EXTORSIONES, BALACERAS Y EL DESCUARTIZADO

De Rosario a Puerto Madero: el giro de la testigo que sufrió un atentado y se volvió pieza clave en las extorsiones de Los Monos
En marzo de 2020, Mariana Ortigala fue atacada por dos sicarios después haber declarado como testigo en el juicio contra el narco Esteban Alvarado; hoy fue detenida, acusada de integrar un grupo que realizaba ataques contra una cadena de agencias de quiniela

Germán de los Santos
Mariana Ortigala, baleada por declarar contra el narco Esteban Alvarado
ROSARIO. Mariana Ortigala decía que le tenía más confianza a Ariel “Guille” Cantero, líder de Los Monos, que al Estado. Por eso, prefería que la custodiaran y protegieran miembros de esta narcobanda. En marzo de 2020, dos sicarios, uno de ellos armado con dos pistolas, intentaron matarla cuando subía a su auto. La hirieron de siete tiros en la espalda y en los glúteos, pero sobrevivió. Ese ataque fue la consecuencia de haber declarado contra Esteban Alvarado, el archirrival de Los Monos, condenado a prisión perpetua.
Pero esta mujer y su entorno –entre ellos, su marido– no solo gozaban de la “protección” de Guille Cantero: también trabajaban para él y realizaban extorsiones y atentados en su nombre. Hay otra sospecha: que manejaban sus bienes.
Hoy a la madrugada, después de un día marcado por las elecciones en Santa Fe, Ortigala fue detenida junto a su marido en una mansión de Funes, ciudad vecina a Rosario. La mujer, que tiene parte de su cuerpo con tatuajes religiosos, cambiaba de domicilio de manera permanente. Decía que era para evitar ser blanco fácil de los sicarios que la buscaban para matarla. Ahora se supo que, además, había adoptado esa suerte de nomadismo para despistar a los investigadores que seguían sus pasos.
Guille Cantero, el líder de Los Monos
Ahora, el fiscal Pablo Socca acusará a Ortigala de ser parte de una organización que llevaba adelante extorsiones y ataques a balazos e incendiarios contra una cadena de agencias de quiniela que fue blanco de atentados desde 2021. En ese tiempo, según las fuentes judiciales, le reclamaban al dueño de estos locales 1,5 millones de dólares a cambio de paz y tranquilidad.
El fiscal ordenó 43 allanamientos, uno de ellos en el hotel Faena, de Puerto Madero, donde estaba alojada Lorena Córdoba, también miembro de esta organización. Se trata de la esposa del fallecido David Perona, rey del juego clandestino en Rafaela; la mujer tenía relación directa con Ortigala, que goza de la máxima confianza del líder de Los Monos. Era tal la afinidad entre ambos que Vanesa Barrios, la pareja de Cantero, cumple la prisión domiciliaria en una de sus residencias en Funes.
En la investigación se detectó que Guille Cantero era quien estaba al tanto y daba órdenes para llevar adelante las extorsiones, cuyo brazo operativo, en una primera etapa, estaba a cargo presuntamente de Ortigala y su marido, Felipe S.; este capítulo comenzó en 2021, cuando comenzaron a balear y a atacar con bombas molotov la cadena de agencias de quiniela El Califa.
En ese momento, de acuerdo a las fuentes judiciales, el pedido a los dueños de estos locales era que pagaran 1,5 millones de dólares a cambio de dejar de ser blanco de más ataques. El titular de la empresa no pagó ese monto, pero hasta ese momento no había denunciado los aprietes. Con el correr de los meses la tensión bajó.

Mariana Ortigala, baleada por declarar contra el narco Esteban Alvarado
Los ataques con bombas molotov volvieron a producirse este año. Pero había otro grupo, más pesado aún, al mando de las estrategias violentas para sacar dinero al empresario que tiene más de una decena de locales en Rosario. A cargo de esa facción estaba Maximiliano Díaz, alias Cachete, condenado en agosto pasado a 29 años de prisión por planear un atentado a tiros contra el casino de Rosario, hecho en el que murió Enrique Encino, un apostador de 63 años que había salido a fumar a un balcón.
Cachete y su hermano Brian, también condenado cinco años de cárcel, ambos actualmente en prisión, volvieron a la carga para extorsionar al dueño de los locales de quiniela. Usaron bombas molotov en por lo menos dos casos para presionar por el cobro, que había bajado al monto de 100.000 dólares.
En ese momento la causa, a cargo de fiscalía de Balaceras, tomó un nuevo impulso y la investigación logró determinar quiénes extorsionaban al dueño de la empresa El Califa. Se determinó que Guille Cantero, desde la cárcel de Marcos Paz, era el que tenía el control de las operaciones de extorsión. No solo mantenía comunicaciones telefónicas, sino también estaba personalmente en contacto con Ortigala, que visitaba al líder de Los Monos casi todas las semanas en el penal.
Esta mujer y su hermano Rodrigo habían formado parte de la banda de Esteban Alvarado, pero por problemas personales se separaron de su entorno. La falta de lealtad se paga caro en este rubro criminal. Alvarado mandó a matar a Ortigala e intentó involucrar a su hermano en el crimen del financista Lucio Maldonado, que fue clave para que lo condenaran a prisión perpetua.
Esteban Alvarado, rival de Los Monos
Ortigala había convencido además a un exhombre de confianza de Alvarado, Carlos Argüelles, para que declarara contra su antiguo jefe. Eso le valió que lo ejecutaran en septiembre de 2021. Una de las hipótesis es que Ortigala no solo planeaba las extorsiones, sino que también que era parte del entramado para lavar dinero de Los Monos. Tiene una cantidad importante de propiedades y vehículos que le será difícil de justificar. En el fuero federal también está siendo investigada como un eslabón clave en el manejo económico de la banda.
Se presume que esta mujer, que había pertenecido a la banda enemiga de Los Monos y luego saltó de filiación narco, era quien después de recibir las directivas de Cantero en la cárcel de Marcos Paz derramaba la información a otros miembros de la organización para llevar adelante las maniobras de extorsión, que actualmente son más redituables que el narcomenudeo.
Este fenómeno criminal de las extorsiones empezó en 2018, luego de que Guille Cantero decidiera atentar contra 14 residencias de jueces y edificios judiciales por el descontento que le producía su traslado a una cárcel fuera de Rosario, en ese caso, la Unidad Penal Nº7 de Resistencia, Chaco.
A partir de allí comenzó a incursionar con mayor frecuencia en los pedidos de dinero en concepto de “protección”, a la vieja usanza de la mafia. Para que el negocio funcionara de manera aceitada debía irradiar terror y miedo, algo que estaba garantizado con el poder de fuego de la banda de Los Monos. Los mensajes intimidatorios que dejaban los tiradores se popularizaron bajo el lema: “Con la mafia no se jode. Plata o plomo”.
Ante la cantidad de hechos violentos contra negocios, empresas y casas de familia, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) creó en 2020 una Unidad Especializada en Balaceras, que quedó al mando de la fiscal Valeria Haurigot.
Lo que desde esa unidad especial comenzaron a detectar en las investigaciones era que la mayoría de las tentativas de extorsión se organizaban desde las cárceles, donde están presos la mayoría de los jefes y segundas líneas de las organizaciones narcocriminales de Rosario. Para que el negocio pudiera funcionar fueron claves las comunicaciones desde los pabellones, donde los presos, mediante smartphones, podían tener contacto permanente con los “soldaditos” que llevaban a cabo las tareas violentas.
En Rosario se suceden por día, en promedio, entre seis y siete balaceras –incluidos los heridos por arma de fuego– y unas cinco o seis son por extorsiones. Las exigencias de dinero por “tranquilidad” representan el 80% de los ataques armados.

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Piden procesamientos por el crimen de Pérez Algaba
dictamen. Un fiscal opinó que los siete detenidos participaron de un plan previo y se dividieron tareas para ejecutarlo

Gabriel Di Nicola
Para asesinar a Fernando Pérez Algaba, el trader baleado por la espalda y cuyo cuerpo fue descuartizado en General Rodríguez, hubo una “clara división de tareas” y existió un “plan previo”. Fue un homicidio perpetrado con alevosía y por codicia. Así lo sostuvo el fiscal de Lomas de Zamora Marcelo Domínguez al fundamentar el pedido de prisión preventiva para los siete sospechosos detenidos por el caso.
“Está claro, conforme a la valoración de la prueba, que varias personas participaron en el homicidio de Pérez Algaba y su posterior seccionamiento e intento de desaparición del cuerpo, como así también que los disparos que recibió y que provocaron su fallecimiento fueron efectuados por la espalda y a una distancia no muy próxima, superior a los cincuenta centímetros”, sostuvo el fiscal Domínguez en su dictamen, presentado ayer ante el juez de Garantías de Lomas de Zamora Sebastián Monelos.
Los siete imputados son Maximiliano Pilepich, Nahuel Vargas, el comisario porteño Horacio Córdoba, Luis Contrera, Fernando Carrizo, Matías Gil y Flavia Bomrad. Todos están acusados de homicidio agravado por ser cometido mediante el uso de arma, con alevosía, por codicia y por el concurso premeditado de varias personas.
El fiscal consideró que estaba probado por el hecho de que Pilepich tenía una deuda de dinero con la víctima y que “uno de los motivos por los que se perpetró el crimen resulta ser el exoneramiento por parte de Pilepich de dicha deuda y, en consecuencia, la ganancia ilegítima que esto le conllevaría, viéndose incrementado su patrimonio en tal sentido”, sostuvo el fiscal en el dictamen de 66 páginas al que tuvo acceso 
El representante del Ministerio Publico estimó que hubo un plan previo y división de tareas para concretarlo, que incluyó la documentación de la deuda, llevar a la víctima a General Rodríguez, llevarse su celular y borrar pruebas.

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