¿QUIÉN PAGA ESTA HERENCIA PODRIDA ?

“Rompe-paga”: la Argentina, condenada por la prepotencia de Cristina, Kicillof y De Vido cuando entraron por la fuerza a YPF
En 2012, cuando los funcionarios ingresaron a la petrolera, tenían apenas un decreto de necesidad y urgencia y nunca siguieron los procedimientos societarios; se podría llegar a pagar hasta el doble de lo que vale la petrolera solo por el 51% de las acciones
Diego Cabot
Cristina Kirchner firma el decreto de promulgación de la ley de estatización de YPF ante la euforia de Boudou
La Argentina empezará a desandar un camino desconocido. Por primera vez en su historia deberá desembolsar hasta US$16.000 millones de dólares -que no tiene- por la arrogancia de sus funcionarios. Había pagado mucho por la mala praxis de sus gobernantes o por la incontinencia al gasto que los llevó a contraer enormes deudas con prestamistas de ceño fruncido. Pero esto es distinto: se trata de poner toneladas de dólares para indemnizar a las víctimas de la soberbia y la prepotencia de Cristina Kirchner, Axel Kicillof, Julio De Vido y Roberto Barata en aquellos días de 2012, cuando entraron a lo guapo a YPF para quedarse con la compañía.
Fue como si entraran a un bazar con un par de elefantes. O mejor, a la torre de la petrolera en Puerto Madero. Fueron advertidos, aconsejados e informados que no se podía entrar y romper. Que había soluciones para ingresar con más calma, cosa que después no llegue la factura por los daños. Pero no importó nada; a cada paso, algo destrozado.
Algo así sucedió en YPF cuando el kirchnerismo se embanderó en la soberanía energética e intervino la petrolera que luego terminó con la estatización del 51% de las acciones de Repsol; ahora toca el turno de terminar de pagar. En el camino, rompió el sistema jurídico, además de un contrato. En Nueva York, la jueza Loretta Preska destrozó los argumentos de los abogados argentinos y les dio la razón a los demandantes. No puso el monto, solo porque no quiso, como para darle una oportunidad a la Argentina de sentarse a una mesa de negociación. Pero de haberlo hecho, de acuerdo a sus argumentos, seguramente estaría cerca del pedido de la contraparte del país, que solicitó que se la indemnice por US$16.000 millones.
Ahora bien, ¿qué significa ese importe para el país? Si se quiere ser cruelmente gráfico, pues la Argentina, que tiene reservas negativas en el Banco Central, podría ser condenado a llevar 160 toneladas de billetes. Claro que si los negociadores tienen un poco de suerte y pericia lo podrían bajar. Pero a no ilusionarse, de mínima se creen que serán 50 toneladas, ya que cada millón de dólares en billetes de 100 pesa 10 kilos.
La sentencia, que, como se dijo, aún no tiene fijado el monto, tiene dos instancias de apelación y nada será inmediato. Pero el tema complicará a cualquier administración futura, como sucedió cuando hubo que negociar con los holdouts, bonistas que no entraron al canje, en la primera parte del gobierno de Mauricio Macri. Tampoco será fácil para ellos, ya que la gran mayoría de los fondos soberanos son inembargables.
Afiches firmados por Equipos de Difusión, de Enrique Albistur, aparecieron en el Microcentro después de la estatización de YPF
En abril de 2012, el trío que conformaba la presidenta Cristina Kirchner junto a Axel Kicillof y Julio De Vido (a su vez asistido por su secretario Roberto Baratta) jugaba a ser dueño de la petrolera. Llegaron a la torre de Puerto Madero con un decreto de intervención por 30 días. Aún recuerdan varios ejecutivos que no había manera de convencer a Kicillof de que no existía una caja fuerte con millones de dólares guardados que, quizá, el ministro imaginó en alguna trasnoche en su casa porteña de Parque Chas. “¿Dónde está la plata?”, repetía.
Ahora, la propia jueza norteamericana recuerda aquellos palabras altisonantes del ahora gobernador bonaerense. “Los tarados son los que piensan que el Estado debe ser estúpido y cumplir lo que dice la propia empresa”, dijo el entonces viceministro de Economía en el Senado. Y pese a que la palabra ha perdido su peso en el país, en Nueva York, 11 años después, Preska rescató esa voz arrogante para condenar a la Argentina en la que podría ser la sentencia condenatoria más grande de su historia. “Kicillof declaró descaradamente que sería ‘estúpido’ cumplir ‘la ley de la propia YPF’ o ‘respetar’ sus estatutos. Posteriormente, la República promulgó la legislación que, supuestamente, le permitió adquirir el control de YPF sin ser ‘estúpido’ y cumplir los estatutos”, indicó la magistrada en su sentencia.
El origen
Para entender el asunto es necesario revisar qué se ventiló en el tribunal de Nueva York. Cuando se estatizó YPF, en realidad un porcentaje de las acciones que tenía la española Repsol, el Estado argentino no abrió ninguna negociación con los otros dueños minoritarios de la petrolera. Esos accionistas tenían algunos derechos como socios.
La ley dice que quienes se hacen del control de una compañía deben ofrecer condiciones similares a los otros accionistas. Justamente, la naturaleza jurídica de esta norma radica en que nadie está obligado a asociarse a alguien que no quiera. Por eso, la necesidad de replicar la oferta a todos. Hay otro derecho que es el de privilegio, que significa que los socios pueden igualar la oferta que hace un tercero. Nada de eso se contempló, ni en aquel 2012 ni tampoco cuando el Estado le pagó e indemnizó a Repsol.
De esas conductas surgieron responsabilidades. Así apareció un fondo que maneja carteras de alto riesgo llamado Burford. Chequera en mano, compró los derechos a varios de los socios para hacerlos valer. Ese grupo se hizo del 70% -y del manejo del juicio- de los derechos litigiosos a Petersen Energía, la firma que tenía Eskenazi como vehículo para ser dueño de la petrolera. El 30% se lo reservó la familia. Esa empresa, que era una sociedad española, quebró y esa acreencia pasó a ser de titularidad de la quiebra.
Cristina Kirchner junto a Enrique Eskenazi
Acá un asterisco. Cuando se estatizó, Grupo Petersen se declaró en quiebra. Un pool de bancos le habían prestado dinero para comprar YPF y cobrarse con los dividendos. Perdido el management a manos, primero de De Vido y Kicillof, y después de Miguel Galuccio, la empresa no pagó más. Pero los argentinos nunca fueron expropiados, por lo tanto, se quedaron con la titularidad de las acciones. Para no tener problemas legales, los Eskenazi entregaron esa tenencia a la quiebra y poco a poco todos los acreedores se cobraron. ¿Por qué el asterisco? Ahora el titular de ese 30% es la quiebra madrileña. Pero si después de liquidar las pocas deudas que quedan hay un remanente, ese dinero regresará a la familia Eskenazi, que quizá se convierta en una de las fortunas más grandes de la Argentina.
Planteada la controversia en Estados Unidos, se empezó a ventilar un viejo planteo del derecho. La defensa argentina intentó convencer a la jueza Preska de que los estados soberanos tienen facultades como para avanzar patrimonialmente contra una compañía, siempre y cuando después indemnicen al dueño. Ese principio, que viene desde la codificación Napoleónica, es la base de la declaración de la “utilidad pública” y la expropiación.
Pero ese derecho de origen europeo nada tiene que ver con los principios que rigen en la justicia de Estados Unidos. “Pacta sunt servanda” o “lo pactado obliga” repite la doctrina y la jurisprudencia americana. En la Corte del Distrito Sur de Nueva York, los abogados de Burford decían que, más allá de los estatutos de la compañía que obligaban a hacer esa oferta a los otros accionistas, cuando la petrolera decidió cotizar en aquel mercado se sometió a las leyes del distrito.
Pero, además, los defensores argentinos se encontraron con una desprolijidad. El desembarco se hizo con una intervención basada en un decreto de necesidad y urgencia. Solo después de entrar y tomar la compañía se inició un debate legislativo que un tiempo después terminó con la declaración de interés público de las acciones de la petrolera. Un vicio de origen, como dicen los letrados, que se le advirtió en todo momento a los funcionarios kirchneristas. Pero, ya se sabe, las formas y la prolijidad jurídica no son el fuerte de aquel grupo de estatizadores.
Otra pelea era lograr que, en caso de condena, la responsabilidad fuese del Estado y no de la empresa petrolera, ya que los activos soberanos son difíciles de embargar mientras que cobrar a la compañía es un juego de niños para estos abogados corporativos. Como ya se sabía, finalmente el condenado es el Estado, mientras que YPF quedó afuera.
Aquel 2012 fue un momento de éxtasis kirchnerista. Por más que fueron advertidos, jugueteaban arriba de aquellos elefantes y destrozaban el bazar.
Pero si algo tienen los capitales de riesgo es paciencia. Compran dos cosas: derechos litigiosos y tiempo. Les ofrecen a los vendedores cobrar una parte y no esperar más. Ellos sí esperan, dentro de mullidas trincheras jurídicas. Ahora son los dueños del ticket para cancelar aquel galope inconsciente de Cristina Kirchner, De Vido, Baratta y Kicillof en elefante, con la bandera estatizadora en la mano. La soberbia, la irresponsabilidad, el desconocimiento y la arrogancia no salen gratis en un mundo donde la palabra tiene peso y la ley se escribe para cumplirla.

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La Justicia pide datos al exterior por la venta de YPF
Busca información en EE.UU. y España sobre el Grupo Eskenazi

Hernán Cppiello
A través de un exhorto, el juez federal Ariel Lijo pidió a la Justicia norteamericana el fallo por el que se condena a la Argentina por la venta de YPF y está a la espera de otra respuesta de España sobre esa operación en una causa en la que investiga a la vicepresidenta Cristina Kirchner; al procurador del Tesoro, Carlos Zannini, y al gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, por presunto fraude al Estado, entre otros delitos. En el mismo expediente están involucrados los empresarios Sebastián, Matías y Enrique Eskenazi.
Lijo le pidió a la jueza Loretta Preska en un exhorto fechado el 18 de agosto la sentencia por la cual el país deberá pagar cerca de US$16.000 millones por la estatización de YPF, que se llevó a cabo en 2012, durante el último mandato de Cristina Kirchner, y estuvo liderada por el entonces viceministro de Economía, Axel Kicillof, y fue aprobada por el Congreso.
Asimismo, en otro exhorto enviado a España en 2018, Lijo requirió la causa del concurso comercial de las sociedades Petersen Energía S.A.U. y Petersen Energía inversora S.A.U. cuyos accionistas son Petersen inversiones España S.A.U. y Petersen Energía inversora Holdings S.A.U. También requirió la información patrimonial y contable del grupo relacionados con su estructura societaria.
Lijo quiere además información sobre el estado de cesación de pagos que originara el concurso y la información financiera relativa a las transferencias de dinero que hicieron para comprar YPF y a la pérdida de las acciones en la mencionada empresa como consecuencia del vencimiento anticipado de sus deudas financieras y la ejecución de las prendas de sus acreedores. Además, requirió información sobre la cesión de derechos litigiosos o acuerdos realizados por el grupo económico en demandas que tengan contra el Estado argentino e YPF SA ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York.
Los acusados en este proceso son Cristina Kirchner, Zannini, Kicillof, el expresidente de YPF Miguel Galuccio, Jorge Marcelo Soloaga, exdirector de YPF, Cristian Girard y Alejandro Vanoli, expresidente y vicepresidente de la Comisión Nacional de Valores y los Eskenazi.
La causa se inició el 7 de agosto de 2015 por la denuncia del fallecido fiscal Federico Delgado y requirió la investigación su colega Ramiro González.
Recogió Delgado la denuncia de Mario Alejandro Cafiero, que señalaba que hubo una defraudación al Estado nacional con la venta del 25% de las acciones de la empresa YPF, valuadas en 3635 millones de dólares, efectuada por la firma Repsol al Grupo Eskenazi.

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