DE NO CREER Y EL SOBREPRECIO DE MALENA GALMARINI

Entre dictadores y chocolates, qué flor de campaña
— por Carlos M. Reymundo Roberts

Ni Chucky ni Massita niegan que entre ellos haya un pacto; para qué, si ya lo desmintió Patricia Bullrich
Típico de un año de elecciones presidenciales: las fuerzas del mal se han lanzado como aves de rapiña contra el campo nacional y popular, tanto en la franquicia de los Kirchner como en la de Massita. La primera señal fue el fallo contra el país de la jueza gringa Loretta Preska, hija putativa de Thomas Griesa, otro juez de las tinieblas. Preska dice en la sentencia que Kichi fue un pichi al expropiar YPF, pero que hay una solución: pagar 16.000 millones de dólares.
El domingo llegó el impactante desalojo de Coqui Capitanich, que perdió el poder en Chaco a manos de un radical de apellido medio impronunciable, Zdero, sin duda un esbirro del imperio. Capitanich también impulsó un “plan platita”, solo que más berreta; durante la campaña, en un barrio colocaron un cartel que decía: “Coqui, gracias por el ripio”.
Érase una vez un país en el que se agradecían esfuerzos mayores.
La suerte del gobernador parecía echada desde que Massita, con la autoridad de un candidato presidencial, lo calificó de “señor feudal que usa a los pobres para hacerse cada vez más rico”. ¿Cuándo lo dijo? El 1º de septiembre. De 2015.
El tercer golpe de esta secuencia artera y coordinada lo propinó Casación al reabrir el juicio de Hotesurlos Sauces, por lavado de dinero, y el del memorándum con Irán. En el caso de los hoteles, es cierto, Néstor descuidó un poco las formas: la lavandería ocupaba la mitad del edificio. El único recurso procesal que le queda ahora a Cristina es elegir un sillón Luis XV para banquillo de acusada. Máximo deberá comparecer junto a su madre, no así Florencia, que era una gurrumina cuando sus papis le dejaron en el banco una cajita feliz con 5 millones de dólares. Flor, libre de culpa y cargo; cuidado, una Kirchner limpia no deja de ser una interesante promesa electoral.
El cuarto golpe le tocó en suerte, cómo no, a la Corte Suprema del Lawfare: avaló la ley del arrepentido, crucial en la investigación de la causa cuadernos. En el expediente, decenas de empresarios reconocen haber pagado coimas a funcionarios de Cristina; cuentan cómo, cuánto, a quiénes y dónde, y hasta la marca de los bolsos. Lo que Cris y sus abogados cuestionan, o no entienden, es que alguien se arrepienta. A los arrepentidos los vomitará el diablo.
Da la impresión de que la Corte por fin se ocupa de la tercera edad: primero jubiló a la jueza Ana María Figueroa y ahora empuja a Cristina. La vice pasa temporadas cada vez más largas en su casa de El Calafate, donde tiene una guardia para que nadie entre; acaso en el futuro haya otra para que ella no pueda salir.
Tomo como parte de la conspiración que anteayer se haya difundido que el salario real de los trabajadores cayó 13% durante los cuatro años del triunvirato profesor-profesoramassita. Sabíamos que los ingresos habían caído dramáticamente. Pero qué feo es que te lo digan.
Una asonada contra el campo popular no podía dejar afuera a Chucky Milei, el más popular de los candidatos. No hay día en que algún sector de la patria corporativa no exprese su preocupación por las ideas y los modos del líder de La Sarasa Avanza: la Iglesia, la Corte, intelectuales, empresarios, abogados, periodistas… Casi como si de un repollo nos estuviera naciendo un monstruito. Es verdad que sus propuestas son algo zarpadas: dolarizar sin dólares, cerrar el Banco Central, cerrar escuelas y hospitales, promover delivery de bebés y de órganos, que con el DNI te entreguen una ametralladora… Si llegara a presidente podría darse un hecho histórico: multitudes en las calles pidiendo que no cumpla sus promesas de campaña.
El último en advertirnos que detrás de esa colorida personalidad se esconde un dictador fue su empleador durante 15 años, Eduardo Eurnekian. Eduardo querido, ¿recién ahora se le ocurre avisarnos?
A la acusación de que Massita y Chucky tienen un pacto electoral se le sumaron dos nuevas pruebas. Por un lado, el apoyo de Chucky a la modificación en Ganancias, el capítulo más estrambótico del “plan platita”. Por otro, la progresiva destrucción de la economía que lleva adelante Massita nos habla de un llamativo intercambio: ahora la motosierra la está usando él.
Lo simpático del acuerdo, también denunciado por Macri, es que ni se ocupan de desmentirlo. Para qué, si ya lo hizo Patricia Bullrich. Sus asesores le decían: “Pato, el pacto. ¡Hablá del pacto, Pato!”. Y a ella, en un desliz, le salió el tiro por la culata.
El escándalo de la hora es la liberación del puntero massista Julio Rigau, a quien todos llaman Chocolate, que había sido detenido después de extraer de un cajero 49 sueldos de la Legislatura bonaerense. Repasemos las escenas: la policía encuentra in fraganti a un operador de Massita, lo mete preso, intervienen dos jueces cercanos a Massita y lo dejan libre.
¿Cómo se llama la obra? Chocolate por la noticia.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Investigan si AYSA compró autos con sobreprecios
El juez Lijo investiga si la empresa conducida por Malena Galmarini acordó la compra con una concesionaria Renault por un precio superior al de mercado; denuncia de la oposición

Hernán CappielloMalena Galmarini, titular de AYSA
La Justicia inició ayer una investigación por una supuesta compra con sobreprecios por parte de la empresa estatal AYSA, para sumar a su flota de vehículos 613 automóviles y siete camiones eléctricos, en una operación que demandó unos 25 millones de dólares. Por orden del juez Ariel Lijo, ayer se retiró documentación de la empresa que dirige Malena Galmarini.
El juez federal Ariel Lijo envió a la Policía Federal con una orden de presentación a la empresa AYSA SA, a la automotriz Renault Argentina y a la concesionaria de autos Lumiere, para pedir y secuestrar documentación relacionada con la compra que realizó la firma que comanda Malena Galmarini de 613 autos y siete camiones eléctricos por unos 25 millones de dólares.
Los procedimientos obedecen a una causa que investiga el juez Lijo, con intervención del fiscal Carlos Rívolo, por supuestos sobreprecios en la adquisición de los vehículos tras una denuncia de los diputados Ricardo López Murphy y Marcela Campagnoli, y de Juan José Calandri, quien se desempeña como auditor general de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Se trata de una denuncia de los representantes de Juntos por el Cambio (JXC) contra Malena Galmarini, quien oficia como virtual jefa de campaña de su marido, el candidato presidencial de Unión por la Patria Sergio Massa.
La empresa AYSA informó que no se trató de un procedimiento judicial, sino de un requerimiento de información, la cual afirmó que está en su sitio web, abierto a la ciudadanía. Sostuvo que fue una “adquisición de vehículos utilitarios livianos, utilitarios eléctricos y tipo pick ups” para renovar 613 unidades que tienen un promedio de 8 años. Aseguró que así mejora “la operatividad por la reducción de reparaciones” y que “los procesos de renovación de flota se realizan periódicamente analizando la antigüedad y su estado”.
La compañía estatal sostuvo que los requerimientos y pedidos de información para la elaboración de esta licitación comenzaron en enero de 2023. El llamado a licitación se realizó en marzo y se recibieron ofertas en abril. De acuerdo con AYSA, el proceso licitatorio se desarrolló bajo las normas que exigen los distintos organismos de control. Indicó que el 1 de septiembre se aprobó en reunión de directorio la orden de compra de los vehículos y que el presupuesto destinado es de US$25.474.453. Dijo que como compra al tipo de cambio oficial gasta $15 millones por vehículo y no el doble, como señala la denuncia.
“Los montos fueron ratificados mediante carta adjunta, por la misma Renault, que además de subrayar que no participa directamente en licitaciones públicas, reiteró su compromiso de transparencia y rectitud con toda su red oficial de concesionarios”, dijo AYSA.
Explicó que se destinan $11 millones de pesos para cada unidad y entre $3 y $4 millones para la adecuación de los mismos para realizar tareas operativas específicas. De este modo cada vehículo se entrega con equipamiento adaptado a las necesidades de las áreas operativas correspondientes. Esto incluye protección de piso de caja de carga y paneles interiores laterales, panel divisor tipo reja de sector de carga con cabina, los logos de AYSA y los gastos de flete y patentamiento, además del grabado de cristales y autopartes.
El caso
La denuncia está dirigida contra Malena Galmarini, presidenta de AYSA, y contra Lumiere Automóviles SA.
En las órdenes de presentación se les exige la totalidad de la documentación vinculada al proceso, también los papeles de la licitación por la cual se adjudicó el 4 de septiembre pasado la compra en Lumiere de 613 utilitarios Renault Kangoo y siete camiones eléctricos por US$25.746.000. Ahora, los intimados tiene 48 horas para aportar esos documentos.
La denuncia señala que se adjudicó una licitación por montos mayores a los precios de mercado y en dólares, con una cotización que es beneficiosa para la empresa que hizo la oferta, a un precio superior al estimado por AYSA. El pliego establecía un costo máximo de US$25.474.453, cuando debería estar expresado en pesos o si se menciona en dólares, debe existir una justificación, lo que no aparece en la licitación.
De acuerdo con los denunciantes, supuestamente se habrían comprado las Kangoo a 42.000 dólares cada una y los siete camiones eléctricos a 82.000 dólares cada uno. Estas sumas serían el doble de los valores de mercado, pues los utilitarios estarían en 14.000 dólares, lo que implicaría un sobreprecio de 28.000 dólares por unidad.
Malena Galmarini explicó que la compraban al tipo de cambio oficial ($365,50) lo que representa un total de $15.000.000 por rodado, de los cuales se destinan $11.000.000 para la compra de la unidad y entre tres y cuatro millones de pesos para la adecuación de los autos para realizar tareas específicas con la colocación de accesorios para el trabajo y el ploteo con el nombre de la empresa.
Sin embargo, según los denunciantes, ello no justificaría el sobreprecio. Galmarini aseguró que debían renovar la planta de vehículos de más de ocho años de antigüedad y que así se gastaría menos en mantenimiento. Los denunciantes destacaron que en 2022 AYSA licitó y adjudicó a Lumiere la compra de 256 vehículos por US$10.928.549 y a Igarreta, otra concesionaria de la marca Ford, por US$367.680 por la compra de 28 camionetas 4x4.
La fiscalía de Rívolo instó la investigación, pidió recuperar los documentos de la licitación y que se realice un amplio peritaje para determinar si hubo sobreprecios en las adquisiciones denunciadas. Fue el periodista Carlos Pagni quien advirtió en su programa de LN+ sobre esta denuncia y allí indicó que el vicepresidente de AYSA, Martín Reibel, allegado a Máximo Kirchner, no firmó esos contratos, ni el acta del directorio donde se adjudicaban estas compras, al igual que el sindicalista José Luis Lingeri.

http://indecquetrabajaiii.blogspot.com.ar/. INDECQUETRABAJA