CUADERNOS, ANULAR LA SENTENCIA Y MORENO...EL CHANTA Y SU BANDITA

Cuadernos: dura crítica de un tribunal al fallo a favor de Calcaterra
El tribunal oral que lleva el juicio apuntó contra la Cámara de Casación, que con un fallo controvertido abrió una puerta para que los empresarios no sean juzgados por coimas
Paz Rodríguez NiellEl juez Castelli notificó a la Corte de la actuación de sus colegas archivo
El tribunal oral que llevará adelante el juicio del caso de “los cuadernos de las coimas” acusó a tres jueces de la Cámara Federal de Casación por evitar que el empresario Angelo Calcaterra sea juzgado por sobornos y mandar su caso a la Justicia Electoral “sin justificación legal”. Además, desde el tribunal informaron a la Corte Suprema de la controvertida decisión.
El tribunal oral que llevará adelante el juicio del caso de “los cuadernos de las coimas” firmó anteanoche una durísima y muy inusual resolución: acusó a tres jueces de la Cámara Federal de Casación, máximo tribunal penal, de haber sacado del juicio por sobornos al empresario Angelo Calcaterra y de haber mandado su caso a la Justicia Electoral “sin justificación legal”. La Corte fue puesta al tanto de esta decisión. Le envió una nota formal Germán Castelli, uno de los jueces del tribunal oral, para decirles a los ministros que en el caso hubo “interferencias funcionales extrañas a la buena administración de justicia”.
Calcaterra, empresario de la construcción y primo del expresidente Mauricio Macri, consiguió que la Casación tomara un planteo suyo (que el tribunal oral había dicho que no debía siquiera ser analizado) y logró que dijera que los presuntos pagos por izquierda que se descubrió que el empresario hizo a funcionarios públicos no tenían que ser juzgados como sobornos, sino como “aportes de campaña” no declarados. La amenaza de pena pasa así de la prisión a la multa. Con dos problemas adicionales: Servini ya cerró los expedientes por las rendiciones de los gastos de las campañas de 2013 y 2015 (a las que dice haber aportado Calcaterra) sin encontrar rastros de las supuestas donaciones del empresario y, dado el tiempo transcurrido desde los desembolsos, el caso electoral contra el empresario, en principio, estaría prescripto y ya no podría investigarse.
Según los jueces del Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7), los camaristas de casación Diego Barroetaveña, Carlos Mahiques y Daniel Petrone se asignaron una jurisdicción que no tenían, porque solo la Corte Suprema podía resolver el conflicto de competencia que promovió la defensa del empresario para llevarse el caso a la Justicia Electoral. Integran el TOF 7 Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Castelli.
Méndez Signori y Canero afirmaron que la decisión de Casación “asignándose jurisdicción para resolver el conflicto” entre la Justicia Electoral y la Penal, “adolece de justificación legal”.
Castelli fue incluso más duro que sus colegas: votó que se le pidiera a la Corte que se avocara al caso; es decir, que lo tomara de inmediato para revertir lo que hizo la Casación. Méndez Signori y Canero no accedieron a pedirle eso a la Corte porque si bien coincidieron en que la Casación se excedió en sus atribuciones, entendieron que el fallo que sacó a Calcaterra del caso cuadernos por ahora no está firme y que hay que esperar a que se tramiten los recursos contra esa decisión.
Anteayer, el fiscal Raúl Pleé pidió la nulidad del fallo de Barroetaveña, Mahiques y Petrone. Y tanto él como la Unidad de Información Financiera (UIF), que es querellante en la causa, pueden ahora presentar un recurso extraordinario para llegar por esa vía a la Corte Suprema para que deje sin efecto el pase del caso Calcaterra a la Justicia Electoral.
Lo primero que tiene que resolver la Casación es el planteo de nulidad de Pleé, que advirtió que la decisión que favoreció a Calcaterra debe ser dejada sin efecto porque no se le dio la debida intervención, antes de resolver, a la UIF, que es querellante en la causa. La propia UIF se sumó en las últimas horas al pedido de nulidad del fiscal con una presentación propia (ver aparte).
El trámite para resolver el planteo de Pleé ya está en curso: las partes fueron notificadas para que opinen sobre el pedido de nulidad. El plazo para que se pronuncien vence la semana próxima. Después, el mismo tribunal que dictó el fallo cuestionado tiene que resolver si lo anula o no. Su conformación ya no es la misma: Mahiques fue reemplazado por AlejandroSlokarenellugar vacante dela sala. Siguen Barroetaveña y Petrone. Habrá que ver si se excusan (y en ese caso, si les aceptan la excusación). Fuentes judiciales advirtieron a
que si Barroetaveña y Petrone la nacion hacen lugar al planteo de nulidad, ya no podrán volver a decidir –ni ellos ni Mahiques– y deberán sortearse otros camaristas para que resuelvan el destino del caso contra Calcaterra: si pasa o no a la Justicia Electoral. Además, queda todavía la posibilidad de que la fiscalía y la UIF recurran a la Corte. Tanto si les rechazan sus planteos de nulidad como si finalmente la Casación confirma el cambio de fuero del caso.
Si bien Castelli quedó en minoría en el fallo del TOF con su pedido de avocación a la Corte, este juez le envió anteanoche una nota al máximo tribunal “con el objeto de remitirle copia de lo resuelto en el día de la fecha por el Tribunal [el TOF que Castelli integra], a los fines de su conocimiento y eventuales efectos, en función de las explicaciones dadas en el anteúltimo párrafo del voto del suscripto, en minoría”.
En ese párrafo, Castelli sostuvo que “las particularidades del caso no se ciñen a comunes situaciones judiciales, sino a interferencias funcionales extrañas a la buena administración de justicia”. Dijo que esas particularidades “han sido motivo de expreso tratamiento” en el fallo en el que quedó en minoría, pero que él entiende que “deben ser informadas inmediatamente y aun como minoría a la Corte Suprema en su carácter de órgano supremo y cabeza del Poder Judicial, a los fines de su conocimiento y eventuales efectos, habida cuenta de que se encuentra en juego la responsabilidad internacional del Estado argentino”.
La Casación firmó el miércoles de la semana pasada el fallo cuestionado. Hizo lugar a un planteo de Calcaterra para que la investigación de los pagos que él mismo admitió en la Justicia fueran investigados por la jueza electoral María Servini. Ella coincidió con el planteo de la defensa y reclamó quedarse con el caso. En el mismo sentido se pronunció el fiscal federal Ramiro González, que subroga la fiscalía electoral.
González fue cuestionado por ese dictamen ante la Procuración por la fiscal del caso cuadernos, Fabiana León, que, como el fiscal ante la Casación Pleé, dijeron que no correspondía sacar a Calcaterra del juicio oral por el caso de los cuadernos. Un juicio que León reclama que se haga cuanto antes. El caso fue elevado al tribunal hace más de cuatro años y todavía no tiene fijada una fecha para el inicio del juicio.

Un argumento central para disponer el cambio de fuero fue que los pagos bajo investigación se hicieron en épocas electorales (en 2013 y 2015). Calcaterra dijo haber sido fuertemente presionado por Roberto Baratta, que era funcionario del Ministerio de Planificación Federal, para que aportara dinero para las campañas.
Los pagos fueron realizados en el garaje del Hotel Hilton, en Macacha Güemes 307 de la ciudad de Buenos Aires, el 1° de octubre de 2013, el 30 de junio de 2015, el 13 de julio de 2015 y el 4 de agosto de 2015. Y en Manuela Sáenz 323, el 11, 17, 18 y 25 de septiembre de 2013, el 16 de julio 2013, el 1° de agosto de 2013, el 22 de octubre de 2013, el 28 de mayo de 2015, el 18 de agosto de 2015, el 14 de septiembre de 2015 y el 21 de octubre de 2015. Según la defensa, se vincularon con las campañas electorales de 2013 y 2015.

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El Gobierno también pidió anular la sentencia
Lo hizo la Unidad de Información Financiera; quiere llegar a la Corte

Hernán Cappiello
En duros términos, la Unidad de Información Financiera, que es el organismo autónomo para perseguir el lavado de dinero y que depende del Ministerio de Justicia, pidió anular el fallo de la Cámara de Casación Penal que sacó al empresario Angelo Calcaterra del juicio por el caso de los cuadernos de las coimas, y dejó planteado que llegará a la Corte Suprema con este reclamo.
El escrito de la UIF se suma al que presentó el fiscal ante la Cámara de Casación, Raúl Pleé, contra la sentencia de los camaristas Diego Barroetaveña, Carlos Mahiques y Daniel Petrone, que entendieron que los 16 pagos que hizo Calcaterra a funcionarios del ex-Ministerio de Planificación Federal fueron aportes de campaña y no sobornos.
LA UIF advirtió que la decisión de Barroetaveña, Mahiques y Petrone es nula porque no la notificaron, pese a que es parte del caso, y por lo tanto no tuvieron oportunidad de opinar. El planteo, que firma el abogado de la UIF Mariano Abel Ezeyza, señala que lo resuelto “frustra la pretensión de este organismo de que se celebre el debate oral y público conforme lo expuesto en el requerimiento de elevación a juicio”, donde Calcaterra es uno de los acusados.
Señaló además que la incompetencia se dispuso “con posterioridad a la clausura de la instrucción, lo que implica sustituir arbitrariamente el análisis de los hechos y la prueba que debe producirse en la instancia de juicio”.
Este fallo de la Casación implica que Calcaterra ya no será parte del juicio oral contra Cristina Kirchner y otros 160 funcionarios y empresarios que admitieron haber pagado coimas. El fallo motivó que la Coalición Cívica denunciara a Barroetaveña, Petrone y Mahiques en el Consejo de la Magistratura, donde se abrió el expediente 88/2024 que fue enviado por la vicepresidenta, Agustina Díaz Cordero, a la Comisión de Asignaciones, para determinar si se gira a la Comisión de Disciplina (que trata faltas menores) o la de Acusación (donde se decide si corresponde el juicio político).

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Piden cuatro años de cárcel para Moreno por falsear el IPC
El fiscal Luciani acusó al exsecretario de Comercio de manipular los datos de la inflación; solicitó la misma pena para Paglieri
Guillermo Moreno
El fiscal Diego Luciani pidió condenar al exsecretario de Comercio kirchnerista Guillermo Moreno a cuatro años de prisión. El fiscal lo acusó de haber falseado el índice de inflación del Indec en 2007. Lo consideró penalmente responsable por los delitos de abuso de autoridad y de falsedad ideológica de un instrumento público y destrucción de documentos oficiales. También pidió que se le aplique una pena de 10 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Los jueces del Tribunal Oral Federal Nº 2, que escucharon el alegato del fiscal, son Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Guillermo Costabel.
“La intervención alteró indicadores cruciales como el IPC, que afectó las mediciones de pobreza, y estas manipulaciones han llevado a una desconfianza generalizada de las estadísticas oficiales”, dijo el fiscal durante el final de su alegato. Y agregó: “Moreno llevó las riendas de la maniobra. Ejerció presiones necesarias para lograr la consumación de los delitos”.
Luciani acusó además a la exdirectora del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec Beatriz Paglieri, para quien también pidió una pena de cuatro años y la inhabilitación por 10 años para ejercer cargos públicos.
La denuncia que dio inicio a este caso, presentada por la asociación civil sin fines de lucro Asamblea por los Derechos Sociales, señalaba que se habría desplazado a la entonces directora del IPC Graciela Bevacqua porque se negó a revelarle a Moreno los datos de los comercios sobre los cuales se efectuaban los estudios de campo para establecer los índices inflacionarios. Frenó el presunto objetivo del funcionario, ya conocido en ese entonces por sus presiones a las empresas, de “visitar” esos comercios. Moreno la reemplazó por Paglieri.
Para las exempleadas del Indec Marcela Lucía Filia y María Celeste Cámpora Avellaneda, también implicadas en esta causa, Luciani pidió dos años de prisión en suspenso.
El fiscal que investigó a Moreno en primera instancia, Carlos Stornelli, tuvo por probado que el exfuncionario abusó de su autoridad para designar a personas de su confianza en el Indec y, así, poder controlar el IPC y obtener un coeficiente de evolución de la inflación más bajo que el esperable. Sostuvo que habría hostigado a funcionarios para conocer información protegida por el secreto estadístico y, ante su negativa, los habría reemplazado por gente de su confianza. El defensor de Moreno en esta causa es Alejandro Rúa.

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