Ayuda humanitaria y fondos para atender la crisis climática que atraviesa Santa Cruz
Temporal. El Gobierno envió alimentos, frazadas, ropa de abrigo y $3000 millones de ATN; el Ejército participa de la asistencia
Mariela Arias
En vehículos militares con orugas se transporta alfalfa para auxiliar a ovejas ejército
EL CALAFATE.– Un avión Hércules de la Fuerza Aérea con mercadería e insumos enviados por el Gobierno aterrizó en Río Gallegos como parte de la ayuda prevista para que la población enfrente la emergencia climática que azota la provincia desde hace más de dos semanas. En ese vuelo regresó el gobernador Claudio Vidal.
Frazadas, colchones, comida no perecedera y ropa de abrigo llegaron en el Hércules que había partido del aeropuerto militar de El Palomar. A este vuelo y el prometido para la semana próxima, se suma el Aporte del Tesoro Nacional (ATN) por $ 3000 millones, no reintegrable, para hacer frente la crisis de Santa Cruz.
“Algunos nos planteaban por qué no traíamos la ayuda por vía terrestre. La Patagonia está afrontando un temporal durísimo”, señaló Vidal poco después de aterrizar en el vuelo militar y agradecer el acompañamiento del Gobierno .
Según está previsto, la ayuda empezará a ser distribuida este fin de semana desde Río Gallegos a toda la provincia en camiones y camionetas. Las áreas de Seguridad y el Ejército se ocuparán del traslado de la mercadería en el marco del Comité de Operaciones de Emergencia, conformado esta semana por la emergencia climática.
Por las nevadas intensas de las últimas dos semanas, sumadas a la bajas marcas que en algunas zonas rozaron los -20°C, las rutas están cerradas por la noche. Se habilitan por tramo y solo durante el día.
El foco del gobierno está puesto en las poblaciones más vulnerables y en los parajes rurales. A poco de aterrizar, Vidal planteó: “Este clima nos agarra en una situación difícil de la provincia, a la que, por muchos años de falta de inversión y malas gestiones, le falta infraestructura. Queda demostrado el estado de las rutas, los caminos, los entes provinciales, las empresas estatales”.
El jueves debía cumplirse la sesión en la Legislatura para aprobar la emergencia climática y agropecuaria. Sin embargo, el bloque de Unión por la Patria no dio quorum argumentando que el vicegobernador no debía presidir la sesión porque Vidal estaba en la Capital Federal. La emergencia declarada por decreto de Vidal deberá esperar hasta el martes, en que habrá una sesión extraordinaria.
“Algunos sectores solo se dedican a criticar, mientras estábamos gestionando desde Buenos Aires ayuda para los vecinos que no tienen para comer, que no tienen calefacción. La pequeña oposición en la Cámara de Diputados no quería sesionar”, enfatizó Vidal. Y afirmó, además, que los sectores más pobres son los que más lo desvelan: “Me tienen preocupado los barrios más vulnerables. Hay gente que la está pasando mal; por eso pido un poco más de responsabilidad política”. Al apuntar a la actitud del kirchnerismo santacruceño, añadió: “Es a lo que nos tiene acostumbrados hoy la pequeña oposición, a veces hablan como si supieran todo, pero estuvieron gobernando 32 años, ahora hay que trabajar”.
El jefe de Gabinete, Daniel Álvarez, dijo desde que el COE se mantiene permanente asistencia de Protección Civil Nacional del Ministerio de Seguridad de la Nación y del Ministerio de Defensa, lo que permitió que máquinas del Ejército asistieran con ayuda en los campos. “Estamos sufriendo temperaturas extremas. Por esta cantidad de nieve que ha caído en el interior profundo de Santa Cruz y Chubut, con más de dos metros de nieve, tenemos que ser pragmáticos, pensar en la gente, todo lo demás puede esperar”, concluyó.
El temporal afectó rutas y campos, y provocó desperfectos en las calderas de las escuelas, muchas de las cuales suspendieron las clases. El sector rural atraviesa uno de los peores inviernos.
Los campos del centro y de la zona de la Cordillera están tapados de nieve. Desde el fin de semana pasado, la guarnición militar Rospentek, asiste con máquinas la apertura de los campos. Usan orugas y maquinaria pesada, sobre todo en la zona de Fuentes del Coyle.
En muchos campos la situación es desesperante. Los productores van ingresando a sus campos, pero en muchos casos no logran dar con toda la hacienda tapada por nieve. Las ovejas pueden resistir hasta 15 días sin alimentarse, pero la mayor dificultad es que con la lana mojada quedan adheridas al hielo y no pueden levantarse. La situación no puede ser peor, por la sequía del verano, los campos están sin pastizales. La alfalfa, que viene en camiones, también sufrió demoras por las rutas cortadas. Por estas horas aquí sobrevuelan las imágenes terribles de 1995, cuando se perdieron cerca de 1.000.000 de ovinos, muertos enterrados por la nieve.
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Avanzan para bajar a 13 años la edad de imputabilidad
RefoRma. Los ministerios de Seguridad y de Justicia presentaron un proyecto ley que será enviado al Congreso para modificar el Régimen Penal Juvenil; 20 años será la máxima pena
EL CALAFATE.– Un avión Hércules de la Fuerza Aérea con mercadería e insumos enviados por el Gobierno aterrizó en Río Gallegos como parte de la ayuda prevista para que la población enfrente la emergencia climática que azota la provincia desde hace más de dos semanas. En ese vuelo regresó el gobernador Claudio Vidal.
Frazadas, colchones, comida no perecedera y ropa de abrigo llegaron en el Hércules que había partido del aeropuerto militar de El Palomar. A este vuelo y el prometido para la semana próxima, se suma el Aporte del Tesoro Nacional (ATN) por $ 3000 millones, no reintegrable, para hacer frente la crisis de Santa Cruz.
“Algunos nos planteaban por qué no traíamos la ayuda por vía terrestre. La Patagonia está afrontando un temporal durísimo”, señaló Vidal poco después de aterrizar en el vuelo militar y agradecer el acompañamiento del Gobierno .
Según está previsto, la ayuda empezará a ser distribuida este fin de semana desde Río Gallegos a toda la provincia en camiones y camionetas. Las áreas de Seguridad y el Ejército se ocuparán del traslado de la mercadería en el marco del Comité de Operaciones de Emergencia, conformado esta semana por la emergencia climática.
Por las nevadas intensas de las últimas dos semanas, sumadas a la bajas marcas que en algunas zonas rozaron los -20°C, las rutas están cerradas por la noche. Se habilitan por tramo y solo durante el día.
El foco del gobierno está puesto en las poblaciones más vulnerables y en los parajes rurales. A poco de aterrizar, Vidal planteó: “Este clima nos agarra en una situación difícil de la provincia, a la que, por muchos años de falta de inversión y malas gestiones, le falta infraestructura. Queda demostrado el estado de las rutas, los caminos, los entes provinciales, las empresas estatales”.
El jueves debía cumplirse la sesión en la Legislatura para aprobar la emergencia climática y agropecuaria. Sin embargo, el bloque de Unión por la Patria no dio quorum argumentando que el vicegobernador no debía presidir la sesión porque Vidal estaba en la Capital Federal. La emergencia declarada por decreto de Vidal deberá esperar hasta el martes, en que habrá una sesión extraordinaria.
“Algunos sectores solo se dedican a criticar, mientras estábamos gestionando desde Buenos Aires ayuda para los vecinos que no tienen para comer, que no tienen calefacción. La pequeña oposición en la Cámara de Diputados no quería sesionar”, enfatizó Vidal. Y afirmó, además, que los sectores más pobres son los que más lo desvelan: “Me tienen preocupado los barrios más vulnerables. Hay gente que la está pasando mal; por eso pido un poco más de responsabilidad política”. Al apuntar a la actitud del kirchnerismo santacruceño, añadió: “Es a lo que nos tiene acostumbrados hoy la pequeña oposición, a veces hablan como si supieran todo, pero estuvieron gobernando 32 años, ahora hay que trabajar”.
El jefe de Gabinete, Daniel Álvarez, dijo desde que el COE se mantiene permanente asistencia de Protección Civil Nacional del Ministerio de Seguridad de la Nación y del Ministerio de Defensa, lo que permitió que máquinas del Ejército asistieran con ayuda en los campos. “Estamos sufriendo temperaturas extremas. Por esta cantidad de nieve que ha caído en el interior profundo de Santa Cruz y Chubut, con más de dos metros de nieve, tenemos que ser pragmáticos, pensar en la gente, todo lo demás puede esperar”, concluyó.
El temporal afectó rutas y campos, y provocó desperfectos en las calderas de las escuelas, muchas de las cuales suspendieron las clases. El sector rural atraviesa uno de los peores inviernos.
Los campos del centro y de la zona de la Cordillera están tapados de nieve. Desde el fin de semana pasado, la guarnición militar Rospentek, asiste con máquinas la apertura de los campos. Usan orugas y maquinaria pesada, sobre todo en la zona de Fuentes del Coyle.
En muchos campos la situación es desesperante. Los productores van ingresando a sus campos, pero en muchos casos no logran dar con toda la hacienda tapada por nieve. Las ovejas pueden resistir hasta 15 días sin alimentarse, pero la mayor dificultad es que con la lana mojada quedan adheridas al hielo y no pueden levantarse. La situación no puede ser peor, por la sequía del verano, los campos están sin pastizales. La alfalfa, que viene en camiones, también sufrió demoras por las rutas cortadas. Por estas horas aquí sobrevuelan las imágenes terribles de 1995, cuando se perdieron cerca de 1.000.000 de ovinos, muertos enterrados por la nieve.
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Avanzan para bajar a 13 años la edad de imputabilidad
RefoRma. Los ministerios de Seguridad y de Justicia presentaron un proyecto ley que será enviado al Congreso para modificar el Régimen Penal Juvenil; 20 años será la máxima pena
Gabriel Di Nicola
El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, conversa con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich ministerio de seguridad
El Gobierno se prepara para otro fuerte debate en el Congreso: enviará una reforma del Régimen Penal Juvenil para pasar de 16 a 13 años la edad de imputabilidad. Así lo anticiparon ayer los ministros Patricia Bullrich y Mariano Cúneo Libarona al presentar el proyecto de ley, que tendrá una pena máxima de 20 años para menores.
El gobierno nacional presentó el proyecto de ley para bajar a 13 años la edad de imputabilidad. La iniciativa del nuevo Régimen Penal Juvenil Penal será enviada en los próximos días al Congreso para que sea debatida por los legisladores y prevé que la pena máxima para los menores condenados por homicidio será de 20 años, “regla aplicable aun si la escala penal fuera más elevada, producto de la concurrencia real de varios hechos independientes”.
La presentación del proyecto estuvo a cargo de los ministros de Justicia y Seguridad de la Nación, Mariano Cúneo Libarona y Patricia Bullrich, respectivamente.
“Esta nueva ley combatirá el persistente crecimiento de la criminalidad juvenil, uno de los mayores desafíos para la prosperidad de nuestra nación. Es de público conocimiento que el crimen organizado se aprovecha de niños y adolescentes para delinquir sin restricciones, evadiendo así la responsabilidad penal”, sostuvo el Cúneo Libarona.
De aprobarse, el nuevo régimen comprenderá a los adolescentes de entre 13 y 18 años imputados por un hecho tipificado como delito en el Código Penal. En la actualidad, los menores de 16 son inimputables. El Gobierno, a partir de la iniciativa dada a conocer ayer, habla de “cambio de paradigma”,
“Venimos a cumplir con una obligación de nuestra sociedad, que no quiere tener impunidad. No quiere que a sus hijos o a sus padres los maten y no quiere que quien comete un delito no tenga ninguna consecuencia”, sostuvo la ministra Bullrich durante la presentación del proyecto de ley de reforma del Régimen Penal Juvenil.
Según esa iniciativa, los adolescentes de entre 13 y 18 “privados de la libertad” estarán alojados establecimientos especiales o secciones separadas de los establecimientos penitenciarios, bajo la dirección de personal idóneo.
“A partir de ahora, el delito, y lo peor, que siempre es la muerte, tendrá consecuencias y estas consecuencias serán acordes con la edad de quienes lo cometen. La decisión del presidente Javier Milei y de los equipos conjuntos de los ministerios de Seguridad y Justicia es cumplir con una sociedad que pide respuestas”, afirmó Bullrich.
En la iniciativa se contempla que si la Justicia impone una condena condicional “se deben aplicar conjuntamente medidas complementarias, tales como asesoramiento y orientación, asistencia a programas educativos, formación ciudadana, capacitación laboral, concurrencia a los servicios de salud, tratamiento médico o psicológico, obligación de buscar y, en lo posible, obtener un trabajo, concurrencia al tribunal, prohibición del consumo de bebidas alcohólicas y estupefacientes”.
Y si la condena impuesta es de entre tres y seis años, y “siempre que no hayan existido muerte de la víctima, grave violencia física o psíquica sobre las personas, no haya lesiones gravísimas en delitos culposos y no registrare otros procesos o condenas”, la pena podrá reemplazarse por “amonestación, prohibición de aproximarse a la víctima o sus familiares, prohibición de conducir vehículos, prohibición de concurrir a determinados lugares (establecimientos de espectáculos o deportivos), prohibición de salir del país o de un ámbito territorial, prestación de servicios a la comunidad y monitoreo electrónico”.
En el proyecto también se establece que “en los casos de menores no imputables (con edad por debajo de los 13 años) el juez de todos modos investigará la existencia y circunstancias de un hecho ilícito y la presunta intervención de terceras personas. En estos casos, el juez realizará un peritaje psicológico y un informe ambiental para dar intervención a otros organismos. Ante el riesgo de que el menor incurra en nuevos delitos, también podrá ordenar su internación para su readaptación social”.
En el artículo 4 del proyecto de ley se afirma: “La finalidad principal del régimen de responsabilidad penal juvenil es fomentar en el adolescente imputado el sentido de la responsabilidad por sus actos y lograr su educación, resocialización e integración social. El objetivo de la ley es procurar que supere el riesgo social y la conflictividad puesta en evidencia en la comisión del delito y, mediante las medidas establecidas en la presente ley, procurar que tenga un futuro de vida en paz y armonía con integración social”.
En la presentación del proyecto, además de Bullrich y Cúneo Libarona, estuvieron Sebastián Amerio, viceministro de Justicia y representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura; el jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad, Carlos Manfroni, y el director nacional de Normativa y Enlace Judicial, Fernando Soto.
“Nuestro compromiso es proteger la vida, la libertad y la propiedad de los argentinos. Los criminales ya no podrán valerse de menores como medio para violar la ley.
Quien tenga la osadía de empuñar un arma y arrebatar una vida debe enfrentar la ley y la Justicia”, afirmó el ministro Cúneo Libarona al presentar este proyecto.
Según la iniciativa oficial, la “dilación injustificada del proceso hará incurrir al juez en falta grave”. En el texto del proyecto que será enviado al Congreso se establece, además, que las víctimas tendrán “atención psicológica y patrocinio legal gratuitos”.
Modernización legislativa
Fuentes oficiales explicaron que la reforma que plantea el gobierno nacional “se fundamenta en cuatro aspectos principales: la modernización y adecuación de la legislación a la realidad presente, producto de los acelerados cambios sociales, de los que los jóvenes no están exentos en cuanto a la actuación y comprensión de la criminalidad de los actos; el desfasaje normativo con respecto a otros países de la región, pero principalmente la protección de los niños y jóvenes, amparados en la Convención de los Derechos del Niño, con jerarquía constitucional en nuestro país”.
También se informó que el proyecto elaborado por los equipos técnicos de los ministerios de Seguridad y de Justicia “establece que los adolescentes tienen derechos especiales que deben ser protegidos y respetados en todo momento, incluido el derecho a ser tratados de manera justa y equitativa en el sistema de Justicia Penal. Por lo tanto, la ley debe garantizar que las respuestas judiciales para los adolescentes imputados estén en consonancia con estos principios y debe ofrecer medidas diferenciadas que tengan en cuenta su edad, nivel de desarrollo y circunstancias individuales. Y en esta línea, la necesidad de ampliar las herramientas con las que cuenta el Estado para reducir la incidencia de la criminalidad juvenil en la sociedad.”
La iniciativa oficial establece que las penas de hasta seis años por delitos que no impliquen lesiones a las víctimas pueden ser reemplazadas por otras medidas
El Gobierno se prepara para otro fuerte debate en el Congreso: enviará una reforma del Régimen Penal Juvenil para pasar de 16 a 13 años la edad de imputabilidad. Así lo anticiparon ayer los ministros Patricia Bullrich y Mariano Cúneo Libarona al presentar el proyecto de ley, que tendrá una pena máxima de 20 años para menores.
El gobierno nacional presentó el proyecto de ley para bajar a 13 años la edad de imputabilidad. La iniciativa del nuevo Régimen Penal Juvenil Penal será enviada en los próximos días al Congreso para que sea debatida por los legisladores y prevé que la pena máxima para los menores condenados por homicidio será de 20 años, “regla aplicable aun si la escala penal fuera más elevada, producto de la concurrencia real de varios hechos independientes”.
La presentación del proyecto estuvo a cargo de los ministros de Justicia y Seguridad de la Nación, Mariano Cúneo Libarona y Patricia Bullrich, respectivamente.
“Esta nueva ley combatirá el persistente crecimiento de la criminalidad juvenil, uno de los mayores desafíos para la prosperidad de nuestra nación. Es de público conocimiento que el crimen organizado se aprovecha de niños y adolescentes para delinquir sin restricciones, evadiendo así la responsabilidad penal”, sostuvo el Cúneo Libarona.
De aprobarse, el nuevo régimen comprenderá a los adolescentes de entre 13 y 18 años imputados por un hecho tipificado como delito en el Código Penal. En la actualidad, los menores de 16 son inimputables. El Gobierno, a partir de la iniciativa dada a conocer ayer, habla de “cambio de paradigma”,
“Venimos a cumplir con una obligación de nuestra sociedad, que no quiere tener impunidad. No quiere que a sus hijos o a sus padres los maten y no quiere que quien comete un delito no tenga ninguna consecuencia”, sostuvo la ministra Bullrich durante la presentación del proyecto de ley de reforma del Régimen Penal Juvenil.
Según esa iniciativa, los adolescentes de entre 13 y 18 “privados de la libertad” estarán alojados establecimientos especiales o secciones separadas de los establecimientos penitenciarios, bajo la dirección de personal idóneo.
“A partir de ahora, el delito, y lo peor, que siempre es la muerte, tendrá consecuencias y estas consecuencias serán acordes con la edad de quienes lo cometen. La decisión del presidente Javier Milei y de los equipos conjuntos de los ministerios de Seguridad y Justicia es cumplir con una sociedad que pide respuestas”, afirmó Bullrich.
En la iniciativa se contempla que si la Justicia impone una condena condicional “se deben aplicar conjuntamente medidas complementarias, tales como asesoramiento y orientación, asistencia a programas educativos, formación ciudadana, capacitación laboral, concurrencia a los servicios de salud, tratamiento médico o psicológico, obligación de buscar y, en lo posible, obtener un trabajo, concurrencia al tribunal, prohibición del consumo de bebidas alcohólicas y estupefacientes”.
Y si la condena impuesta es de entre tres y seis años, y “siempre que no hayan existido muerte de la víctima, grave violencia física o psíquica sobre las personas, no haya lesiones gravísimas en delitos culposos y no registrare otros procesos o condenas”, la pena podrá reemplazarse por “amonestación, prohibición de aproximarse a la víctima o sus familiares, prohibición de conducir vehículos, prohibición de concurrir a determinados lugares (establecimientos de espectáculos o deportivos), prohibición de salir del país o de un ámbito territorial, prestación de servicios a la comunidad y monitoreo electrónico”.
En el proyecto también se establece que “en los casos de menores no imputables (con edad por debajo de los 13 años) el juez de todos modos investigará la existencia y circunstancias de un hecho ilícito y la presunta intervención de terceras personas. En estos casos, el juez realizará un peritaje psicológico y un informe ambiental para dar intervención a otros organismos. Ante el riesgo de que el menor incurra en nuevos delitos, también podrá ordenar su internación para su readaptación social”.
En el artículo 4 del proyecto de ley se afirma: “La finalidad principal del régimen de responsabilidad penal juvenil es fomentar en el adolescente imputado el sentido de la responsabilidad por sus actos y lograr su educación, resocialización e integración social. El objetivo de la ley es procurar que supere el riesgo social y la conflictividad puesta en evidencia en la comisión del delito y, mediante las medidas establecidas en la presente ley, procurar que tenga un futuro de vida en paz y armonía con integración social”.
En la presentación del proyecto, además de Bullrich y Cúneo Libarona, estuvieron Sebastián Amerio, viceministro de Justicia y representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura; el jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad, Carlos Manfroni, y el director nacional de Normativa y Enlace Judicial, Fernando Soto.
“Nuestro compromiso es proteger la vida, la libertad y la propiedad de los argentinos. Los criminales ya no podrán valerse de menores como medio para violar la ley.
Quien tenga la osadía de empuñar un arma y arrebatar una vida debe enfrentar la ley y la Justicia”, afirmó el ministro Cúneo Libarona al presentar este proyecto.
Según la iniciativa oficial, la “dilación injustificada del proceso hará incurrir al juez en falta grave”. En el texto del proyecto que será enviado al Congreso se establece, además, que las víctimas tendrán “atención psicológica y patrocinio legal gratuitos”.
Modernización legislativa
Fuentes oficiales explicaron que la reforma que plantea el gobierno nacional “se fundamenta en cuatro aspectos principales: la modernización y adecuación de la legislación a la realidad presente, producto de los acelerados cambios sociales, de los que los jóvenes no están exentos en cuanto a la actuación y comprensión de la criminalidad de los actos; el desfasaje normativo con respecto a otros países de la región, pero principalmente la protección de los niños y jóvenes, amparados en la Convención de los Derechos del Niño, con jerarquía constitucional en nuestro país”.
También se informó que el proyecto elaborado por los equipos técnicos de los ministerios de Seguridad y de Justicia “establece que los adolescentes tienen derechos especiales que deben ser protegidos y respetados en todo momento, incluido el derecho a ser tratados de manera justa y equitativa en el sistema de Justicia Penal. Por lo tanto, la ley debe garantizar que las respuestas judiciales para los adolescentes imputados estén en consonancia con estos principios y debe ofrecer medidas diferenciadas que tengan en cuenta su edad, nivel de desarrollo y circunstancias individuales. Y en esta línea, la necesidad de ampliar las herramientas con las que cuenta el Estado para reducir la incidencia de la criminalidad juvenil en la sociedad.”
La iniciativa oficial establece que las penas de hasta seis años por delitos que no impliquen lesiones a las víctimas pueden ser reemplazadas por otras medidas
http://indecquetrabajaiii.blogspot.com.ar/. INDECQUETRABAJA
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