EL ESCENARIO Y CASO CUADERNOS

El caso Loan: la política, ante lo macabro
Siempre que un hecho atrae tanto a la opinión pública, la dirigencia lo toma como insumo en la lucha de poder

Carlos Pagni
Bullrich y Milei
Es difícil registrar en la historia reciente un acontecimiento que atraiga tanto la atención de la opinión pública como la desaparición del pequeño Loan Peña. Es lo que consignan todos los estudios sobre rating en medios de comunicación y redes sociales. Como siempre que se desencadena un estruendo semejante, la política se apropia de los hechos. Los toma como insumo en la lucha por el poder.
La razón de ese doloroso atractivo radica en el misterio que rodea el caso. Pero también en los indicios macabros que corren el velo del enigma: antes que los investigadores, los vecinos de 9 de Julio comenzaron a imputar alguna responsabilidad al marino Carlos Pérez y a su esposa, María Victoria Caillava. ¿Mera intuición? ¿O información sobre operaciones rutinarias de ese matrimonio en el tráfico de bebés? Es la pregunta que se hacen los investigadores, que ponen la lupa sobre cada detalle relevado en las casas de la pareja. Los interrogantes se superponen. ¿Qué fue ese almuerzo, donde aparece el niño, en la casa de una abuela a la que apenas conocía y en el que los comensales, según declararon más tarde, no se habían visto antes? Cuando la pesquisa avanza en esa hipótesis, la de un menor entregado a una red de trata, las elucubraciones se vuelven más escabrosas. Loan no es un bebé. Tiene cinco años. ¿Qué destino le podría esperar a un chico de esa edad, que tiene registro de lo que ocurre a su alrededor, en manos de una mafia de tráfico de personas? Esa pregunta, que obliga a respuestas espeluznantes, dirige la imaginación de los investigadores en una dirección todavía más extraña: ¿un crimen satánico? Sobran las hipótesis. Y las versiones. Por ejemplo, que en el juzgado que investiga el caso podrían contar con una foto de Loan camino al naranjal donde, según se afirma, se le perdió ya el rastro.
El espanto que inspiran estas incógnitas explica que la dirigencia política esté muy activa alrededor del drama. El primer interpelado es el gobernador Gustavo Valdés. El aparato policial y judicial de la provincia no pudo resolver esta trama a lo largo de muchos días. Además de una mancha particular: la del comisario Walter Maciel, que pasó de investigador a sospechoso. La furia de los vecinos, también por intuición o por conocimiento de algún antecedente, se orientó hacia el destacamento de Maciel.
El radical Valdés participa, desde hace años, de una interna acalorada. Llegó al poder después de derrotar a un caudillo poderoso, correligionario: el antecesor, Ricardo Colombi. Ese rival se puso a disposición del gobernador. Pero en el oficialismo correntino asignan a los adversarios del partido algunas picardías. Por ejemplo, un mensaje fraguado con un método al que sería excesivo llamar inteligencia artificial, en el que una voz parecida a la de Valdés confiesa “no me interesa si él aparece o no, imagínate si se levanta ese pueblo de mierda; hacé que caiga alguien”. Valdés termina su mandato el año próximo y no tiene reelección. Por eso sus opositores hacen foco en su hermano, Juan Pablo, intendente de Ituzaingó.
La batalla no se reduce, por supuesto, al microcosmos radical. El peronismo se ha subido al estado de conmoción de la provincia. Las manifestaciones para reclamar por Loan delante de la Casa de Gobierno son estimuladas desde cuentas de dirigentes del PJ. ¿”Juntos por Loan” es una de ellas? Ese partido anda en busca de un candidato. Tal vez Carlos “Camau” Espínola. ¿Es verdad que consiguió el apoyo del gobierno nacional para esa aventura, a cambio de votar en el Senado los proyectos oficiales? Javier Milei tiene un juego muy abierto en las provincias donde carece de estructura.
En este paisaje irrumpió, como no podía ser de otro modo, Patricia Bullrich. “El ser radica en las profundas fortalezas del estilo”, decía Goethe. Bullrich lo demuestra todo el tiempo. Como en 2001, cuando como ministra de Trabajo de Fernando de la Rúa apareció en la Ruta 3 para levantar el gran corte piquetero liderado por Juan Carlos Alderete. Igual que en 2016 cuando, ministra de Seguridad de Mauricio Macri, se puso al frente de la persecución de los hermanos Lanata y Víctor Schillaci, acusados por el triple crimen de General Rodríguez, que se fugaron de la cárcel de General Alvear. Intrépida, también atolondrada, anunció ante el periodismo un éxito prematuro. Pero los delincuentes, al final, cayeron. Es la misma Bullrich que ese año arrastró hasta Buenos Aires desde Paraguay al empresario Ibar Pérez Corradi, complicado en la Justicia por esos mismos asesinatos. “Que se prepare Aníbal Fernández”, amenazó en ese momento. Pero después las sospechas se desvanecieron.
Bullrich imaginó dirigirse a Paraguay y Brasil para sumar apoyo a la pesquisas. Pero viajó a Corrientes y, ya en el terreno, se puso al frente de la investigación. Valdés ha sido un aliado del gobierno nacional. En especial para el tratamiento de la Ley Bases y el paquete fiscal, que se estarían aprobando mañana en Diputados. Pero eso no alcanzó para que la ministra de Seguridad le asigne un lugar en la foto. Como el caso pasó al fuero federal, ella visitó los tribunales de Goya pero no se vio con el gobernador. Valdés intentó disimular el desaire. Saludó la llegada de Bullrich y le envió a su ministro de Justicia para ponerse a disposición.
La ministra intentó blindar la información. Anteayer emitió una resolución prohibiendo a los funcionarios de Seguridad tomar contacto con los medios de comunicación “sobre cualquier materia”, sin ser autorizados por Carlos Cortés, el responsable del área. Cortés, dispuso esa instrucción, será el encargado de controlar el contenido del eventual mensaje. Respecto de la búsqueda de Loan la prohibición es absoluta.
Ayer Milei hizo propia la agenda de Bullrich. Reapareció en una foto, después de su regreso a Buenos Aires, que se había producido el martes por la mañana, recibiendo información de su colaboradora sobre el estado de la pesquisa. La ministra tiene en el gabinete un protagonismo muy acotado a su materia, con la posibilidad, todavía no verificada, de alguna restricción: el asesor presidencial Santiago Caputo, última instancia en la jefatura de la AFI, podría concentrar para sí todas las actividades de Inteligencia, inclusive las del área criminal.
El primer plano en que la coloca el caso Loan, encuentra a Bullrich en otra batalla: la disputa por las decisiones políticas de Pro. En estos días terminó de perder el control del partido en la provincia de Buenos Aires, donde había denunciado un golpe de Cristian “Pucho” Ritondo. Casualidades de la lucha por el poder, este fin de semana un íntimo colaborador de Ritondo, Vicente Ventura Barreiro, fue desplazado por la ministra de la Secretaría de Seguridad, con graves acusaciones de corrupción derivadas de un presunto intento de intervenir a favor de un conjunto de empresas en una licitación de provisión de comida para las cárceles.
A esta guerra le espera otra batalla el próximo jueves. Ese día debe elegirse al presidente de la asamblea de Pro. Había un compromiso informal de asignar a Bullrich ese cargo, que balancea el que tomó para sí Mauricio Macri: la presidencia del partido. Desde la conducción de la asamblea se deciden pocas cosas. Pero hay una clave. Se autorizan las alianzas. Es crucial en la relación con Milei, sobre todo cuando se avecina un año electoral. Es muy difícil que Bullrich quede al frente de esa convención. ¿Se dará por expulsada? Nadie sabe contestar esa pregunta.
Para Macri es relevante tener el control de todo el dispositivo partidario. Él no está dispuesto a subsumirse sin condiciones en el universo oficialista. Prefiere mantener cierta tensión. En esa decisión convergen varios factores. Primero, un pronóstico: recela del futuro de la economía, no está convencido de que el éxito del Gobierno pueda ser tan rotundo que le permita absorber a todo el electorado afín al Pro. Segundo motivo de esa reticencia: muchos dirigentes, entre los que se encuentran gobernadores provinciales de su partido y de la UCR, pretenden tener alguna distancia con Milei. Se quejan de que el Presidente ha sido mezquino en el cumplimiento de algunos compromisos relacionados con la aprobación de las leyes. El mismo Jorge Macri percibe la frialdad que le imponen desde la Casa Rosada. La estrategia de La Libertad Avanza para el año próximo tiene un dejo de agresividad. En el entorno del Presidente afirman que irán con candidatos propios. Y que, en todo caso, el Pro se sume. El torneo es importante. Se juega la representación de la Ciudad en el Senado. ¿Quién será el abanderado libertario? Manuel Adorni es uno de los nombres que circula. Pero también se habla de la propia Bullrich, lo que para muchos dirigentes del Pro obligaría a descender a la arena a Mauricio Macri. Hay más teorías. Por ejemplo, la idea de una aproximación de los gerentes políticos de Milei a Roberto García Moritán, ministro que no parece estar entre los preferidos de BlackMacri, como llaman, con cariño, al jefe de gobierno.
Estos relámpagos justifican algunas contestaciones. Por ejemplo, en el campo libertario hay quienes creen que Jorge Macri está detrás de la denuncia penal que la Coalición Cívica porteña, con la firma de Facundo del Gaiso, María Ferrero y Hernán Reyes formularon contra Milei por la resistencia a reponer a la Ciudad los fondos que le había quitado Alberto Fernández para beneficiar a Axel Kicillof.
Esa sospecha tiene algo de inverosímil. Es difícil hoy imaginar afinidades entre los seguidores de Elisa Carrió y los Macri. Paula Oliveto, Juan Manuel López, Maximiliano Ferraro, Victoria Borrego, Marcela Campagnoli y Mónica Frade, diputados de la Coalición, presentaron un pedido de remoción por mal desempeño de los camaristas de Casación Carlos Mahiques, Daniel Petrone y Diego Barroetaveña, por el escandaloso fallo en el que remiten el expediente de Angelo Calcaterra al juzgado de primera instancia de María Servini. La intención es que Calcaterra sea juzgado según el clemente Código Electoral por haber realizado aportes de campaña al kirchnerismo. Y que no se le aplique el más severo Código Penal por haber pagado coimas para obtener contratos de obras públicas. Este pronunciamiento es aberrante porque la situación de Calcaterra estaba a punto de ser juzgada por un tribunal oral, después de haber pasado por todas las instancias del proceso. Hay un dato que vuelve más grave la decisión de Mahiques, Barroetaveña y Petrone: el propio Calcaterra había admitido, en un expediente por la asignación de trabajos para su empresa Iecsa, haber pagado coimas a través del financista Ernesto Clarens. Esa confesión consta en un acta firmada por el fallecido Claudio Bonadio el 5 de septiembre de 2019. A la luz de estos antecedentes, el pronunciamiento de Mahiques, Barroetaveña y Petrone es el mejor argumento que se le puede ofrecer a Cristina Kirchner para que sostenga su coartada del lawfare, es decir, de la falta de igualdad ante la ley.
Barroetaveña, Petrone y el boxindanga Mahiques están más complicados desde ayer. El fiscal de Casación Raúl Plée apeló su fallo ante la Cámara. Así se refuerzan los alegatos a favor de la remoción expuestos por los diputados de la Coalición Cívica, que fueron acompañados por dos colegas radicales: Fernando Carbajal y Pedro Galimberti. Mahiques es quien está en la situación más indefendible: fue ministro del gobierno de María Eugenia Vidal y su hijo Juan Bautista es funcionario del gobierno de uno de los primos de Calcaterra, Jorge Macri, y también del otro primo, Mauricio, en el Ministerio de Justicia.
La Cámara de Casación seguirá bajo la lupa. Por ejemplo, los jueces Mariano Borinsky, Guillermo Yacobucci y Alejandro Slokar tienen hasta última hora de este viernes para resolver la situación de Cristóbal López y Fabián de Sousa en la causa por retención indebida de impuestos. Barroetaveña y Petrone los habían absuelto. Pero la Corte revocó ese fallo y, basándose en un dictamen del procurador Eduardo Casal, sugirió su condena. El expediente está amenazado por la prescripción.
El mundo de la obra pública entra en escena en estos días desde distintos ángulos. Anteayer se celebró la asamblea de la Cámara Argentina de la Construcción. Fue relevante: por primera vez un sector productivo enfrenta al Gobierno con argumentos muy duros. El primero en hacerlo fue el sindicalista Gerardo Martínez, titular de la Uocra, quien pidió a los empresarios que se pongan de pie en defensa de sus compañías y de los puestos de trabajo que se están destruyendo. “Se paralizaron 3500 obras y 130.000 trabajadores quedaron en la calle”, gritó Martínez, con una vehemencia inusual. Un detalle curioso: fue el primer gremialista al que se aproximó Milei, de la mano del economista Juan Carlos De Pablo, amigo de ambos.
El presidente de la Cámara, Gustavo Weiss, desplegó el mismo planteo. Criticó la política de obra pública del oficialismo, no sólo por no emprender nuevos trabajos, sino por suspender los que están en curso. Weiss advirtió que se trata de un despilfarro de dinero por el perjuicio adicional que tiene el abandono de obras cuya reparación es costosísima.
Al final de la asamblea, el ministro Luis Caputo hizo una reivindicación de la política oficial, basada en una nueva exposición sobre la pésima herencia recibida. Y una defensa a ultranza del ajuste destinado a conseguir el equilibrio de las cuentas públicas. El ministro justificó su estrategia cambiaria, denunciando que la depreciación de la moneda respecto del dólar libre del gobierno anterior fue muy superior a la que se registra desde diciembre. Más allá de sus palabras, el problema sigue estando. Este miércoles, el Banco Central debió vender 76 millones de dólares. Y la brecha entre el tipo de cambio oficial y el libre se sigue ampliando: ya roza el 45%. Ese banco hizo algo más: para seducir a los productores agropecuarios, eliminó una sobretasa que se aplicaba a quienes retuvieran soja. Entre los expertos había asombro. “Los productores vendían algo de los granos para financiarse. Ahora les abarataron el crédito. Es más sencillo guardar el producto”, dijo uno de ellos. Si el Gobierno está preocupado por la oferta de dólares, tal vez ahora deba preocuparse más.
Caputo alertó a la audiencia de constructores respecto de lo que, para él, es una conspiración: la oposición, sobre todo el kirchnerismo, está sembrando de dudas el campo de la economía porque, ante el éxito indiscutible del Gobierno, temen no volver al poder. Una vez más, cuando Caputo se preguntó para qué esos opositores pretenden regresar, contestó: “Para repartir plata y hacer negocios”.
Esa moralización del discurso económico, muy habitual en Caputo, produce reacciones en el mismo registro. Ayer el diputado peronista de la Ciudad Juan Manuel Valdés se preguntó si el ministro, cuando hablaba de repartir plata entre amigos, se refería al desarrollo del Paseo Gigena, en cuyo financiamiento tuvo que ver su consultora. Se trata de una obra muy controvertida, en la que el gobierno porteño otorgó una generosísima concesión a un grupo empresario que, se sospecha, es muy próximo a Diego Santilli y a su hermano, el entrañable “Mono” Darío.
Esas impugnaciones remitidas desde la política se combinan con otras, más densas, que provienen del terreno institucional. La Ley Bases, por ejemplo, otorga al Poder Ejecutivo facultades extraordinarias. Sobre todo una: los funcionarios van a poder decidir, con su sola lapicera, el monto de la inversión que debe realizar una empresa para acceder a los inigualables beneficios del Rigi. Si bien la cantidad son 200 millones de dólares, el Gobierno puede conceder que sea sólo el 40% de esa suma. Y, según el caso, reducirlo al 20%. Esos regateos no estaban en el proyecto original. Por suerte gobiernan las Fuerzas del Cielo, que garantizan transparencia. Pero, ¿qué sucedería si volvieran los que, como denuncia Caputo, sólo reparten plata y negocios entre los amigos?
En un análisis de la Ley Bases y del paquete fiscal, la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina (Amcham) lamentó que el proyecto que, casi sin lugar a dudas, se aprobará este jueves, excluya la eliminación de exenciones y beneficios impositivos. La reducción del denominado “gasto tributario” se refiere, antes que nada, al controvertido régimen de Tierra del Fuego, del que se benefician algunos importadores protegidos. Entre los más destacados, Nicolás Caputo, primo hermano del ministro que identifica a la política con el reparto de negocios. En el texto que trató el Senado hubo un artículo en el que se proponía al Poder Ejecutivo enviar una ley para eliminar algunas de esas prebendas. Fue rechazado por dos tercios de los senadores. Entre ellos, siete senadores de La Libertad Avanza, a quienes habría que suponer defensores a ultranza de la desregulación de los mercados. Pero, se ve que es cierto lo que dijo el Presidente: los anarcocapitalistas están reescribiendo la teoría económica.

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Caso Cuadernos: el fiscal pidió que se anule el fallo que favorece a los empresarios
La decisión de la Cámara Federal de Casación Penal permitió que Calcaterra sea acusado de un delito electoral, en vez de sobornosHernán CappielloEl fiscal Raúl Pleé
El fiscal ante la Cámara Federal de Casación Raúl Pleé pidió anular la sentencia que liberó del juicio por el caso de los cuadernos de las coimas al empresario Angelo Calcaterra, primo del expresidente Mauricio Macri, y que podría beneficiar al resto de los empresarios involucrados en el caso.
La semana pasada, la Cámara Federal de Casación Penal, con los votos de los jueces Diego Barroetaveña, Carlos Mahiques y Daniel Petrone, evitó que el empresario de la construcción sea juzgado en el caso de los cuadernos de las coimas, al sostener que su caso debe ser analizado por la Justicia Federal Electoral y no en un juicio oral.
El pedido del fiscal obedece a que el tribunal no notificó a la Unidad de Información Financiera (UIF) de la audiencia previa donde se discutió si se debía tomar o no esa decisión. La UIF es querellante en el caso de los cuadernos de las coimas y, por lo tanto, es parte en la causa, por lo que debería haber tenido la posibilidad de argumentar en esa audiencia.
El reclamo de la UIF está dirigido contra la sentencia que firmaron los jueces de la Cámara de Casación. Los magistrados favorecieron al empresario al entender que Calcaterra no pagó sobornos para mantener sus contratos con el kirchnerismo, sino que lo que efectuó fueron aportes económicos para las campañas electorales de 2013 y de 2015.
Consideraron que los 16 pagos que realizó Calcaterra a funcionarios del Ministerio de Planificación Federal en el garaje subterráneo del Hotel Hilton no eran coimas, sino dinero para la campaña electoral. De esta manera, Calcaterra fue excluido del juicio del caso de los cuadernos y se envió el expediente a la jueza federal electoral María Servini para que en lugar de acusarlo de cohecho se lo investigara por una leve falta al Código Electoral.
Hay empresarios que impulsan en la Justicia un reclamo similar al de Calcaterra para que sus casos sean tratados también en el fuero electoral.
Ahora, con este pedido de nulidad, los jueces de la Casación deberán resolver si dan marcha atrás con su propia decisión o si rechazan el pedido del fiscal. El otro autorizado a recurrir la decisión del tribunal es la UIF, que ya tiene tomada la decisión de apelar el fallo.
No se trata de una apelación para que la Corte revise la sentencia de la Casación, sino un pedido de nulidad planteado ante los propios jueces que la dictaron.
El escrito de cinco carillas, al que accedió LA NACION, plantea “bajo pena de nulidad la observancia de las disposiciones concernientes a la intervención del juez, Ministerio Fiscal y parte querellante en el proceso y a su participación en los actos en que ella sea obligatoria”. Y esa prescripción no se cumplió dijo el fiscal. “La UIF no fue incorporada al sistema Lex100 y no fue notificada”, escribió Pleé.
El fiscal reconoció que la jurisprudencia de la Casación señala que los pronunciamientos por ella dictados no son susceptibles de planteos de nulidad, revocatoria o reconsideración, y solo cabe el recurso extraordinario para que la Corte revise el asunto. Sin embargo, dijo que ya hubo excepciones a esta regla “en virtud de la necesaria salvaguarda de las garantías de debido proceso y defensa en juicio de los litigantes”. Y las enumeró.
“La cuestión aquí planteada constituye, según mi parecer, una de esas situaciones excepcionales que, de no atenderse mediante esta vía propuesta, generaría, a la par de un dispendio jurisdiccional innecesario, la consolidación de un perjuicio de imposible reparación ulterior, puesto que una de las partes del proceso ha visto cercenado su derecho a ser oído y, por tanto, de defensa en juicio, lo que implica una clara inobservancia de las reglas del debido proceso, por cuyo cumplimiento este Ministerio Público Fiscal debe velar”, sostuvo el fiscal.
Y recordó que lo resuelto por los jueces Barroetaveña, Mahiques y Petrone “impide la normal continuación de la causa hacia la celebración del debate oral y público respecto de los recurrentes, lo que frustró la pretensión de la UIF conforme su requerimiento de elevación a juicio”.
El caso de los cuadernos tiene 161 imputados. La principal acusada es Cristina Kirchner como jefa de una asociación ilícita. Las acusaciones surgieron de Oscar Centeno, un chofer del Ministerio de Planificación que anotó en cuadernos los viajes que hacía con funcionarios kirchneristas de la cartera del exMinisterio de Planificación Federal para retirar sobornos pagados por empresarios. Funcionarios “arrepentidos” admitieron los cobros y los empresarios reconocieron los pagos ante la Justicia. hizo la  investigación periodística que permitió destapar la maniobra.
La causa cuadernos es, en realidad, la coexistencia de varias causas conectadas.
La principal es la que contiene los escritos de Centeno, con tres tramos, y a ella se suman otros casos de fraude y de lavado donde se habla de una organización criminal, sucedida entre 2003 y 2015, “en cuyo marco se canalizaron sobornos y pagos para la satisfacción de esos intereses espurios y con miras a la obtención de beneficios recíprocos –de empresarios y funcionarios– a razón de ese acuerdo ilícito previo”, según evaluó la Justicia.

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