YPF...RECHAZARON TODOS LOS ARGUMENTOS ARGENTINOS

Juicio por YPF: luego del fallo de la jueza Preska, la Argentina se encamina a pagar la sentencia más cara de la historia
La decisión del tribunal obliga a una negociación con Burford; qué podría pasar en la instancia de apelaciones y por qué es difícil que tome el caso la Corte Suprema de EE.UU.
Rafael Mathus Ruiz
De Vido y Kicillof, dos protagonistas claves de una expropiación que podría costar US$16.000 millones
WASHINGTON.- Luego del fallo adverso de la jueza Loretta Preska por la estatización de YPF, el Gobierno intentará ganar tiempo y algo de margen de maniobra para fortalecer su posición en la negociación que se avecina con el fondo Burford Capital. Pero es muy difícil que los tribunales de Estados Unidos abran alguna puerta que permita aliviar la carga de la nueva sentencia.
Preska ya había dictaminado que el Estado argentina debía resarcir a Burford por la expropiación de YPF. Ahora, la jueza rechazó todos los argumentos presentados por la Argentina para intentar que esa indemnización fuera lo más baja posible. La magistrada indicó que la Argentina deberá afrontar la mayor indemnización posible, que según la fórmula que diseñaron para hacer ese cálculo asciende a US$16.050 millones. “Se ordena a las partes que presenten una propuesta de sentencia consistente con estas conclusiones de hecho y de derecho”, cerró su sentencia la magistrada.
El país todavía puede apelar y el Gobierno ya indicó que lo hará, aunque igualmente deberá pagar un fondo de garantía. Y la apelación tiene escasas probabilidades de prosperar: el historial indica que es altamente atípico que la Corte de Apelaciones revierta un fallo de primera instancia. Si, en efecto, la apelación de la Argentina zozobra, el país podrá intentar llevar sus argumentos hasta la Corte Suprema de Justicia, tal como lo hizo con la sentencia en contra que dictó el juez Thomas Griesa en la demanda liderada por Elliot Management por el default de 2001.
La jueza de Nueva York Loretta Preska dictó un fallo muy duro contra la Argentina
En esa ocasión, el máximo tribunal de Estados Unidos rechazó tomar el caso, ya que consideró que no tenía motivos para hacerlo. La Corte Suprema suele tomar pocos casos al año, y los nueve jueces que integran el tribunal, ahora de claro perfil conservador, solo toman los litigios más importantes y relevantes para el país, aquellos en los cuales los tribunales inferiores han mostrado, por ejemplo, posiciones dispares, o que por el tema que tocan –el acceso al aborto o los alcances del gobierno federal, por mencionar dos– requieren una lectura de la máxima instancia que zanje una disputa a través de la interpretación de la constitución de los magistrados.
Una vez que las sentencias de Preska queden firmes, arrancará una nueva disputa. La Argentina puede decidir desconocer el fallo y negarse a pagar la indemnización, con el costo político y económico que una decisión de ese estilo conlleva. La dura puja con Elliot Management, de Paul Singer, y los ataques del gobierno de Cristina Kirchner a las decisiones de los tribunales norteamericanos hundieron la relación bilateral con Estados Unidos. Y, en ese momento, la Argentina no era el principal país deudor del Fondo Monetario Internacional (FMI), con lo cual podía prescindir del respaldo de la Casa Blanca.
Una eventual pelea por el cobro de la sentencia puede llevar a la Argentina a las mismas disputas que mantuvo con los fondos buitres, que intentaron múltiples embargos de los bienes públicos nacionales. Ese esfuerzo llegó a dejar a la Fragata Libertad embargada en un puerto en Ghana, una maniobra inédita que copó titulares globales.
Si el próximo gobierno, sea del color político que sea, decide pagar la indemnización a Burford Capital, deberá sentarse a negociar la cifra final. Con una sentencia firme, Burford estará fortalecido para negociar un monto elevado. Pero la Argentina podría llegar a negociar una cifra inferior, reduciendo el monto de los intereses, u ofreciendo un pago al contado, tal como hizo el gobierno de Mauricio Macri con los llamados fondos buitre.
Salvo el escenario en el cual el próximo Gobierno decida darle la espalda a los fallos de la Justicia norteamericana, y acepte pagar el costo que esa decisión conlleva, la Argentina se encamina a pagar la sentencia más cara de la historia.

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Estatización de YPF: un error de Cristina Kirchner y Axel Kicillof le costará una suma multimillonaria a la Argentina
El fallo en Estados Unidos puede tener consecuencias inéditas; hoy se necesitaría una YPF y media para pagar el litigio por la estatización del 51% de la petrolera
Pablo Fernández Blanco
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El fallo adverso contra la Argentina que acaba de concretarse en Estados Unidos es el último capítulo de una de las novelas judiciales más sensibles de la historia argentina, que comenzó el 9 de abril de 2015.
A tal punto el embrollado es una consecuencia del atormentado pasado, que la jueza Loretta Preska, verduga de la Argentina en los determinantes tribunales de Manhattan, le dedicó un capítulo de su sentencia a aquellos. “[Axell] Kicillof declaró descaradamente que sería ‘estúpido’ cumplir ‘la ley de la propia YPF’ o ‘respetar’ sus estatutos”. El gobernador de la provincia de Buenos Aires es un actor principal de esta saga que está a punto de costarle al país US$16.000 millones.
Casi tres años después de la estatización de YPF, que había ocurrido en abril de 2012, el oportunismo de un estudio de abogados y las desprolijidades con las que el equipo de Kicillof había avanzado sobre la petrolera argentina le abrieron la puerta a Burford Capital Limited. Este megabufete presentó en la Corte de Distrito Sur de Nueva York una demanda contra la petrolera y el Estado por el supuesto incumplimiento de compromisos asumidos con los tenedores de sus acciones.
Burford se aprovechó de un error del kirchnerismo. La familia Eskenazi había llegado a YPF en 2008. Siete años después, Burford compró en España, para demandar al Estado Argentino, las quiebras de Petersen Energía Inversora y Petersen Energía, dos compañías que los Eskenazi habían creado.
Presentación del Plan Estratégico de YPF con Miguel Galuccio, Julio De vido, Axel Kicillof y la presidenta Cristina Kirchner en el Hotel Sheraton.
Los vehículos del litigio son incómodos para Cristina Kirchner. No solo debido a que la supuesta argentinización que favoreció Néstor Kirchner y ella misma a través de la familia de banqueros se hizo a través de empresas con domicilio extranjero. Son esas mismas compañías las que hoy se convirtieron en un caballo de Troya por el cual la Argentina debe pagar.
¿Cuál era la debilidad de la estatización que promovió el kirchnerismo? En 1993, en el marco de la privatización de YPF, el gobierno de Carlos Menem ofreció casi el 100% del capital de la empresa a través de acciones clase D y listó los ADR -el título bajo el cual se negocian los papeles extranjeros en los Estados Unidos- en la Bolsa de Nueva York.
En ese momento, tanto el país como la empresa se comprometieron a que cualquier otra adquisición posterior de una porción de control de la empresa obligaría a hacer una oferta por el total de las acciones. Esa salvedad figura no sólo en los documentos que YPF envió a la SEC (el regulador bursátil norteamericano), sino también en su viejo estatuto. Pero el kirchnerismo no lo consideró.
En las semanas previas a la estatización, el por aquel entonces viceministro de Economía, Axel Kicillof, notó el detalle que ahora condena al país y estudió alternativas para contemplarlo. Fue un trabajo inconducente. Según los cálculos de su equipo, aceptar esas condiciones hubiese implicado para la Argentina un desembolso enorme por toda la empresa, cuando el Gobierno solo quería el control.
Sebastián Eskenazi fue el CEO de YPF tras la "argentinización", en 2008. Si bien la operación fue favorecida por Néstor Kirchner y convalidada por Cristina Kirchner, la presidenta luego promovió la estatización de la empresa.
Kicillof lo expresó en una presentación ante el Senado. “Créanme que si uno quería comprar acciones para entrar a la compañía y pasaba el 15%, pisaba la trampa del oso y tenía que comprar el 100% a un valor equivalente a US$19.000 millones. ¡Porque los tarados son los que piensan que el Estado tiene que ser estúpido y comprar todo según la ley de la propia YPF, respetando su estatuto!”. Son algunas de las palabras que eligieron los demandantes para justificar su demanda. Y es el párrafo que Preska utilizó para someter al país a pagar una plata que hoy no tiene.
Burford estructuró toda su demanda, cuyo original tenía 30 carillas, en los daños que fueron provocados a ambas empresas de la familia local por no tomar en cuenta su estatuto. Es el mismo fondo que puso el dinero para que el grupo Marsans pudiera iniciar el juicio en el Ciadi para reclamar por una indemnización después de la estatización de Aerolíneas Argentinas, en julio de 2008. La Argentina debe pagar por esa cuenta unos US$320 millones.
La estatización de YPF fue el producto de una aceleración cuyos resultados se ven hoy a la vista. El 27 de diciembre de 2011 por la noche, Cristina Kirchner se reunió en Olivos con Sebastián Eskenazi, que era el CEO de YPF. La presidenta, que junto a su marido había favorecido la argentinización de la empresa, empezaba a escribir de esa manera el primer capítulo de la estatización.
La presidenta promulgó la Ley de expropiación y designó a Miguel Galuccio al frente de la petrolera el 4 de mayo de 2012.
La presidenta tenía los números de las importaciones de energía, que en 2011 habían alcanzado los US$ 9.400 millones, una cifra récord. Creía que una de las responsables era YPF. Compartía ese pensamiento el ascendente viceministro de Economía, Axel Kicillof.
Cristina Kirchner le exigió a Eskenazi que dejara de distribuir dividendos al exterior y comenzar a invertirlos en el país. Era algo inadmisible para el acuerdo que el empresario tenía con Repsol. Entre sus asesores estaba Alberto Fernández. Menos de cuatro meses después, la empresa pasó a manos del Estado.
Hoy, YPF vale US$10.810 millones según su valuación de mercado. El país necesitaría el equivalente a una empresa y media solo para pagar las consecuencias judiciales de haberse quedado con el 51% que ahora está en manos del Estado.
*Esta nota contiene fragmentos de un texto publicado el 10 de julio de 2018.

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Para Kicillof, es “un fallo disparatado”

“¡Caramba! Qué casualidad. Otra vez, en plena campaña electoral, irrumpe un fallo disparatado a favor de los fondos buitres en un tribunal de Estados Unidos (cuna de fondos buitres). Esta historia ya la vivimos –y varias veces–”, así empieza el comunicado con el que Axel Kicillof respondió a las críticas ante el fallo de Preska. Cristina Kirchner, la gran impulsora de la estatización de YPF, retuiteó el mensaje del gobernador bonaerense.
“No falla nunca: siempre la oposición y sus medios de comunicación están del lado de los buitres del extranjero. Lo triste es que la oposición que critica la recuperación de YPF, al mismo tiempo, coloca a Vaca Muerta como nuestra mayor esperanza. ¡Sean al menos un poco serios por una vez! ¡Vaca Muerta es una realidad justamente porque se recuperó YPF!”, agrega el texto.
Kicillof recuerda que “se trata de un fallo de primera instancia. No de una sentencia firme. El fallo se va a apelar y seguramente termine en la Corte Suprema, porque esta vez la violación de la soberanía argentina es tanto o más grave que la del anterior ataque buitre”.
“Este juicio surge porque los fondos buitres pretenden poner al estatuto de YPF por encima de la ley y de la Constitución. El fallo es un absurdo jurídico: busca que se le pague a los fondos buitres lo mismo que se le pagó a Repsol por las acciones expropiadas, cuando a ellos no se les expropió nada. Es una inaceptable violación de la soberanía nacional, una burla a la Justicia argentina, que se intenta suplantar por un tribunal de Nueva York”, afirma.
Sin arrepentirse, Kicillof dice que “la decisión de @Cfkargentina de recuperar YPF y ponerla a funcionar para los intereses nacionales es uno de los hechos políticos más importantes de las últimas décadas”. 

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