Empezó la gestión para que la Nación transfiera a la Ciudad el puerto, Retiro y los colectivos
Se reunieron representantes de ambos gobiernos para iniciar las negociaciones; también está en carpeta el pase de la jurisdicción sobre el agua y la electricidad
Diego Cabot
La estación de ómnibus de Retiro, con la concesión vencida desde 2016
Después de cuatro años en los que un presidente porteño, Alberto Fernández, congeló el diálogo con la ciudad donde nació y reside, el gobierno nacional y el de la Ciudad de Buenos Aires parecen dispuestos a reescribir esa historia de enfrentamientos. La primer carpeta que los convocó tiene tres capítulos importantes: el traspaso del puerto, la estación de ómnibus de Retiro y las 32 líneas de colectivos que no cruzan la General Paz y el Riachuelo en su recorrido.
Los movimientos para llegar a un acuerdo empezaron con llamados e intercambio de información, incluso desde antes de asumir, pero ayer se puso el primer mojón formal con una reunión que convocó el ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro; su par porteño, Pablo Bereciartúa, y el secretario de Transporte, Franco Mogetta.
Fuentes de ambos gobiernos reconocieron a que el proceso la nacion está encaminado. “Le vamos a pasar ese paquete a la Ciudad”, dijeron desde la administración que conduce el presidente Javier Milei. “¿Lo recibirían?”, se le preguntó a una alta fuente del distrito porteño. “Sí”, contestó seguro.
Empezará ahora una negociación que no será simple ni inmediata. Por un lado, por el tamaño de la cesión, pero, por el otro, por la cuestión regulatoria, ya que muchos de esos activos tienen concesiones y contratos vigentes.
Las líneas de colectivos, seguramente, serán las que menos debate generen. La Ciudad no tiene jurisdicción sobre el transporte de colectivos. Es decir, para cambiar una parada de lugar o desviar un recorrido le debe pedir permiso a Nación. Los colectivos que tocan en alguna parte de su trazado el territorio porteño o circulan solo por ella forman la llamada Jurisdicción Nacional y están numerados del 1 al 200. De esas líneas, hay 32 que no traspasan los límites que están entre la General Paz y el Riachuelo. Esas pasarían a la administración de Jorge Macri.
La jurisdicción porteña, igualmente, sería ciertamente imperfecta. Sucede que no parece posible que esas líneas tengan un precio de boleto, fijado por la Ciudad, y otras que pasan a la provincia de Buenos Aires, vendan sus pasajes a otro valor. El punto es que muchas de ellas compiten en gran parte de su recorrido con las locales. De ahí que está en análisis, también, la puesta en marcha de la Agencia Metropolitana de Transporte, un ente tripartito con la provincia que jamás funcionó como debía. En Nación y en Ciudad están de acuerdo que debe arrancar de inmediato. Pero más allá de estas cosas, no habría gran debate en este punto.
La estación de ómnibus de Retiro es otra cosa. Allí está Néstor Otero. El hombre fuerte de la estación de colectivos ha visto pasar por la puerta varias administraciones. Desde la época de Carlos Menem, que le otorgó la concesión de la Terminal de Ómnibus de Retiro en 1993, se sucedieron decenas de funcionarios que alguna vez trataron de revertir ese contrato. Pero todos los timoratos intentos de remover de su reino al “Zar de Retiro”, como le dicen, fracasaron. Efectivo a la hora de negociar con los funcionarios de turno.
Sin contrato de concesión, venció en 2016, se mantiene desde entonces con permisos precarios o prórrogas. Y así explota una de las puertas de ingreso más importante de la Ciudad de Buenos Aires. Ahora serán otras las administraciones que intenten ir contra el dueño de la concesión.
Hay otro tema que seguramente será motivo de negociación: el terreno. En las oficinas de Parque Patricios pretenden que la cesión sea no solo de la explotación sino también del terreno también. En Nación, por ahora, nadie ha dicho nada.
Los planes de la cesión del Puerto de Buenos Aires son, quizá, los más difíciles. Claro que si hay voluntad, las cuestiones se arreglan. Pero regulatoriamente el traspaso es más complejo. Lo primero a definir es el terreno: cuáles serían los lotes que ahora son de jurisdicción nacional pasarían a manos de la Ciudad. En principio, estarían incluidos todos los de la Costanera Norte, donde están las terminales portuarias y las areneras ubicadas frente al Río de la Plata. Además, en esa zona, que continúa hacia Aeroparque, hay varios predios que son depósitos de contenedores que también deberían ser parte de la transferencia.
El sur también
En los borradores del gobierno porteño hay algunos ítems más. Por caso, consideran que esa sesión debería incluir todos los terrenos ubicados en la parte Sur de la Ciudad, es decir, detrás de la Reserva Ecológica Costanera Sur, con la Isla Demarchi incluida.
La Ciudad ya tiene avanzada una propuesta para llevar a la mesa. En principio, proyectan la creación de una empresa estatal porteña, al estilo Autopistas Urbanas, a la que se le aportarían todos los activos portuarios recibidos de Nación, además de algunos terrenos que ya son propios. El modelo, por caso, está inspirado en el puerto de Rotterdam, uno de los principales de Europa.
Esa sociedad sería la que podría abrirse a capitales privados, además de concesionar las terminales, actualmente en manos privadas y con contratos vencidos o próximos a vencer. A partir de ahí, cuentan en Parque Patricios, los planes son diversos. En principio, empezar a urbanizar el puerto y proyectar el crecimiento del negocio en algún predio fuera de la Ciudad. Ese es el punto de inspiración de Rotterdam, cuyo consorcio estatal desarrolló otra terminal a 200 kilómetros para complementar la operación local. Algo así pretende la administración porteña. Es decir, mantener el movimiento actual, urbanizarlo y, finalmente, expandirse fuera de los límites.
Finalmente, habrá varios temas. Además de la Agencia Metropolitana de Transporte, el gobierno porteño pondrá sobre la mesa la jurisdicción sobre los servicios, al menos, la electricidad y el agua. Entre las carpetas del gobierno de Macri hay varios proyectos de electromovilidad, un tema central y muy avanzado en las grandes ciudades en el que la Argentina recién garabatea los primeros palotes.
Muchas cosas necesarias, como por ejemplo la instalación de líneas especiales para cargar la batería de un auto en una cochera, sea propia o alquilada, dependen de regulaciones. Y toso eso está, por ahora quito y sin novedades.
Tampoco es posible que los domicilios instalen medidores inteligentes, que midan la potencia y no solo el consumo, o bidireccionales, que permiten que los domicilios que generen energía solar la vendan a la red, sin golpear las puertas de regulación o los permisos de la Nación. Por eso ahora, que está en juego una cesión de terrenos pero también de obligaciones, la Ciudad tenga esas facultades.
El agua es otro tema que recorrerá la mesa. Actualmente la Ciudad tiene entre el 20% y el 25% del total del agua despachada medida. Y la idea sería avanzar en un sistema que genere ahorro de agua distinto a las pequeñas campañas de racionalización que realiza AySA.
Después de cuatro años en los que un presidente porteño, Alberto Fernández, congeló el diálogo con la ciudad donde nació y reside, el gobierno nacional y el de la Ciudad de Buenos Aires parecen dispuestos a reescribir esa historia de enfrentamientos. La primer carpeta que los convocó tiene tres capítulos importantes: el traspaso del puerto, la estación de ómnibus de Retiro y las 32 líneas de colectivos que no cruzan la General Paz y el Riachuelo en su recorrido.
Los movimientos para llegar a un acuerdo empezaron con llamados e intercambio de información, incluso desde antes de asumir, pero ayer se puso el primer mojón formal con una reunión que convocó el ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro; su par porteño, Pablo Bereciartúa, y el secretario de Transporte, Franco Mogetta.
Fuentes de ambos gobiernos reconocieron a que el proceso la nacion está encaminado. “Le vamos a pasar ese paquete a la Ciudad”, dijeron desde la administración que conduce el presidente Javier Milei. “¿Lo recibirían?”, se le preguntó a una alta fuente del distrito porteño. “Sí”, contestó seguro.
Empezará ahora una negociación que no será simple ni inmediata. Por un lado, por el tamaño de la cesión, pero, por el otro, por la cuestión regulatoria, ya que muchos de esos activos tienen concesiones y contratos vigentes.
Las líneas de colectivos, seguramente, serán las que menos debate generen. La Ciudad no tiene jurisdicción sobre el transporte de colectivos. Es decir, para cambiar una parada de lugar o desviar un recorrido le debe pedir permiso a Nación. Los colectivos que tocan en alguna parte de su trazado el territorio porteño o circulan solo por ella forman la llamada Jurisdicción Nacional y están numerados del 1 al 200. De esas líneas, hay 32 que no traspasan los límites que están entre la General Paz y el Riachuelo. Esas pasarían a la administración de Jorge Macri.
La jurisdicción porteña, igualmente, sería ciertamente imperfecta. Sucede que no parece posible que esas líneas tengan un precio de boleto, fijado por la Ciudad, y otras que pasan a la provincia de Buenos Aires, vendan sus pasajes a otro valor. El punto es que muchas de ellas compiten en gran parte de su recorrido con las locales. De ahí que está en análisis, también, la puesta en marcha de la Agencia Metropolitana de Transporte, un ente tripartito con la provincia que jamás funcionó como debía. En Nación y en Ciudad están de acuerdo que debe arrancar de inmediato. Pero más allá de estas cosas, no habría gran debate en este punto.
La estación de ómnibus de Retiro es otra cosa. Allí está Néstor Otero. El hombre fuerte de la estación de colectivos ha visto pasar por la puerta varias administraciones. Desde la época de Carlos Menem, que le otorgó la concesión de la Terminal de Ómnibus de Retiro en 1993, se sucedieron decenas de funcionarios que alguna vez trataron de revertir ese contrato. Pero todos los timoratos intentos de remover de su reino al “Zar de Retiro”, como le dicen, fracasaron. Efectivo a la hora de negociar con los funcionarios de turno.
Sin contrato de concesión, venció en 2016, se mantiene desde entonces con permisos precarios o prórrogas. Y así explota una de las puertas de ingreso más importante de la Ciudad de Buenos Aires. Ahora serán otras las administraciones que intenten ir contra el dueño de la concesión.
Hay otro tema que seguramente será motivo de negociación: el terreno. En las oficinas de Parque Patricios pretenden que la cesión sea no solo de la explotación sino también del terreno también. En Nación, por ahora, nadie ha dicho nada.
Los planes de la cesión del Puerto de Buenos Aires son, quizá, los más difíciles. Claro que si hay voluntad, las cuestiones se arreglan. Pero regulatoriamente el traspaso es más complejo. Lo primero a definir es el terreno: cuáles serían los lotes que ahora son de jurisdicción nacional pasarían a manos de la Ciudad. En principio, estarían incluidos todos los de la Costanera Norte, donde están las terminales portuarias y las areneras ubicadas frente al Río de la Plata. Además, en esa zona, que continúa hacia Aeroparque, hay varios predios que son depósitos de contenedores que también deberían ser parte de la transferencia.
El sur también
En los borradores del gobierno porteño hay algunos ítems más. Por caso, consideran que esa sesión debería incluir todos los terrenos ubicados en la parte Sur de la Ciudad, es decir, detrás de la Reserva Ecológica Costanera Sur, con la Isla Demarchi incluida.
La Ciudad ya tiene avanzada una propuesta para llevar a la mesa. En principio, proyectan la creación de una empresa estatal porteña, al estilo Autopistas Urbanas, a la que se le aportarían todos los activos portuarios recibidos de Nación, además de algunos terrenos que ya son propios. El modelo, por caso, está inspirado en el puerto de Rotterdam, uno de los principales de Europa.
Esa sociedad sería la que podría abrirse a capitales privados, además de concesionar las terminales, actualmente en manos privadas y con contratos vencidos o próximos a vencer. A partir de ahí, cuentan en Parque Patricios, los planes son diversos. En principio, empezar a urbanizar el puerto y proyectar el crecimiento del negocio en algún predio fuera de la Ciudad. Ese es el punto de inspiración de Rotterdam, cuyo consorcio estatal desarrolló otra terminal a 200 kilómetros para complementar la operación local. Algo así pretende la administración porteña. Es decir, mantener el movimiento actual, urbanizarlo y, finalmente, expandirse fuera de los límites.
Finalmente, habrá varios temas. Además de la Agencia Metropolitana de Transporte, el gobierno porteño pondrá sobre la mesa la jurisdicción sobre los servicios, al menos, la electricidad y el agua. Entre las carpetas del gobierno de Macri hay varios proyectos de electromovilidad, un tema central y muy avanzado en las grandes ciudades en el que la Argentina recién garabatea los primeros palotes.
Muchas cosas necesarias, como por ejemplo la instalación de líneas especiales para cargar la batería de un auto en una cochera, sea propia o alquilada, dependen de regulaciones. Y toso eso está, por ahora quito y sin novedades.
Tampoco es posible que los domicilios instalen medidores inteligentes, que midan la potencia y no solo el consumo, o bidireccionales, que permiten que los domicilios que generen energía solar la vendan a la red, sin golpear las puertas de regulación o los permisos de la Nación. Por eso ahora, que está en juego una cesión de terrenos pero también de obligaciones, la Ciudad tenga esas facultades.
El agua es otro tema que recorrerá la mesa. Actualmente la Ciudad tiene entre el 20% y el 25% del total del agua despachada medida. Y la idea sería avanzar en un sistema que genere ahorro de agua distinto a las pequeñas campañas de racionalización que realiza AySA.
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El Gobierno tomó casi $4 billones del mercado
Ofreció bonos ajustables por inflación; cubrió todos los vencimientos del mesJavier Blanco
El Gobierno superó ayer sin problemas el primer test de 2024 para renovar deuda en pesos o tomar financiamiento nuevo al captar del mercado $3,98 billones mediante la emisión de tres instrumentos ajustables por inflación, pese a que dos de ellos tienen vencimiento en el corto plazo, por lo que quedarían alcanzados por el canje que planea llevar adelante el mes próximo para despejar el calendario de vencimientos del año y llegar a déficit total cero.
Es un ingreso con el que cubre los vencimientos de deuda por $3,2 billones que enfrenta en los próximos días (87% en manos de privados) y que le permite, además, quedarse con unos $875.000 millones que volverá a usar para recomprarle al Banco Central (BCRA) –alp recio de cierre de ayer–el Bono CER +4,25%( T 5 X 4) –por caducar el 13 de diciembre próximo– que esa entidad tiene en cartera, según se anunció.
Así, y por segunda vez, le comprará al ente monetario un papel de deuda no “licuable” que tenía en su poder mientras sigue sin cancelarle los préstamos recibidos vía Adelantos Transitorios (AT), una estrategia que le produce ahorros al Tesoro Nacional pero que le resta algo de respaldo al devaluado peso. El 21 de diciembre pasado ya había hecho la recompra de TDF24 por $1,9 billones junto con otros $950.000 millones del Discount en pesos.
Por lo pronto, y gracias a las garantías de recompra vía put que el BCRA ofrece a los bancos (las licitará hoy), la demanda de papeles de la deuda pública por parte de estas entidades o sus controladas (fondos de inversión, compañías de seguro) sigue siendo muy elevada, en parte, porque buscan bajar su exposición a los pases pasivos, que pagan una tasa nominal del 100% anual, muy negativa actualmente.
Esto queda a la vista en los $4,6 billones que se presentaron mediante 2073 ofertas de compra, lo que le dio a la Secretaría de Hacienda la chance de ser selectivo en las adjudicaciones tomando en cuenta la curva de tasas y de vencimientos.
El papel más demandado fue la Letra con ajuste CER que vence en poco más de un mes (el 20 de febrero) pero que funcionó como un papel a tasa fija dado que el recorrido de ese indexador ya quedó establecido hasta el 15 de febrero.
Tal vez por eso por la reapertura de este instrumento (X20F4) se presentaron ofertas por algo más de $2,65 billones, aunque resultaron adjudicados $1,07 billones a un precio de $1627,00 por lámina de $1000 originales, lo que supone una tasa efectiva mensual del 7,86%. “Es una tasa menor a la de un plazo fijo. Para el Gobierno fue una buena licitación en general y con acceso a financiamiento barato, en ese caso”, evaluó al respecto el presidente de Patente Valores, Santiago López Alfaro.
Luego se presentaron $1,7 billones en ofertas de compra por la Lecer a vencer el 20 de mayo (en 3 meses), las que fueron aceptadas en un 89% (hubo adjudicaciones por $1,58 billones) y apenas otros $253.631 millones se volcaron a la compra del Boncer con sobretasa de 1,8% por vencer el 9 de noviembre de 2025.
“El Tesoro devuelve buena parte de los pesos que emite el BCRA para comprar reservas y mientras va cambiando pasivos BCRA por deuda Tesoro”, observó el analista Leandro Ziccarelli.
http://indecquetrabajaiii.blogspot.com.ar/. INDECQUETRABAJA
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