Un grupo de gobernadores insiste en pedir fondos que hoy están destinados a prestaciones sociales
La recaudación del impuesto al cheque va al pago de jubilaciones, pensiones y otros beneficios, como las asignaciones por hijo, que este año sufren un fuerte deterioro frente a la inflación y la movilidad insuficiente; la idea de Kicillof y otros mandatarios por Silvia Stang
El gravamen que pesa sobre los débitos y créditos bancarios, más conocido como impuesto al cheque, es considerado muy distorsivo para la actividad económica, y desde hace años economistas y tributaristas afirman que una modificación a fondo del esquema tributario debería incluir su eliminación. Se trata del tributo que los gobernadores pusieron semanas atrás en la mira, en el marco de sus reclamos para que se les compense la pérdida de recursos provocada por la reforma de Ganancias, que es coparticipable (su recaudación se reparte entre la Nación y las jurisdicciones).
Más allá de ser una carga fiscal nada recomendable –sobre todo en un país con alta informalidad–, de acuerdo con lo establecido por la ley 27.432, el 100% de su recaudación se destina a la Anses. En concreto, este año le aporta al organismo de la seguridad social alrededor del 12% de los recursos necesarios para pagar las jubilaciones y pensiones y otras prestaciones, como la AUH y las asignaciones por hijo para empleados formales y monotributistas.
Si se aprobara una iniciativa como las que circularon (hubo proyectos ingresados al Congreso), tendiente a “desafectar” la mitad de la recaudación del tributo de su destino actual, la Anses perdería ingresos por el 0,6% del PBI o algo más, frente a obligaciones de pago que este año son por un monto de alrededor de 9% del PBI, según un informe elaborado por Sergio Rottenschweiler y María Ignacia Costa, docentes en la Universidad de General Sarmiento. En un contexto de déficit, con un gobierno que se propone lograr el equilibrio en un año, Rottenschweiler, economista especializado en temas de seguridad social, afirma que “no hay margen” para lo pretendido por los mandatarios.
La sábana es corta. Después de que el ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que no se coparticipará el impuesto al cheque, la cuestión de la caída de los fondos de la coparticipación (que fue en noviembre de 13,6% interanual en términos reales, según consigna un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal, Iaraf) fue considerado en el encuentro que los 23 gobernadores y el jefe del gobierno porteño mantuvieron el martes último con el presidente Javier Milei y el ministro del Interior, Guillermo Francos.
Luego de esa reunión, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, posteó en la red X, con mención de las cuentas de otros mandatarios del peronismo (a manera de firma), un escrito que expresa: “La reversión del impuesto a las ganancias no sería el camino adecuado [para que las jurisdicciones recuperen recursos], ya que afecta derechos de los trabajadores. Es por eso que seguiremos insistiendo en la búsqueda de otras herramientas de compensación, como lo es la coparticipación del impuesto al cheque”. Se consignan las cuentas de Sergio Ziliotto (La Pampa), Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gildo Insfrán (Formosa), Ricardo Quintela (La Rioja), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero).
Entre enero y noviembre de este año y según datos de la AFIP, por el impuesto al cheque se recaudaron $2.718.896 millones, un 129,4% más que en igual período de 2022. Proyectado para todo el año, el 50% de la recaudación, que es lo pedido por los gobernadores –según un documento firmado en noviembre–, implicaría, a valores de este año, alrededor de $1.500.000 millones.
Algunas cifras para dimensionar el tema: en los primeros 11 meses del año, según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), se derivaron $746.097 millones a las asignaciones familiares, principalmente a las prestaciones por hijos para asalariados formales y monotributistas. A esa cifra se sumó otra, de $613.377 millones, para la AUH. Así, hubo $1.359.474 millones para prestaciones por hijo, que sufrieron un fuerte ajuste: el monto citado fue, corregido por inflación, un 30,7% más bajo que el que tuvo tal destino en igual período de 2022. En las asignaciones familiares del sistema laboral formal la baja del gasto real llegó al 37,5% interanual, en tanto que en la AUH el ajuste fue de 20%.
El ítem del salario familiar es uno de los que tuvo el mayor ajuste en los últimos meses de la presidencia de Alberto Fernández. Entraron en juego varios factores, como el hecho de que la actualización se hace según la fórmula de movilidad previsional, que arrojó índices muy por debajo de la inflación, y la quita de un adicional que se abonaba en 2022.
También las jubilaciones sufren un ajuste. Mientras que las subas de haberes acumularon en el año un 110,9% por la aplicación del cálculo de actualizaciones fijado por ley (sin contar los bonos, que no les llegan a todos los jubilados), se estima que 2023 cerrará con una inflación de entre 200% y 220%, o más. Incluso con bonos, quienes tienen el haber mínimo pierden poder de compra, porque la suba acumula 167%. El gasto en jubilaciones tuvo, a noviembre, una caída real interanual de 4,4%. Y la baja ocurrió aun cuando en los últimos meses se aceleró el ritmo de alta de beneficios, por la vigencia de una nueva moratoria.
El impuesto a las ganancias, por su parte, tenía, antes de los cambios, su esquema muy retrasado frente a la inflación, estaba altamente distorsionado y provocaba una creciente carga tributaria para salarios que, generalmente, iban perdiendo poder adquisitivo. Aun con todo ello, la reforma aprobada (en el caso de la que rige en los últimos meses de este año, por decreto, y en el caso de la prevista para 2024 y los años siguientes, por ley) no fue, por varios motivos, la más adecuada, según advirtieron en su momento varios expertos. Uno de puntos cuestionados es que se redujeron de un momento a otro los recursos para el Estado, sin la contrapartida de una baja del gasto, y sin compensación con alguna otra fuente de ingresos.
La puesta en marcha de la ley aprobada para 2024 implicaría que queden alcanzados por Ganancias los salarios brutos mayores a $2.340.000. Si se hiciera una “reversión” de la reforma (esa es, al menos, la intención primera del Gobierno, en tanto que al cierre de esta edición no se conoce el texto del proyecto), se volvería al esquema previo de actualización del piso salarial para comenzar a tributar. Y la cifra sería de, aproximadamente, $974.476. Pero también podría haber alguna alternativa intermedia entre ambos importes, si se modifica en el Poder Legislativo la modalidad actual de reajustes del esquema del tributo.
“La pérdida de recursos de la coparticipación viene por dos vertientes: una es el ‘plan platita’ de Massa, que dispuso por decreto una baja de Ganancias para estos meses, una medidaqueaumentalasdistorsiones con los autónomos, y que estableció una devolución del IVA –describe el contador César Litvin, CEO del estudio Lisicki, Litvin & Asociados–. La otra es la reforma aprobada por el Congreso para Ganancias a partir de 2024,queesundisparateporlapérdida de recaudación [no compensada] y por el agravamiento de las distorsiones” que se deriva de su contenido.
En la opinión de Litvin, para compensar la caída de recursos para las jurisdicciones “no es el mejor camino” coparticipar un impuesto muy distorsivo, como el que pesa sobre las operaciones bancarias. Esa carg, dice, “debería eliminarse inmediatamente de llegarse el equilibrio fiscal”. Según considera, el Congreso deberá resolver el tema, en un marco en el que la austeridad sea una bandera de Nación, provincias y municipios.
El economista Oscar Cetrángolo afirma que “la mejor y la única salida razonable” a la situación es “cobrar un buen impuesto a las ganancias”. Y eso significa, según especifica, “eliminar exenciones y tratamientos diferenciales, reconstruir los montos no imponibles y la escala progresiva de alícuotas, y adecuar el esquema según lo que están haciendo países de la región y del mundo desarrollado”. Con respecto al impuesto al cheque, el investigador del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la UBA y el Conicet, lo define como “el peor que existe”.
Las asignaciones por hijo, que son tanto para el sector formal como para el segmento informal de la economía, son uno de los rubros del gasto que más ajuste sufrió en el último año
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El medio de pago que cada vez resulta más elegido
El 25% de los argentinos prefiere la vía virtual para abonar gastos; lidera el efectivo (32%) y en tercer lugar aparece el débito (12%)r
Melisa Reinhold
El efectivo sigue siendo rey en la Argentina. Sin embargo, ante una inflación cada vez más alta y la baja denominación de los billetes, en los últimos años las billeteras digitales fueron ganando terreno. Según el estudio “Los argentinos y el dinero”, elaborado por Isonomía para Mercado Pago, hoy las billeteras digitales son el segundo medio de pago más elegido (25%), por detrás del efectivo (32%), pero por encima de las tarjetas de débito (12%), las transferencias bancarias (8%), las plataformas de pago online bancarias (5%), las tarjetas de crédito (4%) y las monedas digitales (3%).
“Las personas de sectores de bajos recursos son quienes más utilizan el efectivo, al participar más de la economía informal. Quienes prefieren los billetes, los usan para hacer compras pequeñas. También, porque así es cómo perciben sus ingresos”, se lee en el informe. Los consumidores dicen que usan el efectivo para el pago en kioscos de barrio (22%), el pago de servicios (20%), el cobro del sueldo (11%), el pago de taxi (10%) y el transporte público (10%), incluso aunque preferirían otro medio de pago.
También el estudio detectó que el comportamiento de los usuarios hacia el dinero puede definirse en tres categorías. Un 36% se considera “batallador”, individuos de clase media, media-baja, a los que les cuesta llegar a fin de mes a pesar de planificar sus finanzas. Otro 36% se cataloga como “ahorrador”, el único perfil que logra tener un resto para invertir. Por último, un 23% adoptó una postura de “consumista”, sobre todo jóvenes de clase baja que consideran que la mejor forma de ahorro es adquirir bienes.
“A partir del estudio identificamos que los argentinos son usuarios inteligentes e informados, se esfuerzan mucho por hacer dinero y evitan malgastarlo: la coyuntura económica compleja que se vivió en 2023 los obligó a mantenerse alertas y a buscar cada vez más alternativas en el paradigma digital. En el promedio de todos los perfiles, más del 50% de los usuarios ya muestra predisposición a hacer rendir sus saldos a través de billeteras virtuales”, indicó Uriel Mendelberg, analista Sr. Gerencia de Analytics & Research de Isonomía.
Además, siguiendo con el estudio, a uno de cada cuatro usuarios le gustaría cobrar su sueldo a través de billeteras digitales, una cuestión que hasta el momento no se podía realizar en la Argentina, pero que podría ver la luz tras el megadecreto de Javier Milei. “Creemos que la normativa actual no tiene mucha razón de ser. Hoy los sueldos se pueden pagar en efectivo o a través de bancos, pero dejó fuera a las billeteras virtuales. Nos encantaría poder ofrecer eso”, opinó Agustín Onagoity, director senior de Mercado Pago para la Argentina.
Códigos QR
En tanto, la disputa entre Mercado Pago y los bancos continúa. Aunque a comienzos de diciembre la billetera digital logró que el Banco Central (BCRA) volviera a prorrogar hasta febrero dos normativas que vienen reclamando las entidades financieras hace meses, desde el unicornio argentino afirman que los tiempos propuestos todavía son cortos y que las medidas generarán fricción entre los usuarios y la aplicación. Es un conflicto que tendrán que resolver las nuevas autoridades de la entidad monetaria.
“Nosotros desarrollamos esta red de QR durante tanto tiempo, invertimos US$30 millones para llevarla adelante. No tenemos ningún problema con la interoperabilidad del código QR, pero pretendemos que se nos remunere por el sistema que construimos”, afirmó Onagoity.
Este conflicto data de varios meses y tiene dos partes. En mayo, el Banco Central reglamentó que los códigos QR sean interoperables y que los usuarios puedan pagar también con tarjeta de crédito desde cualquier aplicación, independientemente de quién sea el proveedor del código. Originalmente, se dispuso que la medida entraría en vigencia en septiembre, aunque desde Mercado Pago advirtieron que no llegarían con los tiempos. Pero la normativa se prorrogó en reiteradas ocasiones. La última de ellas sucedió este 1° de diciembre, cuando se extendió el plazo hasta los primeros días de febrero. Aun así, debido al desarrollo de sistemas que requiere la nueva regulación, desde la compañía afirman que recién podrán tenerlo listo a mediados de abril de 2024.
La segunda normativa en conflicto es el “apagado” del sistema Debin, que utiliza en la actualidad la billetera digital para que los usuarios ingresen dinero a su cuenta. Por normativa del Gobierno, que también se prorrogó el primer día de diciembre, deberán reemplazar las operaciones hacia las transferencias pull. A partir del 1° de enero, todos los nuevos usuarios de billeteras digitales tendrán que conectar sus cuentas a través de ese mecanismo, mientras que los clientes que ya utilizan el Debin podrán seguir haciéndolo hasta el próximo 1° de marzo.
Las personas de sectores de bajos recursos son las que más utilizan el efectivo, porque participan más de la economía informal
http://indecquetrabajaiii.blogspot.com.ar/. INDECQUETRABAJA
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