SEGURIDAD, RESOLUCIÓN Y REFORMA

Medida inédita. La Justicia de Santa Fe ordenó derrumbar cinco búnkeres de droga en Rosario
Tras la adhesión de la provincia a la ley de desfederalización del narcomenudeo, un fiscal pidió que se destruyeran varios puntos de venta de cocaína; algunos de ellos los manejaba Fran Riquelme, acusado de amenazar al gobernador Pullaro


Germán de los Santos
Demolición de un Bunker de drogas en Riobamba al 5000, Rosario
ROSARIO.- Como si la imagen fuera la de hace una década, cuando arribaron a esta ciudad más de 3400 gendarmes al mando de Sergio Berni y comenzaron a destruir búnkeres, este jueves la Justicia provincial ordenó derribar cinco puntos de venta de drogas emblemáticos en esta ciudad.
Esta medida inédita fue solicitada por el fiscal Franco Carbone y es uno de los primeros resultados de la desfederalización de la persecución penal del delito de narcomenudeo, que comenzó a regir el 16 de diciembre pasado, cuando la Legislatura santafesina sancionó, en el marco de la emergencia en seguridad, la adhesión a esta ley nacional aprobada en 2005. Santa Fe hasta ahora se resistía a la persecución del microtráfico.
Los detractores de la ley de narcomenudeo advertían que iba a ser perjudicial que la policía de Santa Fe se dedique a perseguir el tráfico de drogas a baja escala por los altos niveles de corrupción que padece la fuerza. Pero más allá de esta particularidad, en la práctica gran parte de las causas que congestionan la Justicia federal son por tenencia simple y para consumo personal.
Según un informe de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), el 55% de los expedientes que se iniciaron por drogas en la Justicia Federal de Rosario en 2022 fueron por tenencia simple y para consumo personal. Se trata de 1434 expedientes judiciales que no iban a tener ningún destino en el fuero penal, pero que sirven para alimentar las estadísticas de los operativos de seguridad. De las 2604 causas que se abrieron por sustancias psicoactivas ilegales, el 41% es por el artículo 5 de la ley 23.337, que penaliza “el comercio o la tenencia para la comercialización”.
Demolición de un Bunker de drogas en Riobamba al 5000, Rosario
A partir de ahora, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) provincial estará a cargo de la persecución del narcomenudeo. Y la puesta en escena que se hizo este jueves sirvió para exhibir esta nueva etapa.
La medida de derrumbar cinco búnkeres fue solicitada por Carbone ante la jueza Silvia Castelli en una extensa audiencia penal a la que asistieron autoridades del gobierno provincial, municipal y del MPA.
“La medida de derribo no puede esperar”, señaló la magistrada en la resolución, aunque advirtió que luego debe sostenerse la presencia del Estado en los territorios: “El Estado no puede bajar, golpear y retirarse. Está bien que lo haga como primera medida”. Este señalamiento de la jueza tiene que ver con una escena que se repitió a lo largo de los últimos años y que marca que muchos de los búnkeres derribados con topadoras después volvían a funcionar a los pocos días, cuando se apagaban las cámaras de TV.
Demolición de un Bunker de drogas en Riobamba al 5000, Rosario
Castelli sostuvo que la sintonía de los gobiernos provincial y municipal debe lograr “generar arraigo en los territorios más allá de la medida judicial, porque hoy nos vamos con una foto, pero en el futuro se debe avanzar en prevención”.
Los inmuebles usados como búnkeres que empezaron a ser derrumbados son una vivienda de pared amarilla de Felipe Moré 612 bis y Felipe Moré 600 bis –ambas atribuidas a Francisco “Fran” Riquelme, vinculado el martes a algunas de las recientes amenazas al gobernador Maximiliano Pullaro–, un domicilio en Ayacucho al 4300, otro en Biedma 255 y otro en Necochea e Ivanowski.
Riquelme está detenido actualmente en el penal de Marcos Paz. Fue acusado por el fiscal Carbone de ordenar desde ese penal federal atentados contra la comisaría 19ª y contra la escuela Paulo VI. El último ataque no se pudo concretar, y terminaron detenidos los tres “soldaditos” que habían cobrado 100.000 pesos cada uno por atacar el colegio, donde debían dejar una amenaza contra Pullaro.
Anoche balearon por segunda vez la escuela Rosa Ziperovich de la zona norte de Rosario y dejaron un cartel intimidatorio. A esta escuela asistía, Máximo Jérez, el chico de la comunidad toba que asesinaron hace unos meses atrás
Riquelme está acusado, además, de ordenar matar a gente inocente, como el albañil Leonardo Rodríguez, que fue baleado al azar. La orden de Fran fue matar a un “cualquierita” para ‘tirarle un muerto’ a un búnker rival situado en Teniente Agneta y las vías. El fiscal Carbone repasó la serie de balaceras que le atribuyen haber ejecutado a la banda de Riquelme entre abril y mayo pasado, y que tuvieron como blanco las escuelas José Mármol y Rosa Ziperovich, la comisaría 16ª del barrio Tablada, la seccional 20ª de Empalme Granero y el Order, en el complejo penitenciario de 27 de febrero al 7800.
En el lugar, el ministro Seguridad, Pablo Cococcioni, indicó que “es la primera muestra pública de lo que va a ser la aplicación práctica y concreta de la ley de microtráfico, más allá de la faceta investigativa y judicial que lleva adelante la Fiscalía. Lo que esta ley permite es la desactivación coercitiva de los puntos de venta minoristas de estupefaciente en el territorio provincial: cuando haya un búnker o una construcción precaria y montada específicamente para el tráfico estupefaciente, la ley permite el derribo o demolición forzosa”.
“Esta ley pretende dilucidar los eslabones superiores en la cadena de comercialización y suministro de estupefacientes, y nos enfocamos en la desactivación del punto de venta en concreto. La Justicia federal persigue la cadena de comercialización, investiga los eslabones superiores del narcotráfico y la intervención provincial es la desactivación directa del punto de venta”, explicó el ministro.
Demolición de un Bunker de drogas en Riobamba al 5000, Rosario

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Prohibirán nuevamente el uso de celulares dentro de cárceles mendocinas
Un juez anuló el beneficio que tenían los presos desde la pandemia; el proceso de retirar los teléfonos llevará seis meses
Pablo ManninoEl complejo Almafuerte será una de las prisiones en las que se evitará el uso de celulares
MENDOZA.– Una medida esperada, pero que se queda a mitad de camino. Así podría definirse la decisión de la Justicia mendocina de prohibir el uso de celulares en las cárceles para evitar estafas telefónicas y diversos delitos de bandas criminales desde los penales.
De esta manera, tras dejar sin efecto los alcances de un DNU presidencial de la época de pandemia, que permitía las comunicaciones entre los internos y sus familiares, comenzarán a quitarles los aparatos a más de 4000 presos, de manera progresiva, dentro de los próximos seis meses, notificándoles con un plazo de 30 días para que entreguen voluntariamente su teléfono. En tanto, la medida no correrá para las mujeres privadas de la libertad, ya que el 80% son madres con hijos a cargo, indica la resolución.
Sin embargo, la iniciativa tendrá sus dificultades para concretar el objetivo de seguridad: no se ha realizado la inversión en tecnología para bloquear la señal de los dispositivos móviles. Por tal motivo, los expertos consultados consideran que, mientras nacion se esperan acciones concretas en infraestructura digital, se deberán extremar los controles internos, ya que habrá reos que conseguirán los aparatos para seguir operando sin problemas desde las penitenciarías. Hasta ahora, en la Argentina existe una sola experiencia de bloqueo de señal en una cárcel de Santa Fe, con internos de alto perfil vinculados al narcotráfico.
Además, entre las disposiciones del dictamen judicial se estableció que solo podrán quitarse los aparatos en aquellos pabellones donde exista el servicio de telefonía pública. Vale aclarar, en este aspecto, que desde el confinamiento por Covid-19 se retiraron los teléfonos públicos, por lo que se deberá volver a instalar, de acuerdo con la ley vigente, ese tipo de comunicación oral, que podría ser ahora inalámbrica. De ahí, el plazo de seis meses para que el Servicio Penitenciario Provincial deje en condiciones esa área de contacto, más allá del régimen de visitas.
Reclamo por inhibidores
“En cuanto al control operativo, hay una situación fáctica: es muy difícil, salvo que se instalen inhibidores de señal, inhibidores que técnicamente también son de difícil aplicación. En la provincia desde el 2008 hay una norma que prohíbe los usos de celulares y obliga a instalar equipos de inhibición, desde ese momento hasta esta fecha nunca se ha podido, por una cuestión presupuestaria y técnica. No hay inhibidores de señal en la provincia, en ningún complejo”, expresó Sebastián Sarmiento, juez de Ejecución Penal, a cargo del dictamen.
Sobre este punto irresuelto por parte del Ejecutivo mendocino, hay varias explicaciones, principalmente por la impermeabilidad de las estructuras o la cercanía de sitios urbanos, que se verían afectados. Por tal motivo, se espera que, al menos, se realicen acciones en áreas carcelarias de alto riesgo.
Por caso, en las últimas horas, el gobernador Alfredo Cornejo, aseguró que se está avanzando en ese sentido. “Estamos trabajando en el bloqueo de teléfonos móviles en algunos pabellones. Estamos en período de prueba en algunas cosas, creo que va a funcionar bien y que va a bajar el delito con teléfonos un poco, pero no se producen los delitos con teléfonos solo de la penitenciaría, sino de otros lugares, de casas particulares, etcétera. Estamos trabajando en eso y esperamos en el año tener avances sustantivos”, indicó el mandatario.
De todas maneras, desde la Justicia mendocina consideran que se debe dar un debate a fondo para evitar que la medida de prohibición del uso de celulares en los penales quede en saco roto. “Lo que planteo es que hay que dar una discusión seria. Entiendo que la norma debe ser estudiada seriamente porque en la práctica muchas veces el acceso de esos teléfonos provoca hechos de corrupción, tráfico, otras cuestiones constantes, quizás muchas veces más perjudiciales que la que se intenta resolver”, agregó el juez Sarmiento.
La resolución del magistrado se conoció el pasado martes, tras rechazar los pedidos de los defensores oficiales sobre la posibilidad de prorrogar nuevamente la autorización para el uso de celulares en las cárceles. La última extensión, ante de tomar la decisión, se había dado el año pasado, con vencimiento el 31 de diciembre. Es más, las solicitudes de ampliación del beneficio, aludían además al reciente DNU 70/23, que contempla una nueva declaración de emergencia, en este caso general, que incluía también la emergencia sanitaria. “Resolví no hacer lugar a este planteo entendiendo que ya no existía una situación de pandemia ni riesgo epidemiológico y por ende se tenía que restablecer en el régimen y entendiendo además que esta situación se tiene que discutir en el ámbito adecuado que es la Legislatura”, indicó el juez.
En cuanto al permiso para que las mujeres detenidas puedan continuar con el beneficio, desde la Justicia mendocina indicaron que se trata de una situación diferente, con particularidades que se deben atender en pos del vínculo de la madre y sus hijos menores.
“La situación de la mujer detenida debe ser llevado por un abordaje diferenciado, por la situación de vulnerabilidad, porque el 80% de las mujeres detenidas son madres, muchas de ellas a cargo de sus hijos menores, hijos que muchas veces quedan en situación de desamparo”, indicó Sarmiento, y añadió: “No los pueden llevar a los días de visita, por lo cual pierden contacto absoluto y por eso entendemos que era apropiado mantener esa situación”, completó.

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Jorge Macri pidió expulsar a extranjeros que cometan delitos
El jefe del gobierno porteño reclamó el cambio de la ley que rige la política migratoria
Jorge Macri jefe del gobierno porteño


El jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, reclamó ayer que sean expulsados del país aquellos ciudadanos extranjeros que cometan delitos y no tengan ciudadanía argentina. “Se debe restituir la normativa que en 2017 modificó la ley de migraciones para agilizar la expulsión de aquellos extranjeros, sin ciudadanía, que eligen nuestro país para delinquir y que fue derogada en 2021 por el kirchnerismo”, pidió el funcionario a través de sus redes sociales. Lo hizo luego de que la Policía de la Ciudad detuviera en las últimas horas a tres ladrones, dos chilenos y un colombiano, que habían robado en un local del barrio de Balvanera. “Los tres son extranjeros y ninguno posee ciudadanía argentina”, agregó Jorge Macri.
En enero de 2017, el Poder Ejecutivo, entonces a cargo de Mauricio Macri, publicó el decreto 70, que modificó la ley de migraciones. Se imponía con esa norma controles más estrictos para evitar que delincuentes extranjeros permanecieran en la Argentina. El Gobierno consideraba entonces que crecía la población carcelaria de ladrones que habían llegado al país en los últimos años, por lo que decidió que se creara un procedimiento migratorio especial “sumarísimo”
“Se debe restituir la normativa que en 2017 modificó la ley de migraciones para agilizar la expulsión de aquellos extranjeros, sin ciudadanía, que eligen nuestro país para delinquir y que fue derogada en 2021 por el kirchnerismo” con el fin de negar el ingreso de personas con antecedentes delictivos y, además, ese cambio legal dotaba al Estado con herramientas para expulsar del país a los delincuentes con más celeridad.
Sin embargo, en marzo de 2021, el entonces presidente Alberto Fernández derogó ese decreto sobre la ley migratoria por considerar que esos cambios eran “irreconciliables con la Constitución Nacional y con el sistema internacional de protección de los derechos humanos”. El jefe del gobierno porteño pidió que se regresase al concepto que había sido impuesto en 2017.
“Nuestra ciudad no debe ser más el lugar al que se viene a cometer delitos”, escribió Jorge Macri en su cuenta de X. Ese mensaje fue difundido poco después de que tres extranjeros fuesen detenidos luego de ingresar anteanoche en un comercio ubicado en la avenida Pueyrredón al 400, cerca de la intersección con Corrientes, en el barrio de Balvanera.
El robo en Balvanera
Ese robo fue descubierto luego de un llamado al 911. Efectivos de la Comisaría Vecinal 3 A arribaron al lugar, donde la encargada del local contó que los delincuentes se habían escapado en distintas direcciones. Con la asistencia del Centro de Monitoreo Urbano (CMU), se logró captar a los ladrones. Incluso, se identificó el sitio donde los sospechosos se desprendieron de una bolsa. Los investigadores hallaron dentro 14 teléfonos robados.
Los tres hombres fueron detenidos en los alrededores. Se determinó que dos de los arrestados tienen nacionalidad chilena y que el restante es un ciudadano colombiano. Según agregaron las fuentes consultadas por la nacion, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 37, a cargo de Diego Slupski, ordenó la detención de los tres imputados y el secuestro de los celulares.

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