El Gobierno hizo más concesiones y se acerca a aprobar la ley ómnibus
Aceptó pedidos de los gobernadores de JxC, en busca de un dictamen favorable
El oficialismo y los bloques dialoguistas de la oposición se aprestaban anoche a dar una señal de apoyo a la gestión de Javier Milei, con la firma de un dictamen de mayoría que destrabe el tratamiento de la ley ómnibus que envió el Gobierno poco después de asumir.
LAURA SERRA
La mayor parte de los diputados de Pro, UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal se inclinaban por firmar el despacho de mayoría en el plenario de comisiones, que empezó pasadas las 21, después de varias postergaciones. Lo harían con disidencias, con lo que el final quedará abierto hasta la sesión prevista para el jueves.
El Gobierno hizo más concesiones a pedido de los gobernadores de Juntos por el Cambio (como hacer coparticipable la recaudación del blanqueo), pero persisten diferencias en puntos claves para el paquete fiscal, como la suba de las retenciones y los cambios en la movilidad jubilatoria.
En vísperas del primer paro general convocado por la CGT y el peronismo contra el Gobierno, el oficialismo y el grueso de los diputados de los bloques de oposición dialoguista se aprestaban anoche a dar una señal política de apoyo a la nueva gestión con la firma de un dictamen de mayoría –con disidencias- sobre el megaproyecto de ley impulsado por el presidente Javier Milei. No obstante, la suerte final del proyecto recién se definiría el jueves próximo, durante la sesión en el recinto.
La redacción del dictamen se negociaba hasta última hora entre la Casa Rosada y los sectores dialoguistas que, si bien lograron sonsacarle al oficialismo varias modificaciones al texto, mantenían al cierre de esta edición fuertes reparos respecto de algunos puntos claves del megaproyecto, entre ellos la suba de retenciones y los cambios en la movilidad jubilatoria. Ambos constituyen el corazón del paquete fiscal de la iniciativa. Estas diferencias explican que, durante el plenario de comisiones que se desarrollaba anoche, la mayoría de los dialoguistas –que confluyen en Pro, UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal– decidieran suscribir el dictamen oficialista con disidencias.
“Habrá negociaciones hasta último momento, incluso durante la sesión en el recinto. Si persisten los desacuerdos, la cuestión se definirá en la votación en particular de cada uno de los artículos”, presionaban anoche los dialoguistas, que descontaban que el final está abierto y que la sesión será tan larga como extenuante. Incluso deparar sorpresas.
A manera de anticipo, un grupo de diputados “rebeldes” que pertenecen a la UCR y a Hacemos Coalición Federal decidió no firmar anoche el dictamen oficialista. En este lote se inscriben los seis diputados de la Coalición Cívica –instigados por Elisa Carrió–, Margarita Stolbizer (GEN) y Mónica Fein (socialismo) y una decena de radicales enrolados detrás del diputado Facundo Manes.
Este mosaico de legisladores no termina de digerir los cambios que incorporó el Gobierno en materia de movilidad jubilatoria. Como última oferta propuso indexar los haberes recién a partir de abril y, hasta entonces, preservar la fórmula actual; esto le permitiría al fisco esquivar la actualización de los ingresos en los meses de disparada inflacionaria.
Los legisladores de la Coalición Cívica cuestionan que, mientras el grueso del ajuste propuesto recae sobre los jubilados, el Gobierno elude quitarle privilegios impositivos y fiscales a empresas y actividades, como el régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego. “Nosotros vamos a insistir en el recinto con terminar con este privilegio, vote quien lo vote”, plantearon.
“El DNU y la ley ómnibus tal como fue presentada por el Gobierno no solo tensan los límites de la democracia por las formas, sino también empobrecerán aún más a los argentinos por el fondo –advirtió, por su parte, el radical Manes–. No es verdad que no hay opción. Mantenemos la firmeza de nuestras convicciones: sin democracia no hay desarrollo y sin un verdadero desarrollo no habrá democracia plena”.
El desplante de los díscolos al proyecto oficial preanuncia un escenario cargado de suspenso cuando, en el recinto y tras un debate maratónico, los legisladores aborden cada artículo en particular. Es en esta instancia donde los libertarios, en franca minoría aun con el eventual apoyo de Pro, podrían caer derrotados.
Negociaciones y final abierto
Conscientes de los riesgos que podrían correr en el recinto, la Casa Rosada se esforzó ayer por conceder más modificaciones para alcanzar un principio de acuerdo con los gobernadores de Juntos por el Cambio. Tras ingentes negociaciones accedió a varios planteos –entre ellos, que la recaudación del nuevo blanqueo sea coparticipable y que se mantengan vigentes dos fondos fiduciarios provinciales–, lo que permitió destrabar algunos puntos de conflicto. Los libertarios esperaban traducir esos acuerdos en un dictamen de mayoría para garantizarse la aprobación en general del proyecto.
Si bien las diferencias con los dialoguistas persistían al cierre de esta edición, el oficialismo descontaba que se alzaría con ese trofeo en las comisiones de Presupuesto, Legislación General y Asuntos Constitucionales, reunidas anoche. El objetivo era doblegar al bloque de Unión por la Patria, que presentaba un dictamen propio de rechazo al proyecto junto con los diputados de izquierda. En total, reunían 47 firmas sobre los 115 miembros de las tres comisiones.
Los detractores de la llamada “Ley de Bases” de Milei se plantaron duros contra el proyecto. Advierten que son tantas las facultades legislativas delegadas que el Presidente podrá gobernar discrecionalmente por dos años. Asimismo, alertan sobre la licuación de los haberes jubilatorios con la nueva fórmula y que las retenciones podrán ser definidas “a dedo” por el Poder Ejecutivo.
El resto de los bloques opositores, en cambio, considera que en este escenario de crisis y de disparada inflacionaria conviene concederle al Gobierno las herramientas básicas para reducir el déficit fiscal y ordenar las cuentas públicas. Ese espíri- tu colaboracionista, no obstante, no es incondicional: aun los diputados de Pro, los más afines a los libertarios, se plantarán durante el debate en particular a la hora de discutir las retenciones, uno de los puntos más conflictivos del proyecto.
Hasta anoche, el Gobierno no hizo nuevas concesiones en este capítulo. En su última oferta accedió a eliminar retenciones en 36 productos de las economías regionales pero mantuvo firme su decisión de subir el gravamen de 31 a 33% en los subproductos de la soja y el incremento del 12 al 15% en las retenciones para trigo y maíz. Los gobernadores de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y de Córdoba, Martín Llaryora, estrecharon filas para rechazar estas subas y, de paso, para reclamar más modificaciones en el capítulo sobre biocombustibles, una industria clave para ambas provincias.
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La mayor parte de los diputados de Pro, UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal se inclinaban por firmar el despacho de mayoría en el plenario de comisiones, que empezó pasadas las 21, después de varias postergaciones. Lo harían con disidencias, con lo que el final quedará abierto hasta la sesión prevista para el jueves.
El Gobierno hizo más concesiones a pedido de los gobernadores de Juntos por el Cambio (como hacer coparticipable la recaudación del blanqueo), pero persisten diferencias en puntos claves para el paquete fiscal, como la suba de las retenciones y los cambios en la movilidad jubilatoria.
En vísperas del primer paro general convocado por la CGT y el peronismo contra el Gobierno, el oficialismo y el grueso de los diputados de los bloques de oposición dialoguista se aprestaban anoche a dar una señal política de apoyo a la nueva gestión con la firma de un dictamen de mayoría –con disidencias- sobre el megaproyecto de ley impulsado por el presidente Javier Milei. No obstante, la suerte final del proyecto recién se definiría el jueves próximo, durante la sesión en el recinto.
La redacción del dictamen se negociaba hasta última hora entre la Casa Rosada y los sectores dialoguistas que, si bien lograron sonsacarle al oficialismo varias modificaciones al texto, mantenían al cierre de esta edición fuertes reparos respecto de algunos puntos claves del megaproyecto, entre ellos la suba de retenciones y los cambios en la movilidad jubilatoria. Ambos constituyen el corazón del paquete fiscal de la iniciativa. Estas diferencias explican que, durante el plenario de comisiones que se desarrollaba anoche, la mayoría de los dialoguistas –que confluyen en Pro, UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal– decidieran suscribir el dictamen oficialista con disidencias.
“Habrá negociaciones hasta último momento, incluso durante la sesión en el recinto. Si persisten los desacuerdos, la cuestión se definirá en la votación en particular de cada uno de los artículos”, presionaban anoche los dialoguistas, que descontaban que el final está abierto y que la sesión será tan larga como extenuante. Incluso deparar sorpresas.
A manera de anticipo, un grupo de diputados “rebeldes” que pertenecen a la UCR y a Hacemos Coalición Federal decidió no firmar anoche el dictamen oficialista. En este lote se inscriben los seis diputados de la Coalición Cívica –instigados por Elisa Carrió–, Margarita Stolbizer (GEN) y Mónica Fein (socialismo) y una decena de radicales enrolados detrás del diputado Facundo Manes.
Este mosaico de legisladores no termina de digerir los cambios que incorporó el Gobierno en materia de movilidad jubilatoria. Como última oferta propuso indexar los haberes recién a partir de abril y, hasta entonces, preservar la fórmula actual; esto le permitiría al fisco esquivar la actualización de los ingresos en los meses de disparada inflacionaria.
Los legisladores de la Coalición Cívica cuestionan que, mientras el grueso del ajuste propuesto recae sobre los jubilados, el Gobierno elude quitarle privilegios impositivos y fiscales a empresas y actividades, como el régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego. “Nosotros vamos a insistir en el recinto con terminar con este privilegio, vote quien lo vote”, plantearon.
“El DNU y la ley ómnibus tal como fue presentada por el Gobierno no solo tensan los límites de la democracia por las formas, sino también empobrecerán aún más a los argentinos por el fondo –advirtió, por su parte, el radical Manes–. No es verdad que no hay opción. Mantenemos la firmeza de nuestras convicciones: sin democracia no hay desarrollo y sin un verdadero desarrollo no habrá democracia plena”.
El desplante de los díscolos al proyecto oficial preanuncia un escenario cargado de suspenso cuando, en el recinto y tras un debate maratónico, los legisladores aborden cada artículo en particular. Es en esta instancia donde los libertarios, en franca minoría aun con el eventual apoyo de Pro, podrían caer derrotados.
Negociaciones y final abierto
Conscientes de los riesgos que podrían correr en el recinto, la Casa Rosada se esforzó ayer por conceder más modificaciones para alcanzar un principio de acuerdo con los gobernadores de Juntos por el Cambio. Tras ingentes negociaciones accedió a varios planteos –entre ellos, que la recaudación del nuevo blanqueo sea coparticipable y que se mantengan vigentes dos fondos fiduciarios provinciales–, lo que permitió destrabar algunos puntos de conflicto. Los libertarios esperaban traducir esos acuerdos en un dictamen de mayoría para garantizarse la aprobación en general del proyecto.
Si bien las diferencias con los dialoguistas persistían al cierre de esta edición, el oficialismo descontaba que se alzaría con ese trofeo en las comisiones de Presupuesto, Legislación General y Asuntos Constitucionales, reunidas anoche. El objetivo era doblegar al bloque de Unión por la Patria, que presentaba un dictamen propio de rechazo al proyecto junto con los diputados de izquierda. En total, reunían 47 firmas sobre los 115 miembros de las tres comisiones.
Los detractores de la llamada “Ley de Bases” de Milei se plantaron duros contra el proyecto. Advierten que son tantas las facultades legislativas delegadas que el Presidente podrá gobernar discrecionalmente por dos años. Asimismo, alertan sobre la licuación de los haberes jubilatorios con la nueva fórmula y que las retenciones podrán ser definidas “a dedo” por el Poder Ejecutivo.
El resto de los bloques opositores, en cambio, considera que en este escenario de crisis y de disparada inflacionaria conviene concederle al Gobierno las herramientas básicas para reducir el déficit fiscal y ordenar las cuentas públicas. Ese espíri- tu colaboracionista, no obstante, no es incondicional: aun los diputados de Pro, los más afines a los libertarios, se plantarán durante el debate en particular a la hora de discutir las retenciones, uno de los puntos más conflictivos del proyecto.
Hasta anoche, el Gobierno no hizo nuevas concesiones en este capítulo. En su última oferta accedió a eliminar retenciones en 36 productos de las economías regionales pero mantuvo firme su decisión de subir el gravamen de 31 a 33% en los subproductos de la soja y el incremento del 12 al 15% en las retenciones para trigo y maíz. Los gobernadores de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y de Córdoba, Martín Llaryora, estrecharon filas para rechazar estas subas y, de paso, para reclamar más modificaciones en el capítulo sobre biocombustibles, una industria clave para ambas provincias.
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El oficialismo accedió a sumar cambios pedidos por los gobernadores
Hizo seis de las siete modificaciones propuestas, pero no cedió en el capítulo de las retenciones
Delfina Celichini 
En una frenética jornada de negociaciones, el Gobierno aceptó seis de los siete cambios propuestos por los gobernadores de Juntos por el Cambio al proyecto de ley ómnibus. Con ello, el oficialismo destrabó la posibilidad de que UCR, Pro y Hacemos Coalición Federal acompañen con disidencias su dictamen.
Las modificaciones que el Poder Ejecutivo validó tienen que ver, en su mayoría, con medidas para compensar la quita de fondos a las provincias, principalmente tras la eliminación de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias. Una de ellas es que lo recaudado por el blanqueo no tenga una asignación específica y se elimine la determinación de que esos recursos se destinen a la capitalización del Banco Central de la República Argentina (BCRA) para que siga siendo coparticipable.
Además, piden quitar del proyecto la eliminación del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial (FFDP) y el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional (Fffir), claves para el financiamiento de los gobiernos subnacionales.
También solicitaron incluir el compromiso de que se ejecute el fallo de la Corte, por ahora incumplido, que dispuso que el Estado nacional deberá entregar al gobierno porteño “el 2,95% de la masa de fondos coparticipables”.
Los gobernadores instaron al Ejecutivo a fijar el salario mínimo docente así como a eliminar la desgravación de retenciones impositivas a los cobros electrónicos en pequeños contribuyentes. Por último, pidieron que se condonen las deudas provinciales y se paguen las obligaciones previsionales de las 13 cajas provinciales que no fueron transferidas a la Anses antes de que se realice el traspaso al Tesoro de
los activos del Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FGS).
La eliminación de los derechos de exportación –otro de los cuestionamientos de los gobernadores que alertan sobre el impacto que tendrá en el sector productivo de sus jurisdicciones– no estuvo dentro del paquete de cambios a los que accedió el Gobierno, y la oposición dialoguista buscará dar esta pelea en el recinto, durante la votación en particular. La misma determinación se tomó en relación con el rechazo a la fórmula de movilidad jubilatoria planteada por el oficialismo, que no recibió modificaciones. Los bloques aliados buscarán en la sesión que la actualización por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) se haga retroactivo a enero, y no a partir de abril, como definió La Libertad Avanza.
Frente a este nuevo pack de cambios, el presidente de la Cámara, Martín Menem, mantuvo ayer reuniones con referentes de los tres bloques aliados, como Nicolás Massot y Oscar Agost Carreño, de Hacemos Coalición Federal; Soledad Carrizo por la UCR; y Cristian Ritondo y Silvia Lospennato, de Pro, con el objetivo de delimitar en el texto las cuestiones técnicas del proyecto. Se dio a la par de idas y venidas telefónicas con la Casa Rosada, donde tienen la última palabra para otorgar luz verde a cualquier modificación. Esta nueva contrapropuesta del oficialismo se conoció después de que ayer al mediodía se llevara adelante unareuniónentrealgunosemisarios de la liga de gobernadores de JxC, entre ellos Rogelio Frigerio (Entre Ríos), con Guillermo Francos –ministro del Interior–, Santiago Caputo –mano derecha del Presidente–, y Nicolás Posse –jefe de Gabinete–.
“Le llevaron una serie de propuestas para destrabar la ley ómnibus y el Gobierno quedó en contestar esta tarde [por ayer] si las acepta”, señalaron en Hacemos Coalición Federal, que cuenta con legisladores que responden al mandatario entrerriano. Si bien en la presidencia de la Cámara de Diputados aseguraban anoche que el acuerdo para sacar un dictamen de mayoría con el acompañamiento de UCR, Pro y Hacemos Coalición Federal estaba “cerrado”, los referentes de estas bancadas no lo daban por hecho.
“Esperamos que las respuestas que les han dado a los gobernadores estén receptadas en el dictamen”, indicó Pichetto a los medios tras conocerse la versión de que el Ejecutivo había accedido a contemplar las sugerencias de los mandatarios provinciales. Lo cierto es que a lo largo de la tarde la intención de este triple entente dialoguista se enfocó en llegar a un punto en común para no liberarle la cancha al kirchnerismo –que opera en tándem con la izquierda y suman 47 voluntades en la comisión– y se termine quedando con el dictamen de mayoría.
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Fuerte debate en Pro por las retenciones
El bloque de Ritondo podría dividirse a la hora de votar en particular ese artículo; creen que el Gobierno no podría aprobarlo
En una frenética jornada de negociaciones, el Gobierno aceptó seis de los siete cambios propuestos por los gobernadores de Juntos por el Cambio al proyecto de ley ómnibus. Con ello, el oficialismo destrabó la posibilidad de que UCR, Pro y Hacemos Coalición Federal acompañen con disidencias su dictamen.
Las modificaciones que el Poder Ejecutivo validó tienen que ver, en su mayoría, con medidas para compensar la quita de fondos a las provincias, principalmente tras la eliminación de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias. Una de ellas es que lo recaudado por el blanqueo no tenga una asignación específica y se elimine la determinación de que esos recursos se destinen a la capitalización del Banco Central de la República Argentina (BCRA) para que siga siendo coparticipable.
Además, piden quitar del proyecto la eliminación del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial (FFDP) y el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional (Fffir), claves para el financiamiento de los gobiernos subnacionales.
También solicitaron incluir el compromiso de que se ejecute el fallo de la Corte, por ahora incumplido, que dispuso que el Estado nacional deberá entregar al gobierno porteño “el 2,95% de la masa de fondos coparticipables”.
Los gobernadores instaron al Ejecutivo a fijar el salario mínimo docente así como a eliminar la desgravación de retenciones impositivas a los cobros electrónicos en pequeños contribuyentes. Por último, pidieron que se condonen las deudas provinciales y se paguen las obligaciones previsionales de las 13 cajas provinciales que no fueron transferidas a la Anses antes de que se realice el traspaso al Tesoro de
los activos del Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FGS).
La eliminación de los derechos de exportación –otro de los cuestionamientos de los gobernadores que alertan sobre el impacto que tendrá en el sector productivo de sus jurisdicciones– no estuvo dentro del paquete de cambios a los que accedió el Gobierno, y la oposición dialoguista buscará dar esta pelea en el recinto, durante la votación en particular. La misma determinación se tomó en relación con el rechazo a la fórmula de movilidad jubilatoria planteada por el oficialismo, que no recibió modificaciones. Los bloques aliados buscarán en la sesión que la actualización por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) se haga retroactivo a enero, y no a partir de abril, como definió La Libertad Avanza.
Frente a este nuevo pack de cambios, el presidente de la Cámara, Martín Menem, mantuvo ayer reuniones con referentes de los tres bloques aliados, como Nicolás Massot y Oscar Agost Carreño, de Hacemos Coalición Federal; Soledad Carrizo por la UCR; y Cristian Ritondo y Silvia Lospennato, de Pro, con el objetivo de delimitar en el texto las cuestiones técnicas del proyecto. Se dio a la par de idas y venidas telefónicas con la Casa Rosada, donde tienen la última palabra para otorgar luz verde a cualquier modificación. Esta nueva contrapropuesta del oficialismo se conoció después de que ayer al mediodía se llevara adelante unareuniónentrealgunosemisarios de la liga de gobernadores de JxC, entre ellos Rogelio Frigerio (Entre Ríos), con Guillermo Francos –ministro del Interior–, Santiago Caputo –mano derecha del Presidente–, y Nicolás Posse –jefe de Gabinete–.
“Le llevaron una serie de propuestas para destrabar la ley ómnibus y el Gobierno quedó en contestar esta tarde [por ayer] si las acepta”, señalaron en Hacemos Coalición Federal, que cuenta con legisladores que responden al mandatario entrerriano. Si bien en la presidencia de la Cámara de Diputados aseguraban anoche que el acuerdo para sacar un dictamen de mayoría con el acompañamiento de UCR, Pro y Hacemos Coalición Federal estaba “cerrado”, los referentes de estas bancadas no lo daban por hecho.
“Esperamos que las respuestas que les han dado a los gobernadores estén receptadas en el dictamen”, indicó Pichetto a los medios tras conocerse la versión de que el Ejecutivo había accedido a contemplar las sugerencias de los mandatarios provinciales. Lo cierto es que a lo largo de la tarde la intención de este triple entente dialoguista se enfocó en llegar a un punto en común para no liberarle la cancha al kirchnerismo –que opera en tándem con la izquierda y suman 47 voluntades en la comisión– y se termine quedando con el dictamen de mayoría.
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Fuerte debate en Pro por las retenciones
El bloque de Ritondo podría dividirse a la hora de votar en particular ese artículo; creen que el Gobierno no podría aprobarlo
Matías Moreno
La decisión Javier Milei de preservar el núcleo central del capítulo de retenciones en la ley ómnibus desató una fuerte discusión en Pro, el socio más estrecho de La Libertad Avanza en el Congreso. “Queremos ayudar, pero no están los votos”, advirtieron en el bloque que conduce Cristian Ritondo, que se encaminaba a firmar un dictamen en disidencia con el oficialismo.
A esa jugada se sumarían un sector de la UCR y Hacemos Coalición Federal, después de que los gobernadores de Juntos por el Cambio llegaran ayer por la tarde a un principio de acuerdo con la Casa Rosada. En principio, acompañarán la ley en ómnibus en general, pero rechazarán el artículo de las retenciones. El oficialismo, en caso de que logre llevar el debate al recinto esta semana, tendrá 36 horas para negociar y evitar que le tumben ese capítulo en el recinto.
Si bien el Presidente accedió a introducir modificaciones respecto de la redacción original del megaproyecto y cedió al disponer la eliminación del gravamen para las economías regionales, mantuvo los incrementos en los derechos a la exportación para la producción agroganadera, el sector industrial o la pesca.
Esa propuesta fue rechazada por gobernadores aliados a la Casa Rosada, como Maximiliano Pullaro, Rogelio Frigerio y Martín Llaryora, y puso en pie de guerra a referentes de la UCR y Hacemos Coalición Federal en provincias como Córdoba y Santa Fe.
Pero en Pro, el bloque que más voluntad muestra de convalidar las reformas de Milei, también se desató un tenso conflicto, ya que un grupo de diputados anticiparon que no estaban dispuestos a levantar la mano en el recinto para aprobar las subas en las alícuotas y reclamaron que el Gobierno revea su postura o haga un gesto para hacer más “digerible” los aumentos. Es decir, sugirieron que diseñe un calendario y prometa que bajará las retenciones a partir de 2025 o que considere eliminar el régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego para cumplir sus objetivos fiscales.
En la contrapropuesta que les hizo a los aliados, Milei eliminó las retenciones para las economías regionales, pero las mantuvo para las exportaciones industriales, la pesca y la producción de malta, que tributarán el 15% de derechos de exportación. Tampoco cedió en la suba de la alícuota del 31 al 33% para los subproductos de la soja y el incremento del 12 al 15% en las retenciones para trigo y maíz.
La oferta dividió las aguas en el bloque de Pro. Representantes de Santa Fe, una de las provincias más afectadas por las subas de las retenciones agropecuarias que dispone Milei en el texto de la ley de bases, se pusieron al frente de la resistencia. De hecho, el economista Luciano Laspina expuso su rechazo a la medida ante sus compañeros de bloque. A Laspina se sumaron Gabriel Chumpitaz, un dirigente cercano a Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe y uno de los más irritados por la falta de respuestas del Gobierno; Alejandro Bongiovanni, referente de la Fundación Libertad y Progreso; José Núñez, un “halcón” de Pro, y Verónica Razzini, quien compitió en la lista del larretismo en 2023. También se oponen emisarios de Córdoba, La Pampa, como Martín Maquieyra, o Buenos Aires.
En cambio, los bullrichistas lucen dispuestos a “acompañar al Gobierno”, sobre todo, después de que accediera a prescindir de la reforma electoral y reformular el capítulo de las jubilaciones. En ese grupo hacen hincapié en que no les agrada acompañar la suba de un impuesto regresivo, pero recuerdan que el país atraviesa una “emergencia” y tienen una mirada concesiva respecto de las dificultades fiscales que enfrenta Milei.
Mientras hace malabares para preservar la cohesión interna y ayudar al oficialismo para evitar un traspié en la primera batalla legislativa de Milei, Ritondo recibió ayer a Pullaro, quien le trasladó su inquietud por el impacto de la suba de retenciones. En la cumbre el jefe de bloque reconoció que lidia con diferentes posturas en Pro.
De hecho, en la bancada macrista también advierten que el artículo vinculado a la pesca provocará disidencias. Hay diputados que también objetan la nueva redacción del apartado de privatizaciones e, incluso, de jubilaciones. Y ya hay reparos por la votación de la restitución de Ganancias.
“Más de la mitad del bloque de Pro no lo va a votar las retenciones”, advierte uno de los diputados macristas que levantaron la voz en la negociación interna. El hecho de que la UCR, que lidera Rodrigo De Loredo, y Hacemos Coalición Federal hayan anticipado que no votarán el nuevo esquema de retenciones estimula el deseo de Pro de desmarcarse del oficialismo y presionar por cambios en ese artículo. Es que, según los cálculos que hacen los estrategas de la bancada de Ritondo, la conducción de LLA no tiene los votos para aprobar en el recinto ese apartado, salvo que consiga armar un colchón de apoyos entre los gobernadores del PJ o habilite una negociación en las horas previas a la sesión.
Por lo pronto, el firme rechazo de Llaryora, de la bancada radical y del espacio de Pichetto a la suba de las retenciones puso a los dirigentes de Pro del interior frente a una encerrona. Si votan a favor de las subas, podrían pagar un costo político en sus distritos. Otros aseguran que no pueden respaldar un aumento de la presión impositiva y que la propuesta del Gobierno es “inadmisible”. Se quejan de que las subas se aplicaron sin un criterio claro y exigen que la Casa Rosada incluya en el texto un compromiso de que los incrementos serán temporales. Además, anticipan que representantes de Pro en el Senado, como Alfredo De Angeli (Entre Ríos), tampoco avalarán ese capítulo, que es estratégico para el andamiaje fiscal que diseñó Luis “Toto” Caputo.
Mientras tanto, Mauricio Macri supervisa las negociaciones desde Cumelén. En los últimos días retomó la actividad política cuando recibió a una comitiva de legisladores de Río Negro, que encabezó Juan Martín. Habló de apoyar al gobierno de Milei en “todo lo que se pueda” y no rechazó la idea de confluir con los libertarios en 2025. Los representantes de Pro le trasladaron su inquietud por la pelea con Bullrich por el control del partido. El expresidente admitió que hace tiempo no habla con la ministra de Milei. “Mauricio no asoma la cabeza, porque está mirando cómo evoluciona el gobierno. Mientras tanto, se ocupa de arreglar la interna de Pro”, grafica un exministro de Cambiemos. Confiada, Bullrich recluta soldados y se alista para desafiarlo
Laspina y un grupo de diputados rechaza votar el esquema de retenciones de Milei
También hay diferencias por el capítulo de la pesca y de las jubilaciones
La decisión Javier Milei de preservar el núcleo central del capítulo de retenciones en la ley ómnibus desató una fuerte discusión en Pro, el socio más estrecho de La Libertad Avanza en el Congreso. “Queremos ayudar, pero no están los votos”, advirtieron en el bloque que conduce Cristian Ritondo, que se encaminaba a firmar un dictamen en disidencia con el oficialismo.
A esa jugada se sumarían un sector de la UCR y Hacemos Coalición Federal, después de que los gobernadores de Juntos por el Cambio llegaran ayer por la tarde a un principio de acuerdo con la Casa Rosada. En principio, acompañarán la ley en ómnibus en general, pero rechazarán el artículo de las retenciones. El oficialismo, en caso de que logre llevar el debate al recinto esta semana, tendrá 36 horas para negociar y evitar que le tumben ese capítulo en el recinto.
Si bien el Presidente accedió a introducir modificaciones respecto de la redacción original del megaproyecto y cedió al disponer la eliminación del gravamen para las economías regionales, mantuvo los incrementos en los derechos a la exportación para la producción agroganadera, el sector industrial o la pesca.
Esa propuesta fue rechazada por gobernadores aliados a la Casa Rosada, como Maximiliano Pullaro, Rogelio Frigerio y Martín Llaryora, y puso en pie de guerra a referentes de la UCR y Hacemos Coalición Federal en provincias como Córdoba y Santa Fe.
Pero en Pro, el bloque que más voluntad muestra de convalidar las reformas de Milei, también se desató un tenso conflicto, ya que un grupo de diputados anticiparon que no estaban dispuestos a levantar la mano en el recinto para aprobar las subas en las alícuotas y reclamaron que el Gobierno revea su postura o haga un gesto para hacer más “digerible” los aumentos. Es decir, sugirieron que diseñe un calendario y prometa que bajará las retenciones a partir de 2025 o que considere eliminar el régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego para cumplir sus objetivos fiscales.
En la contrapropuesta que les hizo a los aliados, Milei eliminó las retenciones para las economías regionales, pero las mantuvo para las exportaciones industriales, la pesca y la producción de malta, que tributarán el 15% de derechos de exportación. Tampoco cedió en la suba de la alícuota del 31 al 33% para los subproductos de la soja y el incremento del 12 al 15% en las retenciones para trigo y maíz.
La oferta dividió las aguas en el bloque de Pro. Representantes de Santa Fe, una de las provincias más afectadas por las subas de las retenciones agropecuarias que dispone Milei en el texto de la ley de bases, se pusieron al frente de la resistencia. De hecho, el economista Luciano Laspina expuso su rechazo a la medida ante sus compañeros de bloque. A Laspina se sumaron Gabriel Chumpitaz, un dirigente cercano a Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe y uno de los más irritados por la falta de respuestas del Gobierno; Alejandro Bongiovanni, referente de la Fundación Libertad y Progreso; José Núñez, un “halcón” de Pro, y Verónica Razzini, quien compitió en la lista del larretismo en 2023. También se oponen emisarios de Córdoba, La Pampa, como Martín Maquieyra, o Buenos Aires.
En cambio, los bullrichistas lucen dispuestos a “acompañar al Gobierno”, sobre todo, después de que accediera a prescindir de la reforma electoral y reformular el capítulo de las jubilaciones. En ese grupo hacen hincapié en que no les agrada acompañar la suba de un impuesto regresivo, pero recuerdan que el país atraviesa una “emergencia” y tienen una mirada concesiva respecto de las dificultades fiscales que enfrenta Milei.
Mientras hace malabares para preservar la cohesión interna y ayudar al oficialismo para evitar un traspié en la primera batalla legislativa de Milei, Ritondo recibió ayer a Pullaro, quien le trasladó su inquietud por el impacto de la suba de retenciones. En la cumbre el jefe de bloque reconoció que lidia con diferentes posturas en Pro.
De hecho, en la bancada macrista también advierten que el artículo vinculado a la pesca provocará disidencias. Hay diputados que también objetan la nueva redacción del apartado de privatizaciones e, incluso, de jubilaciones. Y ya hay reparos por la votación de la restitución de Ganancias.
“Más de la mitad del bloque de Pro no lo va a votar las retenciones”, advierte uno de los diputados macristas que levantaron la voz en la negociación interna. El hecho de que la UCR, que lidera Rodrigo De Loredo, y Hacemos Coalición Federal hayan anticipado que no votarán el nuevo esquema de retenciones estimula el deseo de Pro de desmarcarse del oficialismo y presionar por cambios en ese artículo. Es que, según los cálculos que hacen los estrategas de la bancada de Ritondo, la conducción de LLA no tiene los votos para aprobar en el recinto ese apartado, salvo que consiga armar un colchón de apoyos entre los gobernadores del PJ o habilite una negociación en las horas previas a la sesión.
Por lo pronto, el firme rechazo de Llaryora, de la bancada radical y del espacio de Pichetto a la suba de las retenciones puso a los dirigentes de Pro del interior frente a una encerrona. Si votan a favor de las subas, podrían pagar un costo político en sus distritos. Otros aseguran que no pueden respaldar un aumento de la presión impositiva y que la propuesta del Gobierno es “inadmisible”. Se quejan de que las subas se aplicaron sin un criterio claro y exigen que la Casa Rosada incluya en el texto un compromiso de que los incrementos serán temporales. Además, anticipan que representantes de Pro en el Senado, como Alfredo De Angeli (Entre Ríos), tampoco avalarán ese capítulo, que es estratégico para el andamiaje fiscal que diseñó Luis “Toto” Caputo.
Mientras tanto, Mauricio Macri supervisa las negociaciones desde Cumelén. En los últimos días retomó la actividad política cuando recibió a una comitiva de legisladores de Río Negro, que encabezó Juan Martín. Habló de apoyar al gobierno de Milei en “todo lo que se pueda” y no rechazó la idea de confluir con los libertarios en 2025. Los representantes de Pro le trasladaron su inquietud por la pelea con Bullrich por el control del partido. El expresidente admitió que hace tiempo no habla con la ministra de Milei. “Mauricio no asoma la cabeza, porque está mirando cómo evoluciona el gobierno. Mientras tanto, se ocupa de arreglar la interna de Pro”, grafica un exministro de Cambiemos. Confiada, Bullrich recluta soldados y se alista para desafiarlo
Laspina y un grupo de diputados rechaza votar el esquema de retenciones de Milei
También hay diferencias por el capítulo de la pesca y de las jubilaciones
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