EDUCACIÓN Y ECONOMÍA

¿Qué diablos son los vouchers
Diego M. Jiménez
En la discusión sobre cómo se debe financiar la educación se está de acuerdo en la necesaria participación del Estado. Lo que se debate es su grado, sobre todo cuando la visión dominante de la teoría económica señala la ineficiencia inherente del Estado y la falta de incentivos de mejora dentro de sus estructuras. A esto último, se le responde desde otras visiones, que la educación no es un servicio asimilable in totum a un razonamiento basado solo en criterios de eficiencia. Además, porque la naturaleza de la actividad privilegia la equidad por sobre otras consideraciones y porque sus resultados y objetivos, amplios y complejos, son difíciles de medir.
En este debate se suman otras temáticas que complejizan la discusión: los objetivos de equidad y de justicia redistributiva que deberían perseguir los sistemas educativos públicos; la naturaleza más cooperativa que competitiva del aprendizaje (es decir, que para aprender se requiere de un colectivo: docentes, compañeros de clase y un clima institucional apropiado); la discusión sobre qué decimos cuando hablamos de calidad educativa y sobre las razones por la cuales una familia elige una escuela, que no se reducen a la variable calidad de los aprendizajes (tradición familiar, cercanía geográfica, proyecto educativo, deporte, son otras de las razones que motivan las elecciones escolares). Aquí solo mencionamos los intercambios más relevantes que suceden en la disciplina economía de la educación que exceden, y por lejos, la cuenta simple de costo/beneficio.
En la política local se trajo a la palestra el denominado sistema de voucher, que introduciría una lógica de mercado en el sistema educativo para incentivar la competencia entre escuelas, mejorar su calidad y eficientizar el uso de los recursos provistos por el Estado. La metodología propuesta funciona así: el Estado le entrega un cupón (voucher) a la familia, equivalente a un valor monetario, que esta transfiere a una escuela que elige. Esta, a su vez, lo debe canjear con la autoridad competente para obtener ese dinero provisto por las familias y usarlo para su financiación institucional. Este mecanismo es un “subsidio a la demanda”, dado que entiende que son las familias las que mejor saben qué les conviene. Por lo tanto, deben participar en la elección de las escuelas de sus hijos, incluso en un sistema público.
Este instrumento tiene la intención de generar competencia para atraer estudiantes a las escuelas de más calidad, activando incentivos de mejora en las instituciones para que eso ocurra. Es un sistema que tiene muchas variantes (se puede combinar el voucher con más dinero sumado por la familia, por ejemplo), pero aquí describimos su versión “clásica”. ¿Qué críticas se le pueden hacer a este sistema? En primer lugar, las escuelas no tienen fines de lucro ni buscan maximizar beneficios; en segundo lugar, los docentes no siempre quieren más alumnos en las aulas por razones pedagógicas; en tercer lugar, la competencia entre escuelas se puede ver afectada por razones geográficas (me queda más cerca una menos calificada y por razones de transporte, recursos económicos o trabajo no puedo llevar a mis hijos a otra mejor); cuarto, las escuelas no tienen la capacidad de reaccionar al aumento de la demanda (a que más alumnos quieran ir a ellas y construir más infraestructura, aulas, para tal fin) como las empresas; quinto, esta visón no contempla lo que se llaman condiciones de educabilidad. Este concepto hace referencia a que la asistencia a la escuela implica ciertas pautas culturales compartidas y otras socioeconómicas que se traen desde el hogar. Por ejemplo: saber cumplir rutinas, aceptar la autoridad y ciertas reglas, contar con los recursos necesarios para acceder a los materiales y útiles escolares, y disponer del estímulo y acompañamiento de los adultos.
Por último, en contextos como el argentino, ahogado de asimetrías y desigualdades crecientes, establecer dentro del sistema educativo una competencia escolar bajo las reglas del mercado agudizaría aún más estas realidades vergonzosas que supimos construir. Es relevante agregar que, desde el mundo académico, no hay pruebas concluyentes que permitan decir que el modelo de voucher sirva para lograr los objetivos que persigue. Una de las razones que fundamentan esta conclusión es que las experiencias donde se aplicó siempre fueron puntuales o reducidas en cuanto a la cantidad de instituciones escolares. Esto no permite sacar conclusiones amplias sobre sus resultados. Además, como en muchos debates de la economía de la educación, las aguas se dividen acerca de la factibilidad o no de tal propuesta aplicada a la escala de un sistema educativo.
Lo claro es que reducir la educación a un servicio adquirible por consumidores en un mercado competitivo para maximizar un objetivo de aprendizaje es simplificar groseramente la experiencia educativa y lo que esta supone a nivel individual, familiar y social. Por otra parte, la virtud del debate generado, nobleza obliga, estriba en provocarnos a pensar en cómo mejorar nuestro sistema educativo sin preconceptos. Eso es valioso.

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La lógica de la impostura reemplazó a la razón
Bernardo Saravia Frías

La economía argentina está desorbitada. La causa es la impericia, como tantas veces en los 20 años de gobierno oficialista, en los que la lógica de la impostura reemplazó a la razón. Basta analizar la última secuencia para entender la dimensión del descalabro.
Llegamos a las PASO con más de 100% de inflación y una recesión incipiente. Por la resistencia a devaluar y cumplir con las condiciones del FMI para desembolsar siete mil millones de dólares, se recurrió a todo tipo de artilugios: desde bonos públicos dolarizados hasta un cepo como ridículo dispositivo de financiamiento; cuando fue insuficiente, fueron por un endeudamiento opaco y pródigo, del swap con China a la CAF.
Después de las PASO vino lo mejor. El FMI acordó finalmente desembolsar, sobre la base de sus premisas de siempre: devaluar y mantener el superávit primario. Avanzó el Gobierno sin un plan y con expectativas desancladas, fijando un tipo de cambio sin reservas en el Banco Central para defenderlo, y aumentando las tasas de interés a valores insostenibles. La devaluación se trasladó a los precios y, con una economía ahogada por el cepo, entramos en el peor escenario, una estanflación.
Siguió el recule. Congelamiento tarifario, aumento del gasto público y nuevo manotazo al sector privado, para borrar con el codo lo que se escribió con la mano para el desembolso del FMI. En menos de una semana, el “acuerdo” se consideró “descarrilado”. ¿Quién es el responsable del desaguisado? La respuesta formal es fácil: el Poder Ejecutivo Nacional. Primer problema: como el paradero de presidente y vice es desconocido, quedarían el jefe de Gabinete y el ministro de
Economía en ejercicio pleno del Ejecutivo. Ambos son candidatos. Segundo problema: tienen un conflicto de intereses mayúsculo entre sus deberes como servidores públicos y sus ambiciones electorales.
Aquí el quid de la cuestión: están haciendo cualquier cosa para mantener vivas sus maltrechas aspiraciones, comprometiendo otra vez el futuro de todos los argentinos. Ya no sabemos a quién debemos, qué debemos ni en qué condiciones. Linda herencia dejan a las generaciones que vienen: caminando a la hiperinflación en estado recesivo, sin herramientas de política monetaria y con acuerdos internacionales incumplidos, lo que encarece dramáticamente el crédito.
El sistema prevé soluciones ante la resistencia a renunciar de los conflictuados, que sería la vía honrada y además evitaría agravar las responsabilidades. La interpelación es la relación jurídica natural entre los dos poderes políticos, que está al alcance de la mano para poner luz a tanta penumbra e impericia, en un marco de gobernabilidad. El artículo 71 establece que cualquier Cámara del Congreso puede llamar a los ministros a dar explicaciones; el 101 regla la interpelación con fines de censura para el jefe de Gabinete. Tantos años de política del embuste han convertido el sistema institucional en un mundo de vitrina, un lugar ingrávido, lleno de eslóganes y sin respuestas para la gente. Pilares básicos, como la idoneidad de los funcionarios y la transparencia de los actos de gobierno, han devenido mascarada. Esto no se arregla rompiendo todo a fuerza de utopías que incluyen su propio naufragio. Se trata de revitalizar las instituciones: la gente interpela el sistema; hagamos que funcione y que interpele a los responsables

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