DERECHO A LA INFORMACIÓN, Y CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Un antídoto para democracias en crisis
María Gracia Andía

En estos meses, ejercemos una vez más nuestro derecho a votar y lo hacemos en el mismo año que celebramos 40 años de democracia. Cumplir cuatro décadas de democracia ininterrumpida –luego de casi un siglo atravesado por el autoritarismo y los golpes de Estado– es una invitación a reafirmar nuestro compromiso con la libertad, la igualdad y la construcción de consensos básicos para la vida en comunidad. Y uno de los principios fundamentales para consolidar ese compromiso es el acceso a la información.
El derecho de acceso a la información pública, o “derecho a saber”, es primordial para forjar una democracia robusta. Su relevancia radica en su instrumentalidad. Gracias “a saber” podemos ejercer mejor otros derechos fundamentales, como los civiles y políticos. “Saber” para decidir de manera informada, “saber” para involucrarse y participar de la vida pública, y “saber” para controlar los actos de gobierno.
Las políticas de acceso a la información tienen relevancia a nivel local e internacional porque, en todas las sociedades democráticas, disponer de información objetiva, veraz y actualizada es esencial para construir democracias saludables. En un mundo con democracias en crisis, los países de los distintos continentes apuestan a la información como una herramienta para repensar sus sistemas políticos. Existen redes transnacionales que buscan promover este derecho en todas las latitudes y, con eso, debatir y mejorar los estándares de gobernanza que rigen en la materia para contribuir en el desarrollo de mejores democracias.
Recientemente, la capital filipina de Manila fue sede de la XIV Conferencia Internacional de Comisionados de Información (ICIC, por su sigla en inglés), evento anual que reúne a decenas de funcionarios de todo el mundo que trabajan en áreas de gobierno vinculadas a la garantía y la promoción del acceso a la información pública. De la ICIC participan como miembros más de 80 organismos de acceso a la información pública, nacionales y subnacionales. En su composición están representados los 5 continentes. Este año, al finalizar la conferencia se renovaron parte de los miembros que componen el Comité Ejecutivo de la ICIC. Así, la Argentina recibió la feliz noticia de que el Órgano Garante del Derecho de Acceso a la Información de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Ogdai) fue elegido para ocupar este puesto por los próximos tres años. Y lo hizo obteniendo el número más alto de votos entre todos los organismos que se postularon.
Es relevante señalar los ejemplos de decisiones de gobierno que se convirtieron en auténticas políticas de Estado durante estos 40 años de democracia. Uno de esos casos es la promoción del derecho de acceso a la información en la ciudad de Buenos Aires. En esta ciudad, en 2023, también se celebra otro aniversario: los 25 años de la sanción de la primera ley de acceso a la información pública (ley 104). Desde entonces, y con modificación de la ley original conforme a los mejores estándares regionales, la ciudad de Buenos Aires ha ido implementando los mejores procesos de transparencia pasiva y activa, y de gobierno abierto.
Hay que destacar que el Ogdai será el único organismo de carácter subnacional en el Comité Ejecutivo. El resto de los países –Estados Unidos, Filipinas, Albania, Bangladesh, Bermudas, Sudáfrica y México– están representados por órganos nacionales. Este hecho invita a reflexionar sobre algunos puntos. La posibilidad de formar parte del Comité Ejecutivo de la red internacional más prestigiosa en materia de acceso a la información supone una ventana de oportunidad para que nuestro país se proyecte a nivel mundial, contribuyendo a mejorar los estándares globales de transparencia, confianza y control ciudadano de las instituciones.
Al mismo tiempo, este rol nos coloca en el desafío de seguir fortaleciendo nuestras prácticas locales de acceso a la información y nos impulsa a seguir trabajando por una mayor articulación entre las diferentes jurisdicciones y niveles de gobierno. Los próximos años pueden ser una gran oportunidad para que otras provincias también avancen en la creación de organismos subnacionales garantes del acceso a la información pública.
El derecho a saber constituye un eje central para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS); en particular, el ODS 16 “Paz, justicia e instituciones sólidas”. Una sociedad más abierta y transparente es, a la vez, una sociedad más justa. De igual modo, un gobierno que promueve el control y la participación ciudadana es un gobierno comprometido con los principios más imprescindibles de todo Estado de Derecho democrático y liberal.
A los 40 años del retorno de la democracia, el derecho de acceso a la información pública es uno de los principios que debemos celebrar y defender con mayor convicción. En un año electoral, la lucha por este derecho debe ser una de las banderas a levantar para que la participación en las urnas y en la vida política sea informada y libre. Así podremos contribuir a la superación de las crisis de los sistemas democráticos actuales.

Profesora de Derecho de la Universidad de San Andrés y titular del Órgano Garante del Derecho de Acceso a la Información del Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Un gesto de autoridad institucional
Miguel A. Piedecasas
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dado un gesto de autoridad institucional al poner certidumbre en el caso de la magistrada que a pesar de no haber logrado su nueva designación, con acuerdo senatorial incluido, pretendía seguir desempeñando su función jurisdiccional.
El máximo tribunal de la República en 2017 había resuelto cuál era el sentido y alcance del artículo 99 inciso 4° tercer párrafo de la Constitución nacional, para los magistrados que alcanzaren la edad de 75 años. Ello fue en el ámbito de un caso concreto, el precedente “Schiffrin”, y a partir de ese pronunciamiento no quedaron dudas de la plena operatividad de la norma constitucional.
No hay posibilidades de que normas legales o reglamentarias (y menos interpretaciones políticas interesadas) puedan desvirtuar esa decisión de la Corte al referirse a la aplicabilidad concreta del principio establecido en nuestra Constitución. Se trata de acatar la Constitución y de respetar las instituciones, especialmente el Poder Judicial de la Nación.
Habiendo transcurrido desde el 28 de marzo de 2017 (Schiffrin) hasta el 6 de septiembre de 2023 6 años, 5 meses, 1 semana y 2 días, la Corte emitió la resolución 2338/2023 (con la firma de sus cuatro integrantes, sin disidencias) y puso fin a las cavilaciones que podían existir sobre una situación determinada y que afectaba a uno de los principales tribunales penales de nuestro país, como lo es la Cámara Federal de Casación Penal.
Lo hizo como “cabeza de poder y órgano supremo de la organización judicial argentina” y lo consideró un “acto de gobierno”, para declarar que la magistrada había cesado en sus funciones a partir del día que cumplió los 75 años de edad sin haber logrado un nuevo nombramiento precedido del previo acuerdo del Senado.
Dejó en claro que la norma constitucional no prevé “plazo de gracia alguno” y que “el nombramiento debe ser anterior al día en que el magistrado alcance la edad referida; de lo contrario, no habría límite temporal para la realización de ese nuevo nombramiento, con la absurda consecuencia de que el límite etario se tornaría inoperante”.
Pone en conocimiento del Consejo de la Magistratura la resolución adoptada, a “fin de que adopte las medidas que estime necesarias”, que en este caso serán poner la vacante en el orden del día de la Comisión de Selección y Escuela Judicial, para abrir un nuevo concurso y proceder al sorteo de jurado, o acumular la vacante al concurso que ya se encuentra en trámite, y de esa manera avanzar en el procedimiento de selección para elevar las ternas para la cobertura de las tres vacantes que existen en la Casación Federal Penal.
La Corte ha dado un gesto de autoridad institucional y puesto certeza y seguridad jurídica en un tema que hace a la organización misma del Poder Judicial de la Nación.

Consejero de la Magistratura de la Nación

http://indecquetrabajaiii.blogspot.com.ar/. INDECQUETRABAJA