Chucky Milei, sacadísimo: dice que lo ignoro
por Carlos M. Reymundo Roberts
Me llamó el lunes Javier Milei, muy enojado. “No te ocupás de mí, me ignorás olímpicamente. Hago declaraciones todos los días, cada vez que hablo tiro 20 títulos, y vos, como si yo no existiera”. Tuve que admitir que era cierto: he estado más atento a esos comentarios que circulan sobre su salud mental que a sus interesantes definiciones anarcocapitalistas; interesantes, porque resultan más anárquicas que capitalistas. Prometí reparar mi error; repararlo incluso con efecto retroactivo, volviendo sobre cosas que dijo hace tiempo y de las que nunca me he ocupado. Eso hicieron el miércoles los curas villeros: desempolvaron apreciaciones del libertario sobre el Papa de hace cuatro años, cuando lo calificó de “nefasto”, “impresentable”, “comunista” y “representante del maligno”, es decir, del demonio. Un diablillo este Javier. ¿Cuánto tardarán las redes en asimilarlo a Chucky, el célebre muñeco diabólico de la saga cinematográfica? Porque, no sé si lo vieron, son dos gotas de agua (espero que no se me enoje Chucky). Finalmente le prometí a Milei que no iba a demorarme en saldar la deuda. “Te leo el sábado”, me apuró. Es decir, estoy en condiciones de anunciar que hoy nos acompaña, siguiendo estas líneas, el señor Javier Gerardo Milei, ganador estelar de las PASO, atracción de multitudes y líder de La Sarasa Avanza.
¡Hola, Javi! No te voy a defraudar. Inauguremos este tributo con sus afirmaciones del martes sobre el reconocido economista y escritor Roberto Cachanosky, con el que polemizaba respecto de la batalla cultural con la izquierda. Ojo al piojo: Cachanosky es recontraliberal, lo cual explica el bajo voltaje de la réplica de Milei: “Pedazo de mogólico, imbécil, tarado, dinosaurio, resentido, pel…. Por qué no te vas a la c... de tu madre, hijo de p… Metete tu opinión en el o...”. Usar mogólico como insulto le valió, claro, una lluvia ácida de críticas. Milei se disculpó: “Debí decirle lelo”. Un comité independiente analizó el resto de los conceptos y llegó a la conclusión de que se trata de una correcta utilización de los puntos suspensivos.
Javi, todo bien, pero qué onda si para dar la batalla cultural te aprendés adjetivos más sofisticados.
Es obvio que le gusta usar eufemismos. A Rodríguez Larreta lo llamó “zurdo de m…”, “gusano”, “sorete” (perdón: “sor…”), “pelado asqueroso”; a Kicillof, “enano diabólico”; a Macri, “pelo…”; al premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, “pelo…”, “zurdo”; a Gerardo Morales, “parásito de m…”, “la c… de tu madre”, “chorro hijo de p…”; a la diputada Gabriela Estévez, “hija de p…”, “la c… de tu madre”, “pedazo de m…”; a Wado de Pedro, “sor…”; a Leandro Santoro, “chorro” y “burro”. Tres conclusiones rápidas: 1) Milei no estaría encontrando nuevos eufemismos. 2) Este recato en su expresión oral nos habla de control, templanza, mesura; nos habla de lo bien que habla. 3) Pobre tipo, qué vida dura tener que enfrentar cada día a una legión de pelo…, hijos de p…, sor…, pedazos de m… Lo que debe sufrir mordiéndose la lengua.
Javi, y lo peor de lo peor: ¡todos zurdos!
El Milei que a mí me interesa más no es el escatológico, sino el de las ideas disruptivas. Hay que reconocerle originalidad, intrepidez y marketing. Es una máquina de tirar propuestas. Esta semana habló de privatizar los ríos, y entonces pensé que el país podría hacerse de una fortuna concesionando al mayor de ellos; imagínenselo ya con nuevo naming: Río de la Plata Lappas.
Está bueno también eso de privatizar calles y veredas: cobro el aguinaldo y me compro la cortada en la que vivo. Joya. Sin duda, su proyecto más audaz es que incluso el Estado pase a manos privadas; lo que hicieron los Kirchner, pero ahora con todas las de la ley. Como no quiero distorsionar la pureza de su plan, escuchemos lo que le dijo a la televisión chilena: “El Estado solo sirve para seguridad y Justicia. Sin embargo, como filosóficamente soy anarcocapitalista, el adelanto tecnológico […] nos puede permitir merecernos un mundo sin Estado”. ¿Incluso sin Estado para la Justicia?, le preguntan. “Claro, exacto. De hecho, si yo tuviera que elegir entre el Estado y la mafia, me quedo con la mafia, porque la mafia tiene códigos. La mafia cumple, la mafia no miente”. La mafia dignifica.
Chucky, me convenciste: el 22 de octubre contá con mi voto.
Anteayer apareció The Economist diciendo barbaridades de Milei. Increíble que este pasquín inglés, histórico vocero del liberalismo, lo considere “autoritario” y “un peligro para la democracia”. Urgente: hay que privatizar The Economist.
Para terminar, despidamos a Ana María Figueroa, la jueza de Casación Penal que se autopercibía abogada de Cristina. También se percibía menor de 75 años, la edad de jubilarse, aunque ya los había cumplido. En la puerta había pintado un graffiti: “¡No pasarán!”. Pasó la Corte y la puso de patitas en la calle.
¿Cómo calificar a esta ilustre señora? Con puntos suspensivos
“Si yo tuviera que elegir entre el Estado y la mafia, elijo la mafia. La mafia tiene códigos”, dijo Milei
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Durísimo fallo: la expropiación de YPF costará US$16.000 millones
revés en ee.uu. El Estado deberá pagar esa suma por irregularidades en la operación comandada por Kicillof durante la segunda presidencia de Cristina Kirchner; es el resultado de una demanda presentada en Nueva York
Rafael Mathus Ruiz
El procedimiento que siguió el kirchnerismo para expropiar, en 2012, la mayoría de las acciones de YPF le costará una fortuna al Estado argentino, según determinó ayer un tribunal norteamericano. El país deberá pagar una indemnización de 16.000 millones de dólares por haber obtenido las acciones de una manera que la sentencia considera irregular. Es un monto que supera el valor actual de la empresa.
La jueza Loretta Preska, de NuevaYork, hizo lugar a una demanda del fondo Burford (que le compró al grupo Eskenazi la posibilidad de litigar), basada en que el Estado expropió las acciones de Repsol y los Eskenazi sin ajustarse al estatuto de la compañía.
WASHINGTON.– En otro durísimo revés para la Argentina en los tribunales de Estados Unidos, la jueza Loretta Preska, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, dictaminó que el país deberá pagar una indemnización que podría llegar a los US$16.000 millones por la estatización de YPF que se llevó a cabo en 2012, durante el último mandato de Cristina Kirchner, una decisión liderada por el entonces viceministro de Economía, Axel Kicillof, actual gobernador de Buenos Aires, que fue aprobada por el Congreso.
Preska definió en una sentencia los parámetros a seguir para determinar la indemnización que el Estado argentino deberá pagarle al fondo Burford Capital, que presentó una demanda en Nueva York exigiendo una indemnización por la estatización de la petrolera. La decisión de la jueza colocó a la Argentina en el peor escenario posible: la jueza rechazó todos los argumentos presentados por los abogados del país y respaldó los argumentos de los demandantes, avalando el cobro de la máxima indemnización posible. El Gobierno apelará la decisión, anticipó la vocera presidencial, Gabriela Cerruti.
En una áspera sentencia de 25 páginas, la jueza Preska criticó en duros términos al gobierno de Cristina Kirchner, denostó los argumentos de los abogados del país y le dedicó un párrafo especial a Kicillof, quien ayer, en un comunicado que subió a las redes, calificó el fallo como “una inaceptable violación de la soberanía nacional”, y lo tildó de “disparatado” y “a favor de los fondos buitres en un tribunal de Estados Unidos (cuna de fondos buitres)”.
“El Sr. Kicillof declaró descaradamente que sería ‘estúpido’ cumplir ‘la ley de la propia YPF’ o ‘respetar’ sus estatutos. Posteriormente, la República promulgó la legislación que, supuestamente, le permitió adquirir el control de YPF sin ser ‘estúpido’ y cumplir los estatutos”, fustigó la magistrada en su sentencia.
Preska no incluyó una cifra concreta en su decisión, sino que ordenó a las partes “que presenten una propuesta de sentencia consistente” con los lineamientos establecidos en su dictamen. En el escenario más optimista, la Argentina podía terminar pagando un piso de casi US$5000 millones. En el peor de los casos, el monto podía llegar a los US$16.050 millones. En su fallo, la jueza le dio la razón a Burford en tres puntos claves: la fecha que se establece como referencia de la toma de control de YPF, la tasa de interés a aplicar –fue fijada en un 8%, la más alta posible, mientras la Argentina pedía que fuera 0%– y la fórmula para calcular el monto original de la indemnización. Esos parámetros llevan la cifra final de la indemnización a su techo, es decir, US$16.050 millones, según la fórmula diseñada para hacer el cálculo.
El Gobierno ya adelantó que apelará la decisión en un último intento por re forzar suposición para sentarse a negociarla cifra final de la indemnización con burford capital, perolas posibilidades de que prospere son efímeras: es poco habitual que un fallo emitido por un tribunal federal de primera instancia sea luego revertido por un tribunal de apelación.
La orden de Preska le asestó otro golpe durísimo a la Argentina, que deberá pagar otra sentencia multimillonaria emitida por la Justicia de Estados Unidos. La estatización de YPF, impulsada por Cristina Kirchner y llevada adelante por Kicillof, fue avalada por el Congreso en una votación que contó con el respaldo del kirchnerismo, pero también de algunos de los miembros actuales de Juntos por el Cambio, en particular, el radicalismo.
El proceso de estatización de la petrolera, que estaba bajo el control de la española Repsol, dejó dos frases históricas de Kicillof. “Quédense todos tranquilos, esto está estudiado en profundidad”, dijo al defender la decisión. El arquitecto de la política económica del segundo mandato de Cristina Kirchner dejó otra afirmación que terminó siendo utilizada por los abogados de Burford en el juicio, y quedó estampada en la sentencia de Preska: “Los tarados son los que piensan que el Estado tiene que ser estúpido y comprar todo según el estatuto de YPF”, afirmó.
La cifra máxima que la Argentina podría llegar a pagar por la estatización de la petrolera triplica su valor de mercado, que actualmente se ubica levemente por encima de los US$5000 millones, y supera, también, el monto que terminó pagando la Argentina por el juicio con los llamados “fondos buitre” liderados por Elliot Management, que sumó US$9300 millones.
El juicio por la estatización de YPF fue originalmente iniciado en 2015 tras la quiebra del Grupo Petersen, que ingresó a YPF de la mano de Néstor Kirchner. Burford Capital, un fondo especializado en este tipo de litigios compró en España las quiebras de Petersen Energía Inversora y Petersen Energía, dos compañías que los Eskenazi habían creado, para poder presentar la demanda en Nueva York contra la Argentina.
El juicio por la estatización de YPF quedó en manos de Preska, heredera del tribunal que encabezaba el fallecido juez Thomas Griesa, quien llevó la causa de los llamados “fondos buitre”. Luego de años de presentaciones y mociones judiciales, el juicio se realizó finalmente en julio de este año. YPF logró salir ilesa de la causa, sin tener que afrontar costos para la compañía, pero Preska falló en contra de la República Argentina, alegando, básicamente, que la manera en la cual el gobierno de Cristina Kirchner llevó adelante la estatización violó los estatutos de la compañía, y Burford, dueña de los activos del Grupo Petersen, tenía derecho a una indemnización.
Emitido ese fallo, Preska debía dictaminar los parámetros para definir el rango que podía llegar a tener la indemnización. La discusión se centró en tres puntos: la fecha de la estatización, o de la toma de control de la compañía por parte del Estado; el cálculo del valor de la empresa, y la tasa de interés a aplicar a los fondos desde esa fecha. Preska terminó avalando todos los argumentos presentados por los abogados de Burford y rechazó los planteos de los abogados de la Argentina de la firma Sullivan & Cromwell LLP, dejando al país debilitado de cara a la negociación que ahora el país deberá encarar con Burford.
El procedimiento que siguió el kirchnerismo para expropiar, en 2012, la mayoría de las acciones de YPF le costará una fortuna al Estado argentino, según determinó ayer un tribunal norteamericano. El país deberá pagar una indemnización de 16.000 millones de dólares por haber obtenido las acciones de una manera que la sentencia considera irregular. Es un monto que supera el valor actual de la empresa.
La jueza Loretta Preska, de NuevaYork, hizo lugar a una demanda del fondo Burford (que le compró al grupo Eskenazi la posibilidad de litigar), basada en que el Estado expropió las acciones de Repsol y los Eskenazi sin ajustarse al estatuto de la compañía.
WASHINGTON.– En otro durísimo revés para la Argentina en los tribunales de Estados Unidos, la jueza Loretta Preska, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, dictaminó que el país deberá pagar una indemnización que podría llegar a los US$16.000 millones por la estatización de YPF que se llevó a cabo en 2012, durante el último mandato de Cristina Kirchner, una decisión liderada por el entonces viceministro de Economía, Axel Kicillof, actual gobernador de Buenos Aires, que fue aprobada por el Congreso.
Preska definió en una sentencia los parámetros a seguir para determinar la indemnización que el Estado argentino deberá pagarle al fondo Burford Capital, que presentó una demanda en Nueva York exigiendo una indemnización por la estatización de la petrolera. La decisión de la jueza colocó a la Argentina en el peor escenario posible: la jueza rechazó todos los argumentos presentados por los abogados del país y respaldó los argumentos de los demandantes, avalando el cobro de la máxima indemnización posible. El Gobierno apelará la decisión, anticipó la vocera presidencial, Gabriela Cerruti.
En una áspera sentencia de 25 páginas, la jueza Preska criticó en duros términos al gobierno de Cristina Kirchner, denostó los argumentos de los abogados del país y le dedicó un párrafo especial a Kicillof, quien ayer, en un comunicado que subió a las redes, calificó el fallo como “una inaceptable violación de la soberanía nacional”, y lo tildó de “disparatado” y “a favor de los fondos buitres en un tribunal de Estados Unidos (cuna de fondos buitres)”.
“El Sr. Kicillof declaró descaradamente que sería ‘estúpido’ cumplir ‘la ley de la propia YPF’ o ‘respetar’ sus estatutos. Posteriormente, la República promulgó la legislación que, supuestamente, le permitió adquirir el control de YPF sin ser ‘estúpido’ y cumplir los estatutos”, fustigó la magistrada en su sentencia.
Preska no incluyó una cifra concreta en su decisión, sino que ordenó a las partes “que presenten una propuesta de sentencia consistente” con los lineamientos establecidos en su dictamen. En el escenario más optimista, la Argentina podía terminar pagando un piso de casi US$5000 millones. En el peor de los casos, el monto podía llegar a los US$16.050 millones. En su fallo, la jueza le dio la razón a Burford en tres puntos claves: la fecha que se establece como referencia de la toma de control de YPF, la tasa de interés a aplicar –fue fijada en un 8%, la más alta posible, mientras la Argentina pedía que fuera 0%– y la fórmula para calcular el monto original de la indemnización. Esos parámetros llevan la cifra final de la indemnización a su techo, es decir, US$16.050 millones, según la fórmula diseñada para hacer el cálculo.
El Gobierno ya adelantó que apelará la decisión en un último intento por re forzar suposición para sentarse a negociarla cifra final de la indemnización con burford capital, perolas posibilidades de que prospere son efímeras: es poco habitual que un fallo emitido por un tribunal federal de primera instancia sea luego revertido por un tribunal de apelación.
La orden de Preska le asestó otro golpe durísimo a la Argentina, que deberá pagar otra sentencia multimillonaria emitida por la Justicia de Estados Unidos. La estatización de YPF, impulsada por Cristina Kirchner y llevada adelante por Kicillof, fue avalada por el Congreso en una votación que contó con el respaldo del kirchnerismo, pero también de algunos de los miembros actuales de Juntos por el Cambio, en particular, el radicalismo.
El proceso de estatización de la petrolera, que estaba bajo el control de la española Repsol, dejó dos frases históricas de Kicillof. “Quédense todos tranquilos, esto está estudiado en profundidad”, dijo al defender la decisión. El arquitecto de la política económica del segundo mandato de Cristina Kirchner dejó otra afirmación que terminó siendo utilizada por los abogados de Burford en el juicio, y quedó estampada en la sentencia de Preska: “Los tarados son los que piensan que el Estado tiene que ser estúpido y comprar todo según el estatuto de YPF”, afirmó.
La cifra máxima que la Argentina podría llegar a pagar por la estatización de la petrolera triplica su valor de mercado, que actualmente se ubica levemente por encima de los US$5000 millones, y supera, también, el monto que terminó pagando la Argentina por el juicio con los llamados “fondos buitre” liderados por Elliot Management, que sumó US$9300 millones.
El juicio por la estatización de YPF fue originalmente iniciado en 2015 tras la quiebra del Grupo Petersen, que ingresó a YPF de la mano de Néstor Kirchner. Burford Capital, un fondo especializado en este tipo de litigios compró en España las quiebras de Petersen Energía Inversora y Petersen Energía, dos compañías que los Eskenazi habían creado, para poder presentar la demanda en Nueva York contra la Argentina.
El juicio por la estatización de YPF quedó en manos de Preska, heredera del tribunal que encabezaba el fallecido juez Thomas Griesa, quien llevó la causa de los llamados “fondos buitre”. Luego de años de presentaciones y mociones judiciales, el juicio se realizó finalmente en julio de este año. YPF logró salir ilesa de la causa, sin tener que afrontar costos para la compañía, pero Preska falló en contra de la República Argentina, alegando, básicamente, que la manera en la cual el gobierno de Cristina Kirchner llevó adelante la estatización violó los estatutos de la compañía, y Burford, dueña de los activos del Grupo Petersen, tenía derecho a una indemnización.
Emitido ese fallo, Preska debía dictaminar los parámetros para definir el rango que podía llegar a tener la indemnización. La discusión se centró en tres puntos: la fecha de la estatización, o de la toma de control de la compañía por parte del Estado; el cálculo del valor de la empresa, y la tasa de interés a aplicar a los fondos desde esa fecha. Preska terminó avalando todos los argumentos presentados por los abogados de Burford y rechazó los planteos de los abogados de la Argentina de la firma Sullivan & Cromwell LLP, dejando al país debilitado de cara a la negociación que ahora el país deberá encarar con Burford.
http://indecquetrabajaiii.blogspot.com.ar/. INDECQUETRABAJA
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.