Con terror y amenazas, los narcos buscan poner límites al desembarco de Pullaro
El gobernador advirtió que “no va a aflojar” con sus medidas; desde su gobierno reclaman mayor aporte de las fuerzas federales
Germán de los Santos
El primer mes de gestión de Pullaro quedó absorbido por el tema inseguridad
ROSARIO.– Desde que asumió hace poco más de un mes, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, es blanco de amenazas de manera casi cotidiana. Su vida cambió y también sus preocupaciones, aunque su rutina sigue siendo vertiginosa, sin descanso. Su familia, según confesó, tuvo que salir de Rosario para tener una mayor protección. “No voy a aflojar. Es ahora o nunca”, admitió Pullaro en diálogo
La situación preocupa al gobierno de Javier Milei, que enfrenta una tormenta económica, pero en cuyo horizonte no estaba tener que lidiar con problemas derivados del crimen organizado. El despliegue de fuerzas federales en Rosario, bajo el lema del operativo Bandera, no conforma al gobierno santafesino, que cuestiona que la visibilidad que les da Patricia Bullrich a sus actos en Santa Fe no se condice con lo que aporta el Ministerio de Seguridad. Hay solo diez móviles de la Gendarmería en las calles, detalló una alta fuente del gobierno santafesino.
Pullaro está preocupado porque en Rosario, como quedó demostrado a lo largo de la historia reciente, las amenazas se cumplen, más aún cuando tienen un detonante muy puntual: haber tocado el negocio de la mafia narco que funciona desde las cárceles. “Creen que es contra una banda puntual, pero es contra todos”, advirtieron.
Pullaro está convencido de que la tensión no va a durar menos de seis meses. Por eso, en el gobierno tampoco cayó bien la exaltación que hizo Bullrich de que en los primeros diez días de enero hubo una baja en los asesinatos. El sábado a la mañana encontraron los cadáveres de tres personas asesinadas a machetazos en Capitán Bermúdez, una ciudad cercana a Rosario.
“Marcamos un límite muy claro y se van a tener que dar cuenta de que en las cárceles no se pueden cometer más delitos”, afirmó el gobernador. El riesgo es que ese límite lo corran los grupos mafiosos con terror en las calles.
El fenómeno criminal de Rosario sufrió una transformación profunda a lo largo de los últimos cinco años. Las bandas que surgieron de la venta de drogas al menudeo, con un despliegue territorial en los sectores más empobrecidos de la periferia rosarina, donde hay 112 villas de emergencia según registros oficiales, fueron identificadas por la Justicia y la mayoría de los líderes y cuadros secundarios fueron enviados a prisión, muchos de ellos con extensas condenas, como el líder de Los Monos, Ariel Cantero, que carga sobre sus espaldas con más de 110 años de prisión.
Como sucedió en otros países de Latinoamérica –el caso de Ecuador es uno de los más palpables–, donde las prisiones se transformaron en usinas de los grupos criminales, en Rosario los presos continuaron con sus negocios ilegales, siempre con la ayuda de complicidades, sobre todo a la hora de garantizar el acceso de los teléfonos celulares. En Brasil, el uso de los smartphones en las cárceles cambió la propia dinámica de funcionamiento, que pasaron a manejarse en redes como si fueran filiales, todas interconectadas a través de grupos con aplicaciones de mensajería, como ocurrió con Primer Comando Capital (PCC).
En Santa Fe los presos se adaptaron a las restricciones que imponía el encierro. Así nacieron nuevos emprendimientos, como las extorsiones o las franquicias para distribuir drogas –la marca, por ejemplo, de Los Monos tiene peso propio en el mercado–, que las cometen los mismos grupos que venden estupefacientes. Por ese motivo, empezaron a crecer a lo largo de los últimos cinco años las llamadas “balaceras”: ataques a tiros para intimidar y lograr obtener dinero de todo tipo de comercios y empresas. La Justicia creó la unidad especial de balaceras, que investiga más de 600 casos por año, que representa menos de la mitad de lo que se denuncia.
Un caso que muestra este esquema mafioso es lo que sucedió con el Cirque du Solei, que estrenó en Rosario a mediados de agosto pasado su espectáculo Messi10, un homenaje temático al capitán de la selección nacional. Un grupo ligado a Los Monos reclamó 100.000 dólares a los productores del espectáculo, que se realizó en el estadio del club Provincial. Como no pagaron el “impuesto narco” primero dejaron una bala en los camarines para alertar lo que iba a venir y al otro día soldaditos en moto dispararon a la salida del público.
El Cirque du Soleil no fue el único damnificado del sector de espectáculos. En una investigación que realizaron los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra detectaron que casi todos los shows musicales que se realizaron el último año en Rosario –por ejemplo, Las Pelotas, Fito Páez, Babasónicos, Divididos, Jorge Drexler, entre otros– los productores debieron pagar el tributo narco con entradas, que después se revendían. El fenómeno mafioso se expandió a todos los rubros y su centro de operaciones son las cárceles, que en Santa Fe están colapsadas con una sobrepoblación carcelaria de más de un 20 por ciento, que transforma la situación en una bomba de tiempo.
Actualmente, según detalló Lucía Masneri, secretaria de Asuntos Penitenciarios, hay 9087 internos y unos 1500 presos alojados en comisarías. En la nueva gestión identificaron que existía “miedo” por parte de los agentes del Servicio Penitenciario a llevar adelante controles más estrictos en los penales. “Había una especie de pacto, que consistía en que para que no haya motines o conflictos internos no se hacían requisas ni controles”, apuntaron. Esto creó una “casta” dentro de la cárcel, que es dominada por los grupos narco más pesados. En las causas judiciales se detectó que gran parte de los 259 asesinatos que se cometieron en 2023 tenían un origen en las cárceles, donde se daban las órdenes a los sicarios.
En Santa Fe pretenden que el mayor rigor que se impuso en los pabellones de alto perfil de las cárceles provinciales tenga un correlato en las prisiones federales, fundamentalmente las de Marcos Paz y Ezeiza, donde están alojados los líderes de las bandas narco, como Cantero, Esteban Alvarado y Julio Rodríguez Granthon.
En la cartera de Bullrich preparan cambios en la normativa que regula el funcionamiento de los cumplimientos de las penas. Se apunta a que los presos considerados de alto perfil tengan un trato diferente, con mayores controles internos en la cárcel para evitar que sigan cometiendo delitos. El subsecretario de Asuntos Penitenciarios, Julián Curi, explicó a la nacion que los cambios que se quieren implementar pasan por identificar a los internos de alto perfil y generar mayores controles en los lugares de detención, como por ejemplo con el tema de las visitas, que sean solo familiares directos y que el encuentro sea a través de un blindex.
La preocupación de Pullaro fue en aumento esta semana por las amenazas, luego de que en una investigación judicial que llevó adelante el fiscal Franco Carbone se detectó que un narco alojado en el penal de Ezeiza –luego trasladado a Marcos Paz–, que se llama Francisco Riquelme, había planeado atentados contra una comisaría y una escuela, donde los soldaditos dejaron amenazas contra el gobernador. “Riquelme avisó lo que iba a hacer a empleados del Servicio Penitenciario Federal y lo cumplió. Pagó 100.000 pesos a cada soldadito para amenazar al gobernador y llevar adelante atentados”, plantearon en el gobierno. “Es muy grave”, apuntó Pullaro.
El problema que enfrenta la gestión provincial, según señalan, es el estado “calamitoso” de la infraestructura de las fuerzas de seguridad. En la primera semana de gestión había solo 20 patrulleros en condiciones de recorrer las calles de una ciudad de 1,2 millones de habitantes. En un galpón de la jefatura de policía encontraron más de 300 móviles “descompuestos”, a muchos de los cuales solo les hacía falta un cambio de batería. “Si controlamos la cárcel, vamos a poder tener control en la calle”, desafió Pullaro. Eso explica, según él, sus decisiones contra los presos de alto perfil de bandas pesadas.
Otra postal de lo que ocurre en Rosario es un búnker de drogas que empezó a ser derrumbado el viernes en el barrio La Tablada. Era la casa de Jorge Funes, el padre de un clan narco que está alojado en el penal de Ezeiza. La casa de dos plantas ubicada en Ayacucho al 4300 es uno de los búnkeres históricos de Rosario. Funciona desde hace más de 20 años. Solo en ese lugar fueron asesinadas más de 15 personas, y siempre seguía activo. El búnker fue derrumbado por una orden judicial que pidió el fiscal Carbone, amparado en la adhesión, que se aprobó el 16 de diciembre, de la provincia a la desfederalización del narcomenudeo. Cuando los trabajadores golpeaban con sus mazas y martillos las paredes del lugar para derribarlo se acercó una mujer con un bebé en brazos y amenazó a los operarios. Por varias horas se suspendieron los trabajos. Nadie quería exponerse a recibir un tiro. Luego, los albañiles tuvieron que trabajar con custodia de la policía
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Crece el escándalo por desvíos de fondos en la Legislatura
La Justicia evalúa citar a 39 agentes bajo sospecha
ROSARIO.– Desde que asumió hace poco más de un mes, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, es blanco de amenazas de manera casi cotidiana. Su vida cambió y también sus preocupaciones, aunque su rutina sigue siendo vertiginosa, sin descanso. Su familia, según confesó, tuvo que salir de Rosario para tener una mayor protección. “No voy a aflojar. Es ahora o nunca”, admitió Pullaro en diálogo
La situación preocupa al gobierno de Javier Milei, que enfrenta una tormenta económica, pero en cuyo horizonte no estaba tener que lidiar con problemas derivados del crimen organizado. El despliegue de fuerzas federales en Rosario, bajo el lema del operativo Bandera, no conforma al gobierno santafesino, que cuestiona que la visibilidad que les da Patricia Bullrich a sus actos en Santa Fe no se condice con lo que aporta el Ministerio de Seguridad. Hay solo diez móviles de la Gendarmería en las calles, detalló una alta fuente del gobierno santafesino.
Pullaro está preocupado porque en Rosario, como quedó demostrado a lo largo de la historia reciente, las amenazas se cumplen, más aún cuando tienen un detonante muy puntual: haber tocado el negocio de la mafia narco que funciona desde las cárceles. “Creen que es contra una banda puntual, pero es contra todos”, advirtieron.
Pullaro está convencido de que la tensión no va a durar menos de seis meses. Por eso, en el gobierno tampoco cayó bien la exaltación que hizo Bullrich de que en los primeros diez días de enero hubo una baja en los asesinatos. El sábado a la mañana encontraron los cadáveres de tres personas asesinadas a machetazos en Capitán Bermúdez, una ciudad cercana a Rosario.
“Marcamos un límite muy claro y se van a tener que dar cuenta de que en las cárceles no se pueden cometer más delitos”, afirmó el gobernador. El riesgo es que ese límite lo corran los grupos mafiosos con terror en las calles.
El fenómeno criminal de Rosario sufrió una transformación profunda a lo largo de los últimos cinco años. Las bandas que surgieron de la venta de drogas al menudeo, con un despliegue territorial en los sectores más empobrecidos de la periferia rosarina, donde hay 112 villas de emergencia según registros oficiales, fueron identificadas por la Justicia y la mayoría de los líderes y cuadros secundarios fueron enviados a prisión, muchos de ellos con extensas condenas, como el líder de Los Monos, Ariel Cantero, que carga sobre sus espaldas con más de 110 años de prisión.
Como sucedió en otros países de Latinoamérica –el caso de Ecuador es uno de los más palpables–, donde las prisiones se transformaron en usinas de los grupos criminales, en Rosario los presos continuaron con sus negocios ilegales, siempre con la ayuda de complicidades, sobre todo a la hora de garantizar el acceso de los teléfonos celulares. En Brasil, el uso de los smartphones en las cárceles cambió la propia dinámica de funcionamiento, que pasaron a manejarse en redes como si fueran filiales, todas interconectadas a través de grupos con aplicaciones de mensajería, como ocurrió con Primer Comando Capital (PCC).
En Santa Fe los presos se adaptaron a las restricciones que imponía el encierro. Así nacieron nuevos emprendimientos, como las extorsiones o las franquicias para distribuir drogas –la marca, por ejemplo, de Los Monos tiene peso propio en el mercado–, que las cometen los mismos grupos que venden estupefacientes. Por ese motivo, empezaron a crecer a lo largo de los últimos cinco años las llamadas “balaceras”: ataques a tiros para intimidar y lograr obtener dinero de todo tipo de comercios y empresas. La Justicia creó la unidad especial de balaceras, que investiga más de 600 casos por año, que representa menos de la mitad de lo que se denuncia.
Un caso que muestra este esquema mafioso es lo que sucedió con el Cirque du Solei, que estrenó en Rosario a mediados de agosto pasado su espectáculo Messi10, un homenaje temático al capitán de la selección nacional. Un grupo ligado a Los Monos reclamó 100.000 dólares a los productores del espectáculo, que se realizó en el estadio del club Provincial. Como no pagaron el “impuesto narco” primero dejaron una bala en los camarines para alertar lo que iba a venir y al otro día soldaditos en moto dispararon a la salida del público.
El Cirque du Soleil no fue el único damnificado del sector de espectáculos. En una investigación que realizaron los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra detectaron que casi todos los shows musicales que se realizaron el último año en Rosario –por ejemplo, Las Pelotas, Fito Páez, Babasónicos, Divididos, Jorge Drexler, entre otros– los productores debieron pagar el tributo narco con entradas, que después se revendían. El fenómeno mafioso se expandió a todos los rubros y su centro de operaciones son las cárceles, que en Santa Fe están colapsadas con una sobrepoblación carcelaria de más de un 20 por ciento, que transforma la situación en una bomba de tiempo.
Actualmente, según detalló Lucía Masneri, secretaria de Asuntos Penitenciarios, hay 9087 internos y unos 1500 presos alojados en comisarías. En la nueva gestión identificaron que existía “miedo” por parte de los agentes del Servicio Penitenciario a llevar adelante controles más estrictos en los penales. “Había una especie de pacto, que consistía en que para que no haya motines o conflictos internos no se hacían requisas ni controles”, apuntaron. Esto creó una “casta” dentro de la cárcel, que es dominada por los grupos narco más pesados. En las causas judiciales se detectó que gran parte de los 259 asesinatos que se cometieron en 2023 tenían un origen en las cárceles, donde se daban las órdenes a los sicarios.
En Santa Fe pretenden que el mayor rigor que se impuso en los pabellones de alto perfil de las cárceles provinciales tenga un correlato en las prisiones federales, fundamentalmente las de Marcos Paz y Ezeiza, donde están alojados los líderes de las bandas narco, como Cantero, Esteban Alvarado y Julio Rodríguez Granthon.
En la cartera de Bullrich preparan cambios en la normativa que regula el funcionamiento de los cumplimientos de las penas. Se apunta a que los presos considerados de alto perfil tengan un trato diferente, con mayores controles internos en la cárcel para evitar que sigan cometiendo delitos. El subsecretario de Asuntos Penitenciarios, Julián Curi, explicó a la nacion que los cambios que se quieren implementar pasan por identificar a los internos de alto perfil y generar mayores controles en los lugares de detención, como por ejemplo con el tema de las visitas, que sean solo familiares directos y que el encuentro sea a través de un blindex.
La preocupación de Pullaro fue en aumento esta semana por las amenazas, luego de que en una investigación judicial que llevó adelante el fiscal Franco Carbone se detectó que un narco alojado en el penal de Ezeiza –luego trasladado a Marcos Paz–, que se llama Francisco Riquelme, había planeado atentados contra una comisaría y una escuela, donde los soldaditos dejaron amenazas contra el gobernador. “Riquelme avisó lo que iba a hacer a empleados del Servicio Penitenciario Federal y lo cumplió. Pagó 100.000 pesos a cada soldadito para amenazar al gobernador y llevar adelante atentados”, plantearon en el gobierno. “Es muy grave”, apuntó Pullaro.
El problema que enfrenta la gestión provincial, según señalan, es el estado “calamitoso” de la infraestructura de las fuerzas de seguridad. En la primera semana de gestión había solo 20 patrulleros en condiciones de recorrer las calles de una ciudad de 1,2 millones de habitantes. En un galpón de la jefatura de policía encontraron más de 300 móviles “descompuestos”, a muchos de los cuales solo les hacía falta un cambio de batería. “Si controlamos la cárcel, vamos a poder tener control en la calle”, desafió Pullaro. Eso explica, según él, sus decisiones contra los presos de alto perfil de bandas pesadas.
Otra postal de lo que ocurre en Rosario es un búnker de drogas que empezó a ser derrumbado el viernes en el barrio La Tablada. Era la casa de Jorge Funes, el padre de un clan narco que está alojado en el penal de Ezeiza. La casa de dos plantas ubicada en Ayacucho al 4300 es uno de los búnkeres históricos de Rosario. Funciona desde hace más de 20 años. Solo en ese lugar fueron asesinadas más de 15 personas, y siempre seguía activo. El búnker fue derrumbado por una orden judicial que pidió el fiscal Carbone, amparado en la adhesión, que se aprobó el 16 de diciembre, de la provincia a la desfederalización del narcomenudeo. Cuando los trabajadores golpeaban con sus mazas y martillos las paredes del lugar para derribarlo se acercó una mujer con un bebé en brazos y amenazó a los operarios. Por varias horas se suspendieron los trabajos. Nadie quería exponerse a recibir un tiro. Luego, los albañiles tuvieron que trabajar con custodia de la policía
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Crece el escándalo por desvíos de fondos en la Legislatura
La Justicia evalúa citar a 39 agentes bajo sospecha
Hugo Alconada Mon captura
El hombre y la mujer que fueron registrados mientras extraían dinero de los cajeros
La Fiscalía identificó a 39 empleados del Senado bonaerense que habrían participado del desvío de fondos públicos en el caso Chocolate, donde se investiga la conformación de una asociación ilícita para malversar cientos de millones de pesos de las arcas de la provincia. Los titulares de tarjetas de débito quedaron en la mira tras un análisis de las cámaras del Banco Provincia.
LA PLATA.– La Fiscalía que investiga la conformación de una asociación ilícita que desvió cientos de millones de pesos de las arcas públicas bonaerenses a través del uso intensivo de “ñoquis” y prestanombres en la Legislatura bonaerense identificó a otros 39 empleados que habrían participado en la maniobra delictiva, pero desde el Senado provincial. Y los primeros datos sobre esos sospechosos resultan inquietantes, según reconstruyó la nacion.
Al menos cinco de esos 39 empleados del Senado bajo sospecha trabajan o trabajaron en la municipalidad de La Plata, otro en la Cámara de Diputados provincial y otra más en la Dirección General de Escuelas. Varios figuran como empleados de comercio o gastronómicos; otro, en una empresa de caudales y otro más en los clubes River Plate y Estudiantes. Y tres aparecen en el Programa Hogar que subsidia las garrafas de gas, otros tres como beneficiarios de planes sociales y al menos una como jubilada.
El listado muestra, además, vínculos entre varios de esos 39 empleados públicos, que tienen entre 18 y 69 años y se inscribieron ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) como monotributistas, peluqueros y vendedores de cosas muebles, entre otras opciones. Y aparecen, además, seis posibles grupos familiares, según constató la nacion, radicados en esta capital, Ensenada, Melchor Romero, San Carlos y Tolosa.
Esos 39 empleados del Senado bonaerense quedaron en la mira de la fiscalía tras un análisis de las cámaras de seguridad del Banco Provincia, donde los investigadores detectaron que Julio “Chocolate” Rigau, quien permanece detenido, coincidió y se saludó, entre las 5 y 6 de la mañana de tres días de agosto y septiembre de 2023, con un hombre y una mujer que también extrajeron dinero de los cajeros automáticos con múltiples tarjetas de débito.
La fiscal Betina Lacki requirió entonces al Banco Provincia que le informara qué tarjetas de débito registraron movimiento a esas horas, de esos días, en esos cajeros, de esas sucursales. Y la respuesta fue que correspondían a 39 empleados del Senado bonaerense.
Con los nombres de los titulares de esas tarjetas en sus manos, la fiscal Lacki avanzó otros dos pasos. Le requirió al Senado que le informe si esas 39 personas figuran en sus registros como empleados de planta permanente o temporaria, y le solicitó al Bapro que le precise qué domicilios consignaron los titulares de esas tarjetas en los formularios habituales.
La Fiscalía busca así avanzar otro paso en la investigación criminal que comenzó el 8 de septiembre pasado, cuando Chocolate Rigau fue detenido mientras extraía dinero de 48 tarjetas de débito que estaban a nombre de supuestos empleados de la Cámara de Diputados provincial, considerados presuntos partícipes necesarios de una estafa al Estado bonaerense por al menos $800 millones.
Para la Justicia, ese supuesto entramado criminal también alcanza al subdirector de Personal de la Cámara, Claudio Albini, y su hijo, Facundo, concejal platense, pero los máximos responsables todavía permanecen en las sombras, según afirmó el juez de Garantías, Guillermo Federico Atencio, al igual que las identidades del hombre y la mujer que extrajeron fondos de las 39 tarjetas del Senado provincial. Con los avances de la pesquisa queda probado, en ese sentido, que el entramado criminal no se acota a la Cámara de Diputados bonaerense, que preside Alejandro Dichiara, sino que alcanza al Senado provincial, que lidera la vicegobernadora Verónica Magario, con la participación de los principales espacios: Unión por la Patria, Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza.
El listado de 39 empleados del Senado incluye a Emanuel Almeida (31 años), Sofía Alnival (18 años), José Contreras (60), Alejandro Detlefsen (45, que trabaja o trabajó para los clubes River y Estudiantes), Vanesa de la Canal (32), Lisandro Funes(37), Miguel Ángel Giménez (63), Lilian Giannini (65) y Pedro Jacolowich (59, quien trabaja o trabajó para la municipalidad).
También incluye a cuatro personas de apellido Benzo –Juan Héctor (64 años, que es o fue empleado de la municipalidad), Adriana (39), Maximiliano (35, también en la municipalidad) y Yamila (32)–, junto a Nadia Muguerza (33, que trabaja o trabajó en la Dirección de Escuelas y es familiar política de los Benzo) y Laura Muguerza (44), que a su vez trabaja o trabajó para otra mujer del listado, Ileana Salamanco (46). A estos nombres se suman Romina Licursi (35), Rubén Matías (63), Brisa (20) y Silvia Novilla (56, que trabaja o trabajó para la municipalidad), Marta Pereyra (61) y Yolanda Pérez (69, jubilada), Gabriel Pinceti (63) y Alicia Reyes (43, que figura en los registros comerciales como accionista en dos sociedades de responsabilidad limitada y trabaja o trabajó para el Senado y la Cámara de Diputados bonaerense).
Otrogrupofamiliarenellistadode los 39 sospechosos, en tanto, incluye a cuatro personas de apellido Saraqui: Karina (50), María de los Ángeles (39), Kevin (26, empleado actual o en el pasado de la municipalidad de La Plata) y Carla (36, que figura como beneficiaria de una Asignación Universal por Hijo, AUH). Entre los 39 empleados bajo sospecha también aparecen tres beneficiarios del Programa Hogar, que subsidia la garrafa social: Jacqueline Herrera (44), Isabel Piaccentini (33) y Víctor Uribe (32), quien además consta en los registros como receptor de una asignación familiar.
El listado abarca, por último, a Pamela Soto (28), Nahuel Varela, y dos grupos familiares: los Toloza –Mercedes, 50; Sergio, 47; y Paola, 44–, y los Villegas (Patricia, 57, registrada como personal de maestranza; Alejandro, 50, empleado actual o en el pasado de una empresa de caudales y beneficiario de una Asignación Universal por hijo; y Jonathan, 23).
La fiscal Lacki espera ahora las respuestas del Senado y del Banco Provincia para definir si cita a declaración indagatoria a los 39 titulares de tarjetas de débito como lo dispuso meses atrás con los 48 “ñoquis” y prestanombres de la Cámara de Diputados, varios de los cuales terminaron detenidos hasta que el juez Atencio los excarceló, aunque continúan procesados como partícipes necesarios de la operatoria criminal.
La Fiscalía identificó a 39 empleados del Senado bonaerense que habrían participado del desvío de fondos públicos en el caso Chocolate, donde se investiga la conformación de una asociación ilícita para malversar cientos de millones de pesos de las arcas de la provincia. Los titulares de tarjetas de débito quedaron en la mira tras un análisis de las cámaras del Banco Provincia.
LA PLATA.– La Fiscalía que investiga la conformación de una asociación ilícita que desvió cientos de millones de pesos de las arcas públicas bonaerenses a través del uso intensivo de “ñoquis” y prestanombres en la Legislatura bonaerense identificó a otros 39 empleados que habrían participado en la maniobra delictiva, pero desde el Senado provincial. Y los primeros datos sobre esos sospechosos resultan inquietantes, según reconstruyó la nacion.
Al menos cinco de esos 39 empleados del Senado bajo sospecha trabajan o trabajaron en la municipalidad de La Plata, otro en la Cámara de Diputados provincial y otra más en la Dirección General de Escuelas. Varios figuran como empleados de comercio o gastronómicos; otro, en una empresa de caudales y otro más en los clubes River Plate y Estudiantes. Y tres aparecen en el Programa Hogar que subsidia las garrafas de gas, otros tres como beneficiarios de planes sociales y al menos una como jubilada.
El listado muestra, además, vínculos entre varios de esos 39 empleados públicos, que tienen entre 18 y 69 años y se inscribieron ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) como monotributistas, peluqueros y vendedores de cosas muebles, entre otras opciones. Y aparecen, además, seis posibles grupos familiares, según constató la nacion, radicados en esta capital, Ensenada, Melchor Romero, San Carlos y Tolosa.
Esos 39 empleados del Senado bonaerense quedaron en la mira de la fiscalía tras un análisis de las cámaras de seguridad del Banco Provincia, donde los investigadores detectaron que Julio “Chocolate” Rigau, quien permanece detenido, coincidió y se saludó, entre las 5 y 6 de la mañana de tres días de agosto y septiembre de 2023, con un hombre y una mujer que también extrajeron dinero de los cajeros automáticos con múltiples tarjetas de débito.
La fiscal Betina Lacki requirió entonces al Banco Provincia que le informara qué tarjetas de débito registraron movimiento a esas horas, de esos días, en esos cajeros, de esas sucursales. Y la respuesta fue que correspondían a 39 empleados del Senado bonaerense.
Con los nombres de los titulares de esas tarjetas en sus manos, la fiscal Lacki avanzó otros dos pasos. Le requirió al Senado que le informe si esas 39 personas figuran en sus registros como empleados de planta permanente o temporaria, y le solicitó al Bapro que le precise qué domicilios consignaron los titulares de esas tarjetas en los formularios habituales.
La Fiscalía busca así avanzar otro paso en la investigación criminal que comenzó el 8 de septiembre pasado, cuando Chocolate Rigau fue detenido mientras extraía dinero de 48 tarjetas de débito que estaban a nombre de supuestos empleados de la Cámara de Diputados provincial, considerados presuntos partícipes necesarios de una estafa al Estado bonaerense por al menos $800 millones.
Para la Justicia, ese supuesto entramado criminal también alcanza al subdirector de Personal de la Cámara, Claudio Albini, y su hijo, Facundo, concejal platense, pero los máximos responsables todavía permanecen en las sombras, según afirmó el juez de Garantías, Guillermo Federico Atencio, al igual que las identidades del hombre y la mujer que extrajeron fondos de las 39 tarjetas del Senado provincial. Con los avances de la pesquisa queda probado, en ese sentido, que el entramado criminal no se acota a la Cámara de Diputados bonaerense, que preside Alejandro Dichiara, sino que alcanza al Senado provincial, que lidera la vicegobernadora Verónica Magario, con la participación de los principales espacios: Unión por la Patria, Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza.
El listado de 39 empleados del Senado incluye a Emanuel Almeida (31 años), Sofía Alnival (18 años), José Contreras (60), Alejandro Detlefsen (45, que trabaja o trabajó para los clubes River y Estudiantes), Vanesa de la Canal (32), Lisandro Funes(37), Miguel Ángel Giménez (63), Lilian Giannini (65) y Pedro Jacolowich (59, quien trabaja o trabajó para la municipalidad).
También incluye a cuatro personas de apellido Benzo –Juan Héctor (64 años, que es o fue empleado de la municipalidad), Adriana (39), Maximiliano (35, también en la municipalidad) y Yamila (32)–, junto a Nadia Muguerza (33, que trabaja o trabajó en la Dirección de Escuelas y es familiar política de los Benzo) y Laura Muguerza (44), que a su vez trabaja o trabajó para otra mujer del listado, Ileana Salamanco (46). A estos nombres se suman Romina Licursi (35), Rubén Matías (63), Brisa (20) y Silvia Novilla (56, que trabaja o trabajó para la municipalidad), Marta Pereyra (61) y Yolanda Pérez (69, jubilada), Gabriel Pinceti (63) y Alicia Reyes (43, que figura en los registros comerciales como accionista en dos sociedades de responsabilidad limitada y trabaja o trabajó para el Senado y la Cámara de Diputados bonaerense).
Otrogrupofamiliarenellistadode los 39 sospechosos, en tanto, incluye a cuatro personas de apellido Saraqui: Karina (50), María de los Ángeles (39), Kevin (26, empleado actual o en el pasado de la municipalidad de La Plata) y Carla (36, que figura como beneficiaria de una Asignación Universal por Hijo, AUH). Entre los 39 empleados bajo sospecha también aparecen tres beneficiarios del Programa Hogar, que subsidia la garrafa social: Jacqueline Herrera (44), Isabel Piaccentini (33) y Víctor Uribe (32), quien además consta en los registros como receptor de una asignación familiar.
El listado abarca, por último, a Pamela Soto (28), Nahuel Varela, y dos grupos familiares: los Toloza –Mercedes, 50; Sergio, 47; y Paola, 44–, y los Villegas (Patricia, 57, registrada como personal de maestranza; Alejandro, 50, empleado actual o en el pasado de una empresa de caudales y beneficiario de una Asignación Universal por hijo; y Jonathan, 23).
La fiscal Lacki espera ahora las respuestas del Senado y del Banco Provincia para definir si cita a declaración indagatoria a los 39 titulares de tarjetas de débito como lo dispuso meses atrás con los 48 “ñoquis” y prestanombres de la Cámara de Diputados, varios de los cuales terminaron detenidos hasta que el juez Atencio los excarceló, aunque continúan procesados como partícipes necesarios de la operatoria criminal.
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