DÓLAR SOJA ¿?¿?¿, IMPORTACIÓN, Y PREPAGAS

Con críticas del campo, el Gobierno oficializó una nueva versión del dólar soja
A diferencia de los anteriores programas, no hay una cotización fija, sino que los exportadores tendrán la libre disponibilidad del 25% de las divisas hasta fines de este mes

Belkis Martínez y Mariana Reinke

El ministro Massa, al anunciar el nuevo tipo de cambio para la soja, el 26 de agosto pasado
Con el rechazo del ruralismo y críticas de los exportadores, fue oficializada ayer en el Boletín Oficial una nueva versión del dólar soja por septiembre diferente de las tres ediciones anteriores, anunciada por el ministro de Economía, Sergio Massa, hace casi diez días.
A través del decreto 443/2023, se fijaron las condiciones del esquema que estará vigente hasta el 30 de este mes, por el que el Gobierno espera una liquidación de divisas por US$2500 millones. Según se detalló, el 75% del contravalor de la exportación de las mercaderías que sean objeto de adhesión al programa deberá ingresarse en el país en divisas y negociarse a través del Mercado Libre de Cambios (MLC), en tanto que el 25% restante será de libre disponibilidad.
En la agroexportación contemplaron el esquema compuesto por un mix en el precio entre el 75% al tipo de cambio oficial mayorista, que estará fijo a $350 hasta después de las elecciones generales, y el 25% restante, por ejemplo, al contado con liquidación (CCL), dentro del Programa Incremento Exportador (PIE). Como resultado de este mix, el precio rondaría entre los $420 y los $450 por dólar.
En tanto, en otro de los artículos del decreto se estipuló que aquellos que adhieran al programa deberán liquidar las divisas hasta el 30 de este mes, “incluidos los supuestos de prefinanciación y/o posfinanciación de exportaciones del exterior o un anticipo de liquidación”.
En ese sentido, la norma estableció que los exportadores pagarán las retenciones una mitad en adelanto y otra parte a través de un certificado. “Deberán abonar una suma en concepto de adelanto, considerando la mitad del porcentaje previsto en el artículo 4º del decreto N° 1177 del 10 de julio de 1992 conforme la mercadería de que se trate, en un plazo que no podrá superar el 28 de septiembre de 2023 inclusive, considerando como base imponible el monto que surja de las divisas ingresadas y negociadas a través del MLC de conformidad con lo indicado en el artículo 4º de este decreto”, precisó.
En tanto, la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) expresaron en un comunicado que no se está “frente a un típico programa exportador como las versiones anteriores” y que cada empresa decidirá individualmente si ingresa al esquema y de qué manera operará.
En esa línea, agregaron que “cada exportador tomará esa decisión sobre la base de sus necesidades de molienda y/o del programa de exportación de soja y subproductos de la soja de origen argentina”. Explicaron que por esta razón no emitirán “análisis o datos”, en referencia a que con las anteriores versiones daban información detallada sobre las liquidaciones de divisas y las ventas.
Ciara-CEC expresó “que la mejor política es la unificación cambiaria y la eliminación de todo tipo de restricciones para que podamos ser realmente un país agroexportador, que piensa en el beneficio integral y de cada uno de los sectores que conforman una gran cadena”. Según los exportadores, “pensar y ejecutar una política exportadora inclusiva y federal, además de generar mayores ingresos de divisas y más empleo, nos permitirá consolidar a la Argentina como líder en el comercio internacional de alimentos, biodiésel y tecnología”, señalaron.
A su vez, el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, señaló que los productores siguen “esperando medidas que beneficien de manera integral a todo el sector y no en beneficio de unos y detrimento de otros”.
El dirigente añadió: “Esperemos que el mercado se normalice porque hace una semana que está paralizado y los productores necesitamos tener precios de referencia. Desde la Sociedad Rural insistimos en que nuestra economía necesita contar con un único tipo de cambio sin restricciones ni derechos de exportación”.
La referencia de Pino a la “paralización del mercado” es porque luego de que Massa anunció, el domingo 26 de agosto, las nuevas medidas para el sector, el martes pasado, en una conferencia de prensa, el secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, puso un manto de confusión e incertidumbre cuando señaló que el 25% de las divisas obtenidas por la industria exportadora en septiembre no podría aplicarse para la compra de soja local, sino solo para pagar importaciones de la oleaginosa. Inmediatamente, esto paralizó los mercados locales hasta ayer cuando finalmente se revelaron los pormenores de la medida.
A su vez, Gabriel de Raedemaeker, vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), expresó: “Lo que nosotros necesitamos y en lo que venimos insistiendo desde hace mucho tiempo es justamente en que no ocurran este tipo de decisiones absolutamente unilaterales por parte del Gobierno, que dispone quién, cuándo, cuánto tiempo y a qué valor de tipo de cambio el campo puede comercializar su producción. Necesitamos un mercado libre como sucede en los países vecinos, sin intervenciones que generan beneficios para algunos, sin regulaciones distorsivas, sin prohibiciones de comercialización, con unificación del tipo de cambio y la eliminación de las retenciones”, agregó.
Por su parte, Ignacio Mántaras, presidente de la Sociedad Rural de Santa Fe y dirigente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe (Carsfe), señaló que las diferentes versiones de dólares que implementó el Gobierno nunca fueron compartidas en absoluto por las entidades que representan a los productores, porque obedecen a “manotear divisas generadas por los granos, en connivencia con los exportadores”.
“Son acuerdos a espaldas de los productores, que son los que generan los bienes exportables. Son medidas coyunturales sin pensar en el largo plazo; son parches que destruyen el mercado, con efecto negativo directo contra otras cadenas productivas, como el tambo y los feedlots. Esto no es inocuo”, dijo.
En esa línea, el nuevo presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (Cartez), Patricio Kilmurray, dijo que esto demuestra la “desesperación” del Gobierno por divisas. “Este gobierno no entiende que el campo quiere políticas estables a largo plazo. Es el cuarto parche solo para tener un beneficio de ingreso de divisas”, aseguró el dirigente y productor agropecuario oriundo de La Carlota.
Riesgos
Respecto del tipo de cambio en el que quedaría la soja, David Miazzo, economista jefe de la Fundación para el Desarrollo Agropecuario (FADA), explicó que “haciendo el 75% por los $350 del tipo de cambio oficial y 25% por estos cerca de $700, que es el CCL, ahí da ese tipo de cambio ponderado de unos $440, que incluso puede ser superior y llegar a los $450 por dólar soja, que sería el nuevo dólar soja”.
En tanto, Ernesto Ambrosetti, economista y consultor en agronegocios, sostuvo que la medida conlleva riesgos financieros muy elevados, ya que permite cerrar operaciones a un año vista, por eso es voluntaria. “Distorsiona la competencia entre los exportadores y la transparencia del mercado a pesar de alguna mejora del precio al productor. Esta medida, que se diferencia fuertemente de los programas previos, conlleva elevados riesgos financieros al permitir cerrar operaciones a un año vista. Al ser una adhesión voluntaria genera desigualdad de competencia entre los exportadores y la pérdida de transparencia de los mercados”, afirmó.
Los exportadores pidieron la unificación de las distintas cotizaciones
Los analistas estiman que el tipo de cambio quedará entre $440 y $450 por dólar

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Miles de 0 km, varados en el puerto por falta de dólares
Es la principal vía de ingreso y egreso de 0 km; el Gobierno y las empresas pactaron congelar el valor de un modelo por terminal
Pablo OrtegaEl impresionante amontonamiento de autos en los playones del puerto de Zárate
Miles de autos se amontonan en el Puerto de Zárate esperando que el Gobierno, afectado por la escasez de dólares, autorice su nacionalización. La Secretaría de Comercio prometió liberar parte de esos vehículos tras un acuerdo de precios firmado anoche.
La Terminal Zárate es el principal puerto para el comercio exterior de la industria automotriz. Desde ahí salen las pickups que exportan las automotrices que fabrican en el país, como las Toyota Hilux, Ford Ranger y Volkswagen Amarok, y también entran los modelos que todas las marcas importan de Brasil y otros países. Desde fines de junio, más de dos meses ya, el Gobierno no autoriza a las terminales las SIRA (el sistema que regula las importaciones), por lo que no pueden entrar los autos que fueron llegando al puerto. Y las unidades se están acumulando en los playones.
En Zárate hay unas 15.000 unidades, según pudo chequear la nacion con fuentes del mercado. “Nunca hubo tantos autos”, agregan. Las imágenes aéreas obtenidas por este diario son elocuentes.
Ayer, el Gobierno y las terminales llegaron a un acuerdo para comenzar a liberar parte de esas unidades. “Las empresas que van firmando, hasta ahora lo hicieron ocho, seleccionan un modelo 0km que mantiene su precio hasta el 31 de octubre”, dijeron en la Secretaría de Comercio. “En cuanto al aporte del Estado está relacionado con la aprobación de importaciones que permitan la regularización de unidades terminadas para la venta”, prometieron en la dependencia que dirige Matías Tombolini.
Se trata de uno de los temas críticos para el sector, ya que la red de concesionarios se está quedando sin unidades, reconocen en las terminales. En total, en la industria hablan de 30.000 unidades que aguardan la autorización respectiva para su nacionalización.
Si bien hoy, por la falta de dólares que agobia a la economía, el 65% de los vehículos que se venden en el mercado interno son hechos en la Argentina, el resto tiene procedencia importada, con Brasil como principal proveedor, con el 28% del total. Desde el país vecino llegan modelos como los Toyota Yaris, Corolla y Corolla Cross, los Volkswagen Polo Track, Polo, T-Cross y Nivus, los Fiat Pulse y Toro, los Citroën C3 y C4 Cactus y los Chevrolet Onix, Montana y S10, entre otros.
En los ocho primeros meses del año, se vendieron en la Argentina 318.954 vehículos, un 11% más que en el mismo período de 2022. De ese número, un 35% fue de procedencia importada, según los datos de la Asociación de Concesionarios (Acara). Unos 95.600 autos de enero a agosto.
La entrada de autos importados fluyó con relativa normalidad a través del sistema SIRA hasta abril, cuando las automotrices recibieron las autorizaciones para nacionalizar unidades recién el último día de ese mes. A partir de entonces, se repitieron los retrasos y desde fines de junio ya no se permitieron más los ingresos por la falta de dólares.
Los casi 70 días sin poder despachar los autos que siguieron llegando en los barcos fueron colmando la terminal (Zárate), que es operada por el Grupo Murchison.
El ingreso de autopartes empleadas para la producción, en cambio, no se frenó, aunque distintas automotrices sufrieron retrasos puntuales de alguna pieza que las obligaron a realizar paradas transitorias de un turno en las últimas semanas, revertidas al otro día.
En la industria hay temor por el abastecimiento de insumos en los meses que vienen porque proveedores del exterior ya les avisaron a sus representantes locales que no harán envíos a la Argentina si antes no regularizan sus pagos. Los giros dependen de la autorización del Banco Central (BCRA).
El amontonamiento de autos en los playones de Zárate no es una situación inédita. Hace un año, se dio una situación similar, al poco tiempo de que asumió Sergio Massa en el Ministerio de Economía en reemplazo de Silvina Batakis. En ese momento, las automotrices no pudieron ingresar autos durante poco más de un mes, un plazo que coincidió con el cambio del anterior régimen de importación denominado SIMI por el actual SIRA. Pero nunca se habían acumulado dos meses de unidades como ahora.
El freno no solo preocupa a las terminales por los incumplimientos en las entregas de 0 km que la situación está causando (los retrasos en los planes de ahorro son un ejemplo de ello), sino también porque la terminal llena complica el flujo de exportaciones de pickups.
Toyota, por caso, la automotriz líder en producción y exportaciones, vende a 23 países de la región el 80% de lo que fabrica en su planta de Zárate. Este año, la automotriz quiere llegar a la marca récord de 182.000 unidades producidas. Todas sus pickups Hilux y el SUV SW4 con destino a Brasil y otros países latinoamericanos salen de ahí

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Clínicas y prepagas, en una crítica encrucijada
Entre las cuotas congeladas y los bajos salarios, discuten el cobro de copagos.

Francisco Olivera

Representantes de los hospitales Británico, Alemán y Austral, del Sanatorio Mater Dei, y de las clínicas integrantes de Adecra, la cámara que agrupa a los centros médicos privados, se encontrarán mañana para debatir la crisis del sector en general y un tema específico: qué tan viable es cobrar un diferencial a sus pacientes independientemente de la prepaga a la que estén asociados, algo que ya han empezado a hacer algunas, y de ese modo afrontar una crisis que lleva varios años y pone en riesgo el sistema: si no cambian las condiciones, la Argentina va a un colapso en la atención y es muy probable que en pocos años vire hacia un esquema de negocios distinto. Será el fin del servicio de salud privada tal como se la entendió hasta hoy.
El golpe de gracia puede haber sido el congelamiento en los precios de las prepagas que el Gobierno dispuso hace una semana y terminó de acordar el sábado, con el regreso de Héctor Daer, líder del sindicato de Sanidad, de un congreso en Nueva York.
La reunión más relevante se había hecho un día antes con la participación del ministro de Economía, Sergio Massa, y todo derivó en un compromiso que congela precios de octubre a diciembre, obliga a las prepagas a pagarles a los sanatorios la mitad de los costos, dispone aumentos salariales para los trabajadores y ofrece para las empresas un alivio fiscal con planes de pago hasta diciembre de 2025, es decir, hasta bien entrado el próximo gobierno.
“Lo cerramos por lo menos hasta octubre, vamos a ver qué pasa en las elecciones”, dijeron a en la nacion una prepaga. Todo es precario. Y los menos convencidos al respecto son los centros prestadores, el eslabón más importante junto con los médicos, que vienen sufriendo una persistente pérdida salarial. El pionero en la disconformidad fue en estos días el Hospital Austral, que sorprendió el viernes con un comunicado en el que alertaba sobre el cobro de adicionales. “Estimados pacientes”, encabezaba el texto, y anunciaba que, dada la situación económica, empezaría a exigir “bonos contribución al momento de la atención” según estos valores: a partir del lunes 4 de septiembre, cirugías ambulatorias, 15.000 pesos; cirugías sin internación, $20.000; internación, $20.000; partos o cesáreas, $20.000; hemodinamia programada, $10.000, y endoscopías, $10.000. Desde el lunes 11 de septiembre exigiría además $3000 para las consultas ambulatorias, y desde el lunes 18, $4000 para las consultas en emergencias.
Ese paso, al que se sumaron otras clínicas y estaba conversado con varias del sector, envalentonó a algunos médicos. Por ejemplo, a los del Sanatorio La Trinidad de San Isidro, que reclamaron la misma medida en un comunicado difundido el domingo. “La alta inflación desde hace meses, la gran devaluación ocurrida hace unos días y el pago de nuestros honorarios con 2 o 3 meses de realizadas nuestras prácticas (consultas, procedimientos diagnósticos/ quirúrgicos), que, a modo de ejemplo, en las consultas médicas es de entre 1000 y 1500 pesos argentinos, equivalente a 2,5 dólares, hace que realmente sea inviable nuestra continuidad con la vocación, la responsabilidad y el profesionalismo que hipocráticamente juramos al recibir nuestro título luego de muchos años de estudio”, dijeron.
Pero las prepagas no están de acuerdo. Y anteayer, al cabo de una reunión en la que analizaron incluso dejar fuera de la cartilla a los prestadores que se hubieran sumado, empezaron a ejercer presión para revertir los copagos. “El Hospital Austral se apuró”, dijeron en una de estas empresas, y convencieron al prestador de suspender la medida por una semana.
Los empresarios saben que el acuerdo al que llegaron con Massa no es definitivo y tampoco están seguros de poder cumplirlo. Claudio Belocopitt, presidente de la Unión Argentina de Salud, que había estallado de furia hace dos domingos, cuando las medidas lo sorprendieron en el exterior, volvió en ese momento de urgencia y tuvo varios encuentros esta semana. No bien se enteraron de que la pretensión del Gobierno era congelar los precios, las clínicas y sanatorios quedaron en encontrarse el martes, mientras alertaban a sus abogados de preparar recursos de amparo que hasta ahora no han presentado, pero que tampoco descartan.
La crisis de esta industria tiene varios años, pero se aceleró de manera dramática en los últimos dos meses. Cuando la economía no ajusta por precio, lo hace por volumen, y eso es lo que empezó a ocurrir en la medida en que los costos iban quedando muy por arriba de lo que los prestadores les cobran a sus pacientes. Las prepagas tienen otra capacidad. Por lo pronto, financiera: reciben las cuotas de sus afiliados en los primeros días del mes y pagan las coberturas a las clínicas a plazos de entre 30 y 90 días según la empresa, brecha que, a las tasas de interés actuales, les permite aprovechar el flujo en inversiones. El argumento de las prepagas es que siempre se trabajó así; el de los centros de atención, que eran mecanismos que se aplicaban cuando se facturaba en papel, con los tiempos que eso insumía.
La consecuencia más evidente de esta crisis impacta en los médicos, sector que viene retirándose desde hace tiempo de las cartillas. Es la razón por la que cada vez se hace más difícil conseguir turnos. Según una encuesta de la Confederación Médica de la República Argentina, hasta junio, un 15% de los profesionales habían renunciado este año ya a atender por prepaga, y los especialistas estiman ahora que la cifra podría superar el 35%.
En las prepagas dicen que solo se van los profesionales más experimentados. Pero una simple recorrida por los consultorios deja entrever un déficit cualitativo: se van los que, al ser los más requeridos, tienen la posibilidad de cobrar por fuera del sistema. Todo parte de los bajos salarios que, a veces, empujan a los más jóvenes a probar suerte con las cirugías estéticas o, como dicen en la jerga, a mudarse “a la industria”. Es decir, a los laboratorios. Un médico que trabaja en una clínica líder cobra por una consulta entre 1500 y 2400 pesos. El sueldo de un jefe de servicio de un sanatorio líder de la ciudad de Buenos Aires orilla los $700.000 netos por mes. “Es obvio que no vive de eso, lo hace porque le da prestigio”, dijo el director de uno de estos centros de atención. Si tuviera que vivir solo de lo que le reporta una prepaga, por ejemplo, un cirujano traumatólogo empleado de un hospital recibiría 50.000 pesos por una cirugía de rodilla. Por un parto, alrededor de 85.000. Y por una neurocirugía, operación complejísima, están pagando 70.000 pesos. “Hace tiempo que los cirujanos van por afuera”, dicen en el sector.
La distancia entre costos y precios es cada vez más amplia. A julio, según datos del sector, los sanatorios necesitaban subir las prestaciones un 35,7% para llegar al punto de equilibrio

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