El control de las cárceles es la primera apuesta de Santa Fe para bajar el nivel de crímenes
El gobernador Maximiliano Pullaro está convencido de que dentro de los penales provinciales y federales se gestó un sistema mafioso que eleva la violencia en Rosario
Germán de los Santos gobierno de Santa Fe
Se utilizaron unidades especiales para inspeccionar cárceles santafesinas
Rosario.–la reacción de las mafias narco fue inmediata. El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, tocó el nervio del negocio que funciona desde las usinas de la cárcel y rápidamente la respuesta llegó con balazos a una sucursal del banco Macro y al Hospital de Emergencias de Rosario. Pullaro está seguro, según admitió en diálogo con la nacion, de que las mafias van a seguir demostrando su malestar. Las amenazas contra él no son nuevas, pero ahora se hicieron más intensas. Su gestión en seguridad apunta a tres ejes en una primera etapa que buscará amortiguar la urgencia. Recomponer el patrullaje y llegar a febrero con 140 móviles en la calle, reformular el rol de la Policía de Investigaciones e intervenir las prisiones para evitar que los líderes narco sigan con las riendas del negocio mafioso.
La cárcel es el nudo principal de la violencia que golpea a Rosario. Los líderes de las bandas están todos encarcelados, con altas condenas. Los calabozos se transformaron en un hogar perpetuo para estos grupos, que moldearon desde el encierro nuevos negocios, como las extorsiones, un modelo más cercano a la mafia tradicional, que funciona sobre la base del terror. Si no hay miedo nadie pagaría. Por eso deben alimentarlo con balas, con muertos que aparecen en las calles con carteles con sellos de la mafia. En lo que va de este año mataron a 247 personas. Probablemente la cifra de asesinatos en 2023 sea un poco más leve que el anterior, cuando se rompió el récord de 2013 y se cometieron 288 crímenes.
Frente a esta situación límite, Pullaro busca mostrar un perfil que le dio resultado en la campaña, que se centra en la imagen de un hombre duro, que lucha contra las mafias. A nivel electoral le dio sus frutos y piensa repetir esa estrategia en una gestión en la que deberá refundar la política de seguridad en Santa Fe, luego del déficit que dejó en esa materia la administración del peronista Omar Perotti.
El riesgo es agudo para Pullaro, en un contexto desolador. El martes y miércoles pasado, cuando el gobernador ordenó reagrupar a los presos de alto perfil del penal de Piñero, donde se encuentran segundas y terceras líneas de bandas narco, solo había en las calles de Rosario 18 patrulleros que circulaban para custodiar por la ciudad que tiene 1,3 millones de habitantes y 178 kilómetros cuadrados de superficie. En un galpón de la jefatura de policía estaban arrumbados más de 180 móviles, muchos de ellos modelos nuevos, con desperfectos que nunca fueron arreglados.
Ante ese escenario complicado, el gobierno de Santa Fe anuló por decreto las custodias fijas que brinda la policía a más de 400 personas, algunos de ellos testigos que pertenecen a organizaciones criminales, y también suspendió las vacaciones por 90 días para los 24.000 efectivos de la fuerza. Para el gobierno no queda margen. Porque saben que la reacción del crimen organizado, rústico y precario, pero efectivo a la hora de regar con sangre las calles, será dura.
Tocar el nervio de las bandas narco en las cárceles es un riesgo que Pullaro busca correr al principio de una gestión. Sabe que es más alto el beneficio por lo que muestra a la población que las consecuencias que podría sufrir, incluso a nivel personal. En la fiscalía de Rosario hay audios que se secuestraron en teléfonos celulares de presos de la banda de Los Monos, en los que se menciona, antes de que el radical asumiera en la gobernación, que tendrían que atentar contra él. “Probablemente aumente la violencia contra objetivos civiles, pero va a ser por un tiempo corto”, apuntó el gobernador.
Pullaro eligió de ministro de Seguridad a Pablo Coccoccioni, quien durante su gestión en ese ministerio se encargó de manejar las cárceles. Hoy la situación carcelaria de Santa Fe es una bomba latente. Hay una sobrepoblación de más del 25 por ciento de reclusos en una provincia que tiene más de 10.000 convictos, con altos niveles de reincidencia y escasa edad; la mayoría vive fuera del sistema. Esa franja nunca trabajó ni estudió.
El gobierno de Santa Fe pidió a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, que le traspase a la provincia de manera temporal el Centro Federal Penitenciario Litoral Argentino, una cárcel que tiene capacidad para 462 internos, que se empezó a construir hace 16 años y en ninguna de las últimas cuatro gestiones nacionales se pudo terminar. La idea de Pullaro es que allí se traslade a los presos de “alto perfil” que están en el penal de Piñero.
El objetivo del gobernador es que Santa Fe termine las obras que restan –el penal se encuentra terminado en un 90 por ciento– y que traslade internos con causas federales. Bullrich está dispuesta a ceder el manejo de ese penal a la provincia, según indicaron a la nacion fuentes del Ministerio de Seguridad de la Nación. Falta ajustar detalles, entre ellos, si los agentes penitenciarios serán provinciales o federales.
Hoy la cárcel es un paraíso narco. En el pabellón Nº 9 del penal de Piñero funcionaba un búnker de venta de drogas. “Allanamos tres veces ese lugar y en dos oportunidades encontramos marihuana y cocaína fraccionada como si fuera un búnker”, explicó el fiscal Franco Carbone.
El problema de la violencia en Rosario se transformó en una pesadilla endémica, pero puede empeorar. El fenómeno criminal de Rosario tiene una transformación desde hace unos cinco años. Y en ese cambio influyó la cárcel.
Pullaro envió un paquete de leyes a la Legislatura provincial en materia de seguridad, que, entre otros proyectos, figura la adhesión de Santa Fe a la llamada ley de narcomenudeo. El argumento que plantea la nueva gestión es que la Justicia provincial ya investiga a los mismos actores por otros delitos y que su estructura mayor en recursos humanos y técnicos permite una acción de mayor racionalidad política y económica. Es posible que ahora baje la cantidad de expedientes abiertos en la Justicia Federal, donde recién este año se condenó por primera vez en la historia a un narco de peso, como Delfín Zacarías, por lavado de dinero narco. En su alegato el fiscal federal Federico Reynares Solari, que logró que sentenciaran a seis años a Zacarías, planteó que era una deuda pendiente del fuero federal investigar el entramado económico de las organizaciones.
El 55 por ciento de las causas que se iniciaron en la Justicia Federal de Rosario en 2022 fueron por tenencia simple y para consumo personal. Son 1434 expedientes judiciales que no tendrán ningún destino en el fuero penal, pero que sirven para alimentar las estadísticas de los operativos de seguridad. De las 2604 causas que se abrieron por drogas el 41 por ciento es por el artículo 5 de la ley 23.337, que penaliza “el comercio o la tenencia para la comercialización”.
El 62 por ciento de esas causas se abrieron por intervención de las fuerzas federales en Rosario, donde desde abril de 2014 en ocho oportunidades se reforzó el accionar con agentes de Gendarmería. Solo el 15 por ciento de esos expedientes se originó por operativos de la policía santafesina. El 63 por ciento de las causas que engloba la tenencia se gestó a partir de “operativos de prevención”. Es decir, en la calle.
El estrategia de Bullrich
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunciará mañana en esta ciudad un nuevo plan de intervención con las fuerzas federales. En la cartera nacional ayer no contaban aún con el detalle sobre cuántos efectivos están desplegados en Rosario. Señalaron que el informe que les dejó Aníbal Fernández no puntualizaba la cantidad de efectivos destinados a tareas operativas.
La idea de Bullrich es ser práctica y efectiva. El despliegue de gendarmes será focalizado en barrios donde las bandas narco que están en la cárcel tienen influencia directa. La primera vez que desembarcaron fuerzas federales fue en abril de 2014 y ese esquema se repitió cada año. Los resultados no fueron buenos hasta ahora, según muestran las estadísticas. Solo en 2017 hubo una leve baja de 18 homicidios.
Pullaro le pidió a Bullrich que sea la provincia la que coordine las acciones de los gendarmes, a partir de que sea quien lidere el llamado comando unificado. Pero en el Ministerio de Seguridad de la Nación no van a ceder a esa idea, porque consideran que la Policía de Santa Fe está atravesada por la corrupción.
El otro objetivo de Bullrich, que ahora también tiene bajo su jurisdicción el Servicio Penitenciario Federal, es blindar y aislar a los líderes narco que están en los penales federales de Marcos Paz, Ezeiza, Resistencia y Rawson. “Se van a restringir muchas cosas. Los monitoreos van a ser 24 horas y las visitas van a tener contacto con los presos a través de un blindex. Van a estar sujetos a un régimen especial que vamos a dictar por una resolución en los próximos días”, afirmó la ministra
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Las prisiones no pudieron contener el desafío del crimen organizado
La situación de violencia en Rosario es la demostración del peligro que representan las bandas que a partir del narcotráfico diversificaron sus negocios ilegales
Rosario.–la reacción de las mafias narco fue inmediata. El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, tocó el nervio del negocio que funciona desde las usinas de la cárcel y rápidamente la respuesta llegó con balazos a una sucursal del banco Macro y al Hospital de Emergencias de Rosario. Pullaro está seguro, según admitió en diálogo con la nacion, de que las mafias van a seguir demostrando su malestar. Las amenazas contra él no son nuevas, pero ahora se hicieron más intensas. Su gestión en seguridad apunta a tres ejes en una primera etapa que buscará amortiguar la urgencia. Recomponer el patrullaje y llegar a febrero con 140 móviles en la calle, reformular el rol de la Policía de Investigaciones e intervenir las prisiones para evitar que los líderes narco sigan con las riendas del negocio mafioso.
La cárcel es el nudo principal de la violencia que golpea a Rosario. Los líderes de las bandas están todos encarcelados, con altas condenas. Los calabozos se transformaron en un hogar perpetuo para estos grupos, que moldearon desde el encierro nuevos negocios, como las extorsiones, un modelo más cercano a la mafia tradicional, que funciona sobre la base del terror. Si no hay miedo nadie pagaría. Por eso deben alimentarlo con balas, con muertos que aparecen en las calles con carteles con sellos de la mafia. En lo que va de este año mataron a 247 personas. Probablemente la cifra de asesinatos en 2023 sea un poco más leve que el anterior, cuando se rompió el récord de 2013 y se cometieron 288 crímenes.
Frente a esta situación límite, Pullaro busca mostrar un perfil que le dio resultado en la campaña, que se centra en la imagen de un hombre duro, que lucha contra las mafias. A nivel electoral le dio sus frutos y piensa repetir esa estrategia en una gestión en la que deberá refundar la política de seguridad en Santa Fe, luego del déficit que dejó en esa materia la administración del peronista Omar Perotti.
El riesgo es agudo para Pullaro, en un contexto desolador. El martes y miércoles pasado, cuando el gobernador ordenó reagrupar a los presos de alto perfil del penal de Piñero, donde se encuentran segundas y terceras líneas de bandas narco, solo había en las calles de Rosario 18 patrulleros que circulaban para custodiar por la ciudad que tiene 1,3 millones de habitantes y 178 kilómetros cuadrados de superficie. En un galpón de la jefatura de policía estaban arrumbados más de 180 móviles, muchos de ellos modelos nuevos, con desperfectos que nunca fueron arreglados.
Ante ese escenario complicado, el gobierno de Santa Fe anuló por decreto las custodias fijas que brinda la policía a más de 400 personas, algunos de ellos testigos que pertenecen a organizaciones criminales, y también suspendió las vacaciones por 90 días para los 24.000 efectivos de la fuerza. Para el gobierno no queda margen. Porque saben que la reacción del crimen organizado, rústico y precario, pero efectivo a la hora de regar con sangre las calles, será dura.
Tocar el nervio de las bandas narco en las cárceles es un riesgo que Pullaro busca correr al principio de una gestión. Sabe que es más alto el beneficio por lo que muestra a la población que las consecuencias que podría sufrir, incluso a nivel personal. En la fiscalía de Rosario hay audios que se secuestraron en teléfonos celulares de presos de la banda de Los Monos, en los que se menciona, antes de que el radical asumiera en la gobernación, que tendrían que atentar contra él. “Probablemente aumente la violencia contra objetivos civiles, pero va a ser por un tiempo corto”, apuntó el gobernador.
Pullaro eligió de ministro de Seguridad a Pablo Coccoccioni, quien durante su gestión en ese ministerio se encargó de manejar las cárceles. Hoy la situación carcelaria de Santa Fe es una bomba latente. Hay una sobrepoblación de más del 25 por ciento de reclusos en una provincia que tiene más de 10.000 convictos, con altos niveles de reincidencia y escasa edad; la mayoría vive fuera del sistema. Esa franja nunca trabajó ni estudió.
El gobierno de Santa Fe pidió a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, que le traspase a la provincia de manera temporal el Centro Federal Penitenciario Litoral Argentino, una cárcel que tiene capacidad para 462 internos, que se empezó a construir hace 16 años y en ninguna de las últimas cuatro gestiones nacionales se pudo terminar. La idea de Pullaro es que allí se traslade a los presos de “alto perfil” que están en el penal de Piñero.
El objetivo del gobernador es que Santa Fe termine las obras que restan –el penal se encuentra terminado en un 90 por ciento– y que traslade internos con causas federales. Bullrich está dispuesta a ceder el manejo de ese penal a la provincia, según indicaron a la nacion fuentes del Ministerio de Seguridad de la Nación. Falta ajustar detalles, entre ellos, si los agentes penitenciarios serán provinciales o federales.
Hoy la cárcel es un paraíso narco. En el pabellón Nº 9 del penal de Piñero funcionaba un búnker de venta de drogas. “Allanamos tres veces ese lugar y en dos oportunidades encontramos marihuana y cocaína fraccionada como si fuera un búnker”, explicó el fiscal Franco Carbone.
El problema de la violencia en Rosario se transformó en una pesadilla endémica, pero puede empeorar. El fenómeno criminal de Rosario tiene una transformación desde hace unos cinco años. Y en ese cambio influyó la cárcel.
Pullaro envió un paquete de leyes a la Legislatura provincial en materia de seguridad, que, entre otros proyectos, figura la adhesión de Santa Fe a la llamada ley de narcomenudeo. El argumento que plantea la nueva gestión es que la Justicia provincial ya investiga a los mismos actores por otros delitos y que su estructura mayor en recursos humanos y técnicos permite una acción de mayor racionalidad política y económica. Es posible que ahora baje la cantidad de expedientes abiertos en la Justicia Federal, donde recién este año se condenó por primera vez en la historia a un narco de peso, como Delfín Zacarías, por lavado de dinero narco. En su alegato el fiscal federal Federico Reynares Solari, que logró que sentenciaran a seis años a Zacarías, planteó que era una deuda pendiente del fuero federal investigar el entramado económico de las organizaciones.
El 55 por ciento de las causas que se iniciaron en la Justicia Federal de Rosario en 2022 fueron por tenencia simple y para consumo personal. Son 1434 expedientes judiciales que no tendrán ningún destino en el fuero penal, pero que sirven para alimentar las estadísticas de los operativos de seguridad. De las 2604 causas que se abrieron por drogas el 41 por ciento es por el artículo 5 de la ley 23.337, que penaliza “el comercio o la tenencia para la comercialización”.
El 62 por ciento de esas causas se abrieron por intervención de las fuerzas federales en Rosario, donde desde abril de 2014 en ocho oportunidades se reforzó el accionar con agentes de Gendarmería. Solo el 15 por ciento de esos expedientes se originó por operativos de la policía santafesina. El 63 por ciento de las causas que engloba la tenencia se gestó a partir de “operativos de prevención”. Es decir, en la calle.
El estrategia de Bullrich
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunciará mañana en esta ciudad un nuevo plan de intervención con las fuerzas federales. En la cartera nacional ayer no contaban aún con el detalle sobre cuántos efectivos están desplegados en Rosario. Señalaron que el informe que les dejó Aníbal Fernández no puntualizaba la cantidad de efectivos destinados a tareas operativas.
La idea de Bullrich es ser práctica y efectiva. El despliegue de gendarmes será focalizado en barrios donde las bandas narco que están en la cárcel tienen influencia directa. La primera vez que desembarcaron fuerzas federales fue en abril de 2014 y ese esquema se repitió cada año. Los resultados no fueron buenos hasta ahora, según muestran las estadísticas. Solo en 2017 hubo una leve baja de 18 homicidios.
Pullaro le pidió a Bullrich que sea la provincia la que coordine las acciones de los gendarmes, a partir de que sea quien lidere el llamado comando unificado. Pero en el Ministerio de Seguridad de la Nación no van a ceder a esa idea, porque consideran que la Policía de Santa Fe está atravesada por la corrupción.
El otro objetivo de Bullrich, que ahora también tiene bajo su jurisdicción el Servicio Penitenciario Federal, es blindar y aislar a los líderes narco que están en los penales federales de Marcos Paz, Ezeiza, Resistencia y Rawson. “Se van a restringir muchas cosas. Los monitoreos van a ser 24 horas y las visitas van a tener contacto con los presos a través de un blindex. Van a estar sujetos a un régimen especial que vamos a dictar por una resolución en los próximos días”, afirmó la ministra
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Las prisiones no pudieron contener el desafío del crimen organizado
La situación de violencia en Rosario es la demostración del peligro que representan las bandas que a partir del narcotráfico diversificaron sus negocios ilegales
Fernando Rodríguez Gobierno de Santa Fe
Tras la amenaza al gobernador Maximiliano Pullaro se realizaron intensas requisas en el penal de Piñero
Un dato sirve para reflejar el drama creciente que amenaza a la Argentina: la tasa de homicidios dolosos baja en casi todo el país desde hace años, de forma sostenida, excepto en la provincia de Santa Fe y, especialmente, en Rosario. La explicación es sencilla: es el crimen organizado. Esa fue la peor cosecha de los últimos cuatro años en materia de seguridad y será, seguramente, el mayor desafío de las nuevas autoridades.
Su evolución, de final incierto, comenzó con la venta de drogas al menudeo y ahora alcanza casi todas las expresiones del delito. Convirtió los territorios de acción y disputa en escenarios ultraviolentos en los que las bandas desafían al Estado formal y dejan su sello indeleble, en el que los asesinatos ya no son solo el fin, sino que, incluso, son el mensaje usado por las mafias en pugna para causar conmoción social y reafirmar su poder.
Este es el contexto: según las cifras oficiales del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC) en 2022 –último registro completo disponible– la tasa de homicidios dolosos de la Argentina fue de 4,2 cada 100.000 habitantes. Sin embargo, la provincia de Santa Fe casi triplicó ese guarismo y trepó a 11,4. El Gran Buenos Aires, aunque acumuló la cifra neta más alta de asesinatos (509 de los 740 que contabilizó la provincia), tuvo una tasa cercana al promedio, de 4,4, mientras que en la Capital Federal fue de 2,9.
Rosario es desde hace una década, escenario de la actividad de una de las más importantes organizaciones narcocriminales: la banda de Los Monos. Las disputas territoriales con clanes rivales (o, incluso, con socios díscolos) han dejado allí un reguero de violencia, sangre y muerte. En 2022, la tasa de crímenes en esa urbe (casi todos, producto de venganzas y ajustes de cuentas narco) fue de 22, cinco veces más que el promedio nacional. Este año esa tendencia ya no se revertirá. La capital provincial, en tanto, tiene una tasa de homicidios de 14. Santa Fe tiene, efectivamente, un serio problema con la violencia, y se explica a través de la extensión de las actividades del crimen organizado.
El calabozo, un búnker
En Rosario, de la mano del narco, florecieron actividades criminales complementarias, como el sicariato, las extorsiones y, obviamente, el lavado de dinero a gran escala. Y los líderes de las principales facciones, que acumulan sentencias de prisión que incluso superan los 100 años (como en el caso del líder de Los Monos), continúan al mando de las operaciones en la cárcel.
Desde sus celdas encuentran la forma –gracias a la inacción, ineptitud o connivencia de los guardias– de hacer llegar sus órdenes a las células de la organización que aún permanecen en el territorio. El nuevo gobernador, Maximiliano Pullaro –que, como ministro de Seguridad del gobierno socialista hasta 2019, ya experimentó la explosión del fenómeno de violencia y muerte encarnado en el clan Cantero–, quiere aislar a los principaplificación les mafiosos dentro de los penales; a su primer movimiento le respondieron con balaceras y mensajes amenazantes. La lucha, ahí, está planteada.
Los tiroteos permanentes demuestran que el acceso a las armas en el bajo mundo rosarino es casi irrestricto. Y cada vez más chicos prefieren convertirse en gatilleros de las bandas para obtener dinero fácil en lugar de imaginar para sí un futuro de progreso personal basado en el esfuerzo y el mérito. Suman segunda y tercera generación de delincuentes. Cada vez tienen menos que perder. Juegan a todo o nada en el proceso de sembrar violencia y cosechar muerte.
Lejos de retraerse ante el aumento de la presión de las autoridades, las principales bandas narco redoblan sus operaciones. La respuesta fue, primero, las “balaceras” contra funcionarios y edificios del Poder Judicial; luego eso se amplió a dependencias de gobierno, a escuelas, a cualquier objetivo; lo más cercano son los “mensajes en el cuerpo”, tirados encima de cadáveres de víctimas elegidas al azar. Es la amde un régimen de terror, tener a la población en un puño y demostrar que las muertes no son, solo, un problema entre narcos.
Fenómeno regional
El fenómeno que exterioriza Rosario es un eco de lo que ocurre en el resto de la región. La del crimen organizado es una matriz que atraviesa a América latina. De la criminalidad organizada se desprenden todo tipo de actividades delictivas: desde las más complejas, como el narcotráfico y la trata de personas, hasta las aparentemente más sencillas, como los hurtos en la vía pública. Y, de norte a sur en el continente, las situaciones se repiten como en un juego de espejos: así como el Primer Comando Capital (PCC) brasileño marca el pulso del crimen organizado en el Mercosur, su homólogo andino, el Tren de Aragua, ha infiltrado las bandas nativas en Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador y el norte de Chile. Ecuador está arrasado por el “narcoterrorismo”. En México, con 30.000 homicidios anuales (en la Argentina, en 2022, hubo 1961, 15 veces menos), los cadáveres son expuestos como trofeos, colgados de puentes, torturados, embolsados y arrojados a la vía pública, para dejar mensajes. Mensajes del mal.
El drama de Rosario aparece en primer plano. Pero el problema de la inseguridad no solo es estructural, sino que se extiende territorialmente. En el Gran Buenos Aires, la situación más crítica está en Moreno, donde la tasa de homicidios es de 15,8, seguida de La Plata, con 12,9, y San Martín, con 12,7. Tres capitales provinciales están en el foco mortal: Córdoba (13,2), San Fernando del Valle de Catamarca (12,6) y San Miguel de Tucumán (12,5).
Los datos duros de la estadística criminal dicen que en la Argentina hubo, en 2022, más de 712.000 robos y hurtos, y la percepción es que en lo que va del año la situación no mejoró. Los niveles de denuncia son bajísimos, porque los ciudadanos descreen del sistema penal (expresado en el tándem policía-justicia) como remedio contra la inseguridad. Los motochorros son un flagelo en cualquier calle de los principales centros urbanos; grupos de jóvenes que atacan como pirañas siembran el terror. Los teléfonos móviles son un botín rápido para los ladrones: tanto, que se roba un celular cada 30 segundos en todo el país.
Los datos abundan, al igual que los discursos –incluso antagónicos– sobre cómo combatir el delito y devolver a la sociedad niveles aceptables de seguridad. Baja de edad de imputabilidad, endurecimiento de las penas y de las condiciones en las que se cumplen las condenas, mayor despliegue policial en las calles son, entre otros, ofertas del variado menú de respuestas.
Pero lo cierto es que, las pretendidas soluciones se han mostrado, hasta ahora, ineficaces y tardías. Pasa en toda la región. Por ahora, esas respuestas no han sido precedidas de una radiografía profunda, concreta y no sesgada del problema de la inseguridad. En general, los gobiernos (el nacional y los provinciales) han tomado acciones frente a aspectos específicos de la coyuntura como si fueran parches para obturar una herida, pero no para curar la verdadera enfermedad. Ahí está el desafío real.
Un dato sirve para reflejar el drama creciente que amenaza a la Argentina: la tasa de homicidios dolosos baja en casi todo el país desde hace años, de forma sostenida, excepto en la provincia de Santa Fe y, especialmente, en Rosario. La explicación es sencilla: es el crimen organizado. Esa fue la peor cosecha de los últimos cuatro años en materia de seguridad y será, seguramente, el mayor desafío de las nuevas autoridades.
Su evolución, de final incierto, comenzó con la venta de drogas al menudeo y ahora alcanza casi todas las expresiones del delito. Convirtió los territorios de acción y disputa en escenarios ultraviolentos en los que las bandas desafían al Estado formal y dejan su sello indeleble, en el que los asesinatos ya no son solo el fin, sino que, incluso, son el mensaje usado por las mafias en pugna para causar conmoción social y reafirmar su poder.
Este es el contexto: según las cifras oficiales del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC) en 2022 –último registro completo disponible– la tasa de homicidios dolosos de la Argentina fue de 4,2 cada 100.000 habitantes. Sin embargo, la provincia de Santa Fe casi triplicó ese guarismo y trepó a 11,4. El Gran Buenos Aires, aunque acumuló la cifra neta más alta de asesinatos (509 de los 740 que contabilizó la provincia), tuvo una tasa cercana al promedio, de 4,4, mientras que en la Capital Federal fue de 2,9.
Rosario es desde hace una década, escenario de la actividad de una de las más importantes organizaciones narcocriminales: la banda de Los Monos. Las disputas territoriales con clanes rivales (o, incluso, con socios díscolos) han dejado allí un reguero de violencia, sangre y muerte. En 2022, la tasa de crímenes en esa urbe (casi todos, producto de venganzas y ajustes de cuentas narco) fue de 22, cinco veces más que el promedio nacional. Este año esa tendencia ya no se revertirá. La capital provincial, en tanto, tiene una tasa de homicidios de 14. Santa Fe tiene, efectivamente, un serio problema con la violencia, y se explica a través de la extensión de las actividades del crimen organizado.
El calabozo, un búnker
En Rosario, de la mano del narco, florecieron actividades criminales complementarias, como el sicariato, las extorsiones y, obviamente, el lavado de dinero a gran escala. Y los líderes de las principales facciones, que acumulan sentencias de prisión que incluso superan los 100 años (como en el caso del líder de Los Monos), continúan al mando de las operaciones en la cárcel.
Desde sus celdas encuentran la forma –gracias a la inacción, ineptitud o connivencia de los guardias– de hacer llegar sus órdenes a las células de la organización que aún permanecen en el territorio. El nuevo gobernador, Maximiliano Pullaro –que, como ministro de Seguridad del gobierno socialista hasta 2019, ya experimentó la explosión del fenómeno de violencia y muerte encarnado en el clan Cantero–, quiere aislar a los principaplificación les mafiosos dentro de los penales; a su primer movimiento le respondieron con balaceras y mensajes amenazantes. La lucha, ahí, está planteada.
Los tiroteos permanentes demuestran que el acceso a las armas en el bajo mundo rosarino es casi irrestricto. Y cada vez más chicos prefieren convertirse en gatilleros de las bandas para obtener dinero fácil en lugar de imaginar para sí un futuro de progreso personal basado en el esfuerzo y el mérito. Suman segunda y tercera generación de delincuentes. Cada vez tienen menos que perder. Juegan a todo o nada en el proceso de sembrar violencia y cosechar muerte.
Lejos de retraerse ante el aumento de la presión de las autoridades, las principales bandas narco redoblan sus operaciones. La respuesta fue, primero, las “balaceras” contra funcionarios y edificios del Poder Judicial; luego eso se amplió a dependencias de gobierno, a escuelas, a cualquier objetivo; lo más cercano son los “mensajes en el cuerpo”, tirados encima de cadáveres de víctimas elegidas al azar. Es la amde un régimen de terror, tener a la población en un puño y demostrar que las muertes no son, solo, un problema entre narcos.
Fenómeno regional
El fenómeno que exterioriza Rosario es un eco de lo que ocurre en el resto de la región. La del crimen organizado es una matriz que atraviesa a América latina. De la criminalidad organizada se desprenden todo tipo de actividades delictivas: desde las más complejas, como el narcotráfico y la trata de personas, hasta las aparentemente más sencillas, como los hurtos en la vía pública. Y, de norte a sur en el continente, las situaciones se repiten como en un juego de espejos: así como el Primer Comando Capital (PCC) brasileño marca el pulso del crimen organizado en el Mercosur, su homólogo andino, el Tren de Aragua, ha infiltrado las bandas nativas en Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador y el norte de Chile. Ecuador está arrasado por el “narcoterrorismo”. En México, con 30.000 homicidios anuales (en la Argentina, en 2022, hubo 1961, 15 veces menos), los cadáveres son expuestos como trofeos, colgados de puentes, torturados, embolsados y arrojados a la vía pública, para dejar mensajes. Mensajes del mal.
El drama de Rosario aparece en primer plano. Pero el problema de la inseguridad no solo es estructural, sino que se extiende territorialmente. En el Gran Buenos Aires, la situación más crítica está en Moreno, donde la tasa de homicidios es de 15,8, seguida de La Plata, con 12,9, y San Martín, con 12,7. Tres capitales provinciales están en el foco mortal: Córdoba (13,2), San Fernando del Valle de Catamarca (12,6) y San Miguel de Tucumán (12,5).
Los datos duros de la estadística criminal dicen que en la Argentina hubo, en 2022, más de 712.000 robos y hurtos, y la percepción es que en lo que va del año la situación no mejoró. Los niveles de denuncia son bajísimos, porque los ciudadanos descreen del sistema penal (expresado en el tándem policía-justicia) como remedio contra la inseguridad. Los motochorros son un flagelo en cualquier calle de los principales centros urbanos; grupos de jóvenes que atacan como pirañas siembran el terror. Los teléfonos móviles son un botín rápido para los ladrones: tanto, que se roba un celular cada 30 segundos en todo el país.
Los datos abundan, al igual que los discursos –incluso antagónicos– sobre cómo combatir el delito y devolver a la sociedad niveles aceptables de seguridad. Baja de edad de imputabilidad, endurecimiento de las penas y de las condiciones en las que se cumplen las condenas, mayor despliegue policial en las calles son, entre otros, ofertas del variado menú de respuestas.
Pero lo cierto es que, las pretendidas soluciones se han mostrado, hasta ahora, ineficaces y tardías. Pasa en toda la región. Por ahora, esas respuestas no han sido precedidas de una radiografía profunda, concreta y no sesgada del problema de la inseguridad. En general, los gobiernos (el nacional y los provinciales) han tomado acciones frente a aspectos específicos de la coyuntura como si fueran parches para obturar una herida, pero no para curar la verdadera enfermedad. Ahí está el desafío real.
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