MUNDO, SISTEMA Y VENEZUELA

La locura armamentista
Moisés NaímWASHINGTON

En un mundo plagado de amenazas que van del cambio climático y las pandemias al auge del crimen organizado y de guerras que pueden cambiar nuestra civilización, una cifra destaca por su magnitud y sus implicaciones: 2,4 millones de millones de dólares. Es el monto que el mundo gastó en armamento y preparativos militares en 2023, suma tan astronómica que desafía la comprensión inmediata. El gasto militar aumentó en 7%, el mayor aumento en los últimos 15 años según el Sipri, respetado think tank sueco especializado en asuntos militares.
Esto va más allá del aumento natural de la producción y el comercio internacional de armas estimulado por las guerras en curso en Ucrania y en Medio Oriente. Y no es solo el arm amen tismo sin precedentes del mercado de armas convencionales. El desatado gasto militar también tiene un componente nuclear. De acuerdo con un preocupante reportaje de The New York Times, Estados Unidos está invirtiendo montos inéditos de su presupuesto para reemplazar sus cohetes Minuteman, que han llegado al final de su vida operativa. El Pentágono invierte su mas enormes en nuevas armas, incluido el bombardero B -21, yen sofisticado s sistemas de comando y control. Rusia está desarrollando cohetes hipersónicos, como el llamado Avangard, y novedosos sistemas de torpedos nucleares. El Kremlin ha anunciado que el año próximo planea aumentar su gasto militar en un 25%. En tanto, China está desarrollando nuevos sistemas de misiles in ter continental es, y la India invierte en el Agni-V, un misil balístico con alcance de miles de kilómetros, y otras armas nucleares transportadas en submarinos.
América Latina no se queda atrás, lo que hace pensar que no se trata sencillamente de un reajuste ante las guerras en curso. Chile y Brasil están comprando buques rompehielos y fragatas. Brasil se ha impuesto como meta desarrollar un submarino nuclear antes de 2030 y está comprando cañones Howitzers de 155 mm. Brasil,
Paraguay y Perú están gastando millones para poner al día sus unidades blindadas. La Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador y Perú han estado comprando helicópteros de Rusia. Con cada segundo que pasa, el mundo gasta más de 77.400 dólares en armas y ejércitos: con cada “tic” del reloj, el gasto en la mejora o el aumento de los servicios públicos es recortado y aplastado por la locura armamentista que estamos viviendo.
Este gasto colosal no es un fenómeno aislado. Desde hace años la tendencia en el gasto militar es al alza: de $1,98 billones en 2020 a $2,44 billones 4 años después, según el Sipri. Este incremento persistió incluso durante la pandemia de Covid-19, período en el que los sistemas de salud de todo el mundo operaban al borde de la insolvencia.
Las consecuencias de este gasto se hacen evidentes cuando consideramos lo que se hubiese podido lograr con esos recursos. Con el gasto militar de un solo día ($6136 millones) se podrían construir más de 60.000 escuelas en países en desarrollo, según datos de la Unesco. El gasto militar global de 2022 es casi 9 veces la cantidad necesaria anualmente para erradicar el hambre en el mundo para 2030, de acuerdo con cálculos de la FAO. Y es que el simple aumento del gasto de 2022 a 2023 ($203.000 millones) supera el producto interno bruto de más de 130 países.
El impacto de esta locura armamentista va más allá de lo militar o financiero. Las Fuerzas Armadas son responsables de aproximadamente el 5,5% de las emisiones globales que contribuyen al cambio climático, superando las emisiones anuales de países como Japón o Alemania, según un estudio publicado por el grupo Scientists for Global Responsibility. Mientras los líderes mundiales justifican este gasto citando las amenazas a la seguridad nacional y la necesidad de modernización de sus arsenales, cabe preguntarse: ¿estamos realmente más seguros? ¿Qué tan confundidas tienen que estar nuestras prioridades para creer que la solución a los conflictos entre países es el aumento del gasto militar?
El argumento según el cual gastar más en defensa contribuye a la paz, ya que disuade a potenciales países agresores, es débil. La historia está llena de ejemplos de guerras que estallaron independiente mente de las asimetrías que había en el gasto militar de los contrincantes. En un mundo donde cada centavo cuenta, cada dólar gastado en armas es un dólar que no es invertido en el futuro de la humanidad. Es hora de repensar nuestras prioridades. La paz y la seguridad no se logran solo con gastos de defensa. Ningún país, solo, puede actuar eficazmente para contener el desbocado gasto militar. Se necesita de la colaboración internacional. Lograr que esta colaboración ocurra no es fácil. Pero los estadistas de altura saben que tampoco es imposible

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Vetos, insistencias y la trampa del diseño institucional
Constanza Mazzina
Hay una interpretación generalizada y aceptada que supone que el sistema institucional argentino beneficia al Poder Ejecutivo. Pareciera que, a priori, el diseño de frenos y contrapesos favorece al presidente a través de mecanismos como el veto o el decreto. De allí ese sólido consenso en torno a la concentración de poder en manos del presidente, como una suposición que no debe verificarse, sino que es un dato de la realidad.
Sin embargo, un acercamiento más profundo nos permite pensar en sentido contrario: la debilidad del presidente se expresa en la necesidad de utilizar el recurso del veto. O del decreto. Un presidente fuerte cuenta con un Poder Legislativo que acompaña sus iniciativas legislativas, entonces la fortaleza no es hija del diseño institucional, sino de la configuración de fuerzas, del contingente legislativo que hace eco y acompaña la agenda legislativa del presidente. Por el contrario, cuando el Poder Ejecutivo se encuentra en una situación desfavorable frente al Legislativo
y si, en todas las instancias en que un proyecto podría ser trabado –cajoneado– no lo logra, no le queda más alternativa que ese recurso de última instancia que es el veto. Visto así, el veto es un signo de debilidad y no de fortaleza. Los presidentes decretistas podrían ser leídos con los mismos anteojos: sin el acompañamiento legislativo necesario, el Poder Ejecutivo debe recurrir al decreto. Cristina Fernández no necesitaba usar el decreto, sus proyectos se sancionaban en tiempo récord y sin cambios, aquellos tiempos los conocimos como “la escribanía del Poder Ejecutivo”. La Ley Bases llevó meses de negociación, renegociación y cambios.
Pero volvamos sobre el veto y la insistencia. Las leyes sancionadas por el Congreso pueden ser vetadas total o parcialmente, y el Congreso puede insistir con el voto de dos tercios de los miembros presentes en cada cámara. Los vetos y las insistencias son un indicador de conflicto entre los poderes. Desde 1862 hasta 1997 hubo 1490 vetos y 553 insistencias (Molinelli, 1999). Desde 1983, se puede observar, por ejemplo, que Menem vetó más del doble de leyes que Alfonsín, y así –de acuerdo con los datos– Menem ha sido el presidente más “insistido” de nuestra historia. Si esto es así, pone en entredicho la suposición de nuestros párrafos anteriores, ¿es debilidad o fortaleza? ¿Es éxito o fracaso? Para no caer en el simplismo de que hay que analizar cada caso y que todos son diferentes, digamos simplemente que mayor cantidad de vetos/insistencias es un indicador de conflicto, de falta de cooperación entre los poderes.
De eso se desprende que el sistema de rendición de cuentas horizontal, los frenos y contrapesos funcionan. Sin embargo, ¿por qué funciona a veces y tantas otras calla, se adormece? ¿Por qué no hubo insistencia cuando Cristina Fernández vetó el 82% móvil? Pareciera que la composición de las cámaras es la cuestión a analizar para todos los casos: en qué medida responden o no al Poder Ejecutivo.
No solo cuántos, sino cuánta disciplina partidaria hay. Entonces ¿a quién beneficia el diseño institucional? ¿Quién tiene más poder, el Ejecutivo o el Legislativo? La respuesta es: depende. Pero tiene una trampa formalizada en nuestro diseño institucional: la Cámara de Diputados se renueva por mitades y el Senado, por tercios. Lo que se traduce en que el cambio de preferencias del votante se ve reflejado solo en parte en la composición de las cámaras.
Hay un retraso entre el cambio de preferencia del ciudadano y su correlato en el Poder Legislativo. Si a eso agregamos nuestro sistema de doble vuelta, tenemos por resultado presidentes que pueden hacer una buena elección y ganar el balotaje, pero a los que la composición del Congreso no acompaña. Todo eso beneficia a los partidos tradicionales, al statu quo, y perjudica el cambio y a los partidos noveles. Y al votante, también

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Venezuela: viles maniobras
En un fallo histórico, la Sala I de la Cámara Federal porteña ordenó la inmediata detención y captura internacional de Nicolás Maduro; de su segundo, Diosdado Cabello, y de una treintena de jerarcas y militares venezolanos. Se los acusa de pergeñar un plan sistemático para detener, secuestrar y torturar ciudadanos.
Una denuncia del Foro Argentino para la Democracia en la región presentada sobre la base del principio de jurisdicción universal que habilita a los países a enjuiciar crímenes graves contra los derechos humanos sin importar el lugar donde hayan ocurrido abrió la investigación. Sumaron su adhesión la Fundación Internacional para la Libertad, presidida por el Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, y el Foro Argentino para la Defensa de la Democracia. Las audiencias se celebraron con presuntas víctimas del régimen cuyos testimonios fueron contundentes. También se recurrirá a la Corte Penal Internacional para que disponga la captura de los acusados, una medida que cuenta con antecedentes como en el caso de los iraníes imputados en la causa AMIA.
El contraataque del régimen chavista no tardó en llegar. Anunció que tramitaba órdenes de captura contra Javier Milei; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en relación con el “robo” del avión venezolano-iraní retenido en Buenos Aires en junio de 2022 y luego enviado a Estados Unidos. Esas órdenes persiguen un objetivo perverso: abonar la idea de que existe un conflicto entre la Argentina y Venezuela. De tal forma se busca impedir que Interpol disponga las alertas rojas.
Es política de Interpol rechazar los pedidos de alertas rojas cuando existe un conflicto entre países. En el caso de Maduro resulta además difícil por tratarse de un mandatario de facto.
Si las órdenes de detención se obtuvieron fue porque se demostró que Maduro y sus secuaces son criminales de lesa humanidad, que no dudan en cometer los delitos más aberrantes para silenciar a opositores y generar terror y subordinación en la población. Las medidas ordenadas tienen un basamento de comprobación testimonial que les da sustento al confirmar que rige en Venezuela un plan sistemático de represión, desaparición forzada de personas, homicidios y persecución a la población civil. La comunidad internacional no puede abandonar al pueblo venezolano en manos de estos delincuentes y debe presionar para que prosperen medidas como la comentada.

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