El Estado le pagó a la vicepresidenta 194 vuelos a Santa Cruz
Usó aviones de la flota presidencial y de YPF; eran para pasar el fin de semana en su provincia, durante los últimos cuatro años
Guadalupe Vázquez y Federico D. Tejeiro
La actividad de Cristina Kirchner retrata la magnitud del uso discrecional de la flota presidencial por parte del kirchnerismo: durante este último período de cuatro años de gobierno hizo 194 vuelos a Santa Cruz, sin ninguna actividad oficial que los justificara. Se trató de vuelos realizados por lo general de jueves a domingos para descansar en sus casas de Río Gallegos o de El Calafate. No solo voló en distintas aeronaves de la flota presidencial, sino también en aviones de la empresa YPF y hasta de taxis aéreos alquilados en dólares y pagados por la Secretaría General de la Presidenta. Incluso durante la pandemia.
El gasto total de esos viajes –en promedio, uno por semana– le insumieron al país un costo de 5.250.000 dólares, según cálculos de diversos especialistas en aeronavegación.
La diputada Mónica Frade (Coalición Cívica) denunció el año pasado a Cristina Kirchner, Alberto Fernández y el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello, por la posible comisión de los delitos de defraudación en perjuicio de la administración pública, malversación de fondos y peculado a raíz de los vuelos de la vicepresidenta. Pero entonces solo se conocían 21 viajes realizados por ella en 2021. La causa fue archivada en septiembre pasado por el fiscal Gerardo Pollicita sin haberse investigado, aceptado o solicitado ninguna medida de prueba.
Ahora accedió a los datos de todo el período de gobierno que termina, a partir de dos pedidos de acceso a la información pública solicitados a la Secretaría General de la Presidencia de la Nación –a cargo de la logística y traslados del primer mandatario– y a la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), organismo encargado de –entre otras tareas– relevar los registros de vuelos de los aeropuertos. Además, se utilizaron herramientas de monitoreo aéreo (como Flighradar24) para seguir los movimientos de las aeronaves pertenecientes a la Agrupación Aérea Presidencial, como así también de toda nave que fuera hacia o desde Río Gallegos y/o El Calafate, para luego identificar, a través de distintos medios y fuentes, aquellas en las que viajaba la vicepresidenta.
El entrecruzamiento de estos datos se hizo con los aportados por la dependencia que conduce Vitobello, que respondió de manera escueta e incompleta, y los aportados por EANA, que entregó los registros de los vuelos de los aeropuertos del país. La información se complementó asimismo con otros recursos, como audios de la torre de control, en los que se le asigna el código “PRESI-02” a toda aeronave que traslada a una vicepresidenta.
Además, se accedió también a planes de vuelo que fueron confirmados por fuentes cercanas a la vicepresidenta, Casa Militar, Agrupación Aérea Presidencial y personal del entorno aeronáutico. Una vez documentados, analizados y corroborados, se confrontó la información con la de un grupo de especialistas que monitorea y registra, entre otros, los vuelos en aviones sanitarios realizados por gobernadores de las provincias, y los de las aeronaves de la flota oficial en todo el país, con lo que se logró corroborar en forma fehaciente que la vicepresidenta tomó no menos de 194 vuelos, en su mayoría para ir a Río Gallegos y El Calafate, entre 2019 y 2023. Solo en contadas ocasiones, al comienzo del gobierno de Alberto Fernández, en 2019, Cristina Kirchner se trasladó en vuelos de Aerolíneas Argentinas. Ya para el 29 de enero de 2020 dejó de utilizar la aerolínea de bandera, y regresó a Buenos Aires desde El Calafate en un avión privado de alquiler. Fueron cinco las veces en que la presidente del Senado alquiló un taxi aéreo particular para ir al sur, a un costo no menor a los 12.000 dólares por tramo. Las facturas de esos vuelos privados –cotizados en dólares– fueron enviadas y abonadas por la Secretaría General de la Presidencia, a pesar de haberse tratado de viajes realizados por motivos personales. Ejemplo de ello da cuenta la factura 0008-00000090 de la empresa Flyzar con fecha 13/4/2020 –en plena pandemia– por 21.989,50 dólares, pagados por el erario público.
Durante la pandemia, Cristina Kirchner realizó cuatro viajes a Santa Cruz. En ninguno tuvo algún tipo de agenda oficial.
Desde que asumió el 10 de diciembre de 2019 y hasta que finalizó esta investigación el 6 de diciembre de 2023 (a solo 4 días de dejar el cargo) la vicepresidenta realizó en total 129 viajes en aviones gestionados por la Presidencia. En 91 de esos 129 vuelos realizados por Cristina con los “Tangos” T-04, T-10 y T-11 las aeronaves volaban “ferry” –esto es, vacías– tanto por haber tenido que ir a buscarla al sur, o por haberla dejado allá y luego haber vuelto a Buenos Aires, lo que aumenta significativamente los costos operativos. Además de los 129 vuelos utilizando la flota presidencial, Cristina Kirchner usó 59 veces las dos aeronaves de YPF (de mayoría estatal). Los vuelos de la vicepresidenta en naves de YPF generaron un gasto de por lo menos 843.675 dólares solo en costos operativos, por una actividad que no guarda ninguna relación con la desarrollada por la petrolera (que cotiza en la bolsa y debe rendir cuentas a los accionistas). El Gobierno aduce que pagó los traslados a través de la Secretaría General de la Presidencia, pero las facturas no fueron incluidas en su respuesta al pedido de acceso a la información.
El total de 194 vuelos realizados por la presidente del Senado se completa con un viaje en helicóptero de la ciudad de Buenos Aires a La Plata.
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Milei se aferra a la unidad nacional
Florencia Donovan
En tiempo de descuento, el presidente electo, Javier Milei, está terminando de esbozar el equipo con el que piensa atravesar probablemente la etapa más desafiante de su gestión. Consciente de sus limitaciones políticas, el economista libertario demostró en las últimas semanas que es mucho más pragmático en el armado de lo que se hubiera esperado. El gabinete, en algunos aspectos, pareciera estar más cerca del gobierno de unidad nacional que propugnaba su adversario electoral Sergio Massa que del modelo “anticasta” que lo ayudó a seducir a una sociedad harta de los privilegios de la política. Lo que ahora resta ver es si ese liderazgo, que logró en la elección avasallar hasta las estructuras políticas más aceitadas y mejor financiadas, consigue que se ejecute su plan.
La transición claramente no será fácil. La economía que hereda Milei es mucho peor que la que recibieron Alberto Fernández, Mauricio Macri y Cristina Kirchner antes. Con todo, ninguno de sus antecesores supo cómo reencauzarla. El déficit primario, detalla el economista Fernando Marull, es del 3% del PBI (casi igual que el que recibió Macri), pero luego la inflación corre al 200% anual, el 43% de los argentinos son pobres pese a que hay un atraso fuerte de tarifas (hoy se paga solo el 50% de lo que vale la electricidad en el área metropolitana, por ejemplo), las reservas internacionales en el Banco Central (BCRA) son negativas en US$11.000 millones, la brecha cambiaria supera el 160% y se emitieron tantos pesos (20% del PBI en cuatro años) que el stock de Leliq ya representa un 14% del producto bruto. Desactivar la bomba requerirá de mucha pericia. Todo indica que a Milei le llevará más tiempo del que anticipó en campaña.
Por lo pronto, en muchas áreas su equipo apenas si tuvo tiempo de iniciar una transición con la administración saliente. El designado presidente del Banco Central, Santiago Bausili, solo conversó por primera vez el miércoles con quien ejerció el cargo durante todo el mandato de Fernández, Miguel Ángel Pesce, y ayer se vieron las caras. En principio, Bausili estará acompañado en el directorio por Vladimir Werning (ex JP Morgan y exfuncionario durante el macrismo) y por Alejandro Lew, hasta la semana pasada CFO de YPF.
Hasta ayer, en tanto, no se sabía quién reemplazará a Raúl Rigo en la Secretaría de Hacienda, área clave si las hay dentro del Ministerio de Economía, dado que es la que sigue de cerca los números fiscales y ejecuta los pagos; en otras palabras, el corazón de la motosierra. Pese a las versiones que indicaban que seguiría en su puesto, Rigo se despidió ayer formalmente de su equipo en un simple agasajo en el salón comedor de Hacienda; aseguró que nunca le habían ofrecido continuar y que, en tal caso, tampoco lo hubiera aceptado.
En la semana, el economista Rodrigo Pena, que trabajó el plan fiscal que en su momento Hernán Lacunza le había presentado a Horacio Rodríguez Larreta, pululó por las oficinas de Hacienda como nexo en la transición, pero aclarando siempre que no tenía intenciones de asumir el puesto. Una silla caliente que pocos desean.
Algo similar sucede en la Comisión Nacional de Valores (CNV), el ente que debe velar por el buen funcionamiento de los mercados de capitales. La idea sería que el actual titular de la entidad, Sebastián Negri, siga hasta que consigan reemplazante. Pero son tantas las restricciones normativas –el presidente no puede haber sido en los últimos dos años director de ninguna empresa regulada, como una ALyC o una compañía con oferta pública– que es difícil encontrar perfiles adecuados. Hubo sondeos a Francisco Sosa del Valle, exsubsecretario de Financiamiento durante el macrismo, pero todavía su nombre no está confirmado. Tal vez le toque a Negri desandar muchas de las regulaciones que él mismo firmó.
El Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), que administra el dinero que era de las AFJP, ya tiene al menos quién lo gestione. Se trata de Heber Farfán, hasta ahora secretario de Finanzas de Córdoba y ex número dos de quien fue designado para comandar la Anses, Osvaldo Giordano.
Así las cosas, parece difícil imaginar que en la primera semana de gestión el ministro Luis “Toto” Caputo pueda avanzar rápidamente con las medidas que tiene en mente. Se descuenta que habrá una devaluación del tipo de cambio –ayer en la última rueda de esta semana, el dólar saltó a último momento a $385, aunque se mantuvo casi sin cambios el de referencia, que se usa para indexar contratos, en $364,40–, que se buscará avanzar en el canje de las letras del BCRA por letras del Tesoro (Ledes), una baja en la tasa de interés en pesos y –además– que seguirá la búsqueda de un financiamiento que le permita morigerar el tránsito hasta abril, que es cuando comenzarían a llegar a los dólares de la soja. Pero la puesta en marcha llevará sus días. Bausili, por lo pronto, se juntó con las cerealeras la semana pasada –se calcula que podrían ingresar por ese lado unos US$5000 millones– y tiene previsto volver a reunirse la semana próxima. También las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre un posible adelanto de desembolsos vienen lentas. Los accionistas del FMI dejaron claro en su última reunión de directorio que no están dispuestos a seguir siendo con la Argentina tan flexibles como lo fueron durante la gestión de Alberto Fernández. Habrá que ver si en estos días Caputo y su equipo –sobre todo Joaquín Cottani, el secretario de Política Económica– logran convencer al FMI de lo contrario. Ayer, el Fondo insistió en que la Argentina debe presentar “un plan de estabilización fuerte, creíble y apoyado políticamente para encarar de forma duradera los desbalances macroeconómicos y los desafíos estructurales”. Los burócratas del Fondo suelen poner en suspenso toda su actividad la semana de las Fiestas. Faltan solo dos semanas. Sería toda una señal de buena voluntad que no lo hicieran. Está por verse.
En el cortísimo plazo, Caputo deberá enfrentar abultados vencimientos de deuda. No solo debe pagar este mes US$914 millones al FMI, sino que en enero la factura sumará otros US$3983 millones, entre vencimientos con el organismo multilateral (US$1945 millones) y amortizaciones de bonos emitidos por el Estado (US$1579 millones). Está claro que hoy el BCRA no tiene la dólares para cumplir. Para evitar caer en atrasos, Caputo, como Massa en su momento, deberá pedir quién le preste: los árabes, el FMI, las cerealeras o bancos privados, todo está sobre la mesa, según confiaron fuentes que siguen de cerca los temas económicos de La Libertad Avanza (LLA).
También es de esperar una disparada adicional de los precios. Ayer, en el sector petrolero, ya se especulaba con una nueva suba de combustibles en el cortísimo plazo. Si finalmente Caputo sincera una devaluación del cambio oficial, se descuenta que las empresas de consumo masivo podrían ser quienes más retoquen al alza sus precios. De todos las industrias, reconocen quienes siguen de cerca el tema, es una de las que más mantuvieron precios alineados al valor del tipo de cambio oficial. Todos los economistas saben que se vienen meses de inflación muy alta. La posibilidad de terminar en una hiperinflación es lo que más inquieta a Milei. De ahí su obsesión por el rescate de las Leliq del Banco Central; son una billonada de pesos que de otra forma podrían presionar sobre los precios.
Además de por su discurso de asunción, en el mercado hay gran expectativa por la ley ómnibus que, dijo Milei, espera poner a consideración del Congreso tan pronto asuma. Es allí donde el próximo presidente tendría la oportunidad de dar mayores señales para un electorado a quien le prometió un cambio radical del modelo económico. Aunque, una vez más las limitantes políticas y coyunturales probablemente terminen demostrando que muchos de sus artículos serán de aplicación lenta. “Serán muchas medidas más declamativas que otra cosa”, reconoció un hombre que trabajó en el tema. Tal es el caso de las privatizaciones. Se espera que el proyecto de ley incluya un capítulo con una serie de reformas administrativas del Estado, y que luego en otro otorgue al Poder Ejecutivo la facultad para, mientras dure su mandato, avanzar en el estudio de la privatización por venta o concesión de una cantidad limitada de empresas estatales. Pero nadie se imagina a Milei poniéndole cartel de venta al 51% que el Estado tiene en YPF hoy o que pueda colocárselo a Aysa, que tiene un bono pendiente en el exterior por US$500 millones. “Se buscará el mandato para privatizarlas o concesionarlas en algún momento, pero hoy solo se acercarían expertos en mercados regulados”, ironizó la fuente. El proyecto, sin embargo, también incluiría un paso clave para terminar con el embrollo tarifario, y es la convocatoria para la definición de nuevos marcos regulatorios para los mercados eléctricos y de gas. Algunos se ilusionan con que además contenga una reforma a la ley de abastecimiento, una de las normas que más se usaron en el último tiempo para amedrentar a todos aquellos empresarios que no se alinearan con la política de precios oficial. “Al menos debería establecer que un privado no puede abastecer a pérdida”, explicó una fuente.
Más complejo sería el capítulo destinado a la reforma tributaria que inicialmente se pensaba incluir. Y es que no solo el alto déficit obliga a Milei a ser cauto con las rebajas de impuestos prometidas, sino que además gran parte de los impuestos más distorsivos hoy son coparticipables. Difícil pensar que las provincias, muchas de las cuales son gobernadas por hombres que recién debutan en el cargo, acepten mansamente recortar sus fondos. Más allá de que, en privado, muchas reconocen que se vienen tiempos de ajuste. Desde el gobierno de La Rioja están dejando trascender entre empresarios que a partir de marzo no tendrán otra que avanzar en recortes.
El contexto global, sin embargo, podría al menos aliviar un poco el panorama para Milei. En una charla con clientes, el economista Mariano Flores Vidal, pieza clave hasta hace muy poco del equipo que comandaba el economista Emilio Ocampo, dijo ser optimista sobre las posibilidades de éxito de Milei. “En la medida en que se plantee un plan fiscal razonable, la mejor cosecha, la tasa de interés internacional estable o bajando y un menor déficit energético van a jugar a favor”, dijo. Al menos, una buena.
La economía que hereda Milei es peor que la que recibieron sus antecesores
La actividad de Cristina Kirchner retrata la magnitud del uso discrecional de la flota presidencial por parte del kirchnerismo: durante este último período de cuatro años de gobierno hizo 194 vuelos a Santa Cruz, sin ninguna actividad oficial que los justificara. Se trató de vuelos realizados por lo general de jueves a domingos para descansar en sus casas de Río Gallegos o de El Calafate. No solo voló en distintas aeronaves de la flota presidencial, sino también en aviones de la empresa YPF y hasta de taxis aéreos alquilados en dólares y pagados por la Secretaría General de la Presidenta. Incluso durante la pandemia.
El gasto total de esos viajes –en promedio, uno por semana– le insumieron al país un costo de 5.250.000 dólares, según cálculos de diversos especialistas en aeronavegación.
La diputada Mónica Frade (Coalición Cívica) denunció el año pasado a Cristina Kirchner, Alberto Fernández y el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello, por la posible comisión de los delitos de defraudación en perjuicio de la administración pública, malversación de fondos y peculado a raíz de los vuelos de la vicepresidenta. Pero entonces solo se conocían 21 viajes realizados por ella en 2021. La causa fue archivada en septiembre pasado por el fiscal Gerardo Pollicita sin haberse investigado, aceptado o solicitado ninguna medida de prueba.
Ahora accedió a los datos de todo el período de gobierno que termina, a partir de dos pedidos de acceso a la información pública solicitados a la Secretaría General de la Presidencia de la Nación –a cargo de la logística y traslados del primer mandatario– y a la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), organismo encargado de –entre otras tareas– relevar los registros de vuelos de los aeropuertos. Además, se utilizaron herramientas de monitoreo aéreo (como Flighradar24) para seguir los movimientos de las aeronaves pertenecientes a la Agrupación Aérea Presidencial, como así también de toda nave que fuera hacia o desde Río Gallegos y/o El Calafate, para luego identificar, a través de distintos medios y fuentes, aquellas en las que viajaba la vicepresidenta.
El entrecruzamiento de estos datos se hizo con los aportados por la dependencia que conduce Vitobello, que respondió de manera escueta e incompleta, y los aportados por EANA, que entregó los registros de los vuelos de los aeropuertos del país. La información se complementó asimismo con otros recursos, como audios de la torre de control, en los que se le asigna el código “PRESI-02” a toda aeronave que traslada a una vicepresidenta.
Además, se accedió también a planes de vuelo que fueron confirmados por fuentes cercanas a la vicepresidenta, Casa Militar, Agrupación Aérea Presidencial y personal del entorno aeronáutico. Una vez documentados, analizados y corroborados, se confrontó la información con la de un grupo de especialistas que monitorea y registra, entre otros, los vuelos en aviones sanitarios realizados por gobernadores de las provincias, y los de las aeronaves de la flota oficial en todo el país, con lo que se logró corroborar en forma fehaciente que la vicepresidenta tomó no menos de 194 vuelos, en su mayoría para ir a Río Gallegos y El Calafate, entre 2019 y 2023. Solo en contadas ocasiones, al comienzo del gobierno de Alberto Fernández, en 2019, Cristina Kirchner se trasladó en vuelos de Aerolíneas Argentinas. Ya para el 29 de enero de 2020 dejó de utilizar la aerolínea de bandera, y regresó a Buenos Aires desde El Calafate en un avión privado de alquiler. Fueron cinco las veces en que la presidente del Senado alquiló un taxi aéreo particular para ir al sur, a un costo no menor a los 12.000 dólares por tramo. Las facturas de esos vuelos privados –cotizados en dólares– fueron enviadas y abonadas por la Secretaría General de la Presidencia, a pesar de haberse tratado de viajes realizados por motivos personales. Ejemplo de ello da cuenta la factura 0008-00000090 de la empresa Flyzar con fecha 13/4/2020 –en plena pandemia– por 21.989,50 dólares, pagados por el erario público.
Durante la pandemia, Cristina Kirchner realizó cuatro viajes a Santa Cruz. En ninguno tuvo algún tipo de agenda oficial.
Desde que asumió el 10 de diciembre de 2019 y hasta que finalizó esta investigación el 6 de diciembre de 2023 (a solo 4 días de dejar el cargo) la vicepresidenta realizó en total 129 viajes en aviones gestionados por la Presidencia. En 91 de esos 129 vuelos realizados por Cristina con los “Tangos” T-04, T-10 y T-11 las aeronaves volaban “ferry” –esto es, vacías– tanto por haber tenido que ir a buscarla al sur, o por haberla dejado allá y luego haber vuelto a Buenos Aires, lo que aumenta significativamente los costos operativos. Además de los 129 vuelos utilizando la flota presidencial, Cristina Kirchner usó 59 veces las dos aeronaves de YPF (de mayoría estatal). Los vuelos de la vicepresidenta en naves de YPF generaron un gasto de por lo menos 843.675 dólares solo en costos operativos, por una actividad que no guarda ninguna relación con la desarrollada por la petrolera (que cotiza en la bolsa y debe rendir cuentas a los accionistas). El Gobierno aduce que pagó los traslados a través de la Secretaría General de la Presidencia, pero las facturas no fueron incluidas en su respuesta al pedido de acceso a la información.
El total de 194 vuelos realizados por la presidente del Senado se completa con un viaje en helicóptero de la ciudad de Buenos Aires a La Plata.
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Milei se aferra a la unidad nacional
Florencia Donovan
En tiempo de descuento, el presidente electo, Javier Milei, está terminando de esbozar el equipo con el que piensa atravesar probablemente la etapa más desafiante de su gestión. Consciente de sus limitaciones políticas, el economista libertario demostró en las últimas semanas que es mucho más pragmático en el armado de lo que se hubiera esperado. El gabinete, en algunos aspectos, pareciera estar más cerca del gobierno de unidad nacional que propugnaba su adversario electoral Sergio Massa que del modelo “anticasta” que lo ayudó a seducir a una sociedad harta de los privilegios de la política. Lo que ahora resta ver es si ese liderazgo, que logró en la elección avasallar hasta las estructuras políticas más aceitadas y mejor financiadas, consigue que se ejecute su plan.
La transición claramente no será fácil. La economía que hereda Milei es mucho peor que la que recibieron Alberto Fernández, Mauricio Macri y Cristina Kirchner antes. Con todo, ninguno de sus antecesores supo cómo reencauzarla. El déficit primario, detalla el economista Fernando Marull, es del 3% del PBI (casi igual que el que recibió Macri), pero luego la inflación corre al 200% anual, el 43% de los argentinos son pobres pese a que hay un atraso fuerte de tarifas (hoy se paga solo el 50% de lo que vale la electricidad en el área metropolitana, por ejemplo), las reservas internacionales en el Banco Central (BCRA) son negativas en US$11.000 millones, la brecha cambiaria supera el 160% y se emitieron tantos pesos (20% del PBI en cuatro años) que el stock de Leliq ya representa un 14% del producto bruto. Desactivar la bomba requerirá de mucha pericia. Todo indica que a Milei le llevará más tiempo del que anticipó en campaña.
Por lo pronto, en muchas áreas su equipo apenas si tuvo tiempo de iniciar una transición con la administración saliente. El designado presidente del Banco Central, Santiago Bausili, solo conversó por primera vez el miércoles con quien ejerció el cargo durante todo el mandato de Fernández, Miguel Ángel Pesce, y ayer se vieron las caras. En principio, Bausili estará acompañado en el directorio por Vladimir Werning (ex JP Morgan y exfuncionario durante el macrismo) y por Alejandro Lew, hasta la semana pasada CFO de YPF.
Hasta ayer, en tanto, no se sabía quién reemplazará a Raúl Rigo en la Secretaría de Hacienda, área clave si las hay dentro del Ministerio de Economía, dado que es la que sigue de cerca los números fiscales y ejecuta los pagos; en otras palabras, el corazón de la motosierra. Pese a las versiones que indicaban que seguiría en su puesto, Rigo se despidió ayer formalmente de su equipo en un simple agasajo en el salón comedor de Hacienda; aseguró que nunca le habían ofrecido continuar y que, en tal caso, tampoco lo hubiera aceptado.
En la semana, el economista Rodrigo Pena, que trabajó el plan fiscal que en su momento Hernán Lacunza le había presentado a Horacio Rodríguez Larreta, pululó por las oficinas de Hacienda como nexo en la transición, pero aclarando siempre que no tenía intenciones de asumir el puesto. Una silla caliente que pocos desean.
Algo similar sucede en la Comisión Nacional de Valores (CNV), el ente que debe velar por el buen funcionamiento de los mercados de capitales. La idea sería que el actual titular de la entidad, Sebastián Negri, siga hasta que consigan reemplazante. Pero son tantas las restricciones normativas –el presidente no puede haber sido en los últimos dos años director de ninguna empresa regulada, como una ALyC o una compañía con oferta pública– que es difícil encontrar perfiles adecuados. Hubo sondeos a Francisco Sosa del Valle, exsubsecretario de Financiamiento durante el macrismo, pero todavía su nombre no está confirmado. Tal vez le toque a Negri desandar muchas de las regulaciones que él mismo firmó.
El Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), que administra el dinero que era de las AFJP, ya tiene al menos quién lo gestione. Se trata de Heber Farfán, hasta ahora secretario de Finanzas de Córdoba y ex número dos de quien fue designado para comandar la Anses, Osvaldo Giordano.
Así las cosas, parece difícil imaginar que en la primera semana de gestión el ministro Luis “Toto” Caputo pueda avanzar rápidamente con las medidas que tiene en mente. Se descuenta que habrá una devaluación del tipo de cambio –ayer en la última rueda de esta semana, el dólar saltó a último momento a $385, aunque se mantuvo casi sin cambios el de referencia, que se usa para indexar contratos, en $364,40–, que se buscará avanzar en el canje de las letras del BCRA por letras del Tesoro (Ledes), una baja en la tasa de interés en pesos y –además– que seguirá la búsqueda de un financiamiento que le permita morigerar el tránsito hasta abril, que es cuando comenzarían a llegar a los dólares de la soja. Pero la puesta en marcha llevará sus días. Bausili, por lo pronto, se juntó con las cerealeras la semana pasada –se calcula que podrían ingresar por ese lado unos US$5000 millones– y tiene previsto volver a reunirse la semana próxima. También las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre un posible adelanto de desembolsos vienen lentas. Los accionistas del FMI dejaron claro en su última reunión de directorio que no están dispuestos a seguir siendo con la Argentina tan flexibles como lo fueron durante la gestión de Alberto Fernández. Habrá que ver si en estos días Caputo y su equipo –sobre todo Joaquín Cottani, el secretario de Política Económica– logran convencer al FMI de lo contrario. Ayer, el Fondo insistió en que la Argentina debe presentar “un plan de estabilización fuerte, creíble y apoyado políticamente para encarar de forma duradera los desbalances macroeconómicos y los desafíos estructurales”. Los burócratas del Fondo suelen poner en suspenso toda su actividad la semana de las Fiestas. Faltan solo dos semanas. Sería toda una señal de buena voluntad que no lo hicieran. Está por verse.
En el cortísimo plazo, Caputo deberá enfrentar abultados vencimientos de deuda. No solo debe pagar este mes US$914 millones al FMI, sino que en enero la factura sumará otros US$3983 millones, entre vencimientos con el organismo multilateral (US$1945 millones) y amortizaciones de bonos emitidos por el Estado (US$1579 millones). Está claro que hoy el BCRA no tiene la dólares para cumplir. Para evitar caer en atrasos, Caputo, como Massa en su momento, deberá pedir quién le preste: los árabes, el FMI, las cerealeras o bancos privados, todo está sobre la mesa, según confiaron fuentes que siguen de cerca los temas económicos de La Libertad Avanza (LLA).
También es de esperar una disparada adicional de los precios. Ayer, en el sector petrolero, ya se especulaba con una nueva suba de combustibles en el cortísimo plazo. Si finalmente Caputo sincera una devaluación del cambio oficial, se descuenta que las empresas de consumo masivo podrían ser quienes más retoquen al alza sus precios. De todos las industrias, reconocen quienes siguen de cerca el tema, es una de las que más mantuvieron precios alineados al valor del tipo de cambio oficial. Todos los economistas saben que se vienen meses de inflación muy alta. La posibilidad de terminar en una hiperinflación es lo que más inquieta a Milei. De ahí su obsesión por el rescate de las Leliq del Banco Central; son una billonada de pesos que de otra forma podrían presionar sobre los precios.
Además de por su discurso de asunción, en el mercado hay gran expectativa por la ley ómnibus que, dijo Milei, espera poner a consideración del Congreso tan pronto asuma. Es allí donde el próximo presidente tendría la oportunidad de dar mayores señales para un electorado a quien le prometió un cambio radical del modelo económico. Aunque, una vez más las limitantes políticas y coyunturales probablemente terminen demostrando que muchos de sus artículos serán de aplicación lenta. “Serán muchas medidas más declamativas que otra cosa”, reconoció un hombre que trabajó en el tema. Tal es el caso de las privatizaciones. Se espera que el proyecto de ley incluya un capítulo con una serie de reformas administrativas del Estado, y que luego en otro otorgue al Poder Ejecutivo la facultad para, mientras dure su mandato, avanzar en el estudio de la privatización por venta o concesión de una cantidad limitada de empresas estatales. Pero nadie se imagina a Milei poniéndole cartel de venta al 51% que el Estado tiene en YPF hoy o que pueda colocárselo a Aysa, que tiene un bono pendiente en el exterior por US$500 millones. “Se buscará el mandato para privatizarlas o concesionarlas en algún momento, pero hoy solo se acercarían expertos en mercados regulados”, ironizó la fuente. El proyecto, sin embargo, también incluiría un paso clave para terminar con el embrollo tarifario, y es la convocatoria para la definición de nuevos marcos regulatorios para los mercados eléctricos y de gas. Algunos se ilusionan con que además contenga una reforma a la ley de abastecimiento, una de las normas que más se usaron en el último tiempo para amedrentar a todos aquellos empresarios que no se alinearan con la política de precios oficial. “Al menos debería establecer que un privado no puede abastecer a pérdida”, explicó una fuente.
Más complejo sería el capítulo destinado a la reforma tributaria que inicialmente se pensaba incluir. Y es que no solo el alto déficit obliga a Milei a ser cauto con las rebajas de impuestos prometidas, sino que además gran parte de los impuestos más distorsivos hoy son coparticipables. Difícil pensar que las provincias, muchas de las cuales son gobernadas por hombres que recién debutan en el cargo, acepten mansamente recortar sus fondos. Más allá de que, en privado, muchas reconocen que se vienen tiempos de ajuste. Desde el gobierno de La Rioja están dejando trascender entre empresarios que a partir de marzo no tendrán otra que avanzar en recortes.
El contexto global, sin embargo, podría al menos aliviar un poco el panorama para Milei. En una charla con clientes, el economista Mariano Flores Vidal, pieza clave hasta hace muy poco del equipo que comandaba el economista Emilio Ocampo, dijo ser optimista sobre las posibilidades de éxito de Milei. “En la medida en que se plantee un plan fiscal razonable, la mejor cosecha, la tasa de interés internacional estable o bajando y un menor déficit energético van a jugar a favor”, dijo. Al menos, una buena.
La economía que hereda Milei es peor que la que recibieron sus antecesores
http://indecquetrabajaiii.blogspot.com.ar/. INDECQUETRABAJA
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