Loan, entre la Argentina recurrente y el país que no miramos
Una vez más, asistimos a un despliegue pasmoso de ineficacia investigativa: alertas tardías, peritajes mal hechos, pruebas desatendidas y aparente encubrimiento
Luciano Román 
Envuelto en conjeturas y misterios, el caso Loan nos conecta con una Argentina que no vemos y que nos cuesta entender. Es una Argentina sumergida en el aislamiento y el atraso, donde una combinación de indigencia material y cultural termina desdibujando el valor de la vida. Es la Argentina en la que una abuela cree que a su nieto lo puede haber devorado “el Pomberito”, y donde lazos familiares y sociales suelen verse atravesados por la promiscuidad y cierto primitivismo ritual. Es otra idiosincrasia y otra matriz cultural, a la que por supuesto no puede juzgarse con liviandad ni confinar al estereotipo. Pero exhibe rasgos desacoplados de los códigos normativos que deberían unificar a una sociedad en el respeto a las diferencias. Es un país periférico, pero real; que parece lejano, pero que está más cerca de lo que imaginamos. Es un país silenciado, donde la desaparición, la “entrega” o la venta de un niño pertenecen al mundo de lo verosímil.
Provincias como Chaco, Corrientes, Formosa y Santiago del Estero tienen las tasas de analfabetismo más altas del país. En Chaco roza el 6% y en Corrientes, donde se desarrolla el drama de Loan, es del 4,5%, cuatro veces más que el promedio nacional, según datos oficiales. Son, al mismo tiempo, las provincias con índices más elevados de pobreza crónica o estructural. En ese contexto, no solo se deterioran las condiciones de vida material, sino también las relaciones humanas. La fragmentación familiar domina la vida cotidiana. El hacinamiento habitacional y la inseguridad alimentaria potencian riesgos en la salud y la convivencia. La educación y el trabajo se debilitan como ejes ordenadores de la vida social. Eso deriva en una suerte de marginalidad espiritual: se levantan altares paganos a figuras como San La Muerte, se hacen extraños rituales y llegan a justificarse estrambóticos “sacrificios” que suelen ser aprovechados por organizaciones delictivas vinculadas a la trata de personas, la esclavitud sexual o las adopciones ilegales, entre otros entramados tenebrosos que se montan sobre las necesidades y la ignorancia de personas vulnerables. Todo esto se exacerba en geografías fronterizas, donde la cultura del tráfico convive con la laxitud de las normas y la completa ausencia de controles. Algo de ese mundo parece asomar detrás de un caso que mantiene al país en vilo. No es algo que solo se observe en regiones rurales y empobrecidas del norte: también en el conurbano bonaerense se asocian estos rasgos de la marginalidad y la miseria.
Al mismo tiempo, con la desaparición de Loan se vuelve a ver una Argentina recurrente: la de la inoperancia judicial, la corrupción policial y la connivencia de sectores vinculados al poder. Una vez más, asistimos a un despliegue pasmoso de ineficacia investigativa: alertas tardías, peritajes mal hechos, pruebas desatendidas y aparente encubrimiento. El caso Loan no difiere, en ese sentido, de lo que se vio en Chaco con la desaparición y muerte de Cecilia Strzyzowski o de tantos otros crímenes donde el guion de complicidad y encubrimiento se reescribe, casi idéntico, una y otra vez. Es un patrón común en los feudos provinciales, pero no solo en esos enclaves caracterizados por la fragilidad institucional. Pisotear la escena del crimen o de la desaparición, falsear o manipular huellas, demorar procedimientos, “plantar” evidencias o seguir pistas falsas es una especie de clásico argentino que conecta el caso Loan con otros tan diferentes como los de María Marta García Belsunce, Nisman, María Soledad Morales, José Luis Cabezas, Santiago Maldonado o el triple crimen de la efedrina.
Cada vez que la sociedad se conmueve por un hecho trágico o criminal, ya sea un homicidio, un incendio o un choque de trenes, se encuentra con una Argentina “atada con alambre”, en la que la falta de profesionato lismo y la mala praxis del Estado aparecen como una constante. En el caso de Loan, la negligencia de la Justicia correntina ha resultado tan evidente como grosera. Nada que no hayamos visto, sin embargo, en estructuras judiciales supuestamente más sólidas y mejor equipadas, como las de la Capital Federal o la provincia de Buenos Aires. En ese paisaje ha hecho su aparición un abogado especializado en acumular “millas televisivas”: otro actor de la Argentina recurrente, que hoy puede representar a Loan y mañana a sus captores.
La detención de un comisario y una funcionaria municipal también remite a una película que ya se ha vismuchas veces: en la Argentina, el vínculo entre las mafias y el Estado ha atravesado en las últimas décadas toda la pirámide del poder. Y encadena eslabones de distinta jerarquía: desde cúpulas partidarias hasta el más rústico lumpenaje.
La cultura del feudo, que el kirchnerismo supo instalar en lo más alto de la política nacional, tiene su primer escalón en los municipios, donde muchas veces se benefician de la falta de lupas y reflectores de la prensa independiente. Fue en otra comuna correntina, la de Itatí, donde supimos que el narcotráfico se manejaba desde el despacho del intendente. Ahora asistimos a la sospecha de que, por la administración de un pequeño pueblo, como Nueve de Julio, podría pasar el vértice de una organización criminal con conexiones internacionales. ¿Son casos aislados o responden a una matriz y un modelo que recorre la Argentina desde Corrientes hasta Santa Cruz?
Aun en medio de dudas e incertidumbre, el caso Loan parece descorrer un nuevo velo sobre la complicidad de distintos niveles del Estado en la expansión del crimen organizado. Entre la connivencia de unos y la inoperancia de otros, encuentran un campo fértil las redes de trata, de adopciones ilegales, de contrabando y tráfico de drogas. No está claro, todavía, que Loan haya sido víctima de esa telaraña delictiva, aunque los indicios orientan la investigación hacia ese lado. Pero hay algo de lo que no existen dudas: la arquitectura mafiosa se ha hecho cada vez más intrincada y más sólida en la Argentina, donde ha colonizado distintos estamentos del sistema institucional.
El caso Loan, por una sucesión de misterios y casualidades, tiene un enorme impacto nacional. Pero son más de cien los niños que permanecen desaparecidos en la Argentina, según un informe de Missing Children que acaba de publicar la nacion. Muchas de ellas son historias anónimas, otras nos remiten a nombres que ya apenas recordamos. Pero en todos los casos, se vinculan con los dramas de un país al que cada vez le cuesta más garantizar la seguridad, el bienestar y el futuro de sus hijos.
Solo pensar en las vicisitudes de un niño de apenas cinco años “arrancado” de su familia estremece y genera angustia en la sociedad. Es una tragedia que se conecta con uno de los mayores miedos del ser humano: que a un hijo “se lo trague la tierra”. Son horrores que no ocurren solo en la Argentina, por supuesto. Ahora mismo puede verse en Netflix la historia de Emanuela Orlandi, la adolescente que desapareció en el Vaticano y de la que jamás se supo nada, a pesar de una investigación que lleva décadas y que movilizó a varios papas. El mundo entero se conmovió con el misterio de Madeleine McCann, la niña de solo tres años que desapareció para siempre en un paraíso turístico de Portugal. Se trata de historias dramáticas e inconcebibles en las que la impunidad ha doblegado a las instituciones más poderosas y sofisticadas del mundo.
El caso Loan, sin embargo, condensa el drama de la Argentina: atraso, pobreza, corrupción y debilidad institucional. Queda al menos la esperanza de una sociedad movilizada y sensible, que una vez más pide justicia. ¿Puede haber algo más atroz que el secuestro de una criatura? Sí: la indiferencia frente al horror.
Aun en medio de dudas e incertidumbre, el caso Loan parece descorrer un nuevo velo sobre la complicidad de distintos niveles del Estado en la expansión del crimen organizado
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Atroces desapariciones de niños
Además de extremar todos los esfuerzos para hallar a Loan, es necesaria una fuerte política de Estado para combatir el flagelo de la trata de personas
En septiembre pasado, se estrenó entre nosotros Sonido de libertad, una película de bajo presupuesto que alcanzó records de público. Sin golpes bajos, plantea el caso real de un exagente del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos que arriesga su vida para rescatar a un niño hondureño de las garras de una red internacional de trata y pedofilia. El objetivo de la distribuidora Angel Studio era crear conciencia sobre esa dolorosa realidad presente delante de nuestras narices. Sin embargo, muchos nunca se animaron a verla y otros solo criticaron que ventilara la gravedad del abuso infantil, que incomoda a poderosos y que prospera ante tanta indiferencia social.
El Registro Nacional de Información de Personas Menores Extraviadas (Rnipme) informó que durante 2022 se recibieron 1935 búsquedas de paraderos de niños y adolescentes, número que se elevó a 3115 en 2023. Hasta fines de marzo de este año, se registraron 687 nuevas búsquedas. A mayo continuaban en trámite en el Rnipme un total de 1777. A la ausencia de cifras oficiales sobre el número real de personas perdidas, se suma que no hay una coordinación centralizada en una única base de datos. Las estimaciones refieren unos 10 mil por causas que van desde redes de trata a problemas psiquiátricos, fugas o suicidios.
La ley 26.364 sobre Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas contempla un aumento de las penas cuando la víctima fuera menor de 13 años, cuando mediare engaño, fraude, violencia o intimidación, pagos o beneficios, o cuando el autor fuera afín en línea recta, hermano, conviviente, tutor de la víctima, ministro de un culto o funcionario público. La máxima prevista es de 15 años.
La desaparición del niño correntino Loan Danilo Peña, de cinco años de edad, acaecida el 13 de junio pasado, volvió las miradas hacia la dramática realidad de muchos otros chicos perdidos. La activa ONG de alcance internacional Missing Children reporta que en su filial local recibe un promedio de cuatro o cinco denuncias diarias, mayormente del Gran Buenos Aires. En las últimas tres décadas unos 112 casos similares al de Loan –74 de ellos menores– nunca pudieron resolverse. A la fecha, unos 40 ya son mayores de edad, pero sus fotos de cómo se verían hoy siguen difundiéndose aplicando para ello IA. La mayoría nunca alcanzó la repercusión que tuvo Loan.
Ha habido casos emblemáticos, como el de Guadalupe Lucero, de cinco años, que desapareció en 2021 frente a la casa de su tía en San Luis. En 2008, fue Sofía Herrera, de apenas tres años, en Tierra del Fuego, con cuyo nombre el Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (Sifebu) del Ministerio de Seguridad –que busca a personas de todas las edades– bautizó el sistema de emergencia para localizar menores desaparecidos en peligro. “Alerta Sofía” activa la difusión masiva de la imagen e información del niño o adolescente desaparecido.
Ana Rosa Llobet. presidenta de Missing Children Argentina, habla de una investigación “tardía” y lamenta que sea “un caso más de estos en los que, de entrada, las cosas se hacen mal”. En manos del fiscal de Goya Guillermo Barry, inicialmente, y de Juan Carlos Castillo, luego, la supuesta pérdida condujo al rastrillaje de más de 12 mil hectáreas, donde hoy se especula pudo haberse plantado la zapatilla de Loan. Con seis detenidos, el correr de los días robusteció otras hipótesis, al tiempo que procedimientos y peritajes descartados en un primer momento se revelaron tardíos. Hoy, con la causa en manos de la jueza federal Cristina Pozzer Penzo, los referidos fiscales abandonaron la hipótesis de la pérdida para afirmar que “la captación está acreditada” y se declararon incompetentes. La Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) colabora en la investigación. A 14 días, nada se descarta y los rastrillajes continúan con supervisión federal sobre la policía provincial tras la detención del comisario Walter A. Maciel. Desde Goya,
la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, afirmó que la competencia de la causa no estaría aún definida y no descartó que el menor esté fuera del país.
Las multitudinarias marchas en toda la provincia en reclamo de la aparición de Loan no cesan. Con una recompensa de 5 millones de pesos se recibieron más de 400 llamados a la línea 134 para aportar datos.
Una sociedad en estado de impacto emocional asiste con angustia a las novedades de un caso que despierta profunda empatía y que nos recuerda que el problema está a la vuelta de la esquina y no en territorios lejanos y ajenos. Después del narcotráfico y el tráfico de armas, el tercer negocio ilícito más redituable es el de la trata, con el agravante de que los sujetos del comercio pueden venderse más de una vez. Más de 40 millones de personas son víctimas de este flagelo transnacional; el 35% corresponde a menores de edad. La trata afecta mayoritariamente a mujeres, en un 75% son mujeres y niñas; por cada caso detectado habrá 20 que no lo están. La mitad de las víctimas lo son por explotación sexual, seguidas por sometimiento a trabajos forzados, también para extracción y venta de órganos y entrega en adopción ilegal.
En un duro comunicado la Iglesia expresó que la trata de personas es “una realidad que lacera el tejido social de nuestra patria y que muchas veces no es reconocida suficientemente por la misma sociedad y por los responsables de velar por la vida de sus habitantes”. Si de algo puede servir la atroz desaparición de Loan ha de ser para sensibilizar e instalar conversaciones sobre cuestiones tan dolorosas como el accionar de redes de pederastia, turismo sexual y pornografía infantil y grooming. Crear conciencia servirá para que cada uno pueda también sumar una mirada atenta capaz de denunciar estos delitos dentro de las primeras 48 horas. Debemos insistir sobre el valor de una política de Estado fuerte y comprometida, de reflejos rápidos, para enfrentar este grave problema. ¿Cuántos más Loan habrá por allí?
Envuelto en conjeturas y misterios, el caso Loan nos conecta con una Argentina que no vemos y que nos cuesta entender. Es una Argentina sumergida en el aislamiento y el atraso, donde una combinación de indigencia material y cultural termina desdibujando el valor de la vida. Es la Argentina en la que una abuela cree que a su nieto lo puede haber devorado “el Pomberito”, y donde lazos familiares y sociales suelen verse atravesados por la promiscuidad y cierto primitivismo ritual. Es otra idiosincrasia y otra matriz cultural, a la que por supuesto no puede juzgarse con liviandad ni confinar al estereotipo. Pero exhibe rasgos desacoplados de los códigos normativos que deberían unificar a una sociedad en el respeto a las diferencias. Es un país periférico, pero real; que parece lejano, pero que está más cerca de lo que imaginamos. Es un país silenciado, donde la desaparición, la “entrega” o la venta de un niño pertenecen al mundo de lo verosímil.
Provincias como Chaco, Corrientes, Formosa y Santiago del Estero tienen las tasas de analfabetismo más altas del país. En Chaco roza el 6% y en Corrientes, donde se desarrolla el drama de Loan, es del 4,5%, cuatro veces más que el promedio nacional, según datos oficiales. Son, al mismo tiempo, las provincias con índices más elevados de pobreza crónica o estructural. En ese contexto, no solo se deterioran las condiciones de vida material, sino también las relaciones humanas. La fragmentación familiar domina la vida cotidiana. El hacinamiento habitacional y la inseguridad alimentaria potencian riesgos en la salud y la convivencia. La educación y el trabajo se debilitan como ejes ordenadores de la vida social. Eso deriva en una suerte de marginalidad espiritual: se levantan altares paganos a figuras como San La Muerte, se hacen extraños rituales y llegan a justificarse estrambóticos “sacrificios” que suelen ser aprovechados por organizaciones delictivas vinculadas a la trata de personas, la esclavitud sexual o las adopciones ilegales, entre otros entramados tenebrosos que se montan sobre las necesidades y la ignorancia de personas vulnerables. Todo esto se exacerba en geografías fronterizas, donde la cultura del tráfico convive con la laxitud de las normas y la completa ausencia de controles. Algo de ese mundo parece asomar detrás de un caso que mantiene al país en vilo. No es algo que solo se observe en regiones rurales y empobrecidas del norte: también en el conurbano bonaerense se asocian estos rasgos de la marginalidad y la miseria.
Al mismo tiempo, con la desaparición de Loan se vuelve a ver una Argentina recurrente: la de la inoperancia judicial, la corrupción policial y la connivencia de sectores vinculados al poder. Una vez más, asistimos a un despliegue pasmoso de ineficacia investigativa: alertas tardías, peritajes mal hechos, pruebas desatendidas y aparente encubrimiento. El caso Loan no difiere, en ese sentido, de lo que se vio en Chaco con la desaparición y muerte de Cecilia Strzyzowski o de tantos otros crímenes donde el guion de complicidad y encubrimiento se reescribe, casi idéntico, una y otra vez. Es un patrón común en los feudos provinciales, pero no solo en esos enclaves caracterizados por la fragilidad institucional. Pisotear la escena del crimen o de la desaparición, falsear o manipular huellas, demorar procedimientos, “plantar” evidencias o seguir pistas falsas es una especie de clásico argentino que conecta el caso Loan con otros tan diferentes como los de María Marta García Belsunce, Nisman, María Soledad Morales, José Luis Cabezas, Santiago Maldonado o el triple crimen de la efedrina.
Cada vez que la sociedad se conmueve por un hecho trágico o criminal, ya sea un homicidio, un incendio o un choque de trenes, se encuentra con una Argentina “atada con alambre”, en la que la falta de profesionato lismo y la mala praxis del Estado aparecen como una constante. En el caso de Loan, la negligencia de la Justicia correntina ha resultado tan evidente como grosera. Nada que no hayamos visto, sin embargo, en estructuras judiciales supuestamente más sólidas y mejor equipadas, como las de la Capital Federal o la provincia de Buenos Aires. En ese paisaje ha hecho su aparición un abogado especializado en acumular “millas televisivas”: otro actor de la Argentina recurrente, que hoy puede representar a Loan y mañana a sus captores.
La detención de un comisario y una funcionaria municipal también remite a una película que ya se ha vismuchas veces: en la Argentina, el vínculo entre las mafias y el Estado ha atravesado en las últimas décadas toda la pirámide del poder. Y encadena eslabones de distinta jerarquía: desde cúpulas partidarias hasta el más rústico lumpenaje.
La cultura del feudo, que el kirchnerismo supo instalar en lo más alto de la política nacional, tiene su primer escalón en los municipios, donde muchas veces se benefician de la falta de lupas y reflectores de la prensa independiente. Fue en otra comuna correntina, la de Itatí, donde supimos que el narcotráfico se manejaba desde el despacho del intendente. Ahora asistimos a la sospecha de que, por la administración de un pequeño pueblo, como Nueve de Julio, podría pasar el vértice de una organización criminal con conexiones internacionales. ¿Son casos aislados o responden a una matriz y un modelo que recorre la Argentina desde Corrientes hasta Santa Cruz?
Aun en medio de dudas e incertidumbre, el caso Loan parece descorrer un nuevo velo sobre la complicidad de distintos niveles del Estado en la expansión del crimen organizado. Entre la connivencia de unos y la inoperancia de otros, encuentran un campo fértil las redes de trata, de adopciones ilegales, de contrabando y tráfico de drogas. No está claro, todavía, que Loan haya sido víctima de esa telaraña delictiva, aunque los indicios orientan la investigación hacia ese lado. Pero hay algo de lo que no existen dudas: la arquitectura mafiosa se ha hecho cada vez más intrincada y más sólida en la Argentina, donde ha colonizado distintos estamentos del sistema institucional.
El caso Loan, por una sucesión de misterios y casualidades, tiene un enorme impacto nacional. Pero son más de cien los niños que permanecen desaparecidos en la Argentina, según un informe de Missing Children que acaba de publicar la nacion. Muchas de ellas son historias anónimas, otras nos remiten a nombres que ya apenas recordamos. Pero en todos los casos, se vinculan con los dramas de un país al que cada vez le cuesta más garantizar la seguridad, el bienestar y el futuro de sus hijos.
Solo pensar en las vicisitudes de un niño de apenas cinco años “arrancado” de su familia estremece y genera angustia en la sociedad. Es una tragedia que se conecta con uno de los mayores miedos del ser humano: que a un hijo “se lo trague la tierra”. Son horrores que no ocurren solo en la Argentina, por supuesto. Ahora mismo puede verse en Netflix la historia de Emanuela Orlandi, la adolescente que desapareció en el Vaticano y de la que jamás se supo nada, a pesar de una investigación que lleva décadas y que movilizó a varios papas. El mundo entero se conmovió con el misterio de Madeleine McCann, la niña de solo tres años que desapareció para siempre en un paraíso turístico de Portugal. Se trata de historias dramáticas e inconcebibles en las que la impunidad ha doblegado a las instituciones más poderosas y sofisticadas del mundo.
El caso Loan, sin embargo, condensa el drama de la Argentina: atraso, pobreza, corrupción y debilidad institucional. Queda al menos la esperanza de una sociedad movilizada y sensible, que una vez más pide justicia. ¿Puede haber algo más atroz que el secuestro de una criatura? Sí: la indiferencia frente al horror.
Aun en medio de dudas e incertidumbre, el caso Loan parece descorrer un nuevo velo sobre la complicidad de distintos niveles del Estado en la expansión del crimen organizado
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Atroces desapariciones de niños
Además de extremar todos los esfuerzos para hallar a Loan, es necesaria una fuerte política de Estado para combatir el flagelo de la trata de personas
En septiembre pasado, se estrenó entre nosotros Sonido de libertad, una película de bajo presupuesto que alcanzó records de público. Sin golpes bajos, plantea el caso real de un exagente del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos que arriesga su vida para rescatar a un niño hondureño de las garras de una red internacional de trata y pedofilia. El objetivo de la distribuidora Angel Studio era crear conciencia sobre esa dolorosa realidad presente delante de nuestras narices. Sin embargo, muchos nunca se animaron a verla y otros solo criticaron que ventilara la gravedad del abuso infantil, que incomoda a poderosos y que prospera ante tanta indiferencia social.
El Registro Nacional de Información de Personas Menores Extraviadas (Rnipme) informó que durante 2022 se recibieron 1935 búsquedas de paraderos de niños y adolescentes, número que se elevó a 3115 en 2023. Hasta fines de marzo de este año, se registraron 687 nuevas búsquedas. A mayo continuaban en trámite en el Rnipme un total de 1777. A la ausencia de cifras oficiales sobre el número real de personas perdidas, se suma que no hay una coordinación centralizada en una única base de datos. Las estimaciones refieren unos 10 mil por causas que van desde redes de trata a problemas psiquiátricos, fugas o suicidios.
La ley 26.364 sobre Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas contempla un aumento de las penas cuando la víctima fuera menor de 13 años, cuando mediare engaño, fraude, violencia o intimidación, pagos o beneficios, o cuando el autor fuera afín en línea recta, hermano, conviviente, tutor de la víctima, ministro de un culto o funcionario público. La máxima prevista es de 15 años.
La desaparición del niño correntino Loan Danilo Peña, de cinco años de edad, acaecida el 13 de junio pasado, volvió las miradas hacia la dramática realidad de muchos otros chicos perdidos. La activa ONG de alcance internacional Missing Children reporta que en su filial local recibe un promedio de cuatro o cinco denuncias diarias, mayormente del Gran Buenos Aires. En las últimas tres décadas unos 112 casos similares al de Loan –74 de ellos menores– nunca pudieron resolverse. A la fecha, unos 40 ya son mayores de edad, pero sus fotos de cómo se verían hoy siguen difundiéndose aplicando para ello IA. La mayoría nunca alcanzó la repercusión que tuvo Loan.
Ha habido casos emblemáticos, como el de Guadalupe Lucero, de cinco años, que desapareció en 2021 frente a la casa de su tía en San Luis. En 2008, fue Sofía Herrera, de apenas tres años, en Tierra del Fuego, con cuyo nombre el Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (Sifebu) del Ministerio de Seguridad –que busca a personas de todas las edades– bautizó el sistema de emergencia para localizar menores desaparecidos en peligro. “Alerta Sofía” activa la difusión masiva de la imagen e información del niño o adolescente desaparecido.
Ana Rosa Llobet. presidenta de Missing Children Argentina, habla de una investigación “tardía” y lamenta que sea “un caso más de estos en los que, de entrada, las cosas se hacen mal”. En manos del fiscal de Goya Guillermo Barry, inicialmente, y de Juan Carlos Castillo, luego, la supuesta pérdida condujo al rastrillaje de más de 12 mil hectáreas, donde hoy se especula pudo haberse plantado la zapatilla de Loan. Con seis detenidos, el correr de los días robusteció otras hipótesis, al tiempo que procedimientos y peritajes descartados en un primer momento se revelaron tardíos. Hoy, con la causa en manos de la jueza federal Cristina Pozzer Penzo, los referidos fiscales abandonaron la hipótesis de la pérdida para afirmar que “la captación está acreditada” y se declararon incompetentes. La Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) colabora en la investigación. A 14 días, nada se descarta y los rastrillajes continúan con supervisión federal sobre la policía provincial tras la detención del comisario Walter A. Maciel. Desde Goya,
la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, afirmó que la competencia de la causa no estaría aún definida y no descartó que el menor esté fuera del país.
Las multitudinarias marchas en toda la provincia en reclamo de la aparición de Loan no cesan. Con una recompensa de 5 millones de pesos se recibieron más de 400 llamados a la línea 134 para aportar datos.
Una sociedad en estado de impacto emocional asiste con angustia a las novedades de un caso que despierta profunda empatía y que nos recuerda que el problema está a la vuelta de la esquina y no en territorios lejanos y ajenos. Después del narcotráfico y el tráfico de armas, el tercer negocio ilícito más redituable es el de la trata, con el agravante de que los sujetos del comercio pueden venderse más de una vez. Más de 40 millones de personas son víctimas de este flagelo transnacional; el 35% corresponde a menores de edad. La trata afecta mayoritariamente a mujeres, en un 75% son mujeres y niñas; por cada caso detectado habrá 20 que no lo están. La mitad de las víctimas lo son por explotación sexual, seguidas por sometimiento a trabajos forzados, también para extracción y venta de órganos y entrega en adopción ilegal.
En un duro comunicado la Iglesia expresó que la trata de personas es “una realidad que lacera el tejido social de nuestra patria y que muchas veces no es reconocida suficientemente por la misma sociedad y por los responsables de velar por la vida de sus habitantes”. Si de algo puede servir la atroz desaparición de Loan ha de ser para sensibilizar e instalar conversaciones sobre cuestiones tan dolorosas como el accionar de redes de pederastia, turismo sexual y pornografía infantil y grooming. Crear conciencia servirá para que cada uno pueda también sumar una mirada atenta capaz de denunciar estos delitos dentro de las primeras 48 horas. Debemos insistir sobre el valor de una política de Estado fuerte y comprometida, de reflejos rápidos, para enfrentar este grave problema. ¿Cuántos más Loan habrá por allí?
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