EDITORIAL Y LAS ELECCIONES EN SANTA FE

Sigue la fiesta en el club de empleo público
Producto de una farsa que parece no tener fin, y contrariamente a sus propias resoluciones, el Gobierno sigue ampliando la planta permanente de empleados
¿Quién fue el ministro que, tras asumir hace poco más de un año, emitió una resolución para congelar el empleo público y evitar así el sobredimensionamiento de la planta permanente de trabajadores estatales? Fue Sergio Massa. ¿Quién es el ministro que decide ahora, y contra sus propias resoluciones previas, incorporar a esa planta permanente a casi 800 agentes estatales que tenían contratos y que, por ende, no se sometieron a ningún tipo de concurso de oposición y antecedentes? Sergio Massa.
“Uno de los compromisos que marcan nuestra hoja de ruta es el orden fiscal de los gastos del Estado”, había tuiteado Massa en agosto de 2022 como modo de justificación del congelamiento que, queda a la vista, fue y sigue siendo abiertamente vulnerado.
Las explicaciones de semejante falacia argumental son varias, pero podemos resumirlas en tres: a lo largo de la historia, el peronismo en todas sus variantes ha hecho del empleo público su bandera política, y de las cajas estatales, su principal instrumento económico; violar disposiciones judiciales, leyes, resoluciones y declaraciones administrativas nunca fue un problema para ese sector de la política, y menos representan un escollo cuando se acercan elecciones y se teme perder el poder. Es decir: si ya Massaministro no respetaba sus propias resoluciones, Massa-candidato las va a honrar todavía menos.
“En el marco del Plan Integral de Regularización del Empleo, iníciese el proceso para la cobertura de 799 cargos vacantes y financiados de la planta permanente del Ministerio de Economía”, dice la resolución publicada en el Boletín Oficial. Esa “regularización” responde, en rigor, a una vieja tratativa de 2008, cuando la presidenta era Cristina Kirchner y el jefe de Gabinete era el propio Massa. Está claro que el ministrocandidato no quiere dejar cuentas pendientes con su antigua y actual jefa públicamente silente, pero por lo visto todavía poderosa para el cobro de saldos atrasados.
Así, sigue su engorde el “club del empleo público”. En su defensa, funcionarios del área de Economía aseguran que no se está tomando a ningún empleado nuevo, sino pasando a planta permanente a contratados. Es decir, admiten que empleados cuyo contrato llega a su fin solo cambiarán de ventanilla de cobro, pero que no habrá ahorro económico para el Estado. Y, punto dos, como solo pueden presentarse a concurso los que ya dependían de un sueldo pagado por las arcas públicas, todo queda dentro del mismo coto de caza.
Va otro dato para sumar a esta nueva aberración que oficialmente se quiere mostrar como normal y esperable mientras la sociedad en su conjunto es fagocitada por la mala praxis del actual gobierno: todo lo que Massa ejecute en los pocos meses que le quedan como ministro tendrá consecuencias no solo presupuestarias, sino también operativas para la próxima gestión presidencial por iniciarse el 10 de diciembre. Si la oposición llegara a ganar, se topará con un Estado regurgitante de empleo público-político-partidario dejado por los perdedores. En cambio, en un eventual triunfo de Massa, sus huestes ya estarán debidamente acomodadas en las poltronas públicas, que financiamos todos los ciudadanos con nuestros impuestos.
Valgan estas cifras oficiales para enmarcar el descalabro que se pretende enmascarar. Cuando Massa asumió, según los datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) que elabora el Ministerio de Trabajo, la escalofriante planta de empleados que todos los meses cobra un sueldo del Estado en sus tres niveles sumaba 3.375.757 trabajadores. En mayo pasado fueron 3.429.784. Desde que el ahora candidato llegó al Palacio de Hacienda ingresaron 54.027 personas a alguna de las administraciones públicas, un promedio de 148 por día. Y aún le quedan tres meses.
Desde ya que hubo reparticiones del Estado que se mantuvieron estables en cuanto a incorporación de empleados. Pero hubo otras que se expandieron a su gusto, como el caso de Aerolíneas Argentinas, reducto intocable de La Cámpora: de los 997 trabajadores que ingresaron a la administración nacional entre julio de 2022 y junio pasado, 494 corresponden a esa línea aérea.
No por trillada debe ser desechada la vieja frase “hecha la ley, hecha la trampa”. Fueron puntillosamente estudiadas las trampas, los decretos y las resoluciones del actual gobierno para hacernos creer que se cerraba el grifo de las arcas estatales. Solo se cerró para atender a los jubilados, la salud, la educación y la seguridad. El club del empleo público siguió, sigue y seguirá de fiesta.

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Las elecciones en Santa Fe

El próximo domingo tendrán lugar los comicios provinciales en Santa Fe, en los que se elegirá al futuro gobernador.
Santa Fe integra el pequeño grupo de provincias que contribuyen con su producción y aportes a las exportaciones, sumando al progreso nacional y al financiamiento del Estado. Su producción agroganadera, la industrialización de sus materias primas, la industria metalmecánica, la cuenca lechera y sus puertos ribereños del Paraná muestran la pujanza de una población laboriosa que, pese al peso de un Estado ineficiente, apuesta por el trabajo y el progreso.
Al igual que otras castigadas provincias, soporta el despojo del interior productivo sometido a un sistema de retenciones a las exportaciones que restan recursos a los productores de riqueza para financiar un desbocado e improductivo gasto público. La suma de retenciones y un dólar oficial atrasado afectan gravemente los ingresos de los que producen, restando recursos a la inversión y a la generación de fuentes de trabajo genuinas.
Curiosamente muchos gobernadores y una gran cantidad de legisladores provinciales no se oponen a ese tributo, pues para ellos el federalismo consiste precisamente en la obligación nacional de financiar abultados presupuestos provinciales, caracterizados por una baja rentabilidad social, pero indispensables para costear el clientelismo.
El contraste con la capacidad productiva del sector privado santafesino se observa en la crisis de las prestaciones básicas del Estado, empezando por la seguridad, la primera de sus funciones indelegables. La indiferencia y la complicidad de ciertos funcionarios y dirigentes políticos con el narcotráfico es uno de los flagelos que afectan a la provincia y, en especial, a la ciudad de Rosario. Su impunidad mancha la institucionalidad provincial.
Los resultados de las PASO de Santa Fe –que, al igual que Mendoza, tiene prohibida la reelección inmediata del gobernador– mostraron un contundente triunfo de Unidos para Cambiar Santa Fe, la versión local de Juntos para el Cambio, con casi un millón de votos entre las dos listas que disputaron las candidaturas a gobernador y vicegobernador. El oficialismo nacional y provincial apenas superó los 432.000 votos.
Este domingo se comprobará si el candidato Maximiliano Pullaro logra conservar los votos de su rival en las primarias, la senadora Carolina Losada, y se verá también en qué situación queda el oficialismo, que postula a Marcelo Lewandowsky. Persiste el interrogante sobre la influencia que los resultados de las primarias nacionales puedan tener en esta elección provincial, que será seguida el domingo 17 y el domingo 24 por los comicios de gobernador en Chaco y Mendoza.
Es de esperar que el próximo gobierno de Santa Fe pueda recuperar el control de la fuerza para terminar con la violencia y el avance del crimen organizado que impera en Rosario y en otras localidades, restableciendo el tejido social y la convivencia civilizada que demandan los sufridos santafesinos.

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