LOS 1ª PASOS....

El protocolo antipiquetes versus el derecho a la protesta, una tensión que crece en medio de un vacío legal
Desde el entorno de la ministra levantan el Código Penal para enfrentar las movilizaciones sociales, pero expertos señalan que es “extremo e ineficaz”; “es un anuncio mediático”, apuntan
Federico González del Solar
Integrantes de Unidad Piquetera continúan con el acampe frente al Ministerio de Desarrollo Social sobre la avenida 9 de Julio, en el centro porteño
“La ley se cumple. La ley está”. De este modo respondió el vocero presidencial, Manuel Adorni, ante una consulta referida al protocolo de seguridad anunciado este jueves por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. “Nos llama la atención que se ponga en duda el cumplimiento de la ley”, insistió el funcionario, quien presentó el procedimiento ante los medios como una guía y un respaldo del gobierno nacional a las provincias. “El apoyo va a ser total. No hay que permitir que se vulnere el derecho de buena parte de los argentinos que queremos transitar libremente”, enfatizó.
Las movilizaciones sociales, de sostenida frecuencia en el último tiempo -según un informe de la consultora Diagnóstico Político fueron casi 10 mil el año pasado- son una madeja normativa en la que conviven en abierta tensión, según señalan especialistas de diversos ámbitos, derechos constitucionales, sanciones del Código Penal, cuestiones procedimentales y hasta contravenciones municipales. Múltiples dimensiones que, solapadas, despiertan abordajes contrapuestos.
Tras el anuncio de Bullrich, Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero, una organización social de izquierda que lleva con recurrencia sus reclamos a la calle, fue uno de los tantos referentes que salió a marcarle la cancha a la ministra. Calificó como “amenazas” a los puntos del protocolo y aludió, en primer término, a la protección constitucional del derecho a la protesta. “Hubo un cambio de gobierno, no del régimen político”, dijo y anticipó que el miércoles se movilizará en reclamo por un bono de fin de año, entre otras demandas.
Conferencia del Polo Obrero en respuesta al protocolo de Bullrich.

“El derecho de reunión no está expresamente en la Constitución, pero es un derecho clásico en materia de libertad de expresión”, señala el constitucionalista Juan Vicente Sola, en referencia a uno de los enfoques sobre la problemática. “Detrás está la idea de que el espacio público sirve para expresar ideas. Con eficacia, para que el discurso sea reconocido”, subraya, para luego señalar uno de los aspectos centrales del conflicto: “Ahora -advierte-, el enfoque tradicional, en Estados Unidos y acá, es que no se puede limitar el tránsito de las personas. Puedo ocupar el espacio público, como forma de discurso protegido, pero no puedo impedir que otras personas circulen, porque el derecho a circular es también el derecho a la educación, a la salud, el derecho a trabajar, el derecho incluso a expresar otras ideas”.
Partidarios y detractores de las movilizaciones sociales señalan el mismo punto en la Constitución para evidenciar su prohibición o para dar cuenta de su garantía: el artículo 14, explican, es un cuerpo de garantías conformado, entre otros derechos, por los de asociación, circulación y petición. A su vez, la libertad de expresión a la que refiere Sola gana amplitud con pactos internacionales, que detallan otros aspectos de la materia. Para el constitucionalista, la costumbre ha instalado una idea “equivocada”: que la libertad de expresión se ejerce bloqueando el tránsito. “Es ilegal y siempre lo fue. En ese sentido, hubo un cambio normativo. No están claras las normas. No porque no existan, sino porque hay gente que puede estar confundida: si corto las calles y no dejo llegar al trabajo, a la escuela, o al hospital, eso está afuera de protección constitucional de la libertad de expresión”, precisa. La ministra se paró en esa línea.
“Lo que no queremos son cortes de calles. Se van a poder manifestar en la vereda”, afirmó Bullrich en la conferencia de prensa. “Las calles no se toman. Si se toman va a haber consecuencias”, advirtió en la presentación del protocolo con el cual el flamante oficialismo pretende marcar el rumbo de acción en las distintas jurisdicciones. “No se puede cortar”, enfatizan cerca de la ministra con el Código Penal en la mano, que contempla penas de hasta dos años para quien trastoque el normal funcionamiento del transporte. “Solo eso”, apuntan sin rodeos, sin aludir a la Carta Magna.
Ceremonia de jura de las nuevas autoridades de las fuerzas federales
Protocolo
“Es fulbito para la tribuna”, retruca un experto en seguridad en estricto off. “Un protocolo es un acto administrativo que ordena un procedimiento. Su valor es interno solamente, no alcanza a las organizaciones sociales. Es un anuncio mediático”, señala, al tiempo que afirma que en materia de protesta social hay un “vació legal”. “Falta una ley que la regule”, apunta.
La naturaleza y el alcance del “protocolo” de seguridad también suscitó polémica en febrero de 2016, cuando en su anterior paso por la cartera, la ministra Bullrich difundió un comunicado similar, criticado, entre otras cuestiones, por no haber prohibido el uso de armas de fuego y por no haber derogado el de Nilda Garré, exministra de Seguridad. Algo que sí anunció el jueves.
La misma fuente señala, a su vez, que enfrentar las manifestaciones sociales con el Código Penal, como indican en el entorno de la ministra, será “ineficaz”. “No disuade porque nunca hay una condena. Es muy extremo [aplicarlo], entonces no se hace. Nadie quiere quedar sujeto a disponibilidad”, añade, señalando el riesgo de algún desborde o de un uso desmedido de la fuerza.
“Veremos el temperamento de Bullrich”, desafían en las filas de la ministra. “Si alguno no ha tenido decisión política, será su responsabilidad”, agitan. Pese a que solo pueden actuar en ámbitos federales, la resolución del Boletín Oficial de este viernes-en línea con lo anunciado- materializó la posibilidad de que las fuerzas federales, bajo la órbita de la ministra, intervengan en los cortes parciales o totales “sin que necesariamente medie orden judicial, toda vez que se trata de un delito flagrante reprimido por el artículo 194 del Código Penal”.
Entre los rechazos al protocolo de Bullrich se divulgó este viernes un documento de la CGT. “Esta medida, que vulnera las libertades individuales y colectivas, no favorece el clima social que requiere estar exento de violencia, presiones y amenazas, elemento esencial para el ejercicio de la libertad sindical, y pretende subordinar la acción de la justicia al accionar policial y de las fuerzas de seguridad”, advirtió la central obrera.
El antecedente de Mendoza
Algunos especialistas señalan y elogian el “modelo Mendoza”. La normativa vigente en la capital de la provincia anuda formas y dimensiones: una vieja ordenanza municipal de la década del 90′, reglamentada por un decreto municipal de 2008 y enmarcada en el código de convivencia ciudadana de 2014. “La municipalidad reconoce el derecho a la protesta, a la manifestación y el derecho a peticionar a las autoridades. Se compromete a garantizar la posibilidad de que se ejerza ese derecho siempre que se haga de manera legítima”, explica Nicolás Egües, subsecretario de Legal y Técnica de la provincia. “De manera legítima” no reviste ambigüedades: no menos de 48 horas antes los manifestantes deben dar aviso a las autoridades que, anoticiadas, ponen a disposición la explanada municipal, una tarima y parlantes para que la protesta se desenvuelva sin alterar o bloquear el tránsito. “La infracción –dice la ordenanza- será considerada como gravísima”. ”Si quieren movilizar –añade Egües-, tienen que hacerlo por las calles y respetando las señales de tránsito. Las multas son altísimas”
La normativa superó resistencias. El Sindicato Unido de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación (SUTE) y la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) realizaron movimientos judiciales frente al decreto de 2008, pero la iniciativa fue convalidada por la Corte Suprema de la provincia y luego por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Protestas en Mendoza en contra de la medida por el pago de aguinaldo
A un costado de los aspectos legales, las organizaciones sociales sostienen que el protocolo presentado por Bullrich – “represivo” y “autoritario”- es el complemento a un plan de ajuste. “Para poder llevar adelante los planes y las medidas que anunció [Luis] Caputo, no hay otra forma. No hay ajuste que pase sin represión y este es ajuste brutal. Y que intervengan las cuatro fuerzas federales también”, explica Mónica Sulle, líder del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST). “Está contemplado que tenemos un derecho al reclamo y la protesta social cuando los gobiernos no dan las respuestas que deberían”, insiste. En relación a la posibilidad de manifestar en la vereda, como en Mendoza, otro referente social apunta: “Es impracticable”.
“Nosotros vamos a dar pautas claras de lo que esperamos de las movilizaciones”, avisan en en el entorno Waldo Wolff, el ministro de seguridad porteño. “En algunas [movilizaciones] hay instancias de negociación. Otras son impredecibles: se arman de un momento a otro y no se pueden controlar. Todo eso lo vamos a alinear”, aseguran desde el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, el epicentro de las casi 10 mil movilizaciones del año pasado. “En unos días habrá novedades”, afirman, a modo de aviso.

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El Gobierno apelará a un megadecreto para reformas laborales y económicas
Lo anunciará esta semana e incluye una amplia gama de desregulaciones

Maia Jastreblansky
El Gobierno termina de darle forma a un decreto de necesidad y urgencia (DNU) de enorme alcance para desregular múltiples áreas económicas, laborales y estatales. Javier Milei definió desagregar varias de las iniciativas que había previsto mandar al Congreso y volcarlas en un megadecreto para fijar las bases de lo que se perfila como su plan económico.
La última versión del DNU tenía más de 200 páginas. Incluiría desde desregulaciones económicas hasta reformas laborales. Allí figuraría la habilitación del “modelo Uocra” para que las empresas puedan optar por un fondo de desempleo que reemplace las indemnizaciones.
En la Casa Rosada se especuló con que el DNU podría promulgarse mañana mismo, aunque este fin de semana cerca de Milei apuntaron que “no hay precisión sobre los plazos”. Quien está haciendo el control jurídico del documento es el flamante procurador del Tesoro, Rodolfo Barra.
Milei está convencido de que muchas de las iniciativas que tiene en carpeta no requieren tratamiento legislativo y de que su promulgación por decreto puede justificarse por su carácter de urgencia.
De esta manera, intenta descomprimir el paquete que quiere enviar al Congreso y que incluye una reforma impositiva y una reforma política, con la derogación de las PASO y la boleta única.
El Gobierno terminaba de pulir este fin de semana un decreto de necesidad y urgencia (DNU) de enorme alcance –la última versión tenía más de 200 páginas– para desregular múltiples áreas económicas, laborales y estatales. Javier Milei pretende que ese documento fije las bases para desplegar su plan económico de corte ultraliberal. La norma (que estaba pensada para ser promulgada mañana mismo, pero luego asomaron dudas por los tiempos) incluirá un largo catálogo de iniciativas que, a los ojos de la cúpula libertaria, pueden promulgarse sin pasar por el Congreso.
El DNU incluiría desde modificaciones en el funcionamiento del Estado hasta reformas laborales, como la habilitación del “modelo Uocra” para que las empresas puedan optar por un fondo de desempleo que reemplace las indemnizaciones.
En las semanas previas a su asunción, Milei tenía previsto enviar su listado de reformas al Congreso. La idea era darle formato de proyecto de “ley ómnibus”, como un paquete cerrado. En la cúpula libertaria, incluso, decían que lo remitiría el primer día hábil al frente del Poder Ejecutivo. Pero el ejercicio efectivo del poder obligó al líder libertario a recalcular su ambicioso plan.
Así, el libertario optó por hacer la primera semana solo el anuncio de las “medidas de emergencia económica” que comunicó el ministro de Economía, Luis Caputo. En la narrativa que transmiten en la Casa Rosada, esas medidas fueron “inevitables” y “para evitar la hiperinflación”, pero “no son el verdadero plan económico”. Aun cuando incluyeron una devaluación de más del 100%, la quita de subsidios al transporte y la modificación de las jubilaciones, todos aspectos de impacto en el poder adquisitivo.
En segundo término, Milei optó por hacer un peinado fino de las regulaciones que tenía en carpeta para trasvasar a un DNU todas aquellas que –presuntamente– no requieran tratamiento legislativo y cuya promulgación por decreto pueda justificarse por su carácter de urgencia.
Quien hizo la última revisión jurídica de ese criterio fue el flamante procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, exfuncionario menemista. Es una jugada audaz, porque podrían aparecer planteos de inconstitucionalidad.
Finalmente, se espera que en los próximos días Milei haga la convocatoria a sesiones extraordinarias, con un temario que aún resta pulir. Allí mandaría al menos tres proyectos: una reforma impositiva y económica, una reforma política y una reforma del Estado, con los aspectos que no puedan promulgarse por DNU. Los plazos aún no están definidos (“no hay precisiones sobre eso”, dicen cerca de Milei), pese a que desde el Congreso advierten que el Presidente debería apurarse si quiere que el tratamiento comience antes de fin de año.
Cada equipo técnico del Gobierno hizo, con la colaboración de estudios jurídicos externos, la revisión del capítulo referido a su área. Federico Sturzenegger se involucró fuertemente tras aportar su paper sobre la “desburocratización” de la economía. No se descarta que este economista se sume al gabinete en un cargo vinculado a la modernización de la administración pública (esta semana se creó la Secretaría de Transformación del Estado y la Secretaría de Simplificación del Estado dentro de la Jefatura de Gabinete).
Iniciativas
Según pudo reconstruir el DNU incluiría buena parte de la reforma laboral que tiene en carpeta Milei. Este apartado contempla el “modelo Uocra”, con un fondo de desempleo que reemplace las indemnizaciones. No será compulsivo sino optativo, para las industrias donde resulte aplicable.
Otros puntos apuntan a disminuir la litigiosidad laboral y a bajar los conflictos colectivos, bajo el argumento de “mejorar la competitividad de las empresas”. Son todas formulaciones que podrían generar fuerte resistencia de las centrales sindicales. Además, se planifica reducir el sistema de multas a los empleadores que está planteado en la ley de empleo 24.013.
Otro aspecto que estaría incluido en el DNU es el del achicamiento de los gastos del Estado, incluyendo la reducción de choferes para funcionarios y el traspaso de la flota de vehículos a las fuerzas de seguridad. También habría modificaciones en la ley de empleo público.
El capítulo de las privatizaciones, que, se especuló, podía ser incluido en el DNU, quedaría para ser tratado en el Congreso, según altas fuentes de la Casa Rosada. La iniciativa de Milei propondría modificaciones en las empresas públicas para que puedan convertirse en sociedades anónimas. En los proyectos de ley también se incluirá la modificación de cuatro leyes económicas con el objetivo de promover la inversión privada en infraestructura.
La reforma electoral y la reforma impositiva, en tanto, deben pasar por el Congreso. En el primer caso, en la Casa Rosada apuntan a que se trate, en un mismo paquete, la eliminación de las PASO y la boleta única
Respecto de lo tributario, según trascendió, se incluiría un blanqueo de capitales y una moratoria de re- gularización de deudas con la AFIP por 120 días, además de modificaciones en Bienes Personales.
Un tema pendiente es la marcha atrás con la modificación del impuesto a las Ganancias, que provocó una caída en la coparticipación. Milei votó a favor de reducir el impuesto durante la campaña electoral, pero ahora estaría dispuesto a volver sobre sus pasos para responder al reclamo de los gobernadores. Sin embargo, el Presidente quiere, antes de enviar este tema al Congreso, contar con el respaldo político de los mandatarios provinciales.
Muchos de los gobernadores apoyaron la modificación en Ganancias que había enviado Sergio Massa al Congreso con cálculo electoral. Por eso ahora pretenden que haya una compensación a través del impuesto al cheque. Según fuentes de la Casa Rosada, esa opción está descartada porque afectaría el déficit cero. Todo esto se hablará el martes en la reunión de Milei con los gobernadores

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