona del círculo íntimo”.
Sin embargo, sostienen los especialistas, la mayor parte de las veces esto no se cumple. “La mayoría de los casos son a cambio de una remuneración, lo cual es ilegal. En el país, cualquier tipo de donación, incluso de óvulos y de semen, tiene que ser altruista”, señala Fabián Lorenzo, secretario de la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva (Samer) y miembro staff del Instituto de Ginecología y Fertilidad (IFER).
El consentimiento médico
El conflicto legal radica en la inscripción del niño nacido de una subrogación, dado que el artículo 562 del Código Civil y Comercial explicita que “los nacidos por las técnicas de reproducción humana asistida son hijos de quien dio a luz y del hombre o de la mujer que prestó su consentimiento (...) con independencia de quien haya aportado los gametos”. Es por eso que quienes quieran hacer un embarazo por sustitución en el país deben conseguir previamente una autorización judicial. “El juez decide: ‘Bueno, por tal y tal motivo, se puede avanzar’. Y cuando el niño nace, el médico, en lugar de anotar a la madre, anota por orden judicial a los requirentes”, afirma el abogado Jorge Nicolás Lafferriere, profesor titular de Derecho Civil de la Universidad Católica Argentina (UCA). Daud detalla que hubo casos denegados, pero que la mayoría son aceptados.
En el caso de la ciudad de Buenos Aires es más simple, ya que desde 2017 hay una medida cautelar impulsada por el Defensor del Pueblo porteño que indica que toda pareja que exprese la voluntad procreacional y tenga el consentimiento “previo, libre e informado” de la persona gestante, puede inscribir al recién nacido a su nombre. Pero, afirman los especialistas, al no haber una regulación son los propios médicos los que autorizan los consentimientos, elaborados por un abogado según su propio criterio, y ello, explican, implica un riesgo.
“Da para la polémica. Al no haber regulación, cualquiera puede acceder. Yo puedo rechazar un caso porque éticamente no me parezca aceptable, pero puede venir otro profesional y hacerlo”, detalla Ojeda, quien dice no aceptar a “padres intencionales” –como se le llama a los aspirantes a padres– mayores de 51 años, edad límite de la ley de cobertura reproductiva.
Daud declara que solo acepta intervenir en pocos casos de los que recibe, y que antes de comprometerse exige que los interesados realicen dos meses de sesiones con un psicólogo, al cual luego le pide su opinión. “Al no haber una ley que lo determine, me manejo por intuición. Rechazo casos que me parecen sospechosos. Una vez recibí uno aberrante: un hombre que estaba casado y quería tener un bebé por gestación subrogada con su amante para que no tenga panza y nadie pregunte”, revela.
“Nosotros, si no hay altruismo, no lo hacemos. Verificamos que su voluntad no esté cooptada e influenciada por una situación económica. Pero yo conozco un montón de casos de profesionales que no lo hacen. Además, una parte de la reproducción asistida tiene un fin comercial, porque para las clínicas los pacientes muchas veces no son pacientes, sino clientes”, suma Lorena Laserre, psicóloga especialista en fertilidad y reproducción asistida, que recibe casos derivados de abogados y de clínicas de esa disciplina.
Ella cree que no se puede prohibir este tipo de embarazos porque ya es una práctica arraigada en el país, sino que habría que regularlos para que no dependa de la ética de los profesionales involucrados. Pero dentro del rubro hay una crispación de opiniones. Lo mismo sucede entre los juristas. Hay quienes creen que se debería legalizar y otros, que se debería prohibir.
“El nuevo Código Civil y Comercial tenía una propuesta en su redacción original que admitía la subrogación de vientres. La propuesta despertó tanto debate en la comisión bicameral que lo discutió que finalmente fue rechazada. El texto final aprobado establece que cuando nace un niño o una niña a través de una técnica de reproducción humana asistida, es hijo de quien dio a luz y de la persona que dio su consentimiento, con lo cual la maternidad queda establecida por el parto. Por estos motivos yo considero que en la Argentina la subrogación no es una práctica legal”, cierra Laferriere.
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Otro encendido reclamo de madres por la ley de salud mental
Durante el debate del cambio impulsado en la ley ómnibus, volvieron a pedir que se declare al área en emergencia
En su consultorio, María Belén García Ojeda recibe cada vez más casos de mujeres dispuestas a llevar en su vientre de manera voluntaria al hijo de su hermana, de su cuñada o de su prima. Pero también observa más que nunca a aquellas que deciden subrogar su útero a desconocidos a cambio de algún tipo de convenio. “El tema económico lo acuerda la pareja con la mujer. Si le quieren regalar a cambio una casa o un departamento, eso se arregla entre ellos”, afirma la médica ginecóloga, especialista en medicina reproductiva.
En su clínica, el año pasado recibieron tanto casos de parejas heterosexuales que por razones de salud o condiciones médicas no pueden concebir naturalmente, como de parejas de hombres que desean ser padres. Este incremento de embarazos por sustitución, práctica que recientemente el papa Francisco pidió prohibir en el mundo, se extiende por todo el país, especialmente en la Capital. Allí, en 2023 se inscribieron 65 bebés nacidos por este método, lo que marca un aumento del 109% respecto del año anterior, cuando se registraron 27, según datos del Registro Civil porteño. La cifra viene en alza desde 2017, año en que se inscribió el primer bebé, pero se incrementó especialmente tras la guerra en Ucrania. Si antes gran parte de las parejas y las personas solas que deseaban tener un hijo de esta manera subrogaban un vientre por un aproximado de US$60.000enesepaís,ahoralamayoría opta por el método dentro de la Argentina, indican los especialistas consultados. Algunos pocos lo hacen en los estados de Estados Unidos donde la práctica es legal. Esta opción es aún más costosa: allí las mujeres gestantes cobran entre US$150.000 y US$200.000.
Pero, a diferencia de Ucrania y las jurisdicciones de Estados Unidos, en la Argentina la subrogación no está regulada jurídicamente: no está legislada ni tampoco prohibida. Y entonces el crecimiento de la práctica ocurre en medio de un vacío legal que, según los especialistas, produce discusiones éticas entre los profesionales, la proliferación de malas prácticas y también el “riesgo de comercialización y extorsión”.
“Por el artículo 19 de la Constitución, todo lo que no está prohibido está permitido. La gestación subrogada no está prohibida, tampoco está legislada”, afirma la abogada Florencia Daud, especialista en reproducción médicamente asistida. Según su interpretación de las normas del Código Civil y de la misma Constitución, “jurídicamente este tipo de embarazo está permitido en su versión altruista, o sea cuando la mujer gestante lo hace de manera autodeterminada, sin estar obligada ni a cambio de dinero, solo para ayudar a una pareja a tener un hijo. Como no hay legislación que lo aclare, esa otra persona no necesariamente tiene que ser un pariente o una persona del círculo íntimo”.
Sin embargo, sostienen los especialistas, la mayor parte de las veces esto no se cumple. “La mayoría de los casos son a cambio de una remuneración, lo cual es ilegal. En el país, cualquier tipo de donación, incluso de óvulos y de semen, tiene que ser altruista”, señala Fabián Lorenzo, secretario de la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva (Samer) y miembro staff del Instituto de Ginecología y Fertilidad (IFER).
El consentimiento médico
El conflicto legal radica en la inscripción del niño nacido de una subrogación, dado que el artículo 562 del Código Civil y Comercial explicita que “los nacidos por las técnicas de reproducción humana asistida son hijos de quien dio a luz y del hombre o de la mujer que prestó su consentimiento (...) con independencia de quien haya aportado los gametos”. Es por eso que quienes quieran hacer un embarazo por sustitución en el país deben conseguir previamente una autorización judicial. “El juez decide: ‘Bueno, por tal y tal motivo, se puede avanzar’. Y cuando el niño nace, el médico, en lugar de anotar a la madre, anota por orden judicial a los requirentes”, afirma el abogado Jorge Nicolás Lafferriere, profesor titular de Derecho Civil de la Universidad Católica Argentina (UCA). Daud detalla que hubo casos denegados, pero que la mayoría son aceptados.
En el caso de la ciudad de Buenos Aires es más simple, ya que desde 2017 hay una medida cautelar impulsada por el Defensor del Pueblo porteño que indica que toda pareja que exprese la voluntad procreacional y tenga el consentimiento “previo, libre e informado” de la persona gestante, puede inscribir al recién nacido a su nombre. Pero, afirman los especialistas, al no haber una regulación son los propios médicos los que autorizan los consentimientos, elaborados por un abogado según su propio criterio, y ello, explican, implica un riesgo.
“Da para la polémica. Al no haber regulación, cualquiera puede acceder. Yo puedo rechazar un caso porque éticamente no me parezca aceptable, pero puede venir otro profesional y hacerlo”, detalla Ojeda, quien dice no aceptar a “padres intencionales” –como se le llama a los aspirantes a padres– mayores de 51 años, edad límite de la ley de cobertura reproductiva.
Daud declara que solo acepta intervenir en pocos casos de los que recibe, y que antes de comprometerse exige que los interesados realicen dos meses de sesiones con un psicólogo, al cual luego le pide su opinión. “Al no haber una ley que lo determine, me manejo por intuición. Rechazo casos que me parecen sospechosos. Una vez recibí uno aberrante: un hombre que estaba casado y quería tener un bebé por gestación subrogada con su amante para que no tenga panza y nadie pregunte”, revela.
“Nosotros, si no hay altruismo, no lo hacemos. Verificamos que su voluntad no esté cooptada e influenciada por una situación económica. Pero yo conozco un montón de casos de profesionales que no lo hacen. Además, una parte de la reproducción asistida tiene un fin comercial, porque para las clínicas los pacientes muchas veces no son pacientes, sino clientes”, suma Lorena Laserre, psicóloga especialista en fertilidad y reproducción asistida, que recibe casos derivados de abogados y de clínicas de esa disciplina.
Ella cree que no se puede prohibir este tipo de embarazos porque ya es una práctica arraigada en el país, sino que habría que regularlos para que no dependa de la ética de los profesionales involucrados. Pero dentro del rubro hay una crispación de opiniones. Lo mismo sucede entre los juristas. Hay quienes creen que se debería legalizar y otros, que se debería prohibir.
“El nuevo Código Civil y Comercial tenía una propuesta en su redacción original que admitía la subrogación de vientres. La propuesta despertó tanto debate en la comisión bicameral que lo discutió que finalmente fue rechazada. El texto final aprobado establece que cuando nace un niño o una niña a través de una técnica de reproducción humana asistida, es hijo de quien dio a luz y de la persona que dio su consentimiento, con lo cual la maternidad queda establecida por el parto. Por estos motivos yo considero que en la Argentina la subrogación no es una práctica legal”, cierra Laferriere.
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Otro encendido reclamo de madres por la ley de salud mental
Durante el debate del cambio impulsado en la ley ómnibus, volvieron a pedir que se declare al área en emergencia
Fabiola Czubaj
Marina Charpentier, ayer, en el plenario de diputados
En una nueva jornada del plenario de comisiones que está tratando el proyecto de ley ómnibus en el Congreso, fue el turno de los cambios que propone el Poder Ejecutivo a la ley de salud mental. “¡Pedimos que declaren ya la emergencia en salud mental en todo el país!”, lanzó frente a los diputados Stella Maurig, cofundadora de @LaMadre_Marcha Marcha, una ONG que reclama la actualización de algunos artículos de la norma.
Con Marina Charpentier, también fundadora de esa organización, fueron convocadas para exponer ante los legisladores. Repasaron los inconvenientes que atraviesan pacientes y familiares para acceder a los servicios y el seguimiento de manera oportuna, además de la necesidad de contar con hospitales especializados en la atención de problemas de salud mental y adicciones.
“Los pibes se están muriendo. El fentanilo está en la calle”, sostuvo Charpentier, que también resumió lo que le tocó atravesar con su hijo, el cantante Chano. “Esta ley [por la de salud mental] está hecha para pacientes con dinero, que pueden pagar sus tratamientos –continuó–. No estamos en contra de la ley, pero hay que mejorarla”. Pidió que, para eso, los legisladores “salgan a la calle” y “hablen con las madres, las familias”.
En los dos últimos años, ambas mujeres alzaron la voz para alertar que “la situación es crítica” y reclamar a las autoridades nacionales que se declare la emergencia en adicciones y salud mental en todo el país. Con otras madres, se movilizaron al Congreso, luego de que no les atendieran pedidos de reuniones con los legisladores, y al Palacio de Justicia, frente a la Plaza Lavalle, en el centro porteño. Ayer, frente al plenario de comisiones de la Cámara de Diputados Maurig resumió los cambios con los que la ley se adaptaría a las necesidades de la población y mejoraría la eficiencia del Estado en la respuesta sanitaria.
La fundadora de @LaMadre_Marcha mencionó los artículos que se refieren a la excepcionalidad que se exige para las internaciones involuntarias y los requisitos que se exigen a las familias, que suelen denunciar que son de difícil o imposible cumplimiento, sobre todo durante una situación de emergencia o una crisis; la imposibilidad de abrir hospitales solo para salud mental y adicciones con los altos costos y la falta de lugares especializados para la atención y el tratamiento, entre otros puntos. También, recordaron que no se cumple la asignación presupuestaria del 10% que manda la norma.
El proyecto de ley ómnibus que envió al Congreso el Gobierno plantea cambios en ocho de los más de 40 artículos de la ley 26.657, entre los que figuran los puntos más debatidos y resistidos de la norma, como las internaciones involuntarias, la existencia o creación de hospitales especializados o la actuación del Órgano de Revisión (OR).
Campañas
“Hay que poner la ley en el año 2024 porque quedó vieja”, dijo Charpentier al referirse a los consumos más prevalentes. Además de las drogas sintéticas, sin olvidar la marihuana y la cocaína, mencionó el alcohol. “El 50% de los padres [con los que tratan a través de la ONG] me dicen que el alcohol no es una droga”, planteó a modo de ejemplo de la necesidad de campañas de educación y prevención.
Enfatizó, en ese sentido, en las posibilidades que están disponibles para que el Estado haga ese trabajo en las escuelas o los clubes, por ejemplo. “Están los colegios, donde están los chicos que van a ser el futuro, para hacer prevención. Pero no hay educación en esto porque se tiene miedo de hablar de adicciones y salud mental”, reforzó Charpentier.
Con Maurig coincidieron en que “la ley es muy buena, pero es teórica”, lo que también conversaron con los legisladores de los distintos partidos que se acercaron para tomarse fotos con ellas o proponerles “empezar a trabajar juntos” al final de la exposición. “La ley defenderá los derechos humanos, pero ¿qué derecho humano tiene hoy el paciente?”, planteó Charpentier.
En una nueva jornada del plenario de comisiones que está tratando el proyecto de ley ómnibus en el Congreso, fue el turno de los cambios que propone el Poder Ejecutivo a la ley de salud mental. “¡Pedimos que declaren ya la emergencia en salud mental en todo el país!”, lanzó frente a los diputados Stella Maurig, cofundadora de @LaMadre_Marcha Marcha, una ONG que reclama la actualización de algunos artículos de la norma.
Con Marina Charpentier, también fundadora de esa organización, fueron convocadas para exponer ante los legisladores. Repasaron los inconvenientes que atraviesan pacientes y familiares para acceder a los servicios y el seguimiento de manera oportuna, además de la necesidad de contar con hospitales especializados en la atención de problemas de salud mental y adicciones.
“Los pibes se están muriendo. El fentanilo está en la calle”, sostuvo Charpentier, que también resumió lo que le tocó atravesar con su hijo, el cantante Chano. “Esta ley [por la de salud mental] está hecha para pacientes con dinero, que pueden pagar sus tratamientos –continuó–. No estamos en contra de la ley, pero hay que mejorarla”. Pidió que, para eso, los legisladores “salgan a la calle” y “hablen con las madres, las familias”.
En los dos últimos años, ambas mujeres alzaron la voz para alertar que “la situación es crítica” y reclamar a las autoridades nacionales que se declare la emergencia en adicciones y salud mental en todo el país. Con otras madres, se movilizaron al Congreso, luego de que no les atendieran pedidos de reuniones con los legisladores, y al Palacio de Justicia, frente a la Plaza Lavalle, en el centro porteño. Ayer, frente al plenario de comisiones de la Cámara de Diputados Maurig resumió los cambios con los que la ley se adaptaría a las necesidades de la población y mejoraría la eficiencia del Estado en la respuesta sanitaria.
La fundadora de @LaMadre_Marcha mencionó los artículos que se refieren a la excepcionalidad que se exige para las internaciones involuntarias y los requisitos que se exigen a las familias, que suelen denunciar que son de difícil o imposible cumplimiento, sobre todo durante una situación de emergencia o una crisis; la imposibilidad de abrir hospitales solo para salud mental y adicciones con los altos costos y la falta de lugares especializados para la atención y el tratamiento, entre otros puntos. También, recordaron que no se cumple la asignación presupuestaria del 10% que manda la norma.
El proyecto de ley ómnibus que envió al Congreso el Gobierno plantea cambios en ocho de los más de 40 artículos de la ley 26.657, entre los que figuran los puntos más debatidos y resistidos de la norma, como las internaciones involuntarias, la existencia o creación de hospitales especializados o la actuación del Órgano de Revisión (OR).
Campañas
“Hay que poner la ley en el año 2024 porque quedó vieja”, dijo Charpentier al referirse a los consumos más prevalentes. Además de las drogas sintéticas, sin olvidar la marihuana y la cocaína, mencionó el alcohol. “El 50% de los padres [con los que tratan a través de la ONG] me dicen que el alcohol no es una droga”, planteó a modo de ejemplo de la necesidad de campañas de educación y prevención.
Enfatizó, en ese sentido, en las posibilidades que están disponibles para que el Estado haga ese trabajo en las escuelas o los clubes, por ejemplo. “Están los colegios, donde están los chicos que van a ser el futuro, para hacer prevención. Pero no hay educación en esto porque se tiene miedo de hablar de adicciones y salud mental”, reforzó Charpentier.
Con Maurig coincidieron en que “la ley es muy buena, pero es teórica”, lo que también conversaron con los legisladores de los distintos partidos que se acercaron para tomarse fotos con ellas o proponerles “empezar a trabajar juntos” al final de la exposición. “La ley defenderá los derechos humanos, pero ¿qué derecho humano tiene hoy el paciente?”, planteó Charpentier.
http://indecquetrabajaiii.blogspot.com.ar/. INDECQUETRABAJA
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