La UCR define cómo pararse ante Milei en plena tensión entre “halcones” y “palomas”
En la bancada radical, que conduce De Loredo, buscan consensuar una postura ante la ley ómnibus; el sector de Manes y Morales pide endurecerse
Matías Moreno
De Loredo, forzado a hacer equilibrio
Los diputados radicales conviven bajo el mismo paraguas en el Congreso, pero mantienen las diferencias internas que se reflejaron en la última campaña -donde quedaron absorbidos por la competencia de Pro- o en la feroz puja por la elección de las autoridades de la bancada. De hecho, el megaproyecto con el que Milei pretende desregular la economía y reformar el Estado deja en evidencia las discrepancias entre un sector que se inclina por erigirse como una oposición no obstruccionista y un ala con vocación combativa, que rechaza las posiciones ambiguas o concesivas frente a la avanzada reformista de los libertarios. Hay “halcones” y “palomas”.
Rodrigo de Loredo, jefe del bloque de Diputados de la UCR, quedó en el ojo del huracán después de la primera semana de debate de la ley ómnibus en el Congreso. El grupo que integran Facundo Manes -que se encuentra en México y regresará al país en las próximas horas, según indican fuentes de su entorno-, los jujeños que responden a Gerardo Morales o Julio Cobos reclaman que el radicalismo asuma el rol de una posición intransigente ante Milei, sin doblez. “El discurso de De Loredo no nos representa. No estamos dispuestos a agachar la cabeza, hay una situación de gravedad institucional”, justifican cerca de Manes. Los detractores del médico en la UCR lo acusan de haberse “borrado” en pleno debate legislativo.
Allegados a Manes lo niegan. Y aseguran que mantuvo contactos con sectores afectados por las reformas de Milei o el DNU, como los jefes de la CGT, y que regresará en las próximas horas al país. El neurólogo, junto con Pablo Juliano, procura aglutinar a los legisladores de la UCR más críticos de la cosmovisión de Milei. Sus colaboradores argumentan que el megadecreto o la ley ómnibus tienen “contradicciones” o atentan contra “el espíritu” de la Constitución. También cuestionan las medidas económicas que Milei puso en marcha para sortear la crisis inflacionaria. “No nos convence ni el fondo ni la forma de la ley. Y no puede ser que la única alternativa sea el kirchnerismo”, resume uno de los diputados del ala dura.
Esa postura llevó Juliano a la reunión que mantuvieron, vía Zoom, los diputados de la UCR. El cordobés debe hacer equilibrio para evitar la fragmentación de su tropa a la hora de votar. “Estamos bastante cohesionados”, confían en el campamento de De Loredo y Karina Banfi, vicejefa del bloque.
Deslizan que colaborarán con una condición: que Martín Menem (LLA) acceda a extender el plazo de debate. El oficialismo anhela firmar dictamen la semana próxima y tratar la ley ómnibus en el recinto antes del paro de la CGT. Los radicales le piden a la Casa Rosada que evalúe una prórroga de las sesiones extraordinarias.
A un mes de que Milei asumiera como presidente, las figuras del centenario partido lidian con un dilema: ¿la UCR debe sumarse a la resistencia y ser una oposición radicalizada al Gobierno, como el kirchnerismo o la izquierda, o actuar como un contrapeso en el Congreso para evitar que Milei concentre poder, es decir, fijar límites, pero darle instrumentos para gobernar?
Mientras los gobernadores Alfredo Cornejo o Gustavo Valdés pelean por los intereses de sus provincias, Martín Lousteau, titular de la UCR, se sumergió tras criticar el mecanismo del DNU y eligió un silencio táctico durante las últimas semanas. Tampoco se asoman en la superficie Manes o Gerardo Morales. “Están todos jugando a las escondidas. Hay un vacío”, resume un cacique radical que conversa con todas las tribus. En la intimidad Lousteau insiste en que la ley ómnibus requiere de múltiples modificaciones para ser aprobada. Es más: considera que el Presidente debería haber segmentado el paquete en varios proyectos para facilitar su tratamiento.
En una fuerza minada de librepensadores y sin un liderazgo claro, De Loredo también debe calibrar sus discursos ante la opinión pública para evitar cuestionamientos internos de los más combativos contra el modelo de Milei o de la base electoral de JXC. Como ocurre con la mayoría de los jefes de Pro, hay radicales que perciben que el electorado antikirchnerista los empuja a colaborar con Milei.
De Loredo, apuntalado por Banfi y Fabio Quetglas, entre otros, repite que la UCR debe darle a la nueva administración las herramientas para avanzar con el plan de reducción del gasto público o desregular la economía y “terminar con las corporaciones”, pero reclama modificaciones al Ejecutivo en ejes cruciales de la extensa “ley de bases”. Por ejemplo, el capítulo institucional es un tema sensible para la filosofía de la UCR. Los radicales no están dispuestos a tolerar la delegación de facultades legislativas al Ejecutivo por la emergencia. Tampoco aceptarán la suspensión de la fórmula de movilidad previsional o el formato de la propuesta para avanzar con privatizaciones. Y rechazan las retenciones y el grueso de la reforma electoral.
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La Legislatura bonaerense, a un paso de ser allanada
Las autoridades de Diputados le dijeron a la fiscalía que evaluarán si le responden un oficio; no darían los nombres requeridos
Hugo Alconada Mon
La fiscal Betina Lacki respondió al desafío
La Legislatura bonaerense quedó a un paso de afrontar un allanamiento por su negativa a brindar información a la Justicia, que investiga el caso Julio “Chocolate” Rigau. Concretamente la fiscal del caso solicitó datos de un grupo de empleados, pero los funcionarios de la Cámara respondieron que resolverán por sí mismos si corresponde contestar. Por eso la Justicia les advirtió que podría allanarlos.
LA PLATA.– La Legislatura bonaerense quedó a un paso de afrontar un allanamiento y desatar un conflicto abierto de poderes. ¿Por qué? Porque le informó a la fiscalía que investiga el desvío de cientos de millones de pesos de las arcas públicas provinciales que protagonizan los Albini y Julio “Chocolate” Rigau que evaluará por su cuenta si le responde quiénes son los funcionarios y empleados que integran un área clave de la Cámara. Y en caso de responderle, cuándo y cuánto le responderá.
El escrito de las autoridades de la Legislatura llegó a los tribunales de esta capital poco antes de la feria judicial de enero. La Dirección General Legal y Técnica presentó un texto con apenas dos párrafos en los que planteó que resolverá por sí misma si le entrega información a la fiscalía cuando termine de analizar el expediente penal. En otras palabras, le comunicó que el avance de la investigación del Poder Judicial queda supeditado a una decisión discrecional del Poder Legislativo.
“Teniendo en particular consideración que recién el día 18 de diciembre se otorgó vista de la IPP [por la investigación criminal] a esta Honorable Cámara”, señaló el escrito, “y [dada] la voluminosidad y complejidad de la misma, en resguardo de la protección integral de los datos personales cuya información se requiere (ley 25.326), informo a Ud. que una vez evaluada las actuaciones y determinada la base fáctica, se proveerá”.
El escrito que presentó la Legislatura provocó una respuesta tajante de la fiscal a cargo de la investigación, Betina Lacki. Le recordó que el Ministerio Público Fiscal es el titular de la acción pública –es decir, el órgano a cargo de investigar la posible comisión de delitos– y que, por tanto, son los fiscales los que deben buscar las pruebas y requerir información, sin que esa facultad quede sometida “al juicio de valor” de terceros, aunque sean otros poderes del Estado.
Lacki remarcó, además, que la invocación de la ley 25.326 de habeas data por parte de la Legislatura es “precaria y carente de fundamentación”. Entre otros motivos, porque la decisión de las autoridades legislativas de retacearle a la fiscalía los nombres de los integrantes de la Secretaría Administrativa “no encuadra en ninguna de las excepciones” previstas en esa norma. En otras palabras, la Cámara que preside Enrique Dichiara (Unión por la Patria) invocó una ley que no estipula lo que la Cámara afirma que estipula.
“En relación con la alegada protección de los datos personales surge con meridiana claridad que tal afirmación no tendría asidero en virtud de que la información requerida no revista una naturaleza sensible relativa al origen racial y étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas o morales, afiliación sindical e información referente a la salud o a la vida sexual”, detalló la fiscal Lacki, que remarcó que la posición en contrario de la Legislatura “no alcanza para evitar que un órgano del Poder Judicial legitimado para ello pueda acceder a la información solicitada”.
La fiscal recordó, además, que en contraposición a la reticencia de las autoridades de la Cámara, la ley 27.275 de acceso a la información pública garantiza el acceso a la información pública, la transparencia de la gestión pública y consagra que “toda la información en poder del Estado se presume pública”. Más aún, destacó que en su artículo 7 señala que el Poder Legislativo es uno de los sujetos obligados a entregar esos datos.
En ese sentido, desde que Chocolate Rigau fue detenido el 8 de septiembre pasado mientras extraía dinero de 48 tarjetas de débito pertenecientes a “ñoquis” o prestanombres de la Cámara de Diputados bonaerense, la Fiscalía envió dos oficios a la Legislatura que no tuvieron respuesta. En ambos solicitó que le enviaran la lista completa de empleados y funcionarios que integran la Secretaría Administrativa –a cargo de Miguel de Lisi–, sean de planta permanente o temporaria, incluyendo todo el personal de todas las direcciones que dependen de esa Secretaría, desde el 1º de enero de 2021 hasta la actualidad.
Con esa información, la fiscal Lacki busca determinar quiénes se desempeñan o desempeñaron en las dependencias de la Legislatura que están o estaban a cargo de nombrar empleados, custodiar sus legajos y auditar sus labores.
El objetivo, según adelantó la fiscalía, sería citarlos para que expliquen cómo y quiénes decidieron los nombramientos de Chocolate Rigau y los 48 titulares de esas tarjetas de débito, las tareas que cumplían –o debieron cumplir– y los sumarios administrativos que se abrieron desde la detención de Rigau.
En ese sentido, y al contrario de lo que invocaron las autoridades de la Legislatura, la fiscal Lacki sostuvo que la investigación aborda una hipótesis de “gravedad o interés institucional”, que la “actitud reticente” de la Cámara “impacta necesaria sobre el servicio de administración de Justicia” porque frustra el avance de la pesquisa y vulnera, por tanto, derechos consagrados en la Constitución nacional y tratados internacionales.
El juez de Garantías que supervisa la investigación, Guillermo Federico Atencio, ahondó en la gravedad que revista el caso en varias de las resoluciones que firmó durante las últimas semanas. Calculó, incluso, que el robo a las arcas públicas bonaerenses podría superar los $800 millones al año y estimó que “con el devenir de la pesquisa, se llegará a detectar un acto de corrupción de inmensurable trascendencia”.
En ese sentido, Atencio considera que el subdirector de Personal de la Legislatura, Claudio Albini, quien también se encuentra detenido, no sería el jefe de una presunta asociación ilícita, sino que las órdenes provendrían de alguien de más alto rango que permanece en las sombras. Para el magistrado, “nada de lo perpetrado pudo escapar del conocimiento y control de aquellos a quienes se les otorgan los módulos que posibilitan las contrataciones de quienes sin prestar servicio alguno se les concedía los derechos a la cobertura médica y al beneficio jubilatorio a cambio de la millonaria recaudación de lo que lamentablemente se naturaliza como la ‘plata de la política”.
En ese sentido, la defensa de Albini solicitó a la fiscalía que cite a declarar al inmediato superior de su cliente en la Dirección de Personal de la Legislatura, Pablo Parente, para que explique cómo es el procedimiento para nombrar y contratar empleados, y detalle cuáles eran las funciones de Albini. Pero chocó con la negativa de Lacki, que explicó que primero quiere acceder a toda la información que le retacean las autoridades de la Legislatura.
En ese contexto, la fiscal requirió, por tercera vez, a las autoridades de la Cámara que entreguen la información solicitada, sobre todo el personal de la Secretaría Administrativa, pero trazó una línea roja. Adelantó que si esta vez no aporta los datos exigidos “se requerirá mediante orden jurisdiccional”. Es decir, orden de presentación o allanamiento.
La Legislatura bonaerense quedó a un paso de afrontar un allanamiento por su negativa a brindar información a la Justicia, que investiga el caso Julio “Chocolate” Rigau. Concretamente la fiscal del caso solicitó datos de un grupo de empleados, pero los funcionarios de la Cámara respondieron que resolverán por sí mismos si corresponde contestar. Por eso la Justicia les advirtió que podría allanarlos.
LA PLATA.– La Legislatura bonaerense quedó a un paso de afrontar un allanamiento y desatar un conflicto abierto de poderes. ¿Por qué? Porque le informó a la fiscalía que investiga el desvío de cientos de millones de pesos de las arcas públicas provinciales que protagonizan los Albini y Julio “Chocolate” Rigau que evaluará por su cuenta si le responde quiénes son los funcionarios y empleados que integran un área clave de la Cámara. Y en caso de responderle, cuándo y cuánto le responderá.
El escrito de las autoridades de la Legislatura llegó a los tribunales de esta capital poco antes de la feria judicial de enero. La Dirección General Legal y Técnica presentó un texto con apenas dos párrafos en los que planteó que resolverá por sí misma si le entrega información a la fiscalía cuando termine de analizar el expediente penal. En otras palabras, le comunicó que el avance de la investigación del Poder Judicial queda supeditado a una decisión discrecional del Poder Legislativo.
“Teniendo en particular consideración que recién el día 18 de diciembre se otorgó vista de la IPP [por la investigación criminal] a esta Honorable Cámara”, señaló el escrito, “y [dada] la voluminosidad y complejidad de la misma, en resguardo de la protección integral de los datos personales cuya información se requiere (ley 25.326), informo a Ud. que una vez evaluada las actuaciones y determinada la base fáctica, se proveerá”.
El escrito que presentó la Legislatura provocó una respuesta tajante de la fiscal a cargo de la investigación, Betina Lacki. Le recordó que el Ministerio Público Fiscal es el titular de la acción pública –es decir, el órgano a cargo de investigar la posible comisión de delitos– y que, por tanto, son los fiscales los que deben buscar las pruebas y requerir información, sin que esa facultad quede sometida “al juicio de valor” de terceros, aunque sean otros poderes del Estado.
Lacki remarcó, además, que la invocación de la ley 25.326 de habeas data por parte de la Legislatura es “precaria y carente de fundamentación”. Entre otros motivos, porque la decisión de las autoridades legislativas de retacearle a la fiscalía los nombres de los integrantes de la Secretaría Administrativa “no encuadra en ninguna de las excepciones” previstas en esa norma. En otras palabras, la Cámara que preside Enrique Dichiara (Unión por la Patria) invocó una ley que no estipula lo que la Cámara afirma que estipula.
“En relación con la alegada protección de los datos personales surge con meridiana claridad que tal afirmación no tendría asidero en virtud de que la información requerida no revista una naturaleza sensible relativa al origen racial y étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas o morales, afiliación sindical e información referente a la salud o a la vida sexual”, detalló la fiscal Lacki, que remarcó que la posición en contrario de la Legislatura “no alcanza para evitar que un órgano del Poder Judicial legitimado para ello pueda acceder a la información solicitada”.
La fiscal recordó, además, que en contraposición a la reticencia de las autoridades de la Cámara, la ley 27.275 de acceso a la información pública garantiza el acceso a la información pública, la transparencia de la gestión pública y consagra que “toda la información en poder del Estado se presume pública”. Más aún, destacó que en su artículo 7 señala que el Poder Legislativo es uno de los sujetos obligados a entregar esos datos.
En ese sentido, desde que Chocolate Rigau fue detenido el 8 de septiembre pasado mientras extraía dinero de 48 tarjetas de débito pertenecientes a “ñoquis” o prestanombres de la Cámara de Diputados bonaerense, la Fiscalía envió dos oficios a la Legislatura que no tuvieron respuesta. En ambos solicitó que le enviaran la lista completa de empleados y funcionarios que integran la Secretaría Administrativa –a cargo de Miguel de Lisi–, sean de planta permanente o temporaria, incluyendo todo el personal de todas las direcciones que dependen de esa Secretaría, desde el 1º de enero de 2021 hasta la actualidad.
Con esa información, la fiscal Lacki busca determinar quiénes se desempeñan o desempeñaron en las dependencias de la Legislatura que están o estaban a cargo de nombrar empleados, custodiar sus legajos y auditar sus labores.
El objetivo, según adelantó la fiscalía, sería citarlos para que expliquen cómo y quiénes decidieron los nombramientos de Chocolate Rigau y los 48 titulares de esas tarjetas de débito, las tareas que cumplían –o debieron cumplir– y los sumarios administrativos que se abrieron desde la detención de Rigau.
En ese sentido, y al contrario de lo que invocaron las autoridades de la Legislatura, la fiscal Lacki sostuvo que la investigación aborda una hipótesis de “gravedad o interés institucional”, que la “actitud reticente” de la Cámara “impacta necesaria sobre el servicio de administración de Justicia” porque frustra el avance de la pesquisa y vulnera, por tanto, derechos consagrados en la Constitución nacional y tratados internacionales.
El juez de Garantías que supervisa la investigación, Guillermo Federico Atencio, ahondó en la gravedad que revista el caso en varias de las resoluciones que firmó durante las últimas semanas. Calculó, incluso, que el robo a las arcas públicas bonaerenses podría superar los $800 millones al año y estimó que “con el devenir de la pesquisa, se llegará a detectar un acto de corrupción de inmensurable trascendencia”.
En ese sentido, Atencio considera que el subdirector de Personal de la Legislatura, Claudio Albini, quien también se encuentra detenido, no sería el jefe de una presunta asociación ilícita, sino que las órdenes provendrían de alguien de más alto rango que permanece en las sombras. Para el magistrado, “nada de lo perpetrado pudo escapar del conocimiento y control de aquellos a quienes se les otorgan los módulos que posibilitan las contrataciones de quienes sin prestar servicio alguno se les concedía los derechos a la cobertura médica y al beneficio jubilatorio a cambio de la millonaria recaudación de lo que lamentablemente se naturaliza como la ‘plata de la política”.
En ese sentido, la defensa de Albini solicitó a la fiscalía que cite a declarar al inmediato superior de su cliente en la Dirección de Personal de la Legislatura, Pablo Parente, para que explique cómo es el procedimiento para nombrar y contratar empleados, y detalle cuáles eran las funciones de Albini. Pero chocó con la negativa de Lacki, que explicó que primero quiere acceder a toda la información que le retacean las autoridades de la Legislatura.
En ese contexto, la fiscal requirió, por tercera vez, a las autoridades de la Cámara que entreguen la información solicitada, sobre todo el personal de la Secretaría Administrativa, pero trazó una línea roja. Adelantó que si esta vez no aporta los datos exigidos “se requerirá mediante orden jurisdiccional”. Es decir, orden de presentación o allanamiento.
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