Caso Chocolate: los Albini piden ampliar sus indagatorias desde la prisión
Legislatura. Los abogados de los dirigentes detenidos sugieren que las declaraciones se hagan en forma virtual; buscan aligerar sus situaciones procesales
Hugo Alconada Mon
Dos meses después, dos de los tres detenidos en el “caso Chocolate” pidieron, otra vez, ampliar sus declaraciones indagatorias. Pero, a diferencia de la petición que presentaron en abril, cuando Claudio y Facundo Albini reclamaron que fueran audiencias presenciales y con la participación del juez de Garantías, Guillermo Federico Atencio, ahora enfatizaron que sea de manera virtual.
La petición del otrora poderoso subdirector de Personal de la Legislatura, Claudio Albini, y de su hijo Facundo, concejal platense y apoderado provincial del Frente Renovador de Sergio Massa, causó sorpresa en los tribunales e impulsó una ola de rumores y versiones en el peronismo provincial.
El “caso Chocolate” dejó al descubierto un sistema millonario de recaudación de sueldos de personas contratadas por la Legislatura que no iban a trabajar.
Con la firma de sus abogados Maximiliano Rusconi, Gabriel Palmeiro y Martín Villar, los Albini afirmaron que es “necesario y pertinente” ampliar sus indagatorias ante lo que calificaron, entre comillas, como supuestas “imputaciones concretas” de la fiscal a cargo de la investigación, Betina Lacki.
Sin embargo, y a diferencia del fallido pedido para ampliar sus indagatorias que habían presentado en abril y del que luego se desdijeron, esta vez los Albini no acusaron a la fiscal Lacki por una supuesta falta de objetividad o de vulnerar el “debido proceso legal” y sus derechos de defensa, lo que llevó a que tanto la propia fiscal como el juez Atencio tomaran aquel escrito como un intento por recusarla.
Esta vez, los Albini afirmaron que desean ampliar sus declaraciones indagatorias como parte de su “derecho de defensa material”, sin adelantar en el escrito los ejes que pretenden ahondar, y limitándose a remarcar que las audiencias requeridas podrían desarrollarse “por medios telemáticos”.
“Como resulta de conocimiento de la señora fiscal –plantearon los abogados de los Albini– nuestros asistidos se encuentran preventivamente detenidos en la Alcaidía Departamental La Plata, Roberto Pettinato, sita en las afueras de esta ciudad y, por tanto, la realización ‘presencial’ de estas audiencias implicaría un traslado innecesario que, como todo traslado, impone diligencias que perturban bastante la relativa ‘calma’ que puede tenerse en el encierro penitenciario; además de que implican un estipendio innecesario en cuanto a gastos, personal y móvil a comisionar, entre otras cuestiones”.
El pedido de audiencias virtuales significó un contraste con la petición anterior, de mediados de abril, cuando además de criticar a la fiscal Lacki, los Albini pidieron declarar de manera presencial. Afirmaron entonces que así lo ameritaban sus “circunstancias personales, la naturaleza de esta causa y, también, el estado de salud” que afirmaron que los aquejaba, tras “tanto tiempo de detención”.
Tanto el subdirector de Personal de la Legislatura bonaerense como su hijo llevan siete meses detenidos en las afueras de La Plata, en tanto que Julio “Chocolate” Rigau permanece en una celda desde el 15 de octubre, tras su primera detención, ocurrida el 9 de septiembre, y un intervalo de tres semanas en libertad. Al pedir ahora otra oportunidad para ampliar sus indagatorias, los Albini buscan exponer argumentos que aligeren su situación procesal y, en lo posible, que puedan llevar a sus excarcelaciones, aun cuando la Cámara de Apelaciones confirmó las prisiones preventivas de ambos, que podría extenderse hasta la sustanciación del juicio oral, acusados de integrar una asociación ilícita que habría defraudado al Estado bonaerense por al menos $800 millones.
El planteo de los Albini –quienes afrontan una inhibición general de sus patrimonios– llegó de la mano de Rusconi, al frente de la defensa. De alto perfil, Rusconi acumuló varias defensas sensibles durante la última década. Desde Carlos Menem a Diego Lagomarsino –acusado en el “caso Nisman”–recurrieron a sus servicios, al igual que el exministro Julio De Vido y el presunto testaferro de la familia Kirchner, Lázaro Báez, el empresario Nicolás Ciccone y el banquero Raúl Moneta, entre otros.
Las detenciones de Rigau y, casi tres meses después, de los Albini sacaron a la luz prácticas delictivas comunes a varios espacios políticos. Con el paso de las semanas quedaron bajo la lupa Hugo Muguerza y su pareja, Josefina Ortellado, quienes también operaban como “chocolates” para Pro y el radicalismo, como también el peronista Hugo Alberto Sini.
Para el juez Atencio, sin embargo, Rigau y Albini son apenas los eslabones iniciales de una cadena delictiva. “No me resulta razonable presumir”, planteó Atencio en diciembre, que la jefatura de la banda “pudiera reducirse a un empleado de categoría inferior, a un subdirector de un área ajena al manejo de las contrataciones”, explicó en alusión a Claudio Albini. Para el magistrado, “nada de lo perpetrado pudo escapar del conocimiento y control de aquellos a quienes se les otorgan los módulos que posibilitan las contrataciones de quienes sin prestar servicio alguno se les concedían los derechos a la cobertura médica y al beneficio jubilatorio a cambio de la millonaria recaudación”.
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El Gobierno congeló la suba de tarifas de electricidad y gas prevista para julio
Subsidios. El Ministerio de Economía decidió postergar el aumento para seguir reflejando una baja en el índice de inflación; impacta en un mes en el que el consumo se dispara
En lo que va del año las tarifas del gas subieron 1179% y las de la luz, 234%
El Gobierno decidió posponer ayer los aumentos previstos en las tarifas de luz y gas correspondientes a julio, según confirmaron fuentes oficiales del Ministerio de Economía. Esto significa que sus precios quedarán congelados por, al menos, un mes. De esta manera, el ministro Luis Caputo postergó el ajuste mensual que iba a estar atado a una fórmula de estimación de inflación futura, aún no diseñada.
Esta determinación ocurre en medio de un contexto en el que las estimaciones privadas de inflación marcaban malas noticias para el bolsillo con un repunte en junio, que interrumpiría la tendencia de desaceleración registrada en lo que va del año. Más específicamente, luego del 4,2% de inflación de mayo, en junio el aumento de los precios ya mostraba un rebote, según los privados que participan del Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) que releva el Banco Central (BCRA), en torno al 5,5%.
Además, desde Hacienda informaron a que Caputo consideró el componente de la estacionalidad. En el invierno, el consumo de gas suele ser mayor y, en consecuencia, lo que pagan los usuarios, también. Por lo tanto, este congelamiento puso un freno a los aumentos del mes pasado, que habían sido de entre 9% y 33% en gas y entre 23% y 156% en electricidad.
A su vez, en la cartera que conduce Caputo explicaron que tampoco habrá reducción de subsidios. Por ende, queda pendiente qué ocurrirá con la recomposición de la rentabilidad de las empresas de transporte y distribución de gas y electricidad. Entre ellas se encuentran Edenor, Edesur, Metrogas, Naturgy, Camuzzi, TGN y TGS.
El valor final de las boletas de energía se compone del costo de tres servicios, más el recargo de los impuestos y tasas nacionales, provinciales y municipales. Equivale al costo de generar electricidad o producir gas (que tiene subsidios del Tesoro), el de transportar la energía a los centros de consumo y el de distribuirlo en hogares, comercios e industrias. Los últimos dos servicios no están segmentados según el nivel de ingresos y, por lo tanto, el costo es igual para todos los hogares.
El mes pasado, el Ministerio de Economía aplicó una suba en uno de los tres componentes para recortar el peso de los subsidios.
De hecho, en electricidad, los usuarios residenciales, comercios e industrias en su conjunto cubren ahora el 65% del costo total del sistema eléctrico, cuando el mes pasado era el 45%, según estimaciones oficiales. En el medio hay variaciones: los hogares de ingresos altos pagan el 78% del costo, mientras los de bajos ingresos, el 22%.
Para hacer espacio a la quita de subsidios y que el aumento final no impacte bruscamente en los valores finales de las facturas y, por lo tanto, en la inflación, el Ministerio de Economía congeló la suba de los otros dos componentes (transporte y distribución) durante mayo y junio.
Los incrementos
En lo que va del año, las tarifas de electricidad subieron 234% y las de gas, 1179%, en promedio, entre aumentos de precios y de cantidades consumidas, según cálculos del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), que depende de la UBA y el Conicet.
“El costo de la canasta total de servicios públicos en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se incrementó 365% respecto de diciembre pasado, a partir de las actualizaciones de tarifas de transporte (enero y febrero), energía eléctrica (febrero y junio), agua y gas natural (abril y junio). Los consumos de gas natural y energía eléctrica están ajustados por estacionalidad del consumo”, dice.
El mes pasado, el valor promedio de las facturas finales de gas para un usuario N1 con un consumo promedio de 149 m3 por mes aumentó de $25.756 a $28.142 (9%); para un N2, con un consumo promedio de 159 m3, pasó de $15.638 a $20.797 (33%), y para un N3, con un consumo promedio de 171 m3, subió de $24.465 a $26.865 (10%).
En lo que se refiere a electricidad, si se consideran consumos promedio residenciales de 260 kwh por mes, el valor promedio de las facturas finales para un N1 subió de $24.710 a $30.355 (23%); para N2, de $6295 a $12.545 (100%), y para N3, de $6585 a $16.850 (156%).
Dos meses después, dos de los tres detenidos en el “caso Chocolate” pidieron, otra vez, ampliar sus declaraciones indagatorias. Pero, a diferencia de la petición que presentaron en abril, cuando Claudio y Facundo Albini reclamaron que fueran audiencias presenciales y con la participación del juez de Garantías, Guillermo Federico Atencio, ahora enfatizaron que sea de manera virtual.
La petición del otrora poderoso subdirector de Personal de la Legislatura, Claudio Albini, y de su hijo Facundo, concejal platense y apoderado provincial del Frente Renovador de Sergio Massa, causó sorpresa en los tribunales e impulsó una ola de rumores y versiones en el peronismo provincial.
El “caso Chocolate” dejó al descubierto un sistema millonario de recaudación de sueldos de personas contratadas por la Legislatura que no iban a trabajar.
Con la firma de sus abogados Maximiliano Rusconi, Gabriel Palmeiro y Martín Villar, los Albini afirmaron que es “necesario y pertinente” ampliar sus indagatorias ante lo que calificaron, entre comillas, como supuestas “imputaciones concretas” de la fiscal a cargo de la investigación, Betina Lacki.
Sin embargo, y a diferencia del fallido pedido para ampliar sus indagatorias que habían presentado en abril y del que luego se desdijeron, esta vez los Albini no acusaron a la fiscal Lacki por una supuesta falta de objetividad o de vulnerar el “debido proceso legal” y sus derechos de defensa, lo que llevó a que tanto la propia fiscal como el juez Atencio tomaran aquel escrito como un intento por recusarla.
Esta vez, los Albini afirmaron que desean ampliar sus declaraciones indagatorias como parte de su “derecho de defensa material”, sin adelantar en el escrito los ejes que pretenden ahondar, y limitándose a remarcar que las audiencias requeridas podrían desarrollarse “por medios telemáticos”.
“Como resulta de conocimiento de la señora fiscal –plantearon los abogados de los Albini– nuestros asistidos se encuentran preventivamente detenidos en la Alcaidía Departamental La Plata, Roberto Pettinato, sita en las afueras de esta ciudad y, por tanto, la realización ‘presencial’ de estas audiencias implicaría un traslado innecesario que, como todo traslado, impone diligencias que perturban bastante la relativa ‘calma’ que puede tenerse en el encierro penitenciario; además de que implican un estipendio innecesario en cuanto a gastos, personal y móvil a comisionar, entre otras cuestiones”.
El pedido de audiencias virtuales significó un contraste con la petición anterior, de mediados de abril, cuando además de criticar a la fiscal Lacki, los Albini pidieron declarar de manera presencial. Afirmaron entonces que así lo ameritaban sus “circunstancias personales, la naturaleza de esta causa y, también, el estado de salud” que afirmaron que los aquejaba, tras “tanto tiempo de detención”.
Tanto el subdirector de Personal de la Legislatura bonaerense como su hijo llevan siete meses detenidos en las afueras de La Plata, en tanto que Julio “Chocolate” Rigau permanece en una celda desde el 15 de octubre, tras su primera detención, ocurrida el 9 de septiembre, y un intervalo de tres semanas en libertad. Al pedir ahora otra oportunidad para ampliar sus indagatorias, los Albini buscan exponer argumentos que aligeren su situación procesal y, en lo posible, que puedan llevar a sus excarcelaciones, aun cuando la Cámara de Apelaciones confirmó las prisiones preventivas de ambos, que podría extenderse hasta la sustanciación del juicio oral, acusados de integrar una asociación ilícita que habría defraudado al Estado bonaerense por al menos $800 millones.
El planteo de los Albini –quienes afrontan una inhibición general de sus patrimonios– llegó de la mano de Rusconi, al frente de la defensa. De alto perfil, Rusconi acumuló varias defensas sensibles durante la última década. Desde Carlos Menem a Diego Lagomarsino –acusado en el “caso Nisman”–recurrieron a sus servicios, al igual que el exministro Julio De Vido y el presunto testaferro de la familia Kirchner, Lázaro Báez, el empresario Nicolás Ciccone y el banquero Raúl Moneta, entre otros.
Las detenciones de Rigau y, casi tres meses después, de los Albini sacaron a la luz prácticas delictivas comunes a varios espacios políticos. Con el paso de las semanas quedaron bajo la lupa Hugo Muguerza y su pareja, Josefina Ortellado, quienes también operaban como “chocolates” para Pro y el radicalismo, como también el peronista Hugo Alberto Sini.
Para el juez Atencio, sin embargo, Rigau y Albini son apenas los eslabones iniciales de una cadena delictiva. “No me resulta razonable presumir”, planteó Atencio en diciembre, que la jefatura de la banda “pudiera reducirse a un empleado de categoría inferior, a un subdirector de un área ajena al manejo de las contrataciones”, explicó en alusión a Claudio Albini. Para el magistrado, “nada de lo perpetrado pudo escapar del conocimiento y control de aquellos a quienes se les otorgan los módulos que posibilitan las contrataciones de quienes sin prestar servicio alguno se les concedían los derechos a la cobertura médica y al beneficio jubilatorio a cambio de la millonaria recaudación”.
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El Gobierno congeló la suba de tarifas de electricidad y gas prevista para julio
Subsidios. El Ministerio de Economía decidió postergar el aumento para seguir reflejando una baja en el índice de inflación; impacta en un mes en el que el consumo se dispara
El Gobierno decidió posponer ayer los aumentos previstos en las tarifas de luz y gas correspondientes a julio, según confirmaron fuentes oficiales del Ministerio de Economía. Esto significa que sus precios quedarán congelados por, al menos, un mes. De esta manera, el ministro Luis Caputo postergó el ajuste mensual que iba a estar atado a una fórmula de estimación de inflación futura, aún no diseñada.
Esta determinación ocurre en medio de un contexto en el que las estimaciones privadas de inflación marcaban malas noticias para el bolsillo con un repunte en junio, que interrumpiría la tendencia de desaceleración registrada en lo que va del año. Más específicamente, luego del 4,2% de inflación de mayo, en junio el aumento de los precios ya mostraba un rebote, según los privados que participan del Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) que releva el Banco Central (BCRA), en torno al 5,5%.
Además, desde Hacienda informaron a que Caputo consideró el componente de la estacionalidad. En el invierno, el consumo de gas suele ser mayor y, en consecuencia, lo que pagan los usuarios, también. Por lo tanto, este congelamiento puso un freno a los aumentos del mes pasado, que habían sido de entre 9% y 33% en gas y entre 23% y 156% en electricidad.
A su vez, en la cartera que conduce Caputo explicaron que tampoco habrá reducción de subsidios. Por ende, queda pendiente qué ocurrirá con la recomposición de la rentabilidad de las empresas de transporte y distribución de gas y electricidad. Entre ellas se encuentran Edenor, Edesur, Metrogas, Naturgy, Camuzzi, TGN y TGS.
El valor final de las boletas de energía se compone del costo de tres servicios, más el recargo de los impuestos y tasas nacionales, provinciales y municipales. Equivale al costo de generar electricidad o producir gas (que tiene subsidios del Tesoro), el de transportar la energía a los centros de consumo y el de distribuirlo en hogares, comercios e industrias. Los últimos dos servicios no están segmentados según el nivel de ingresos y, por lo tanto, el costo es igual para todos los hogares.
El mes pasado, el Ministerio de Economía aplicó una suba en uno de los tres componentes para recortar el peso de los subsidios.
De hecho, en electricidad, los usuarios residenciales, comercios e industrias en su conjunto cubren ahora el 65% del costo total del sistema eléctrico, cuando el mes pasado era el 45%, según estimaciones oficiales. En el medio hay variaciones: los hogares de ingresos altos pagan el 78% del costo, mientras los de bajos ingresos, el 22%.
Para hacer espacio a la quita de subsidios y que el aumento final no impacte bruscamente en los valores finales de las facturas y, por lo tanto, en la inflación, el Ministerio de Economía congeló la suba de los otros dos componentes (transporte y distribución) durante mayo y junio.
Los incrementos
En lo que va del año, las tarifas de electricidad subieron 234% y las de gas, 1179%, en promedio, entre aumentos de precios y de cantidades consumidas, según cálculos del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), que depende de la UBA y el Conicet.
“El costo de la canasta total de servicios públicos en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se incrementó 365% respecto de diciembre pasado, a partir de las actualizaciones de tarifas de transporte (enero y febrero), energía eléctrica (febrero y junio), agua y gas natural (abril y junio). Los consumos de gas natural y energía eléctrica están ajustados por estacionalidad del consumo”, dice.
El mes pasado, el valor promedio de las facturas finales de gas para un usuario N1 con un consumo promedio de 149 m3 por mes aumentó de $25.756 a $28.142 (9%); para un N2, con un consumo promedio de 159 m3, pasó de $15.638 a $20.797 (33%), y para un N3, con un consumo promedio de 171 m3, subió de $24.465 a $26.865 (10%).
En lo que se refiere a electricidad, si se consideran consumos promedio residenciales de 260 kwh por mes, el valor promedio de las facturas finales para un N1 subió de $24.710 a $30.355 (23%); para N2, de $6295 a $12.545 (100%), y para N3, de $6585 a $16.850 (156%).
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