MERCADOS, CÁLCULO Y TRANSPORTE

El dólar blue subió $8 y volvió a superar al contado con liquidación
El tipo de cambio paralelo cotizó a $738, mientras que los financieros volvieron a registrar tendencia bajista por las intervenciones y mayor oferta de dólares
Melisa ReinholdLos expertos creen que el dólar volverá a recalentarse
A costa de intervenciones en los dólares financieros y con ayuda del nuevo dólar agro (que vencerá a finales de este mes), el Gobierno intenta mantener una ficticia calma cambiaria de cara a las elecciones de octubre. Si bien esta estrategia está dando resultados tanto en el MEP como el contado con liquidación (CCL), el dólar blue se rige por otra lógica de mercado y ayer inició la semana con una nueva alza.
Este lunes, el tipo de cambio paralelo se negoció a $738 para la venta, entre los “arbolitos” y “cuevas” de la ciudad de Buenos Aires. Fue un avance de $8 frente al cierre previo (+1%), aunque todavía se encuentra a $42 de distancia de su récord nominal histórico ($780, a mediados de agosto).
“Crece la presión sobre el dólar libre hacia octubre. El mes que viene desaparecerá la oferta de divisas [por el dólar soja], al tiempo en que se extenderán la emisión monetaria, la caída en la demanda de dinero y la búsqueda de cobertura. Todo eso anticipa que volverían a acentuarse las tensiones sobre la brecha”, dijo Gustavo Ber, economista de Estudio Ber.
De esta manera, el blue volvió a superar al dólar contado con liquidación “libre” (mediante compraventa de Cedear). Ayer cotizó a $734,43, una caída de $5,65 frente al viernes pasado (-0,8%). En parte, la baja de las últimas semanas se debe a una mayor oferta de dólares en la plaza, ya que los agroexportadores tienen la opción de liquidar el 25% en este mercado (mientras que el 75% restante se hace al oficial).
El dólar MEP se mantuvo prácticamente estable en los $679,36, a pesar de haber marcado picos de $688 en las primeras negociaciones del día. Este cambio de tendencia alcista se revirtió en la última hora de operaciones, cuando el Banco Central (BCRA) salió a contener el avance mediante intervenciones en el mercado de bonos.
Según estimaciones de Portfolio Personal de Inversiones (PPI), la autoridad monetaria contaría con un “poder de fuego” de US$1189 millones de activos líquidos y divisas (descontado los pasivos exigibles de corto plazo y pagos al Fondo Monetario Internacional en lo que resta de la administración Fernández) para intervenir en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) y en los dólares financieros.
“Será clave para el BCRA engrosar este stock hasta el 30 de septiembre, ya que, luego del fin del dólar soja, solo podemos esperar una intervención neta negativa entre ambos mercados. Por el lado del financiero, la presión dolarizadora preelectoral tomará impulso, llevando a que la autoridad monetaria deba intervenir con más de US$30 millones diarios para contener al MEP/CCL. Cabe recordar que en las cuatro ruedas pre-PASO la intervención promedió US$108 millones, más que duplicando el ritmo previo”, señalaron.
El tipo de cambio oficial mayorista se mantuvo sin cambios en los $350, valor en el que se encuentra desde que el Gobierno convalidó un salto devaluatorio del 22% durante el lunes post-PASO. Así, la brecha cambiaria es del 110%.
En el mercado accionario, el S&P Merval rebotó un 3,1% y se ubicó en las 585.204 unidades. En el panel principal, se destacaron Transener (+7,8%), Transportadora de Gas del Sur (+7%) y Ternium (+5,9%).
Los números en verde también se observaron entre las acciones argentinas que cotizan en la Bolsa de Nueva York (ADR). Los papeles de Transportadora de Gas del Sur treparon un 7,3%, seguidos por Loma Negra (+4,7%) y Pampa Energía (+4,3%).
Los bonos del último canje de deuda operaron con variaciones dispares. En el exterior, los Bonar avanzaron un 1,18% (AL30D) y otros cedieron 2,15% (AL41D); los Global registraron subas del 0,99% (GD41D) y retrocesos del 1,62% (GD29D). El riesgo país se mantuvo sin variaciones, en los 2170 puntos básico

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Una sentencia le ordena a la Anses un reajuste de las jubilaciones
Se rechaza la continuidad de los efectos de una política de 2020
Silvia Stang
La Sala 2 de la Cámara Federal de la Seguridad Social, en un fallo con voto dividido, le ordenó a la Anses reajustar el haber de una pensionada para reparar los efectos que dejó en el tiempo el ajuste sufrido por las prestaciones en 2020. Ese año, por decisión del Gobierno, estuvo suspendida la aplicación de la fórmula de movilidad que se había aprobado a fines de 2017, en la gestión de Mauricio Macri.
Según ese cálculo, previsto en la ley 27.426 y que no fue tomado en cuenta, la suba acumulada en 2020 debería haber sido de 42,1%. En lugar de dar esa recomposición, después de dos años en los que se había perdido poder adquisitivo, el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner dio subas por decreto decididas de forma discrecional, que fueron de entre 24,3% y 35,3%, según el nivel de ingresos. Como la inflación de ese año fue de 36,1%, la variación de los haberes quedó por debajo tanto de la suba que se hubiera obtenido en caso de haber seguido la fórmula votada en 2017 como del aumento que tuvieron los precios.
La sentencia de los camaristas, dictada en la causa “Torelli, Ana María c/Anses sobre reajustes varios”, implica que la Anses debería recalcular el haber de inicios de 2021. El criterio es que el arranque de la aplicación de la fórmula de movilidad de la ley 27.609, hoy vigente, debió haber ocurrido con los ingresos actualizados según la fórmula suspendida. Es decir, se admite la suspensión de la fórmula durante 2020, dada la situación de emergencia declarada por ley a fines de 2019, pero no se acepta que el daño que produjo el ajuste concretado se perpetúe.
De acuerdo con el voto mayoritario del fallo, en el inicio de 2021, el ingreso de la demandante debió haber sido un 42,1% más alto que el de principios de 2020. Eso no ocurrió. Y, entonces, si el haber terminó 2020, por ejemplo, con un valor nominal un 30% más elevado que el que tenía en los primeros meses del año (una situación posible), debería hacerse ahora la corrección. Y los porcentajes de los reajustes posteriores deberían calcularse teniendo en cuenta el nuevo monto resultante.
Lo dispuesto por los votos de los jueces Walter Carnota y Nora Dorado –el tercer integrante, Juan Fantini, votó en disidencia en línea con un fallo anterior– también ordena hacer otra actualización del haber, en este caso por la declaración de inconstitucionalidad del 2° artículo de la ley 27.426 (que ya se había declarado en otras causas). Esa normativa es la que dispuso la fórmula de movilidad del gobierno de Macri (suspendida en 2020 y luego dejada sin efecto), y el artículo cuestionado es el que estableció que el entonces nuevo cálculo rigiera desde marzo de 2018. Según los jueces, la fórmula votada en 2017 debió haberse puesto en vigor en un período posterior y, entonces, ordenan reajustar el haber en favor de la demandante.
El expediente llegará seguramente a la Corte Suprema, donde ya hay causas en las que jueces del interior del país tomaron decisiones contra el ajuste de 2020.

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Afirman que en el AMBA el boleto de colectivo debería costar en promedio $430
Lo reclaman empresas del sector; en el interior pidieron ayer el fin de las “inequidades”

Gabriela Origlia
CÓRDOBA.– El boleto del transporte urbano en el AMBA debería costar en promedio $430,82, según un cálculo de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (Aaeta) realizado con las tarifas vigentes a julio pasado. De allí se desprende que –con un boleto promedio sin IVA a $38,09– el Estado compensa $261,66, por lo que la pérdida para el sector privado es de $169,16.
En la actualidad, el boleto mínimo en el área metropolitana de Buenos Aires es de $52,96 y el Gobierno dejó en suspenso un incremento tarifario previsto para principios de este mes.
El resultado de esta ecuación, advierten los empresarios, es la caída de la calidad del servicio. En paralelo, los ministros de Transporte del interior del país se reunieron ayer en Córdoba para reclamar que se terminen las “inequidades” respecto del AMBA.
La Aaeta, en su “índice Bondi” del mes pasado, señala que la pérdida mensual del sistema fue de $45.534 millones sobre un costo real de $115.966 millones. El Estado nacional aportó $70.432 millones (“a precios de insumos de abril”, de acuerdo con la entidad).
En julio pasado hubo un paro total porque los empresarios plantearon que no podían cumplir con la paritaria del sector; se levantó después de que el ministro de Economía, Sergio Massa, convocó a una mesa con todas las partes.
En el AMBA el gobierno nacional reconoce $314,09 por litro de gasoil (tiene un desfase de 11% con el precio real); $120.781 por neumáticos sin IVA (la brecha es de 120%) y $27.215,433 por vehículo sin IVA (249% menos que el costo real).
El sistema cuenta con 18.500 unidades y 154 empresas de colectivos que transportan en promedio, por día, a 10,4 millones de pasajeros.
En el interior el panorama es más complicado. En tres de las principales ciudades, Córdoba, Rosario y Santa Fe, los usuarios pagan $185 el boleto (es decir, sigue siendo tres veces más caro que en el AMBA) y, por ejemplo, para Córdoba el cálculo es que debería costar $320 si se incluyen los $140 que ponen la municipalidad y la provincia; sin ese aporte serían $460.
La explicación de por qué sería más barato que en el AMBA es porque hay mucha menos cantidad de unidades: “Se trabaja a demanda”, sintetiza un empresario del sector ante que admite que en el área metropolitana de Buenos Aires hay más colectivos, unidades más nuevas y mejores frecuencias.
Fondo compensador
A diferencia del AMBA, para el interior el Gobierno cuenta con un fondo compensador que arrancó el año con un presupuesto de $85.000 millones, a los que después se agregaron $12.000 millones.
Esos son los recursos por todo concepto que se distribuyen. Por caso, las empresas pagan el gasoil a $360, $53 más caro que los autos en las estaciones de servicio, ya que para consumo particular sí rige un subsidio del Estado.
Ayer las dos empresas privadas que operan en la ciudad de Córdoba presentaron a las autoridades municipales un recurso administrativo. Según la documentación a la que accedió entre enero y agosto el déficit de todo el sistema local fue de más de $13.615 millones. “Nos comimos todo el capital”, indican los empresarios.
Los secretarios de Transporte del país nucleados en el Comité Federal de Transporte (Cofetra) elevaron ayer un nuevo planteo formal a la Nación para que haga una distribución equitativa de los subsidios y para que agilice la implementación del Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE).
“Estamos exigiendo al gobierno nacional que agilice la firma de la adenda que nos garantice el envío de los fondos necesarios para los meses que restan del año y que actualicen las sumas a distribuir, teniendo en cuenta la situación económica que atraviesa el país”, explicó el presidente de Cofetra, Franco Mogetta, secretario de Córdoba.
Y añadió: “Estamos insistiendo en que achiquen la brecha en la discriminación que sufrimos con los recursos que destinan al AMBA frente a los que envían a las provincias”.
Juan Ciarrocca, ministro de Transporte de Neuquén, sostuvo que el plenario fue “clave para delinear políticas públicas de transporte que beneficien a todas las provincias”. “Queremos que el gobierno nacional tenga una mirada integral más allá de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No puede quedar en manos de las provincias el sostenimiento de los sistemas de transporte”, dijo. 

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