FRENO Y LOS HEREDADOS

Pocas obras públicas, en una incierta transición
Están paradas, a la espera de un modelo de inversión privada.

Diego Cabot
La obra pública fue, alguna vez, uno de los principales actores a la hora de hacer campaña. Pero, para pesar de la maltrecha infraestructura argentina, ese tiempo es historia.
“El cemento no se come”, le enrostró Mayra Mendoza a Martiniano Molina, entonces intendente de Quilmes, en aquella campaña de 2019. Fue el preludio de lo que se vendría: en el juego de la seducción al votante, la plata en el bolsillo vale más que la infraestructura. Pesos frescos, aunque devaluados, matan cemento.
En los últimos cuatro años, el Ministerio de Obras Públicas nacional tuvo en su cartera de proyectos una gran mayoría de iniciativas que hasta hace no tanto tiempo las hacían los municipios. Obras menores, desde el cordón cuneta hasta una pocas cuadras de asfalto.
Los escasos proyectos que generan desarrollo, como por ejemplo las autopistas, los puertos o las obras energéticas, quedaron para otro momento o, en todo caso, están paralizadas, a la espera de las definiciones que todavía no llegan desde la cúpula del poder en la Casa Rosada.
Los gastos
Solo para ilustrar aquella consigna del inicio –billete mata cemento–, vale mirar la ejecución presupuestaria del año pasado.
El Ministerio de Obras Públicas gastó 2,35% del presupuesto total de la Administración Pública Nacional, mientras que el de Desarrollo Social, que ahora ya está subsumido dentro del de Capital Humano, hizo cheques por 5,41%, casi el doble. Desarrollo Territorial y Hábitat, donde se concentran los planes de vivienda, apenas llegó a 0,75 por ciento.
¿Que pasó en 2021, primer año después de la pandemia? La cartera que manejaba Victoria Tolosa Paz ejecutó un 4,85% del total del presupuesto de la Nación; el que comandaba Gabriel Katopodis, el 3,14%, y el que dirigió Jorge Ferraresi, 2,72%. Es decir, el desplome de la obra pública como política de Estado se produjo en el gobierno de Alberto Fernández. No es tanto lo que debería paralizar el presidente Javier Milei.
“Tenemos la Hidrovía caída desde hace años; el puerto de Buenos Aires, también; las centrales hidroeléctricas, los corredores viales, los ferroviarios, todo eso se ha caído. Pensamos que el Estado se tiene que retirar de todo lo que puede hacer el sector privado, se tiene que retirar no solo económicamente, sino también regulatoriamente” dijo el ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro, el jueves, ante el plenario de comisiones del Congreso, en el debate sobre la ley ómnibus que envió el Poder Ejecutivo.
Las represas sobre el río Santa Cruz, llamadas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic, están ahora inmersas en un enorme interrogante, aunque, seguramente, el poder de fuego de la diplomacia china generará las condiciones como para que no se termine de paralizar.
La autopista Perón, que une 12 partidos del conurbano bonaerense y es el tercer cordón circunvalar del área metropolitana, tiene 52 kilómetros habilitados de 85 totales y nadie sabe si se terminará o si se optará por un concesionario privado. Por ahora, todo lento y a la espera de lo que pasará en la nueva gestión.
En decenas de obras se han retirado las máquinas y la parálisis es total. Por caso, la ampliación de 20 kilómetros de la ruta 5, un proyecto que pretendía hacer autovía la traza desde Mercedes hasta Suipacha, está abandonada.
La obra, que se presupuestó en 3902 millones de pesos, fue adjudicada por el ministro Gabriel Katopodis en enero de 2022 a CPC, la constructora de Cristóbal López. El plazo de ejecución era de 36 meses. Ya pasaron 24 y nunca se puso un centímetro de asfalto. Apenas, movimiento de suelo que ahora es un enorme cantero de pastos silvestres que, de a poco, cubren de verde el listón paralelo a la ruta.
Sin presupuesto
Son varios los ministerios que ejecutan obras aunque, claro, el de Infraestructura es el que más importancia tiene. Las secretarías de Transporte, Vivienda y Obras Públicas, por lejos, son las que más áreas tienen relacionadas a la construcción.
Sus secretarios, por ahora, no saben con qué presupuestos contarán como para poder decidir qué continúa y qué no. “Suponemos que esta semana estará terminado el presupuesto para conocer qué partidas vamos a tener para gastar en el año, y con eso, imagino, podemos empezar a planificar qué sigue y qué no”, dijo un funcionario del área.
El punto es que la Administración Pública funcionará este 2024 con el presupuesto del año pasado ya que, de acuerdo con el pedido del propio Javier Milei a Sergio Massa en plena campaña, la discusión en el Congreso se pospuso para después de las elecciones.
Pasó el día, y el oficialismo prefirió no abrir otro frente de batalla y funcionar con la vieja norma, actualizada. Pero ese trámite, complejo porque cambió el diseño de la administración pública, aún no está terminado y los ministerios no saben con qué dinero podrán contar para avanzar, o no, en los proyectos por ahora quietos.
De acuerdo con lo que confiaron dos fuentes oficiales a la nacion, la obra pública será sometida a una zaranda. Lo primero que pasará serán los proyectos que tengan financiamiento internacional. De hecho, la semana pasa, el secretario de Transporte, Franco Moguetta, se reunió con representantes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y con el banco de fomento CAF para ponerse al corriente de estas obras. En el Gobierno dicen que se van a continuar.
Luego vendrán los iniciados. Ahí se mirará un solo número: el porcentaje de ejecución. De acuerdo con el nivel de avance de la obra se decidirá qué hacer con ellas. “Las que estén cerca de ser terminadas seguramente se terminarán. Las otras, lamentablemente, se paralizan”, dice un funcionario. Será esa, una mirada artesanal, de cada proyecto. Finalmente, las que no se iniciaron, no se iniciarán, al menos con el esquema de obra pública tradicional.
“Los invito a pensar qué gran obra de infraestructura grande se hizo desde los 90 hasta la fecha. No tenemos centrales hidroeléctricas nuevas, no tenemos accesos viales nuevos, tampoco puertos. Todo lo que fue concesionado se ha ido cayendo desde 2015 hasta la fecha”, dijo Ferraro.
En los últimos cuatro años se financiaron proyectos que hacían los municipios
El desplome de la obra pública como política de Estado fue con Fernández
Los proyectos con financiamiento internacional son los que se ejecutarán
Régimen de incentivo
Dentro de la ley ómnibus enviada al Congreso hay un proyecto en el que el gobierno de Milei confía. Se trata del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), un sistema que no solo se aplica a la obra pública, sino a cualquier gran inversión que llegue.
De acuerdo con las explicaciones de Ferraro en el Congreso, quien adhiera y cumpla los objetivos de inversión en 2024 y 2025 tendrá una tasa del impuesto a las ganancias de 25 por ciento. Además, después del tercer año, podrá girar el 100% de los dividendos al exterior, no pagará IVA en los bienes de capital e insumos que hacen al proyecto. El impuesto a los débitos y créditos bancarios se podrá aplicar al pago de Ganancias y habrá arancel cero para importar bienes de capital e insumos necesarios para la inversión. Finalmente, se entregará una exención de derechos de exportación al tercer año.
Confían en este paquete y en las concesiones privadas. El problema que tienen ambos es la estabilidad a largo plazo, necesaria como nada para este tipo de iniciativas. Se trata de un intangible que se compra con tiempo y conducta, dos bienes escasos en la urgencia de la economía argentina.

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Kirchneristas atrincherados, conversos con bajo perfil y casilleros vacíos: postales de un Gobierno en “actualización permanente”
Un mes después de comenzada la gestión, el Gobierno modifica de modo constante el organigrama de funcionarios; Scioli, Royón, Lavagna y Yanina Martínez, algunos de los “heredados” del gobierno de Alberto Fernández
Jaime Rosemberg
Daniel Scioli, junto a directivos de la empresa aérea Flybondi, la semana pasada.

Camporistas “atrincherados” en dependencias estatales, a la espera de una decisión de sus flamantes superiores. Técnicos de distintas áreas, algunas muy sensibles, que logran pasar desapercibidos y continúan en sus cargos, a pesar de las notables diferencias ideológicas que los separan de la nueva administración. Secretarías clave aún sin ocupante asignado, y decenas de funcionarios trabajando desde hace semanas, sin confirmación oficial ni sueldo a la vista.
Un mes después de haber asumido el poder nacional casi sin tropa propia, y mientras da la batalla central, la de la economía, el gobierno de Javier Milei continúa una transición que parece interminable, con muchos casilleros por llenar, incógnitas y la sombra del ajuste proyectada sobre cada uno de los despachos oficiales.
Con la consigna de terminar con la “casta política”, el Gobierno se propuso borrar lo más rápidamente posible todo vestigio del gobierno anterior. De todos modos, algunas figuras con relevancia en el anterior mandato se sostienen en sus puestos, la mayoría con bajísimo perfil.
La economista salteña Flavia Royón, hoy en la secretaría de Minería, y el también economista Marco Lavagna, que logró extender su mandato a la cabeza del Indec, eran hasta hace escasos meses dos de los miembros de la mesa chica de Sergio Massa (rival de Milei en el balotaje) a su paso por el Ministerio de Economía, y hoy continúan. También el embajador en Brasil, Daniel Scioli, que después de años de adhesión al kirchnerismo sigue en Brasilia y ya mandó a imprimir su gorrita con la consigna “las fuerzas del cielo”. Yanina Martínez, ex número 2 del Ministerio de Turismo en el gobierno anterior, es hoy la subsecretaria de Turismo, dependiente del Ministerio del Interior que encabeza Guillermo Francos. Bien considerados por la nueva gestión, ni Scioli ni Martínez salieron sin embargo indemnes de su salida del kirchnerismo: al ex gobernador bonaerense y frustrado candidato a presidente planean cuestionarlo cuando su pliego sea analizado por el Senado, mientras que a Martínez la hostigaron en vivo y a los gritos ex compañeros en plena reunión de comisión, durante el tratamiento en comisión de la ley Ómnibus.
“¡Siempre oficialista, da lo mismo cualquier gobierno, lo importante es estar en el cargo! Ahí está la casta!”, le gritó la ex titular de Migraciones y hoy diputada, Florencia Carignano, a Martínez, quien optó por retirarse sin responder.
En esa área se sostiene una curiosidad: tanto Martínez como los subsecretarios de Ambiente y Deporte están nombrados, pero la secretaría que abarca a las tres áreas aún permanece vacante. Fuentes del Gobierno aseguran que en abril o mayo una figura de peso nacional asumirá en ese cargo, siempre bajo la órbita de Francos, que tiene como segundo al tucumano Lisandro Catalán, también heredado de la gestión de Alberto Fernández.
En el área de Cancillería, dónde recién este viernes los cuatro secretarios que acompañan a la canciller Diana Mondino fueron confirmados en sus cargos, se sostienen algunas incógnitas de peso, como las embajadas en el Vaticano, la secretaría de Culto o las embajadas en España, Italia y México. Todo hace suponer que esos cargos se ocuparán en los próximos días con diplomáticos de carrera y suenan muchos posibles candidatos, pero habrá que esperar hasta marzo para que el Senado dé el aval a embajadores políticos como Scioli, Gerardo Werthein en Estados Unidos, o el rabino Axel Wahnish en Israel.
Los medios públicos son, tal vez, una de las papas más calientes para la nueva administración. Sujetas a privatización según la ley Ómnibus que se debate en el Congreso, tanto en la agencia Télam-dónde continúa Bernarda Llorente, identificada con el kirchnerismo, por pedido del Gobierno hasta fin de mes-como en RTA, que agrupa a Radio Nacional y la Televisión Pública, hay encargados provisorios, relacionados con la gestión anterior, a la espera de definiciones sobre el futuro. En los pasillos de radio Nacional, por caso, hablan de directivos relacionados con el kirchnerismo “atrincherados”, que se niegan a renunciar. Los cambios y renuncias en la secretaría de Medios (los funcionarios originales, Belén Stettler y Eduardo Roust, ya no están) y la comunicación oficial en los ministerios, dónde también sobreviven segundas líneas de la gestión anterior, se debió en parte a que pocos quisieran ser parte en el eventual desguace del sistema público de medios.
“En muchos lugares no se nombra a nadie porque no se sabe qué va a pasar”, comentan desde una de las secretarías clave en la nueva administración.
Bernarda Llorente
La situación de Télam se repite en otros casos como Aerolíneas Argentinas, dónde quedó a cargo Fabián Lombardo, el director comercial de la gestión anterior, YPF, dónde “se están definiendo los últimos nombramientos” según fuentes de la empresa, o los puertos. Allí, esta semana quedó designado el nuevo titular de la Administración General de Puertos, Gastón Benvenuto, luego de años bajo la conducción del técnico del Instituto Patria, José Beni. Fuentes del sector hablan de unos 1500 empleados entre la AGP, el Ecovina (que controla la Hidrovía) y la subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, entes que “se superponen”, por lo que una eventual privatización de los puertos reduciría notablemente esta dotación.
Armando Cavalieri, con la ministra Sandra Pettovello y el secretario Omar Yasín: un acuerdo que hizo ruido en la CGT

En el abarcativo Ministerio de Capital Humano, que encabeza Sandra Pettovello, está completa la grilla de secretarios, pero aún restan las confirmaciones oficiales de varios subsecretarios y directores nacionales. El último casillero en vaciarse fue el del subsecretario de Trabajo, Horacio Pitrau, eyectado de su cargo luego de la foto de Pettovello con el sindicalista de los empleados de comercio, Armando Cavalieri, que generó ruido en el CGT. El de Pitrau es otro de los cargos estratégicos aún sin sucesor confirmado, más allá de que los rumores y los contactos para reemplazarlo no escasean.
“Sitio en permanente proceso de actualización”, reza el portal oficial del Estado Argentina.gob.ar, una sentencia que bien describe la actualidad en la conformación del nuevo gobierno.

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