Para Cavallo, el Gobierno no levantará el cepo cambiario hasta 2025
Sostuvo que se podría devaluar a $1000 si se rebajara el impuesto PAIS y se terminara el “dólar blend”
Pese a que el mes pasado le recomendó al presidente Javier Milei avanzar con un funcionamiento libre para el mercado del dólar, el economista Domingo Cavallo trazó ayer un pronóstico distinto: dijo que el Gobierno postergará al menos hasta 2025 la salida del cepo.
Además, recomendó hacer una devaluación del oficial hasta $1000, que, atada a la promesa del ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, de bajar el impuesto PAIS, generaría una “devaluación perfectamente compensada”.
“El equipo económico no muestra apuro por remover las restricciones cambiarias tanto al comercio de bienes como al comercio de servicios y el movimiento de capitales porque teme que de hacerlo podría producirse un salto cambiario capaz de desestabilizar nuevamente la macroeconomía. La idea de avanzar hacia un sistema monetario con competencia entre el peso y el dólar que reiterativamente anuncia el presidente Milei se postergaría, al menos hasta el año 2025, para completar la transformación de los pasivos remunerados del Banco Central en deuda del Tesoro”, analizó Cavallo en su página oficial.
Considera que esto sería así pese a que el staff del Fondo Monetario Internacional (FMI), la mayoría de los economistas y los inversores “no parecen compartir esta proyección optimista del Gobierno y esperan cambios en las políticas cambiaria y monetaria”.
Según el extitular del Palacio de Hacienda que ideó la convertibilidad, la principal objeción que tienen estos sectores a que el dólar se mantenga en este nivel que pretende la Casa Rosada es que podría generarse una “apreciación real exagerada del peso en el mercado oficial” y, a su vez, la escasa compra neta de reservas por parte del BCRA. Esto podría ocurrir debido a la derivación de 20% de los ingresos de exportación en el dólar financiero, llamado dólar blend.
“El cambio más simple que se sugiere de la lectura del informe del staff del FMI consiste en eliminar esa derivación hacia el mercado CCL de ese 20% y compensar su efectosobreeltipodecambioefectivo de exportación por un ajuste del tipo de cambio oficial de alrededor de 10%. Significaría ubicarlo cercano a $1000 por dólar. Si también se redujera el impuesto país del 17,5 al 7,5% se evitaría el impacto inflacionario del aumento del costo de las importaciones. Se trataría de una devaluación compensada que permitiría al Banco Central comprar reservas que hasta este cambio se derivaban al mercado contado con liquidación (CCL)”, dijo.
Siempre atado a su propuesta de dólar a $1000 y rebaja del impuesto PAIS, Cavallo marcó: “La herramienta para evitar un aumento de la brecha entre el tipo de cambio CCL y el nuevo tipo de cambio oficial sería la tasa de interés de los depósitos bancarios y bonos del Tesoro en pesos, que dejaría de ser negativa en términos reales. Además, podría ayudar que se liberara totalmente el movimiento de capitales a través de un mercado libre que reemplazaría al CCL y al denominado dólar bolsa, y que se permitiera la intermediación financiera en dólares en las mismas condiciones que la intermediación financiera en pesos. También ayudará a acotar la brecha el blanqueo de capitales contemplado en la Ley Bases próxima a sancionarse”. Esta iniciativa tendrá su trámite final mañana en Diputados.
“Lo que no va a ocurrir es que en los próximos meses se eliminen todas las restricciones cambiarias, y se decida la unificación y liberalización del mercado cambiario, admitiendo una devaluación significativa del peso”, cerró.
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El Gobierno aún no definió la nueva fórmula de ajuste de la luz y el gas
Tarifas. La variable de actualización que se analiza en el Ministerio de Economía dependerá de la estimación de inflación futura para desindexar los servicios de su evolución pasada
Sofía Diamante
Las tarifas todavía no tienen un sendero de precios definido
A pocos días de empezar julio, el Gobierno todavía no definió la nueva fórmula de ajuste mensual que tendrán las tarifas de gas y electricidad. En el Palacio de Hacienda aún están diseñando cómo será la variable de actualización, que dependerá de la estimación de inflación futura para desindexar los servicios energéticos de su evolución pasada.
Como se espera una variación de precios en torno al 5% el mes próximo, las boletas de gas y electricidad tendrían un aumento en torno al 4%. Sin embargo, en julio empezarán a llegar las facturas con el impacto de las subas aplicadas el mes pasado, cuando la Secretaría de Energía definió una quita de subsidios y derivó en aumentos de entre 9% y 33% en gas y de entre 23% y 156% en electricidad.
En concreto, a partir del próximo mes entrará en vigor el nuevo cálculo de ajuste que quiere implementar el Ministerio de Economía para todos los usuarios de gas y electricidad. Si bien en un primer momento el equipo económico había fijado una fórmula polinómica de actualización automática que tenía en cuenta la variación salarial, la inflación minorista (IPC) y la mayorista (IPIM), el cálculo nunca vio la luz, ya que se suspendió su implementación en mayo y junio.
Por lo tanto, a partir del mes próximo las boletas aumentarán para todos los usuarios por igual, pero no habrá una quita de subsidios, sino que se recompondrá la rentabilidad de las empresas de transporte y distribución de gas y electricidad. Entre ellas se encuentran Edenor, Edesur, Metrogas, Naturgy, Camuzzi, TGN y TGS.
El valor final de las boletas de energía se compone del costo de tres servicios, más el recargo de los impuestos y tasas nacionales, provinciales y municipales. Equivale al costo de generar electricidad o producir gas (que tiene subsidios del Tesoro), el de transportar la energía a los centros de consumo y el de distribuirlo en hogares, comercios e industrias. Los últimos dos servicios no están segmentados según el nivel de ingresos y, por lo tanto, el costo es igual para todos los hogares.
El mes pasado, el Ministerio de Economía aplicó una suba en uno de los tres componentes para recortar el peso de los subsidios. De hecho, en electricidad, los usuarios residenciales, comercios e industrias en su conjunto cubren ahora el 65% del costo total del sistema eléctrico, cuando el mes pasado era el 45%, según estimaciones oficiales. En el medio hay variaciones: los hogares de ingresos altos pagan el 78% del costo, mientras los de bajos ingresos cubren solo el 22%.
Para hacer espacio a la quita de subsidios y que el aumento final no impacte bruscamente en los valores finales de las facturas y, por lo tanto, en la inflación, el Ministerio de Economía congeló la suba de los otros dos componentes (transporte y distribución) durante mayo y junio.
El costo de los servicios
En lo que va del año, las tarifas de electricidad subieron 234% y las de gas, 1179%, en promedio, entre aumentos de precios y de cantidades consumidas, según cálculos del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), que depende de la UBA y el Conicet. “El costo de la canasta total de servicios públicos en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA) aumentó 365% respecto de diciembre pasado, a partir de las actualizaciones de tarifas de transporte (enero y febrero), energía eléctrica (febrero y junio), agua y gas natural (abril y junio). Los consumos de gas natural y energía eléctrica están ajustados por estacionalidad del consumo”, dice.
En mayo, el valor promedio de las facturas finales de gas para un usuario N1 con un consumo promedio de 149 m3 por mes subió de $25.756 a $28.142 (9%); para un N2, con un consumo promedio de 159 m3, pasó de $15.638 a $20.797 (33%), y para un N3, con un consumo promedio de 171 m3, de $24.465 a $26.865 (10%). En electricidad, si se consideran consumos promedio residenciales de 260 kwh por mes, el valor promedio de las facturas finales para un N1 subió de $24.710 a $30.355 (23%); para N2, de $6295 a $12.545 (100%), y para N3, de $6585 a $16.850 (156%).
A pocos días de empezar julio, el Gobierno todavía no definió la nueva fórmula de ajuste mensual que tendrán las tarifas de gas y electricidad. En el Palacio de Hacienda aún están diseñando cómo será la variable de actualización, que dependerá de la estimación de inflación futura para desindexar los servicios energéticos de su evolución pasada.
Como se espera una variación de precios en torno al 5% el mes próximo, las boletas de gas y electricidad tendrían un aumento en torno al 4%. Sin embargo, en julio empezarán a llegar las facturas con el impacto de las subas aplicadas el mes pasado, cuando la Secretaría de Energía definió una quita de subsidios y derivó en aumentos de entre 9% y 33% en gas y de entre 23% y 156% en electricidad.
En concreto, a partir del próximo mes entrará en vigor el nuevo cálculo de ajuste que quiere implementar el Ministerio de Economía para todos los usuarios de gas y electricidad. Si bien en un primer momento el equipo económico había fijado una fórmula polinómica de actualización automática que tenía en cuenta la variación salarial, la inflación minorista (IPC) y la mayorista (IPIM), el cálculo nunca vio la luz, ya que se suspendió su implementación en mayo y junio.
Por lo tanto, a partir del mes próximo las boletas aumentarán para todos los usuarios por igual, pero no habrá una quita de subsidios, sino que se recompondrá la rentabilidad de las empresas de transporte y distribución de gas y electricidad. Entre ellas se encuentran Edenor, Edesur, Metrogas, Naturgy, Camuzzi, TGN y TGS.
El valor final de las boletas de energía se compone del costo de tres servicios, más el recargo de los impuestos y tasas nacionales, provinciales y municipales. Equivale al costo de generar electricidad o producir gas (que tiene subsidios del Tesoro), el de transportar la energía a los centros de consumo y el de distribuirlo en hogares, comercios e industrias. Los últimos dos servicios no están segmentados según el nivel de ingresos y, por lo tanto, el costo es igual para todos los hogares.
El mes pasado, el Ministerio de Economía aplicó una suba en uno de los tres componentes para recortar el peso de los subsidios. De hecho, en electricidad, los usuarios residenciales, comercios e industrias en su conjunto cubren ahora el 65% del costo total del sistema eléctrico, cuando el mes pasado era el 45%, según estimaciones oficiales. En el medio hay variaciones: los hogares de ingresos altos pagan el 78% del costo, mientras los de bajos ingresos cubren solo el 22%.
Para hacer espacio a la quita de subsidios y que el aumento final no impacte bruscamente en los valores finales de las facturas y, por lo tanto, en la inflación, el Ministerio de Economía congeló la suba de los otros dos componentes (transporte y distribución) durante mayo y junio.
El costo de los servicios
En lo que va del año, las tarifas de electricidad subieron 234% y las de gas, 1179%, en promedio, entre aumentos de precios y de cantidades consumidas, según cálculos del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), que depende de la UBA y el Conicet. “El costo de la canasta total de servicios públicos en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA) aumentó 365% respecto de diciembre pasado, a partir de las actualizaciones de tarifas de transporte (enero y febrero), energía eléctrica (febrero y junio), agua y gas natural (abril y junio). Los consumos de gas natural y energía eléctrica están ajustados por estacionalidad del consumo”, dice.
En mayo, el valor promedio de las facturas finales de gas para un usuario N1 con un consumo promedio de 149 m3 por mes subió de $25.756 a $28.142 (9%); para un N2, con un consumo promedio de 159 m3, pasó de $15.638 a $20.797 (33%), y para un N3, con un consumo promedio de 171 m3, de $24.465 a $26.865 (10%). En electricidad, si se consideran consumos promedio residenciales de 260 kwh por mes, el valor promedio de las facturas finales para un N1 subió de $24.710 a $30.355 (23%); para N2, de $6295 a $12.545 (100%), y para N3, de $6585 a $16.850 (156%).
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