EL ESCENARIO, PLAN PLATITA

Un presidente que se declara en huelga
Martín Rodríguez Yebra
Alberto Fernández encontró una conceptualización romántica de su gestión presidencial: se declaró en huelga.
Aprovechó una escala de su gira mundial de despedida para convocar, organizar y hacerse filmar en una asamblea de obreros en Merlo en la que denunció a Javier Milei y Patricia Bullrich por el ajuste fiscal que prometen en campaña.
La ocurrencia de un gobierno que se hace un paro para reclamar contra la oposición fue de su ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, pero el Presidente corrió a poner el cuerpo por ella, como suele hacer con los decretos que anuncia Sergio Massa y que le mandan a él para que firme.
El sinsentido de una protesta alentada desde el poder refleja con nitidez la filosofía con que entiende el papel del Estado un sector dominante del oficialismo actual. En defensa de las obras públicas, el encargado de gestionar el presupuesto nacional les pide a los empleados que dejen de trabajar. Institucionaliza el derroche a cambio de un clip de campaña para TikTok.
La doctrina del disimulo avanza. Fernández la aplica con el mismo rigor que cuando celebra con tono épico algunas de sus derrotas más clamorosas. Lo hizo después de las elecciones de mitad de mandato (cuando se acuñó el eslogan “ganamos perdiendo”) y volvió a la carga en las últimas horas para celebrar la drástica reducción del impuesto a las ganancias que dispuso el ministro de Economía.
Publicó ayer en sus redes sociales un cuadro en el que exhibe que su mandato va a terminar con menos de 90.000 personas que pagan ese tributo, contra 2,1 millones que lo hacían cuando se fue Mauricio Macri.
“Más de 2 millones de personas dejaron de pagar el impuesto a las ganancias durante nuestro gobierno. Es una política de Estado. Macri prometió eliminarlo, pero aumentó casi 80% la cantidad de trabajadores que debieron pagarlo. No todo es lo mismo”, escribió.
Curiosa bandera para un político que se declara progresista y asiste a cumbres globales como heraldo de la equidad social. En un país con inflación de tres dígitos y 40% de pobres se jacta de haber aprobado un virtual bono salarial para empleados formales que ganan muy por encima de la media y se acercan a la cima de la pirámide de ingresos. Un pagadiós fiscal que –sin financiamiento ni mayores ingresos a la vista– se financiará con más inflación.
Embriagado por la gesta, ni siquiera repara el Presidente en la inconveniencia de alegrarse por un dato que desnudan las cifras de Ganancias. Solo el 0,9% de los trabajadores en blanco están por encima del nuevo piso del impuesto, fijado en 1.770.000 pesos mensuales en bruto, claman en el Gobierno, con orgullo. Lo que equivale a afirmar que el 99% gana menos de 2000 dólares en mano, una cifra cercana a lo que era el sueldo promedio de la economía argentina en algunos tramos de gobiernos recientes, como el de Menem, el de Cristina Kirchner o incluso el de Macri.
El impuesto a la renta existe en prácticamente todas las economías modernas. Cada uno aporta en función de sus ingresos, con el fin de dotar al Estado de recursos necesarios para los servicios que presta. La discusión en el mundo pasa por ampliar o reducir la base de los que pagan y por cómo se distribuye la carga entre los que superan el umbral contributivo.
La Argentina quebrada sigue innovando. Durante más de 20 años hizo del impuesto a las ganancias un Frankenstein. Parche sobre parche, se fue agigantando el universo de empleados gravados, se introdujeron distorsiones, injusticias y excepciones difíciles de explicar. A mes y medio de las elecciones, el Gobierno en vez de arreglarlo aplica una dosis de dinamita demagógica.
El lunes el empresario y sindicalista Hugo Moyano llevó a su peronismo combativo a aplaudir en la Plaza de Mayo el jubileo impositivo para sueldos gerenciales. Les faltaba gritar: “Viva la libertad, carajo”.
En defensa de las obras, Katopodis les pide a los empleados que dejen de trabajar
El sinsentido de una protesta alentada desde el poder refleja con nitidez la filosofía con que entiende el papel del Estado
Para ser justos, el revoleo de fondos públicos no encuentra barreras sociales: bonos, créditos a tasa subsidiada, mejoras para los autónomos, ayudas a jubilados, rebajas del IVA. Massa, candidato con funciones de ministro, construye el mito de una colina que defender. Ante el avance de los que proponen cambiar todo, ofrenda a la sociedad “algo que perder”.
Fernández no repara en esos matices y descubre en este presente destellos de una era dorada. “Les pido que sigamos en esta misma senda. Que no los confundan”, les dijo a los obreros a los que obligó a parar en defensa de la obra pública, en Merlo.
Es perseverante: a principios de año fracasó en convencer a sus propios partidarios, que lo obligaron a retirarse anticipadamente de la carrera por la reelección.
¿Será esta la ayuda que puede darle a Massa en su carrera hacia el ballottage? Difícil saberlo: al candidato el miércoles se le pintaba de negro por la publicación del índice de precios de agosto, que cerró en 12,4%. Todo un récord que acaso impulse al Presidente a organizar la próxima huelga a sí mismo.

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Sigue el “plan platita”: habrá devolución de IVA a los jubilados y los monotributistas.
El reintegro tendrá un tope mensual de $18.800 y las compras tendrán que ser con tarjeta de débito; amplían un subsidio para jubilados afiliados al PAMI y se ponen en marcha créditos
El ministro de Economía, Sergio Massa, hizo anuncios tras conocerse que la inflación de agosto fue de 12,4%
Luego de conocerse que la inflación mensual de agosto fue de 12,4%, la más alta en más de 30 años, el ministro de Economía y candidato a presidente por el oficialismo, Sergio Massa, anunció ayer por la tarde medidas destinadas a monotributistas, jubilados y trabajadores que no pagan el impuesto a las ganancias y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH).
Uno de los anuncios es un programa de devolución de la totalidad del IVA, con un tope mensual, por com pras pagadas con tarjeta de débito de productos de la canasta básica. El reintegro será automático y será para los trabajadores con salarios “de hasta $708.000” (9 millones de personas, según dijo). Sobre ese tema, Massa señaló que le dio instrucciones a la AFIP para que elabore la resolución correspondiente. El beneficio alcanzará también a “2,3 millones de monotributistas puros [sin ingresos adicionales a los facturados dentro del régimen simplificado], sin importar la categoría” en la que estén. La medida aplica también para “los 440.000 trabajadores y trabajadoras de casas particulares” (en rigor, el número de personas que trabaja en esa actividad es mucho mayor, pero hay una altísima tasa de informalidad).
La devolución se efectivizará a las 48 horas de hecha la compra y tendrá un tope mensual de $18.800.
A fines de agosto había sido anunciada una ampliación del programa de reintegros por compras con tarjeta de débito para jubilados y penlo sionados, que hasta agosto tenía un tope de $4056, que se elevó desde este mes a $18.000. Massa confirmó que eso continuará sin cambios.
“Se habilita de manera automática [para que se aplique luego el reintegro] a todos los comercios, supermercados y minimercados, verdulerías, carnicerías, fruterías, que venden este tipo de productos, alimentos y bebidas, frutas y verduras y carne centralmente, así como también los productos de higiene personal y de la canasta del hogar”, dijo el ministro.
Y agregó: “Quiero pedirles a los comercios que utilicen la venta formal para no robarle el beneficio de la devolución del IVA a la gente. Y a los trabajadores, monotributistas, beneficiarios de la Asignación Universal, jubilados y pensionados, que usen su tarjeta de débito porque esto les devuelve poder de compra y a las 48 horas van a tener acreditado en su cuenta la plata de devolución del IVA sin tener que hacer trámites”.
“Es la medida más progresiva que podemos tomar en materia impositiva y, además, hacemos un esfuerzo fiscal sobre la base de renunciar a otros gastos del Estado y de utilizar recursos extraordinarios producto de la incorporación del nuevo impuesto, que es el impuesto PAIS, en los recursos de recaudación”, dijo en referencia a la devolución del IVA el candidato, que el lunes anunció la quita del impuesto a las Ganancias para quienes tienen salarios brutos de hasta cerca de $2.000.000.
Plan Alimentario del PAMI
Según otro de los anuncios, los jubilados que cobran hasta una vez y media el haber mínimo (es decir, con haberes brutos de hasta $131.190) accederán a la ayuda del Programa Alimentario del PAMI, incluso sin cumplir con el requisito de tener al menos 80 años (que regía hasta ahora). El monto mensual para el período de septiembre a noviembre será de $15.000. La medida alcanzará a 2.967.607 afiliados a la obra social y tendrá un costo fiscal de $133.542 millones.
El Gobierno ya había anunciado un bono de $37.000 para los jubilados que cobran el haber mínimo y refuerzos de montos menores para quienes tienen un ingreso de hasta $124.460. No tendrán adicionales quienes tengan ingresos superiores a esa cifra.
En su discurso, el ministro dijo que se pondrá en marcha el anunciado plan de créditos de hasta $400.000 para trabajadores (ya está habilitado para jubilados), a plazos de a 24, 36 o 48 meses, con tasa subsidiada. “La directora de la Anses va a contar los detalles mañana [por hoy], pero el crédito se tramitará con la tarjeta de crédito y de forma virtual”, precisó.

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El piso para tributar Ganancias superará los $1,77 millones
Según lo decretado, la base se fijará en función del salario mínimo de octubre, aún no definido; qué pasa con quienes seguirán pagando

Silvia Stang
El Gobierno publicó en el Boletín Oficial el decreto 473, que establece los cambios al impuesto a las ganancias que regirán con las remuneraciones devengadas desde el 1º de octubre. Es decir, los efectos de la medida anunciada en plena campaña electoral por el ministro de Economía y candidato, Sergio Massa, se verán con los ingresos que se percibirán en noviembre. Lo dispuesto no tiene un impacto retroactivo, por lo cual no modifica los montos ya descontados este año por el impuesto (de todas maneras, aún está pendiente una devolución de parte del tributo, dada la modificación de los valores de la tabla de la alícuotas establecida el mes pasado).
Los salarios que quedarán al margen de la imposición serán los que no superen un monto equivalente a 15 salarios mínimos, vitales y móviles “conforme el monto que esté vigente al 1º de octubre de 2023”. Esa cifra todavía no se conoce, porque la última disposición sobre el sueldo básico llega hasta el vigente este mes. El consejo que define el salario mínimo se reunirá en los próximos días para fijar nuevos montos.
El salario mínimo es este mes de $118.000. Por eso se habló desde Economía de un piso para comenzar a tributar de $1.770.000. Sin embargo, según la letra del decreto, si para octubre se dispone un reajuste (seguramente tal cosa ocurrirá), entonces el ingreso no imponible para los asalariados será mayor. Por ejemplo, si se decidiera una suba de 12% mensual para el ingreso básico, el piso para tributar Ganancias seria de $1.982.400 mensuales.
Del decreto no se desprende que para las remuneraciones de noviembre y diciembre vaya a haber un cambio del piso imponible, en el muy probable caso de que el salario mínimo aumente para esos meses.
La medida del Poder Ejecutivo prevé una disminución de la carga fiscal para los empleados cuyos ingresos sigan gravados en los últimos meses del año. Pero, a diferencia de que se dispuso en otras oportunidades para evitar que quienes tengan remuneraciones mayores al menor salario imponible perciban menos dinero que quienes quedan exentos del tributo, esta vez no está todavía claro qué modificaciones habrá para procurar que no se produzca esa distorsión. Si no hay corrección, quien tenga un sueldo bruto un poco mayor a la nueva base para tributar Ganancias cobrará mucho menos que otros empleados con remuneraciones más bajas.
Sobre ese tema se espera una resolución de la AFIP. El decreto le encomienda al organismo “incrementar los importes de la escala progresiva del primer párrafo del artículo 94 de la ley de impuesto a las ganancias”. Se trata de los valores de la tabla que, en función de diferentes rangos de ingresos imponibles, determina qué alícuota se aplica en cada caso. Así, en lugar de establecerse deducciones especiales incrementadas (montos que se descuentan del ingreso antes de calcular el impuesto), tal como ocurrió con los cambios previos, ahora se prevé una baja de la alícuota.
Con respecto a la cuota del aguinaldo que se cobrará en diciembre, se estableció que quedarán liberados del impuesto los asalariados que en el segundo semestre tengan una remuneración mensual promedio inferior al monto equivalente al salario mínimo, vital y móvil vigente en octubre, multiplicado por 15.
Suponiendo que el piso sea de $1.982.400, si el salario promedio del período de julio a diciembre no supera ese monto, no se pagará Ganancias sobre el aguinaldo.
Los cambios en el esquema del impuesto fueron anunciados por Massa en la tarde del lunes, durante un acto en Plaza de Mayo del que participaron dirigentes sindicales.
Hasta este mes, la carga fiscal pesa sobre las remuneraciones brutas superiores a $700.875, y el esquema del impuesto sufre fuertes distorsiones por efecto de la inflación y la consecuente suba nominal de los salarios, pero también como consecuencia de medidas tomadas en la actual gestión.
Uno de los problemas, por ejemplo, es que si bien durante el año se reajustó dos veces –en mayo y en agosto– el piso mínimo para empezar a tributar, no se modificaron los montos libres de impuesto para quienes siguen alcanzados por el tributo ni se reajustaron los valores de las deducciones que pueden hacerse por familiares a cargo o por diferentes gastos. A eso se suma el trato desigual que se les da a los autónomos, que pagan desde ingresos muy inferiores, en comparación con los asalariados y, en consecuencia, con alícuotas más altas.
Y en los últimos tiempos se agregaron discriminaciones en el trato según sectores de la actividad, porque el Gobierno promovió la firma de acuerdos entre empresas y sindicatos, tendientes a dejar al margen del tributo a trabajadores de determinadas actividades o compañías que tienen salarios iguales o más altos que los de otros empleados que, por estar en gremios sin ese tipo de pactos, sí deben tributar.

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