ALIVIO OFICIAL Y ¿Quién tiene razón?

Alivio oficial y elogios a Macri, pero rechazo a un “cogobierno”
Cerca de Milei vincularon el blindaje del veto con la caída del dólar y el riesgo país; insisten en formar un interbloque con Pro, que rechazó la idea y negó que busque sumarse a la gestión
Cecilia DevannaMilei defendió el veto al disertar, ayer, en la asamblea de la CEAL presidencia
En la Casa Rosada todo era satisfacción y alivio en los minutos posteriores a la votación en Diputados que dejó firme el veto de Javier Milei a la ley de financiamiento universitario. La decisión, que se construyó con más negociaciones y dificultades que las que blindaron el veto por la movilidad jubilatoria, dejó también varias definiciones en Balcarce 50.
La primera de ellas es la convicción de que se “consolida cada vez más un bloque que juega con el Gobierno y otro que lo hace con el kirchnerismo”, según decían los más optimistas, desde las filas del asesor Santiago Caputo, en relación con cómo quedó el tablero parlamentario ayer, tras los giros y ausencias de diferentes sectores. El hecho de que ya sean dos las votaciones en las que desde distintos bloques sostienen los vetos del mandatario los anima a creer que esa base “cada vez más amplia” se sostendrá en el tiempo.
No obstante, no todos eran tan optimistas y no descartaban nuevos desafíos, ahora que deberá negociarse el presupuesto 2025. “Salió, pero costó mucho”, se sinceró un libertario con terminal en el Congreso.
La segunda de las definiciones fue que “Mauricio Macri jugó bien”, en referencia a que el exmandatario ordenó a las filas de Pro para que apoyaran la decisión del Gobierno en pos de mantener el superávit fiscal. Macri tuvo la segunda de dos reuniones el último jueves con Santiago Caputo. Entre ambos existe una tensión de larga data, pero los resultados del encuentro fueron calificados como “muy buenos” por fuentes muy cercanas a Milei.
En las filas libertarias siguen convencidos de que se debería avanzar hacia un interbloque con Pro. Pero en la Casa Rosada advierten que Pro quiere “un cogobierno”, algo que descartan desde la cima del Poder Ejecutivo. “Nosotros aspiramos a un interbloque, pero Pro pide más”, insistió un funcionario.
En ese contexto ubicaban también las duras críticas que Pro le dedicó a la gestión libertaria en el comunicado con el que anticipó su apoyo al veto presidencial.
“Nosotros no pedimos lugares en el Gobierno ni pretendemos ser cogobierno. Queremos formar parte de las decisiones políticas en cuestiones que involucran al Congreso. Si quieren que pongamos la cara, o los votos, tenemos que estar en las decisiones. Por otra parte, no queremos ni nos interesa un interbloque, Pro va a seguir siendo un bloque con la fortaleza que tiene hoy”, dijeron fuentes del entorno de Macri.
En cuanto a las negociaciones que permitieron llegar al número de 85 votos en contra de la ley, y las cinco abstenciones y ocho ausencias que colaboraron también en sostener el veto presidencial, en la sede de Gobierno se encargaron de destacar especialmente el trabajo del presidente de la Cámara baja, Martín Menem. “Se movió mucho y estuvo atrás de la gran mayoría de las negociaciones”, decían sobre él.
También ensalzaban la labor de su primo, Eduardo “Lule” Menem, subsecretario de Gestión Institucional a las órdenes de Karina Milei. “Siempre habla con él”, decían en la Casa Rosada sobre su vínculo con el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, quien jugó en favor del Gobierno.
El otro funcionario que movió voluntades fue el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, hombre de diálogo con la mayoría de las fuerzas políticas. También el vicejefe de Gabinete, Lisandro Catalán, de buen vínculo con los gobernadores.
A diferencia de otras oportunidades, donde la figura del legislador Miguel Ángel Pichetto fue muy elogiada, esta vez no pasó desapercibida la dureza de sus críticas. “Creen que ganan, pero en realidad pierden. Inevitablemente pierden, como perdieron también con un sector muy importante de la sociedad argentina, que son los jubilados”, dijo el jefe de bloque de Encuentro Federal.
Riesgo país, dólar y déficit cero
Con el correr de la tarde, muy cerca del Presidente vincularon la votación del Congreso con los últimos datos económicos: el riesgo país, que siguió bajando para ubicarse ayer en 1121 puntos, y el dólar MEP, que llegó a 1150 pesos. Para el Gobierno esa es la señal de que los mercados confían en que el rumbo del déficit cero “no es negociable” y será sostenido también en el Congreso.
“El equilibrio fiscal es política de Estado: es absolutamente innegociable. Fin”, publicó el portavoz, Manuel Adorni, en X. Fue la primera declaración oficial tras la votación.
Antes de que sesionara Diputados, el propio Milei había defendido el veto a la ley que buscaba resguardar los recursos de las universidades frente a la inflación. “El aumento para esas instituciones sería, en el fondo, ceder a las viejas políticas donde se ignora la restricción de presupuesto”, dijo el Presidente en el discurso de apertura de la asamblea del Consejo Empresarial de América Latina (CEAL).
Según el Presidente, sostener la ley “implicaría volver al riego país que teníamos en el kirchnerismo, se perdería un tercio del PBI”. Asimismo, consideró que el reclamo “es un eufemismo del curro de tres o cuatro delincuentes que utilizan una causa noble y la prostituyen para ganar dinero a costa de robárselo a los alumnos y a profesores”.
“Si estuvieran limpios, ¿qué problema habría de que los auditen? Hace 10 años que no lo hacen. Lo único que pedimos es auditarlos”, completó, en alusión al control de gastos de las universidades.

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¿Quién tiene razón?
Todo lo que se necesita saber sobre la disputa con las universidades públicas nacionales Lucila Marin y Luján Berardi
Luego de haber conseguido la actualización de los gastos de funcionamiento tras la masiva marcha federal de abril que llevó al Gobierno a sentarse a dialogar, el conflicto universitario se centró en el reclamo por la recuperación salarial. Es que los sueldos de docentes, investigadores, directivos y personal administrativo no docente representan cerca del 90% del presupuesto universitario, mientras que los gastos de funcionamiento rondan apenas un 10%.
Con una dinámica similar al anterior reclamo, el pedido por la recomposición salarial no solo lo impulsaron los gremios: contaron con el apoyo de los rectores agrupados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). También buscaron visibilizar la problemática para que se involucre la sociedad civil. Luego de una serie de paros, que detuvieron las actividades en las universidades públicas nacionales de todo el país, los sindicatos junto con los rectores convocaron para el miércoles pasado a la segunda marcha federal para pedir por la ley de financiamiento universitario, que Javier Milei vetó ese mismo día cerca de la medianoche.
La ley proponía la recomposición del presupuesto de las universidades para 2024, estableciendo la actualización de las partidas, según la inflación acumulada. Ayer, mientras algunas facultades estaban tomadas por sus estudiantes, el Gobierno logró sostener el veto en la Cámara de Diputados en una sesión en la que ni el oficialismo –que necesitaba un tercio de los presentes en el recinto para respaldarlo– ni la oposición contaban con un resultado inicialmente garantizado. ●

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¿Cuántos alumnos tienen las universidades públicas nacionales?

En la Argentina hay 65 centros universitarios que forman parte de la gestión estatal nacional y acaparan a la mayoría del alumnado. Hasta 2022 –último año al que llega la información disponible– de 2.540.673 alumnos [grado y pregrado], 2.030.463 (79,9%) pertenecen al sector público. Los datos surgen de un pedido de Acceso a la Información Pública realizado por LN Data. La UBA lidera el ranking de alumnos: 347.280. La Nacional de Córdoba, le sigue con 169.374, y la de La Plata, 112.996.

Para el secretario de Educación, Carlos Torrendell, 600.000 alumnos serían “inventados”. Ese dato habría surgido del SIU Guaraní, que administra el CIN, según Educación. Agregaron que el análisis surgió de un “buceo” de la Subsecretaría de Políticas Universitarias. Plantearon que 40,6% eran alumnos regulares (habían aprobado al menos dos materias), 20% había aprobado solo una o ninguna y un 38,4% está, según la visión oficial, “en una situación incierta: no se sabe si asisten a clases o qué hacen en la universidad”. ●

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¿Qué porcentaje de alumnos son extranjeros?

Según el Anuario Estadístico de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, los extranjeros representaron en 2022 (el último dato disponible) casi el 4% del total de estudiantes en universidades de gestión estatal (79.834). En el caso de las instituciones privadas, representan un 4,9% (25.164).

Según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), la Argentina es el país de América Latina con mayor cantidad de alumnos extranjeros.

El Gobierno anunció que buscará cobrar aranceles a los extranjeros no residentes, alegando que estos representan una carga adicional en el sistema universitario público. Por su parte, la UBA aseguró que la institución no acepta estudiantes extranjeros que no residan en el país. De hecho, en los requisitos para anotarse a las carreras (incluyendo el Ciclo Básico Común) se estipula la necesidad de contar con documento de identidad argentino. ●

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¿Cuánto gana en promedio un docente universitario?

Los sueldos de los docentes universitarios varían según el cargo –titular, asociado, adjunto, jefe de trabajos prácticos y auxiliar de primera– y con el tipo de dedicación: exclusiva (40 horas semanales), semiexclusiva (20 horas) y simple (10 horas).

Los gremios suelen ejemplificar con los cargos medios que representan el promedio del sistema. En septiembre pasado, según la grilla de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) el sueldo bruto y sin antigüedad de un jefe de trabajos prácticos fue $189.274 [jornada simple], $378.550 [media jornada] y $757.100 [dedicación exclusiva], un profesor adjunto llegó a $220.390 [dedicación simple], $440.784 [semiexclusiva] y $881.576 [plena], un ayudante de segunda, $125.498 [simple]. El salario más alto es el de titular de cátedra, $1.130.081 [exclusiva] No se sabe cuántos docentes tiene el sistema ni los cargos que ejerce cada uno. Tampoco es posible comparar con las instituciones de gestión privada, que no informan sus cargos docentes, ni sus salarios. ●

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¿Qué aumentos otorgó hasta ahora el gobierno de Milei?

Los gremios consideraron insuficientes todas las propuestas de Milei. Con una inflación acumulada en diciembre y enero del 51,31%, el Gobierno en las paritarias de febrero actualizó al 16%, seis puntos por encima de lo que marcaba la negociación en ese entonces. Para marzo ofrecieron un 12%; abril, 8%; mayo, 9%; 4%, junio; 7%, julio; 3%, agosto, y 2%, septiembre.

El viernes previo a la marcha convocaron a los gremios para ofrecerles una recomposición del 5,8% para equipararlos a los empleados estatales, más el 1% de aumento para octubre. En los últimos días, desde el Gobierno insistieron en que los salarios docentes crecieron más que el resto de los empleados públicos.

A partir de los niveles vigentes en diciembre de 2023, los salarios universitarios están 14 puntos porcentuales por debajo de los sueldos públicos, según el Índice de Salarios del Indec a julio. Y 57 puntos porcentuales por debajo de la inflación acumulada hasta agosto. ●

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¿Cómo funcionan las auditorías en las casas de estudios superiores?

El Gobierno remarca la necesidad de saber en qué se gasta el dinero de las universidades estatales, aduciendo que estas no brindan la información correspondiente. La UBA, contra la que más apuntaron, contesta que cumple con los controles. La ley de educación superior (24.521) establece que las universidades nacionales tienen autarquía económico-financiera, y que el control externo es competencia de la Auditoría General de la Nación (AGN), que depende del Congreso y se encarga de auditar al Estado nacional. Los organismos a auditar los define la Comisión Especial Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, formada por diputados y senadores. La selección debe ser aprobada por el Congreso.

Las universidades deben tener mecanismos de auditoría interna y un organismo de control. Para este año, estaba previsto auditar las universidades de Córdoba, Formosa, Jujuy, La Plata, Salta y el Nordeste, según el programa de acción publicado. Según la AGN, la última auditoría en la UBA fue a Psicología y analiza 2018.●

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¿Cómo evolucionó el presupuesto universitario 2024?

En los primeros ocho meses de este año, el Gobierno recortó un 30% el gasto en universidades nacionales, según datos de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP). El ajuste a las instituciones está 6 puntos por encima del ajuste total de los gastos corrientes, que fue de un 23,8%.

De acuerdo con la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), los fondos que la Nación envía a las universidades cayeron un 30,2% y detallan: una caída de 30,2% para los fondos para el pago de salarios docentes, un 26,6% para los de los no docentes, un 22,5% para los de funcionamiento para las instituciones y un 14,2% para los hospitales universitarios.●

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¿Qué fondos están previstos para el próximo año?

El Gobierno planea asignarles a las universidades nacionales $3,8 billones, según el proyecto de ley del presupuesto para el año que viene presentado en el Congreso el mes pasado por el propio presidente Milei. Representa casi la mitad del financiamiento que había solicitado el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN): $7,2 billones. La diferencia radica en los aumentos salariales.

“Tan solo la mitad de los recursos reclamados –mínimos para funcionar– fueron contemplados, sin siquiera prever la inflación acumulada en 2024 y menos aún la proyectada por el propio Gobierno para el próximo año”, advirtió Piera Fernández de Piccoli, presidenta de la Federación Universitaria Argentina (FUA), en el documento que leyó en el cierre de la marcha universitaria de la semana pasada.●

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¿Qué plantea la ley de financiamiento universitario?

La ley aprobada en el Congreso busca garantizar el presupuesto para las universidades durante 2024, más allá de los aumentos que decida el Poder Ejecutivo.

La norma fija una recomposición retroactiva salarial de docentes y no docentes del sistema universitario nacional, a partir del 1° de diciembre de 2023 y hasta el mes en que se sancione, por la inflación acumulada, según el Indec. Fija una actualización mensual por inflación del Indec, en caso de que no se llegue a un acuerdo paritario. Para los gastos de funcionamiento de las universidades y sus hospitales, indica que se actualicen al 1° de enero de 2024. Y define una actualización bimestral con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec, descontando los aumentos dados en 2024. Según el decreto por el que Milei vetó la ley, este proyecto implica un gasto adicional para 2024 de $811.569 millones. La Oficina de Presupuesto del Congreso estimó que para 2024 tendrá un impacto presupuestario de $738.595 millones, equivalentes a 0,14% del PBI.

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