Diputados: por amplia mayoría se sancionó la Ley Bases y el oficialismo consiguió la restitución de Ganancias
Los libertarios y los bloques dialoguistas aprobaron el proyecto que envió al Congreso el presidente Milei en el inicio de su administración; el peronismo y la izquierda votaron en contra; también se definió la suba de Bienes Personales
Laura Serra
Diputados del oficialismo y aliados celebraron la sanción definitiva de la Ley BasesTras más de doce horas de debate, la Cámara de Diputados dio la última palabra en el prolongado y extenuante trámite legislativo en torno a los proyectos de Ley Bases y el paquete de reformas fiscales con que el presidente de Javier Milei inauguró su mandato. Con una mayoría contundente gracias al apoyo de los bloques de oposición dialoguista, la Ley Bases se aprobó con 147 votos positivos y 107 negativos, estos últimos de Unión por la Patria y de la izquierda. Otros dos diputados se abstuvieron.
Luego la Cámara baja se abocó a la votación del paquete de reformas fiscales, el cual incluye la restitución del impuesto a las Ganancias, uno de los capítulos del paquete fiscal que el Senado rechazó hace dos semanas. Se aprobó con 136 votos positivos, 116 negativos y 3 abstenciones. Acto segido se votó la reposición del capítulo sobre Bienes Personales: se aprobó con 134 afirmativos, 118 negativos y 3 abstenciones.
La restitución del impuesto a las Ganancias acaparó la mayor atención por parte del Gobierno, cuyos principales referentes desembarcaron en la Cámara de Diputados al caer la tarde. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei e incluso la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, se apostaron en el despacho de Martín Menem, presidente del cuerpo, para monitorear el debate y rastrear en el radicalismo y en el bloque de Unión por la Patria los votos necesarios.
Karina Milei y Guillermo Francos se abrazaron tras la votaciónFinalmente, fruto de las ingentes negociaciones, el oficialismo logró más avales de los esperados y amplió la diferencia respecto de la votación de la media sanción original, aprobada el 30 de abril pasado, que arrojó 132 votos positivos frente a 113 negativos. De esos apoyos, tres correspondieron a Unión por la Patria: Fernanda Ávila, Dante López Rodríguez y Sebastián Nóblega, que responden al gobernador Raúl Jalil. Este trío también se había abstenido en la sesión de abril, al igual que Paula Oliveto (Coalición Civica), quien también votó esta vez a favor.
Quienes también sumaron sus votos positivos en esta oportunidad fueron Gerardo Milman y Álvaro González, ambos de Pro, que habían estado ausentes en la anterior sesión. Mónica Frade, de la Coalición Cívica, se abstuvo, al igual que la santacruceña Roxana Reyes (UCR), quien había votado a favor en la media sanción pero esta vez, por el impacto del impuesto en los trabajadores de su provincia, cambió su parecer.
En el radicalismo las defecciones fueron menores a las esperadas; de los 34 integrantes de la bancada, los mismos 8 que votaron en contra en abril pasado replicaron su postura en esta oportunidad: Fernando Carbajal, Carla Carrizo, Mariela Coletta, Marcela Coli, Pablo Juliano, Facundo Manes, Danya Tavela y Martín Tetaz.
“Nuestro bloque acompaña por una amplísima mayoría estos textos por varios motivos; el más importante es porque estamos de acuerdo con los contenidos -exaltó Rodrigo De Loredo, jefe de la bancada-. Delegaciones razonables, privatizaciones necesarias, un cambio en la modernización de la legislación del trabajo para que desafixie la pesada carga de la litigiosidad que cae en las pymes, un régimen de inversiones, una recuperación de un impuesto a las ganancias que nunca debió haber sido retirado”, enumeró el cordobés quien, no obstante, le recriminó al Gobierno que buena parte del ajuste fiscal que instrumenta “no lo paga la casta, sino los sectores medios y los adultos mayores”.
La sesión arrancó al mediodía. Dos fueron los dictámenes que, pasada la medianoche, se sometieron a votación. El primero de ellos fue el referido al proyecto de Ley Bases: es el menos complejo, ya que merced a un acuerdo entre el oficialismo y los bloques dialoguistas –Pro, UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal- consta de un solo punto, el cual propone aceptar las modificaciones que incorporó el Senado a la media sanción que Diputados votó en abril pasado.
La vicepresidenta Victoria Villarruel en uno de los palcos de la Cámara de DiputadosEsta iniciativa tiene como capítulos claves la delegación de facultades al Poder Ejecutivo para reestructurar organismos del Estado, el régimen de incentivos a las grandes inversiones (RIGI), un compendio de reformas laborales y la autorización para declarar sujetas a privatización a ocho empresas públicas. A regañadientes, el Gobierno y Pro debieron acceder a un planteo de Miguel Pichetto y su bloque de respetar lo acordado en el Senado y mantener fuera de la nómina de privatizaciones a Aerolíneas Argentinas, al Correo Argentino y a Radio y Televisión Argentina (RTA), las cuales estaban incluidas en la media sanción original.
Pichetto reivindicó su postura en su discurso de cierre y se la achacó a una mala praxis del oficialismo en el Senado. “Comparto la visión de las privatizaciones y habría que dar un debate ley por ley. Estamos abiertos para hacerlo. Pero no podemos hacerlo en esta ley porque el oficialismo en el Senado retiró este capítulo antes de la votación en general. No podemos insistir”, reprochó Pichetto.
El bloque de Unión por la Patria votó en contra de la Ley Bases, sin fisuras. Cuestionó varios aspectos de la iniciativa, entre ellos el RIGI, una propuesta con la que el Gobierno aspira a atraer inversiones desde U$S 200 millones a partir de una amplio y generoso abanico de beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios. “Si alguien piensa que el RIGI va a equilibrar las cuentas fiscales es mentira”, advirtió Máximo Kirchner. “Devasta nuestras comunidades, crea canastas petroleras y mineras y enormes desigualdades en nuestros pueblos”, alertó.
Quien salió al cruce de Kirchner fue Cristian Ritondo, jefe del bloque de Pro, quien enfatizó que el RIGI contiene cláusulas similares al contrato que firmó en 2013 el gobierno kirchnerista con la empresa estadounidense Chevron por la explotación de Vaca Muerta. “Los detalles del acuerdo se mantuvieron en secreto durante mucho tiempo, lo que generó desconfianza y acusaciones de falta de transparencia. Chevron recibió, además, condiciones financieras y fiscales muy favorables, incluyendo exenciones impositivas, garantías de ganancia, y estos términos específicos nunca fueron revelados públicamente -sostuvo-. Es mucho peor que el RIGI. Ahora vamos a ver quién lo firma, quién lo aprueba. Así que viva el RIGI en la Argentina.”
Tras la sanción definitiva de la Ley Bases, sobrevino la votación del dictamen del paquete fiscal que, a diferencia del anterior, es mixto: propone insistir en tres puntos de la media sanción original y aceptar las modificaciones que incluyó el Senado en el resto de los artículos.
Entre los capítulos a insistir figuran la restitución del impuesto a las Ganancias que, de aprobarse, afectará a casi un millón de trabajadores asalariados y, en paralelo, beneficiará a la Nación y a las provincias con una suba de la recaudación que, según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) orillará 0,43 del PBI.
Esto explica las posiciones divididas de los legisladores en torno a votar una vez más por la reposición de este tributo a la cuarta categoría que, vale recordar, fue eliminado el año pasado a instancias del kirchnerismo y con el voto del entonces diputado Milei. No pocos legisladores recordaron este episodio con ironía, entre ellos el diputado Eduardo Valdés.
“Hace menos de un año el propio Milei dijo: ´Es un delirio descomunal tratar al salario como ganancias, este impuesto es inmundo por eso debe ser eliminado´. ¿Ustedes creen que en el mundo va a haber seguridad jurídica con un presidente desdiciéndose de esa forma?”, acicateó.
Germán Martínez (UP) junto a Oscar Zago (LLA)Este punto también generaba tensiones puertas adentro de Unión por la Patria por la presión de los gobernadores del norte, ávidos por recaudar más con la coparticipación del impuesto. Sin embargo, la sangría se limitó a solo los tres catamarqueños que responden a Jalil.
De restituirse el tributo para la cuarta categoría, el nuevo piso es de salarios brutos $1,8 millones para los solteros sin hijos y de $2,3 millones para los casados con hijos. Las alícuotas serán progresivas, con escalas que van del 5 al 35%. Tanto los pisos mínimos como las escalas y las deducciones serán actualizadas cada seis meses por inflación.
Desde Unión por la Patria relativizaron que la suba de la recaudación por la restauración del impuesto termine siendo una ecuación favorable para los gobernadores. El diputado Gustavo Bordet, exgobernador de Entre Ríos, sostuvo que ese argumento “es una falacia” pues, a su juicio, las provincias “van a perder por la suba de los mínimos no imponibles y la baja de las alícuotas del impuesto a los Bienes Personales”.
Una discusión constitucional
El grueso del kirchnerismo se aprestaba a votar en contra de reponer este impuesto no solo por su impacto en el bolsillo de los asalariados sino también porque, según su interpretación del artículo 81 de la Constitución Nacional, no corresponde a la Cámara de Diputados insistir en un capítulo que fue rechazado por el Senado.
En efecto, el kirchnerismo advirtió, a lo largo del debate, que el rechazo in totum de los capítulos referidos a los impuestos a las Ganancias y a los Bienes Personales -que tenían un total de 36 artículos-, se asemeja al rechazo de un proyecto, por lo que Diputados no podría insistir en su reposición. “Sería inconstitucional porque no respetaría el sistema bicameral de aprobación de las leyes”, enfatizaron.
El mismo argumento esgrimieron para rechazar, también, el nuevo régimen de Bienes Personales. La propuesta, que establece una suba del mínimo no imponible de 27 millones a 100 millones y rebajas en las alícuotas, tiene un propósito claro: incentivar el blanqueo de capitales, también contenido en el paquete fiscal.
“Todos sabemos que Impuesto a las Ganancias y a los Bienes Personales son proyectos autónomos dentro de una ley ómnibus (el paquete fiscal) y que esos proyectos autónomos fueron rechazados y eliminados por la Cámara revisora -explicó Pablo Giuliano, de Unión por la Patria-. Con lo cual se aplica el primer párrafo del artículo 81 de la Constitución, que indica que esos proyectos no pueden ser tratados porque no hay ni adición ni correcciones, hay exclusión de esos textos. Entonces es un desacierto demasiado profundo soslayar semejante rechazo”.
“Toda ley, para su aprobación, debe respetar el principio de ‘bicameralidad’ establecido en el artículo 44 de la Constitución -sostuvo, por su parte, la diputada Vanesa Siley, quien advirtió que esta aprobación “estará floja de papeles”-. No hay laguna constitucional en este caso. El artículo 81 es claro cuando refiere al desecho total de un proyecto de ley”.
La bancada de Unión por la Patria encontró de aliado a un diputado de la UCR, el formoseño Fernando Carbajal. “Solo es ley aquello que es votado afirmativamente por ambas cámaras y yo lo lamento si no consiguieron la mayoría en el Senado, si quizás faltaron embajadas, no se qué es lo que faltó, pero no consiguieron la mayoría y esto va a ser judicializado”, advirtió.
El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem (LLA)El criterio que se impondrá en el recinto, sin embargo, será el de la mayoría que encarnan los libertarios y los bloques de oposición dialoguista: estas bancadas interpretan que, tal como reza el artículo 81, el rechazo a un artículo por parte de la cámara revisora se asemeja a una “modificación” a la media sanción original, por lo que la cámara de origen podrá insistir en su versión.
Desde el bloque Pro, Silvia Lospennato enfatizó que hay “sobradísimos antecedentes parlamentarios” que sustentan esta posición y advirtió que el kirchnerismo, con sus argumentos en contrario, “solo pretenden poner palos en la rueda para que no se realice el cambio profundo que la Argentina necesita. Una voluntad de obstruir el cambio que en las próximas horas va a ser derrotada”.
El presidente de la Comisión de Presupuesto, José Luis Espert, también refutó los argumentos kirchneristas. “Más allá de las apariencias acá no hay un debate constitucional genuino, lo que hay es una dinámica por la cual se utiliza una interpretación constitucional para encubrir intereses políticos, juego de tironeos, confusión, estiramiento conceptual”, sostuvo, y cerró: “Todas las familias esperan que insistamos en el proyecto original, que no es inconstitucional, vienen a marcar un nuevo horizonte para el país”, sostuvo.
José Luis Espert (LLA)Desde Hacemos Coalición Federal, los diputados Oscar Agost Carreño, Carlos Gutiérrez y Ricardo López Murphy celebraron que, finalmente después de seis meses de negociaciones, el Congreso ponga punto final al trámite parlamentario de ambas iniciativas. “Con estas herramientas se le acaban las excusas al presidente, que debe resolver aquello que todavía no resolvió. Los indicadores de la economía, desde que asumió, están mucho peor”, advirtió Agost Carreño.
“Nosotros no somos ‘degenerados fiscales’, como nos calificó Milei: estamos dispuestos a discutir y a votar el impuesto a las Ganancias, ese impuesto que el presidente, junto con el kirchnerismo, en una campaña electoral, decidió eliminar. Ahora es el Gobierno el que nos pide que aumentemos los impuestos, paradójicamente”, agregó.
En la misma línea, el diputado Nicolás Massot insistió en que “algo termina con esta sanción: terminan los pretextos y la cortina de humo del presidente para distraer con este debate, que fue sustancioso, las verdaderas causales de las dudas que no genera esta ley y que se evidencian en la suba del riesgo país, del dólar y en la caída de los bonos”.
Por su parte, López Murphy exaltó que, a partir de la sanción de ambas leyes, “este gobierno debe gestionar”, y exhortó a que envíe el presupuesto de este año junto al programa financiero y monetario. Asimismo criticó al Gobierno por prolongar en el tiempo el cepo cambiario. “Esta tozudez de sostener esta artificialidad nos va costar un disgusto”, advirtió.
Los diputados de Innovación Federal, que en su mayoría responden a gobernadores, anticiparon su voto favorable a la Ley Bases al exaltar, fundamentalmente, el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI). Sin embargo, a la hora de definirse sobre el impuesto a las Ganancias, contenido en el paquete fiscal, votarán divididos. Por caso, el diputado Agustín Domingo, de Juntos Somos Río Negro, indicó que al igual que sus colegas patagónicos rechazará la reversión del impuesto a las Ganancias porque, advirtió, con los pisos mínimos que plantea el proyecto afectará a buena parte de los trabajadores de su región.
“La restitución del impuesto a las Ganancias va a romper la paz social de las cuencas petroleras -advirtió su colega Jorge Avila, de Hacemos Coalición Federal- No puedo dejar que los petroleros paguen este impuesto por el solo hecho de trabajar”.
Votación a medianoche
Según se determinó en la reunión de Labor Parlamentaria entre los jefes de bancada, la Ley Bases discutió in totum y de una sola vez, mientras que el paquete fiscal se fraccionó en cuatro votaciones. En la primera de ellas, los diputados debían definir sobre incorporar o no al texto el artículo 111, que instruye al Poder Ejecutivo a enviar una hoja de ruta al Congreso para reducir un 2% del gasto tributario. Dicho artículo había sido rechazado por el Senado.
La reposición de esta cláusula, impulsada por la Coalición Cívica y Hacemos Coalición Federal, no prosperó. Se necesitaban los dos tercios de los votos de los presentes, ya que el Senado la había rechazado por esa mayoría. La votación arrojó 148 votos positivos y 107 negativos, estos últimos de Unión por la Patria y de la izquierda.
Fernando Iglesias (Pro)En segundo lugar se votó la insistencia en restituir la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias, fundamental para el proyecto económico del Presidente. Luego sobrevino la votación sobre la insistencia en el nuevo régimen de Bienes Personales y, como último punto, los diputados aceptaron las modificaciones que el Senado introdujo en distintos artículos del paquete fiscal. Entre ellas, modificaciones a las escalas del monotributo. Esta última votación arrojó 148 votos positivos frente a 107 negativos.
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Las modificaciones abarcan el funcionamiento del Estado, los derechos laborales, un blanqueo e incentivos a las inversiones
Delfina Celichini
Victoria Villarruel siguió ayer desde un palco la sesión en Diputados
de un largo peregrinaje por el Congreso, las medidas impulsadas por Javier Milei en la Ley Bases y el paquete fiscal se materializarán en cambios concretos de la vida cotidiana.
¿Cómo cambia la relación del ciudadano con el Estado?
Se propone un cambio en el vínculo entre los ciudadanos y la administración pública. La burocracia deberá contemplar determinados derechos de las personas que acudan a ella, como a ser oídas, a recibir los fundamentos de una decisión y de contar con plazos razonables de resolución de los procedimientos.
Además, bajo la etiqueta de “eficiencia burocrática”, la administración pública ya no podrá solicitar a las personas documentos o informes que esta misma elaboró. Por ejemplo, si se quiere tramitar el Certificado Único de Discapacidad (CUD), no será necesario que se entregue una copia del DNI.
Si la administración pública no responde ante una solicitud concreta de un ciudadano, se aplicará el denominado “silencio administrativo”, por el que se concede lo solicitado tras haberse cumplido el plazo de respuesta estipulado. Es decir, si una persona pide la habilitación de una licencia para desarrollar determinada actividad y el Estado no responde, este “silencio” se interpretará como positivo y el interesado podrá exigir esa autorización. Es importante mencionar que esta definición no será aplicada en materia de salud pública, medio ambiente, prestación de servicios públicos o derechos sobre bienes de dominio público.
¿Será más fácil despedir a empleados públicos?
Todas las personas que estén empleadas en los organismos del Estado que podrán ser reestructurados quedarán sujetas a disponibilidad por un período máximo de un año. Durante ese plazo, deberán recibir la capacitación que se les imparta o desarrollar tareas en servicios tercerizados del Estado.
Si después de un año no son readecuadas como empleados en algún otro lugar de la administración pública, quedarán desvinculadas de su trabajo en el Estado. Recibirán una indemnización igual a un mes de sueldo–la mejor remuneración mensual–por cada año de servicio o fracción mayor de tres meses de trabajo.
No podrán ser afectados, no obstante, quienes sean delegados sindicales con mandato vigente. Tampoco quienes se encuentren de licencia por enfermedad o accidente, por embarazo y por matrimonio. Sin embargo, vencido su período de licencia podrán ser puestos en situación de disponibilidad.
En tanto, los empleados estatales que reúnan los requisitos para jubilarse podrán ser intimados a iniciar los trámites previsionales.
Además, se estipula que, durante el horario laboral, no se podrán llevar adelante tareas vinculadas a campañas electorales y/o partidarias.
Cuando se listan las causas de cesantía de los empleados públicos, se detalla de manera taxativa que por el ejercicio a huelga no habrá ningún tipo de sanción administrativa, aunque si habrá un descuento en la remuneración que será proporcional al tiempo no trabajado.
¿Cómo cambian los derechos laborales y qué pasará con los sindicalistas que bloqueen una empresa?
Período de prueba. Los empleados que ingresen a un nuevo trabajo pueden estar seis meses en un período de prueba, que implicará que si se termina en ese plazo el vínculo laboral no es necesario para el empleador pagar una indemnización. En las empresas de entre seis y cien trabajadores este período se puede ampliar hasta ocho meses. En tanto, en las pymes de hasta cinco empleados, este intervalo puede estirarse hasta un año.
Justa causa. Si un empleado participa de manera activa en un bloqueo o en una toma de establecimiento de la empresa en la que trabaja, este accionar será considerado una grave injuria laboral y podrá ser despedido por una “justa causa”.
Fondo de cese laboral( al estilo Uocra ). Es un mecanismo que sirve comoalternativa alas indemnizaciones y que podrá elegirse –o no– a través de una negociación mediante convenio colectivo de trabajo. Es decir, previo acuerdo entre los empresarios y los trabajadores del sector. Este fondo se constituirá a partir de un aporte mensual que no podrá superar el 8% del salario, y que correrá únicamente por cuenta del empleador.
Discriminación. Si tras una sentencia judicial se prueba que una persona fue despedida por un acto discriminatorio, le corresponderá una indemnización agravada de un 50% más. Puede llegar a incrementarse un 100% si los jueces lo consideran pertinente.
Trabajadores independientes. El trabajador independiente –monotributista– podrá contar con hasta otros tres trabajadores independientes para llevar adelante un emprendimiento productivo.
Simplificación registral. Se crea un régimen simplificado de registra ciónlab oral con un aporte único para las empresas de hasta 12 empleados.
¿Quién tendrá que pagar el impuesto a las ganancias a partir de ahora?
Las personas que pasarán a pagar este impuesto serán quienes registren ingresos por $1,8 millones brutos para solteros y $2.340.000 para casados con dos hijos. La actualización de las escalas se hará por inflación a partir de septiembre y cada seis meses desde el próximo año.
Se contempla la posibilidad de deducir del pago de este impuesto el alquiler u honorarios por servicios médicos.
¿Cuál es el impacto para los monotributistas?
Los pequeños contribuyentes verán desde julio un aumento de las escalas y los montos de facturación, que ascenderán hasta un 400%, dependiendo de la categoría. Lo mismo ocurrirá con las cuotas a pagar, que se incrementarán en la misma medida. Estos montos se actualizarán cada seis meses sobre la base del índice de precios al consumidor (IPC) que registra el Indec.
Con estos cambios, la categoría más baja (A) podrá facturar hasta $6.450.000 anuales –actualmente era de $2,1 millones –, y el monto máximo de facturación para la categoría más alta (K) será de $68 millones.
Los monotributistas que este año, por la falta de actualización de las escalas de facturación, quedaron por fuera de este régimen van a poder adherirse nuevamente por única vez, sin esperar los tres años que exige la ley del monotributo.
Además, no se eliminará el monotributo social, destinado a los trabajadores informales de mayor vulnerabilidad. A diferencia del monotributo común, el monotributo social tiene un subsidio estatal del 100% del componente impositivo y previsional, y el 50% de la obra social. Por lo tanto, quienes se adhieran a este esquema pagan únicamente el 50% restante de lo que corresponde a la obra social.
¿Por qué baja el universo de contribuyentes del impuesto a los bienes personales?
Por un aumento del mínimo no imponible, menos personas pagarán este impuesto. Actualmente, quienes tienen un patrimonio valuado en $27 millones están gravados por este tributo, pero a partir de la sanción del paquete impositivo solo serán alcanzadas las personas que registren bienes por $100 millones o más.
Pero no solo se modificó la base desde donde alguien comienza a pagar este impuesto, sino que además hubo una reducción de las alícuotas a un rango que va del 0,5% a 1,5% (hoy es del 1,75%). Quienes tengan una vivienda valuada en hasta $350 millones no pagarán por ella. En tanto, para las personas que registren activos en el exterior, la alícuota será la misma que para los bienes registrados en el país. La reforma incluye un régimen especial que permitirá a los contribuyentes la posibilidad de pagar por anticipado el tributo de cinco ejercicios fiscales a tasa preferencial (0,45%) y congelando su patrimonio. Además, promete “estabilidad fiscal” hasta 2038. Para los contribuyentes cumplidores, en tanto, prevé un beneficio impositivo.
¿Qué obras públicas quedan a salvo de la motosierra de Milei?
La infraestructura financiada por el Estado que supere los $10.000 millones se cortará, salvo aquellas que tengan un grado de avance de un 80% de ejecución, o que cuenten con financiamiento internacional. Esto involucra a rutas, puentes, caminos, cloacas, parques, hospitales, escuelas, viviendas e iluminación de sitios públicos.
¿Cómo se buscará fomentar el empleo privado?
Se creará un régimen de promoción del empleo registrado y se eliminan las multas o infracciones para quienes no hayan regularizado debidamente a su personal. Este esquema será válido por los próximos tres meses a partir de la entrada en vigencia de la Ley Bases.
¿A qué sectores aplica el nuevo régimen de incentivo a las inversiones?
Las compañías que se desempeñen en las áreas vinculadas a la forestoindustria, la infraestructura, la minería, la energía, la tecnología, el turismo, la siderurgia, el petróleo y el gas podrán inscribirse en el RIGI. Para ello, tendrán que invertir un monto mínimo de US$200 millones.
Estos empresarios –o grupos empresariales– podrán recaudar el 20% del cobro de exportaciones luego de dos años de iniciada la inversión; el 40% después de tres años, y el 100% a partir de los cuatro años. Su ganancia neta tributará un 7%, pero después de 7 años de adhesión al régimen pasarán a pagar 3,5%.
Habrá un fomento para aquellos pequeños productores de las provincias que adhieran al RIGI. Las grandes compañías que se inscriban en el régimen deberán emplear a personas del lugar y contratar, como mínimo, un 20% de la totalidad del monto de inversión a proveedores locales.
¿Quiénes pueden aplicar al blanqueo y a quiénes se excluye?
Las personas que tengan bienes o activos sin regularizar –por fuera del ojo del Estado– podrán adherir al blanqueo que comenzará a regir desde la aprobación de la ley hasta el 30 de abril de 2025, con la posibilidad de prorrogarlo hasta el 31 de julio de 2025.
Para quienes quieran regularizar montos que no superen los US$100.000 podrán hacerlo sin pagar impuestos, en tanto y en cuanto ingresen el dinero en el sistema financiero argentino y no lo retiren hasta el 31 de diciembre de 2025, o bien lo destinen a cierto tipo de inversiones.
En tanto, si se quiere blanquear un monto superior a los US$100.000, se aplicará una alícuota del 5% en la primera etapa (hasta el 30 de septiembre de 2024), de un 10% en la segunda (desde octubre a diciembre de 2024) y de un 15% en la tercera (de enero a marzo de 2025).
Las personas que se inscriban en este blanqueo tendrán un incremento del 20% de la alícuota del impuesto a los bienes personales. Es decir, para ellos, la tasa de este tributo pasaría del 0,5% al 0,6%. No podrán inscribirse en blanqueos similares futuros hasta el 31 de diciembre de 2038.
No podrán adherir a este régimen de regularización los funcionarios públicos de los últimos diez años, así como a sus hermanos, cónyuges, convivientes, padres e hijos.
¿Qué potestad tendrá finalmente Milei para reestructurar los polémicos fondos fiduciarios?
Son recursos que el Estado destina a una entidad –pública o privada– para financiar determinados proyectos. La delegación de facultades le otorga a Milei la potestad para desarticularlos, algo que ya adelantó que tiene previsto concretar. Si bien se exceptúa de esta posible eliminación a aquel fideicomiso que subsidia el gas en la Patagonia, hay otra veintena que es muy probable que dejen de existir.
Uno de ellos es el Fondo Nacional del Manejo del Fuego, destinado a financiar el combate de incendios. Este posible recorte lo sentirán las provincias como Córdoba, Corrientes, Chubut o Río Negro, donde los incendios forestales son usuales con las altas temperaturas. Lo mismo si se elimina el Fondo Nacional para la Conservación de los Bosques Nativos.
En tanto, otro de estos fondos tiene previsto financiar la infraestructura del transporte, especialmente obras viales y ferroviarias. Su desaparición implicará, de no mediar financiamiento privado, menos inversión en trenes y rutas.
Por la probable desaparición de otros fideicomisos con un objetivo de integración social es esperable una merma en los proyectos que contemplan la construcción y mejora de viviendas sociales, y la urbanización de barrios populares. Para los dueños de pymes, por su parte, habrá menos acceso al financiamiento.
de un largo peregrinaje por el Congreso, las medidas impulsadas por Javier Milei en la Ley Bases y el paquete fiscal se materializarán en cambios concretos de la vida cotidiana.
¿Cómo cambia la relación del ciudadano con el Estado?
Se propone un cambio en el vínculo entre los ciudadanos y la administración pública. La burocracia deberá contemplar determinados derechos de las personas que acudan a ella, como a ser oídas, a recibir los fundamentos de una decisión y de contar con plazos razonables de resolución de los procedimientos.
Además, bajo la etiqueta de “eficiencia burocrática”, la administración pública ya no podrá solicitar a las personas documentos o informes que esta misma elaboró. Por ejemplo, si se quiere tramitar el Certificado Único de Discapacidad (CUD), no será necesario que se entregue una copia del DNI.
Si la administración pública no responde ante una solicitud concreta de un ciudadano, se aplicará el denominado “silencio administrativo”, por el que se concede lo solicitado tras haberse cumplido el plazo de respuesta estipulado. Es decir, si una persona pide la habilitación de una licencia para desarrollar determinada actividad y el Estado no responde, este “silencio” se interpretará como positivo y el interesado podrá exigir esa autorización. Es importante mencionar que esta definición no será aplicada en materia de salud pública, medio ambiente, prestación de servicios públicos o derechos sobre bienes de dominio público.
¿Será más fácil despedir a empleados públicos?
Todas las personas que estén empleadas en los organismos del Estado que podrán ser reestructurados quedarán sujetas a disponibilidad por un período máximo de un año. Durante ese plazo, deberán recibir la capacitación que se les imparta o desarrollar tareas en servicios tercerizados del Estado.
Si después de un año no son readecuadas como empleados en algún otro lugar de la administración pública, quedarán desvinculadas de su trabajo en el Estado. Recibirán una indemnización igual a un mes de sueldo–la mejor remuneración mensual–por cada año de servicio o fracción mayor de tres meses de trabajo.
No podrán ser afectados, no obstante, quienes sean delegados sindicales con mandato vigente. Tampoco quienes se encuentren de licencia por enfermedad o accidente, por embarazo y por matrimonio. Sin embargo, vencido su período de licencia podrán ser puestos en situación de disponibilidad.
En tanto, los empleados estatales que reúnan los requisitos para jubilarse podrán ser intimados a iniciar los trámites previsionales.
Además, se estipula que, durante el horario laboral, no se podrán llevar adelante tareas vinculadas a campañas electorales y/o partidarias.
Cuando se listan las causas de cesantía de los empleados públicos, se detalla de manera taxativa que por el ejercicio a huelga no habrá ningún tipo de sanción administrativa, aunque si habrá un descuento en la remuneración que será proporcional al tiempo no trabajado.
¿Cómo cambian los derechos laborales y qué pasará con los sindicalistas que bloqueen una empresa?
Período de prueba. Los empleados que ingresen a un nuevo trabajo pueden estar seis meses en un período de prueba, que implicará que si se termina en ese plazo el vínculo laboral no es necesario para el empleador pagar una indemnización. En las empresas de entre seis y cien trabajadores este período se puede ampliar hasta ocho meses. En tanto, en las pymes de hasta cinco empleados, este intervalo puede estirarse hasta un año.
Justa causa. Si un empleado participa de manera activa en un bloqueo o en una toma de establecimiento de la empresa en la que trabaja, este accionar será considerado una grave injuria laboral y podrá ser despedido por una “justa causa”.
Fondo de cese laboral( al estilo Uocra ). Es un mecanismo que sirve comoalternativa alas indemnizaciones y que podrá elegirse –o no– a través de una negociación mediante convenio colectivo de trabajo. Es decir, previo acuerdo entre los empresarios y los trabajadores del sector. Este fondo se constituirá a partir de un aporte mensual que no podrá superar el 8% del salario, y que correrá únicamente por cuenta del empleador.
Discriminación. Si tras una sentencia judicial se prueba que una persona fue despedida por un acto discriminatorio, le corresponderá una indemnización agravada de un 50% más. Puede llegar a incrementarse un 100% si los jueces lo consideran pertinente.
Trabajadores independientes. El trabajador independiente –monotributista– podrá contar con hasta otros tres trabajadores independientes para llevar adelante un emprendimiento productivo.
Simplificación registral. Se crea un régimen simplificado de registra ciónlab oral con un aporte único para las empresas de hasta 12 empleados.
¿Quién tendrá que pagar el impuesto a las ganancias a partir de ahora?
Las personas que pasarán a pagar este impuesto serán quienes registren ingresos por $1,8 millones brutos para solteros y $2.340.000 para casados con dos hijos. La actualización de las escalas se hará por inflación a partir de septiembre y cada seis meses desde el próximo año.
Se contempla la posibilidad de deducir del pago de este impuesto el alquiler u honorarios por servicios médicos.
¿Cuál es el impacto para los monotributistas?
Los pequeños contribuyentes verán desde julio un aumento de las escalas y los montos de facturación, que ascenderán hasta un 400%, dependiendo de la categoría. Lo mismo ocurrirá con las cuotas a pagar, que se incrementarán en la misma medida. Estos montos se actualizarán cada seis meses sobre la base del índice de precios al consumidor (IPC) que registra el Indec.
Con estos cambios, la categoría más baja (A) podrá facturar hasta $6.450.000 anuales –actualmente era de $2,1 millones –, y el monto máximo de facturación para la categoría más alta (K) será de $68 millones.
Los monotributistas que este año, por la falta de actualización de las escalas de facturación, quedaron por fuera de este régimen van a poder adherirse nuevamente por única vez, sin esperar los tres años que exige la ley del monotributo.
Además, no se eliminará el monotributo social, destinado a los trabajadores informales de mayor vulnerabilidad. A diferencia del monotributo común, el monotributo social tiene un subsidio estatal del 100% del componente impositivo y previsional, y el 50% de la obra social. Por lo tanto, quienes se adhieran a este esquema pagan únicamente el 50% restante de lo que corresponde a la obra social.
¿Por qué baja el universo de contribuyentes del impuesto a los bienes personales?
Por un aumento del mínimo no imponible, menos personas pagarán este impuesto. Actualmente, quienes tienen un patrimonio valuado en $27 millones están gravados por este tributo, pero a partir de la sanción del paquete impositivo solo serán alcanzadas las personas que registren bienes por $100 millones o más.
Pero no solo se modificó la base desde donde alguien comienza a pagar este impuesto, sino que además hubo una reducción de las alícuotas a un rango que va del 0,5% a 1,5% (hoy es del 1,75%). Quienes tengan una vivienda valuada en hasta $350 millones no pagarán por ella. En tanto, para las personas que registren activos en el exterior, la alícuota será la misma que para los bienes registrados en el país. La reforma incluye un régimen especial que permitirá a los contribuyentes la posibilidad de pagar por anticipado el tributo de cinco ejercicios fiscales a tasa preferencial (0,45%) y congelando su patrimonio. Además, promete “estabilidad fiscal” hasta 2038. Para los contribuyentes cumplidores, en tanto, prevé un beneficio impositivo.
¿Qué obras públicas quedan a salvo de la motosierra de Milei?
La infraestructura financiada por el Estado que supere los $10.000 millones se cortará, salvo aquellas que tengan un grado de avance de un 80% de ejecución, o que cuenten con financiamiento internacional. Esto involucra a rutas, puentes, caminos, cloacas, parques, hospitales, escuelas, viviendas e iluminación de sitios públicos.
¿Cómo se buscará fomentar el empleo privado?
Se creará un régimen de promoción del empleo registrado y se eliminan las multas o infracciones para quienes no hayan regularizado debidamente a su personal. Este esquema será válido por los próximos tres meses a partir de la entrada en vigencia de la Ley Bases.
¿A qué sectores aplica el nuevo régimen de incentivo a las inversiones?
Las compañías que se desempeñen en las áreas vinculadas a la forestoindustria, la infraestructura, la minería, la energía, la tecnología, el turismo, la siderurgia, el petróleo y el gas podrán inscribirse en el RIGI. Para ello, tendrán que invertir un monto mínimo de US$200 millones.
Estos empresarios –o grupos empresariales– podrán recaudar el 20% del cobro de exportaciones luego de dos años de iniciada la inversión; el 40% después de tres años, y el 100% a partir de los cuatro años. Su ganancia neta tributará un 7%, pero después de 7 años de adhesión al régimen pasarán a pagar 3,5%.
Habrá un fomento para aquellos pequeños productores de las provincias que adhieran al RIGI. Las grandes compañías que se inscriban en el régimen deberán emplear a personas del lugar y contratar, como mínimo, un 20% de la totalidad del monto de inversión a proveedores locales.
¿Quiénes pueden aplicar al blanqueo y a quiénes se excluye?
Las personas que tengan bienes o activos sin regularizar –por fuera del ojo del Estado– podrán adherir al blanqueo que comenzará a regir desde la aprobación de la ley hasta el 30 de abril de 2025, con la posibilidad de prorrogarlo hasta el 31 de julio de 2025.
Para quienes quieran regularizar montos que no superen los US$100.000 podrán hacerlo sin pagar impuestos, en tanto y en cuanto ingresen el dinero en el sistema financiero argentino y no lo retiren hasta el 31 de diciembre de 2025, o bien lo destinen a cierto tipo de inversiones.
En tanto, si se quiere blanquear un monto superior a los US$100.000, se aplicará una alícuota del 5% en la primera etapa (hasta el 30 de septiembre de 2024), de un 10% en la segunda (desde octubre a diciembre de 2024) y de un 15% en la tercera (de enero a marzo de 2025).
Las personas que se inscriban en este blanqueo tendrán un incremento del 20% de la alícuota del impuesto a los bienes personales. Es decir, para ellos, la tasa de este tributo pasaría del 0,5% al 0,6%. No podrán inscribirse en blanqueos similares futuros hasta el 31 de diciembre de 2038.
No podrán adherir a este régimen de regularización los funcionarios públicos de los últimos diez años, así como a sus hermanos, cónyuges, convivientes, padres e hijos.
¿Qué potestad tendrá finalmente Milei para reestructurar los polémicos fondos fiduciarios?
Son recursos que el Estado destina a una entidad –pública o privada– para financiar determinados proyectos. La delegación de facultades le otorga a Milei la potestad para desarticularlos, algo que ya adelantó que tiene previsto concretar. Si bien se exceptúa de esta posible eliminación a aquel fideicomiso que subsidia el gas en la Patagonia, hay otra veintena que es muy probable que dejen de existir.
Uno de ellos es el Fondo Nacional del Manejo del Fuego, destinado a financiar el combate de incendios. Este posible recorte lo sentirán las provincias como Córdoba, Corrientes, Chubut o Río Negro, donde los incendios forestales son usuales con las altas temperaturas. Lo mismo si se elimina el Fondo Nacional para la Conservación de los Bosques Nativos.
En tanto, otro de estos fondos tiene previsto financiar la infraestructura del transporte, especialmente obras viales y ferroviarias. Su desaparición implicará, de no mediar financiamiento privado, menos inversión en trenes y rutas.
Por la probable desaparición de otros fideicomisos con un objetivo de integración social es esperable una merma en los proyectos que contemplan la construcción y mejora de viviendas sociales, y la urbanización de barrios populares. Para los dueños de pymes, por su parte, habrá menos acceso al financiamiento.
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