EL FISCAL DEL CASO CUADERNOS Y ENTRE RÍOS

La caja fuerte de Stornelli y la increíble desaparición de evidencias de un juzgado
El caso que investiga la Justicia abre interrogantes sobre un sospechoso asalto que sufrió el fiscal; el extraño rol de la empleada que trabajaba en su casa
Damián Nabot
El fiscal federal Carlos Stornelli

El último día del mes pasado alguien entró al Juzgado Criminal y Correccional N°49. Fue después de la hora del almuerzo, cuando Tribunales es todavía un hormiguero. Sin embargo, el intruso se metió en las oficinas judiciales, tomó la bolsa de plástico que contenía el teléfono, con su información trascendental, y se la llevó. Todo a plena luz del día, en el edificio de Lavalle 1171, donde se amontonan los juzgados, donde los policías vigilan cada puerta, donde secretarios, custodias y jueces se conocen. Allí entró el ladrón, se llevó el teléfono y se fue caminando.
No era un teléfono cualquiera: había sido secuestrado a uno de los integrantes de una banda criminal que meses antes había entrado a robar al departamento del fiscal federal Carlos Stornelli, quien entre otras causas de peso llevó adelante la investigación del caso de corrupción más grande de la Argentina, los cuadernos de la coimas.
El robo de la evidencia, en este caso llevarse el celular del juzgado, es una forma de cortar la línea de investigación. La desaparición complica la tarea del fiscal Lucio Herrera, a cargo del caso del robo en la casa de Stornelli, de descubrir quiénes son los verdaderos jefes de la banda que entró al departamento.
Ingresar a un juzgado y llevarse evidencia que debe usarse en el juicio excede las facultades de un simple ladrón. Necesita al menos complicidad policial, de funcionarios judiciales o de los servicios de inteligencia. La jueza Ángeles Gómez Maiorano, a cargo de la causa del robo a Stornelli, prefirió no contestar las preguntas  y no explicó cómo se llevaron las pruebas de su tribunal.
El edificio de los tribunales de Lavalle 1171, en la ciudad de Buenos Aires
El caso tiene todavía más situaciones insólitas. Al ampliar su denuncia, la secretaria del juzgado reconoció que el intruso no se había llevado un celular, sino tres. Y dio más detalles: fueron uno marca Samsung modelo A32, de color gris, y otros dos marca Xiomi, modelo Note. En otras palabras, el juzgado no sabía a ciencia cierta qué faltaba cuando se realizó la primera denuncia. A diferencia de su primer testimonio, la secretaria del juzgado admitió que no estaba segura de cuándo se los habían robado. “Se desconoce la fecha en la que fueron sustraídos de la caja donde estaban reservados”, anotaron los funcionarios judiciales. ¿Entraron más de una vez?
Los tres celulares eran pruebas sustanciales del robo al domicilio de Stornelli, que ocurrió el año pasado, pero que hasta ahora no había trascendido. Fue el 29 de noviembre y necesitó la participación de la empleada doméstica, Nancy Felicitas Palacios Hernández. La mujer aseguró que ese día recibió un llamado de una persona que, según creyó, era el hijo del fiscal y que le transmitió la orden de darle dinero que Stornelli tenía en el departamento de la calle San Martín de Tours, en la ciudad de Buenos Aires. La llamada a Palacios Hernández duró casi una hora. Cuando cortó, la mujer tomó un dinero que estaba en el placard y se lo llevó a dos hombres a bordo de un Citroen C3 color gris oscuro, que esperaban afuera del departamento. Después regresó al domicilio del fiscal.
Minutos más tarde, a las 14.20 horas, la empleada salió de nuevo del departamento y se encontró frente a la calle Castex y San Martín de Tours, con uno de los ocupantes del Citroen C3. Se trataba de Alejandro Emiliano Cardoso Velázquez, que vestía un jean azul y remera oscura. El hombre le alcanzó un celular y la mujer se puso a hablar con una tercera persona.
Después, la empleada regresó al departamento, se metió en el dormitorio, tomó una caja fuerte que pesaba unos 20 kilos y la envolvió con una frazada. Stornelli podía llegar de un momento a otro a su departamento. Pero Palacios Hernández siguió adelante. Levantó la caja fuerte oculta en la frazada y la llevó a la calle. El encargado del edificio la vio pasar y le hizo un comentario. Ella argumentó que aquella curiosa carga era un televisor viejo.
En la caja fuerte había dólares, euros y relojes de lujo antiguos que coleccionaba el fiscal. También había algunas joyas, pasaportes y documentos personales.
Tras abandonar el edificio, la empleada se volvió a encontrar con Cardoso Velázquez, que había estado dando vueltas a bordo del Citroen C3 conducido por Mauro Uriel Vargas. Entregó la caja fuerte a los dos hombres y volvió al departamento.
El chofer Oscar Centeno, al ser trasladado junto al fiscal Carlos Stornelli
Al rato, Stornelli llegó a su casa, según pudo reconstruir LA NACION, pero la empleada no le dijo nada. Ese día, el fiscal no se enteró de lo que había ocurrido en su hogar.
Entre tanto, Cardoso Velázquez y Vargas escaparon a toda velocidad por las calles de la ciudad y se escondieron en Agrelo 3684. Allí rompieron la caja fuerte, se apoderaron de los dólares, las joyas y dejaron en el Citroen algunos documentos personales del fiscal. Abandonaron el auto y se fueron caminando.
Cuando Stornelli descubrió lo sucedido, dos días después, la empleada argumentó que había entregado la caja fuerte por un llamado telefónico de una persona que se hizo pasar por el hijo del fiscal. Y que ella le había creído. Durante días, no le había dicho nada al matrimonio Stornelli. Cuando revisaron las grabaciones de las cámaras de seguridad, la empleada aparecía cargando la frazada con lo robado. La empleada fue enfrentada entonces a las imágenes que la comprometían. “Me quedé helada”, declaró después en la Justicia, cuando reconstruyó la escena e intentó explicar su situación. “Ahí me desplomé, no sabía qué hacer, me apoyé sobre el lavadero”, agregó. Otras grabaciones de cámaras del barrio mostraron que la empleada doméstica saludó con besos a los extraños del Citroen que se llevaron lo robado y huyeron.
Hay investigadores que consideran que el relato de la empleada tiene costados inverosímiles: el retiro de la caja fuerte sin consultar a Stornelli, la obediencia ciega a las indicaciones de extraños, los saludos amistosos con los ladrones y el silencio posterior sobre lo sucedido hasta que fue descubierta.
Sin embargo, la jueza Gómez Maiorano creyó en la inocencia de la empleada doméstica, la desvinculó de la investigación y consideró que se trató de una estafa instrumentada por los detenidos Mauro Uriel Vargas, Alejandro Emiliano Cardoso Velázquez y “probablemente autores no individualizados”. Para la jueza, la empleada era una víctima y el caso estaba resuelto.
Stornelli no estuvo de acuerdo. “Ninguna prueba da sustento a la mentirosa versión dada por la imputada”, planteó el fiscal en su rechazo a que Nancy Palacios Hernández fuera sobreseída. Y advirtió que la jueza no había reparado en “el peligro que se ha generado no solamente” para su persona sino la de su “familia”, al violentar su domicilio.
Stornelli también advirtió que la jueza no lo había vuelto a llamar a declarar y tampoco a su esposa y su hijo. También destacó que a la magistrada no le llamó la atención que en los allanamientos de “tres personas de vida sumamente modesta” encontraran casi $650.000 y US$3.500″.
Además de una enorme enumeración de puntos oscuros en el caso, Stornelli le preguntó a la jueza si no le llamó la atención que en las imágenes recopiladas se viera que la empleada doméstica saludando “al caco con un beso, éste le pasara un teléfono, hablara y después se despidiera con un beso”. “¿No ha considerado esa circunstancia, no ya como un indicio sino como una prueba directa del accionar conjunto y del conocimiento entre ambos?”, se preguntó. Pero la jueza se mantuvo en su postura.
Todo eso fue antes de que el mes pasado entraran al juzgado que investigaba el caso y se llevaran los celulares de los sospechosos, en una operación que demostró que el robo al departamento de Stornelli esconde una organización que supera a los dos rateros detenidos que manejaban el Citroen. Alcanzarlos ahora se volvió más difícil. Y tirar de los hilos que llevan a peces gordos, como el jefe policial que apareció mencionado en uno de los escritos de la causa, exige un valor que a veces, en los juzgados argentinos, escasea como la lluvia en el desierto.
El nombre de Stornelli reapareció recientemente por su participación en el caso de los cuadernos de las coimas, que en los últimos días enfrentó un golpe inesperado por un fallo sorpresivo de la Cámara Federal de Casación que puede dejar a los empresarios involucrados fuera de la acusación de sobornos. La Corte fue advertida sobre la situación por el juez Germán Castelli, que en una nota aludió a “interferencias extrañas” que impulsaron ese sugestivo fallo. A veces ni siquiera es necesario robar evidencia para torcer el rumbo de la justicia.

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Piden a la Corte que intervenga en el caso Goyeneche
Cuestionó el procurador Casal la remoción de la fiscal

Paz Rodríguez Niell
El procurador Eduardo Casal dictaminó ayer que hubo una “grave violación de la garantía del debido proceso” en el trámite de la remoción de la subprocuradora de Entre Ríos Cecilia Goyeneche, que tenía el rol de fiscal anticorrupción en la provincia, investigó al exgobernador Sergio Urribarri y fue echada hace dos años por un jury que, según denunció ella, tuvo motivaciones políticas.
Ahora, la Corte decidirá si hace lugar al pedido del procurador y deja sin efecto el fallo del Superior Tribunal de Entre Ríos que ratificó la remoción de Goyeneche.
Casal -en línea con lo que había planteado ella- entendió que quien ofició de fiscal en el jury (y la acusó) estuvo mal designado porque la ley dice que debe ser un miembro de la procuración entrerriana y, en cambio, pusieron a un abogado, que ofició de “fiscal ad hoc”. El argumento para eso fue que, como Goyeneche era la número dos de la procuración provincial, existía un temor de que los otros fiscales no quisieran avanzar contra ella.
Casal afirmó: “Resulta inadmisible el argumento del tribunal según el cual era razonable que el HJE [Honorable Jurado de Enjuiciamiento de Entre Ríos] tuviera temor por la falta de objetividad e imparcialidad del órgano acusador en virtud de la estructura verticalista del Ministerio Público Fiscal y de la ‘defensa mediática y corporativa enarbolada’ por sus integrantes en favor de la exfiscal. Ello es así, toda vez que convalidar las actuaciones viciadas del jurado sobre la base de una predicción de que ninguno de los subordinados ejercerá la función acusadora con objetividad implicaría admitir que la destitución de los funcionarios del Ministerio Público queda a merced de la apreciación que puedan realizar los jueces acerca de las probabilidades de desempeñarse correctamente que tiene quien actúe como fiscal en el jury”.
A juicio de Casal, en el proceso contra Goyeneche existió “una grave violación de la garantía del debido proceso en los términos del art. 18 de la Constitución nacional”.
Goyeneche, además de ser la número dos de la Procuración de Entre Ríos, coordinaba los equipos que investigaban las causas de corrupción. Integró el grupo de fiscales que logró la condena del exgobernador Sergio Urribarri a ocho años de prisión.
El 24 de mayo de 2022, el Jurado de Enjuiciamiento de Entre Ríos dio a conocer el fallo que destituyó a Goyeneche. Por cinco votos contra dos, consideró que ella había perdido “el atributo de objetividad”. El reproche central fue no haberse excusado en el caso de los “contratos truchos” de la Legislatura, una estafa que tiene entre sus acusados al contador Pedro Opromolla, que fue amigo del marido de Goyeneche y compartía con ella inversiones en fideicomisos.

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