AL MARGEN DE LA SEMANA , EXPORTAR GRANOS Y ¿MINISTERIO DE LAS MUJERES?

La terapia de ajuste aún no es un plan estabilizador
Néstor O. Scibona nestorscibona@gmail.com
Después de apenas seis días de gestión –que ya parecen más de un mes–, el flamante presidente Javier Milei obtuvo al menos dos amplios consensos en el ambiente económico y empresarial.
El primero, su extraordinaria precisión sobre la pavorosa herencia recibida tras los cuatro años de gobierno del Frente de Todos. El segundo, que las medidas de fuerte ajuste fiscal y recomposición de precios relativos atrasadísimos debido a la inflación reprimida (dólar oficial y combustibles, a los que se sumará a partir de febrero de 2024 el recorte de subsidios a las tarifas de energía y transporte en el AMBA), tendrán impacto inmediato sobre los precios mayoristas y minoristas en los próximos tres o cuatro meses.
Por lo tanto, son condición necesaria pero no suficiente para un programa de estabilización económica con reformas de fondo que aporten un horizonte más allá de las penurias de corto plazo. Esas reformas (laborales, impositivas, desregulaciones, derogación de leyes anacrónicas, etc.) están siendo elaboradas y discutidas sobre la marcha por un equipo que aún no terminó de completarse y tienen por delante un destino incierto en el Congreso. Como la necesidad tiene cara de hereje, no se descarta que algunas sean dispuestas por DNU.
El ministro Luis Caputo no solo comparó la situación económica y el riesgo de una hiperinflación con un paciente en terapia intensiva. Las medidas de esta semana corroboraron que Milei acentuó su giro al pragmatismo a costa de menor previsibilidad, como en la devaluación multipropósito con un “blend” (80% de tipo de cambio oficial y 20% CCL), acompañada por la imprevista suba de retenciones a la exportación (incluso agropecuarias, no incluidas en el anuncio inicial) y reforzada por el impuesto PAIS para encarecer nuevas importaciones, que dejarán de pasar por el sospechoso filtro de las SIRA. En ambos casos apuntan a reforzar los ingresos no coparticipables del Tesoro nacional. Y aunque las nuevas retenciones fueron presentadas como provisorias, a nadie escapa que la Argentina arrastra un largo historial de impuestos de emergencia que llegaron para quedarse.
Tampoco el Presidente tuvo pruritos en dar marcha atrás con los cambios en el impuesto a las Ganancias que había votado como diputado y ahora (con un piso salarial proyectado de $976.000 mensuales) atribuye al reclamo de los gobernadores provinciales, a quienes Sergio Massa había prometido coparticipar el mal llamado impuesto al cheque (ICDB), un gravamen de emergencia que lleva más de 20 años.
Otra evidencia de pragmatismo es que reemplazó la “motosierra” por el bisturí en el ajuste fiscal para bajar a cero en 2024 el déficit primario heredado, de 3% del PBI (abultado por el “Plan Platita”) y de 5,2% incluyendo intereses de la deuda. De hecho, 58% corresponde a recortes de gastos (3,2% del PBI) y 42% a subas de ingresos (2,2%). Las reducciones de gastos incluyen subsidios económicos (-0,7%); obras públicas (-0,7%); transferencias a provincias (-0,5%); jubilaciones y pensiones (-0,4%); programas sociales (-0,4%) y gastos de funcionamiento (-0,5%). A su vez, el aumento de ingresos se reparte entre el impuesto PAIS de 17,5% por 12 meses (+0,8% del PBI); retenciones adicionales de 15% a la exportación (+ 0,5%); reversión de Ganancias (+0,4%) y adelanto de Bienes Personas, Moratoria y Blanqueo (+0,5%).
En su último ciclo mensual del año, el economista Miguel Ángel Broda elogió esta semana el diagnóstico de Milei (“mejor imposible”, dijo) y afirmó que, como no hay margen para el gradualismo, se trata de medidas de urgencia para poder elaborar un programa de estabilidad y reformas estructurales que ataquen las causas de las políticas fiscal y monetaria que frenaron el crecimiento de la econopara mía. Con una metáfora similar a la de Caputo, sostuvo que en una sala de urgencias y frente a un paciente infartado, los médicos no recurren a los libros sino a la RCP (reanimación cardiopulmonar) para salvarle la vida. También recordó que planes bien diseñados como el Austral (1985) y el de convertibilidad (1991) tuvieron un trabajo previo de varios meses antes de ser lanzados sin atrasos cambiarios ni tarifarios y en ambos casos tuvieron un fuerte impacto reactivante.
Según los cálculos de Broda, el actual tipo de cambio oficial de $800 es 43% superior en términos reales al dólar de diciembre de 2019 (Alberto Fernández), que a valores de hoy equivaldría a $559 e incluso al promedio del período 2003/2007 ($720). No obstante, aún con el “blend” ($860) y el ajuste de 2% mensual, estima que la mejora de competitividad se diluirá en cuatro o cinco meses debido a la mayor inflación, que proyecta entre 20 y 25% mensual entre diciembre y febrero, para declinar a 17% en marzo y 10% en abril.
Por otra parte, entre diciembre y febrero hay vencimientos de deuda por US$5200 millones (incluyendo el pago este mes de US$914 millones al FMI con el crédito de la CAF evitar el pedido de un waiver y negociar un nuevo programa), que requerirán un préstamo puente hasta abril, cuando comiencen los ingresos de divisas por la cosecha de soja.
A juicio de varios analistas, la estrategia oficial sería aprovechar la “llamarada” inflacionaria de los primeros meses de 2024, con licuación de gasto público, salarios, jubilaciones y pases del BCRA para lograr un descenso de precios en la segunda mitad del año debido a la caída de la actividad económica y el consumo de las familias, cuyos ingresos serían ajustados debajo de la inflación. Es el escenario de estanflación que pronosticó Milei en las semanas previas al balotaje.
Moratoria y blanqueo
Mientras tanto, ya comenzaron a circular presuntos borradores oficiales de dos proyectos de ley para reforzar los ingresos fiscales. Uno establece un régimen de regularización excepcional de obligaciones tributarias, aduaneras y de seguridad social, con pago voluntario y beneficios según la modalidad de adhesión y tipo de deuda que registren. Y el otro está destinado a regularizar activos (blanqueo) por parte de personas, sucesiones y sujetos residentes y no residentes en la Argentina comprendidos en el impuesto a las Ganancias, que también se extiende a sociedades, patrimonios y contratos.
La primera iniciativa prevé para acogerse un plazo de 120 días a partir de la sanción de la ley e incluye obligaciones en curso de discusión administrativa o contencioso judicial (excepto obras sociales y ART, entre otras), a cambio de desistir o renunciar total o parcialmente a toda acción y derecho. Los beneficios serían la condonación del 50% de los intereses resarcitorios y punitorios en caso de adhesión dentro de los primeros 60 días corridos y la regularización de planes de facilidades de pago en el mismo lapso. En plazos mayores, la condonación se reducirá al 30% con un pago a cuenta de 20% y 24 cuotas y a 10% para facilidades de pago. En todos los casos se condonará el 100% de las multas aplicadas. Para las micro y pymes, el pago será menor (15%) y habrá más cuotas (30) con la tasa del Banco Nación.
En cuanto al blanqueo, el régimen se extendería hasta el 29 de febrero de 2024 aunque podría ser prorrogado dos meses más. Alcanzará a moneda nacional o extranjera, en efectivo o depositada en cuentas bancarias; inmuebles; acciones; participación en sociedades; fideicomisos, títulos valores y a los mismos bienes en el exterior, incluso criptomonedas o criptoactivos.
La base imponible será calculada en dólares estadounidenses a un tipo de cambio de $859 con una alícuota de 0% hasta US$100.000 y de 5% por montos mayores. El impuesto deberá depositarse en una cuenta especial y los fondos no podrán ser retirados sino reinvertidos en activos financieros.
Otra constante argentina: en los últimos 15 años ningún gobierno dejó de disponer un blanqueo, que siempre es un castigo a los contribuyentes que cumplen.

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Avalancha de anotaciones para exportar granos tras la reapertura del registro
En dos días se llegó a 2,56 millones de toneladas con el maíz como principal producto; quejas por la suba de retenciones
Fernando Bertello
Luego de que el Gobierno reabriera el registro para exportar granos y subproductos, se produjo una avalancha de anotaciones por parte de las empresas exportadoras. Solo entre anteayer y ayer fueron 2,56 millones de toneladas.
El lunes pasado, en medio de un acelerado ritmo de Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) por parte de los exportadores, la Secretaría de Bioeconomía cerró el registro. Lo hizo ante la inminente suba del dólar oficial que, finalmente, quedó en $800. Esa cartera oficial actuó para evitar que se siguieran pagando derechos de exportación justamente con un tipo de cambio más abajo, que rondaba los $360 entonces.
Tras las medidas del ministro de Economía, Luis Caputo, este jueves Bioeconomía procedió a la reapertura de las DJVE. Esto ocurrió luego que incluso se conociera que el Gobierno quiere, previo paso por el Congreso, poner retenciones del 15% para todos los productos de la economía. El trigo y el maíz, por ejemplo, que hoy tributan un 12% saltarían a esa nueva alícuota. La carne pasaría del 9% al 15% y las economías regionales, que en septiembre último vieron reducidos sus derechos de exportación incluso a 0%, ahora verán un alza al 15%.
Javier Preciado Patiño, de RIA Consultores y exsubsecretario de Mercados Agropecuarios, analizó lo que ocurrió tras la última decisión oficial de reabrir el registro para exportar. “Ayer [por el jueves] anticipé que se venía un aluvión de #DJVE. Entre jueves y viernes se registraron 2,56 MT [millones de toneladas], sobre todo de productos sensibles al aumento de retenciones como maíz y girasol. Soja no hay apuro, total no van a subir, o incluso bajar. La recaudación por DEX [retenciones] va a ser buena este mes”, escribió en la red social X.
Según explicó Preciado Patiño, el maíz fue el producto que más anotaciones tuvo: 1,629 millones de toneladas. También se destacaron la cebada forrajera (263.000 toneladas), el trigo (96.000 toneladas), el sorgo (68.000 toneladas), la harina de girasol (65.000 toneladas), el aceite de girasol (48.000 toneladas) y la harina de trigo (33.000 toneladas), entre otros productos.
Si bien todavía no se concretó, la suba de las retenciones sigue generando rechazo de algunas entidades del campo. Anteayer, en una reunión con el secretario de Bioeconomía, Fernando Vilella, la Mesa de Enlace le dejó en claro que no está de acuerdo con esa medida. Habrá una mesa para analizar la situación en economías regionales y en la lechería, según trascendió.
“Hay una preocupación puntual sobre economías regionales y lechería. En este punto hay un compromiso del secretario Vilella de trabajar en conjunto en una mesa de trabajo técnica donde se va a evaluar caso por caso con el objetivo de crear un mecanismo para modificar en aquel caso que lo amerite”, dijo Jorgelina Traut, vocera de Bioeconomía, tras la reunión.
En tanto, la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (Cartez), con base en Córdoba, fustigó también el incremento de los derechos de exportación.
En un comunicado titulado “La sociedad votó un cambio”, expresó su “sorpresa y categórico rechazo a la decisión del flamante gobierno nacional del presidente Javier Milei de avanzar con un proyecto que intentará aumentar a un 15% la alícuota de derechos de exportación a todos los productos agropecuarios, incluidos los de economías regionales, excepto la soja que continuará siendo castigada con un 33%”.
“Valoramos el esfuerzo que se realiza para comenzar a corregir las enormes distorsiones macroeconómicas que ha dejado el kirchnerismo tras su nefasto paso por el poder, así como las promesas de eliminación de todo tipo de intervenciones distorsivas de los mercados, prohibiciones o restricciones de exportación y el sinceramiento del tipo de cambio en busca de la unificación cambiaria. Sin embargo, no podemos dejar de resaltar que, en caso de prosperar este intento de incremento impositivo, se estará repitiendo el mismo error en el que cayeron anteriores administraciones nacionales”.
Sobre las retenciones remarcó además: “Fue y será siempre un tributo injusto, inequitativo y limitante de la producción”

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Sin reuniones ni transición, es incierto el futuro del Ministerio de las Mujeres
Sufriría la más profunda rebaja de categoría de todo el gabinete nacional; quedó acéfalo y no hay contactos con Capital Humano; había sido creado en 2019

María NöllmannIncertidumbre en el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, ubicado en Paseo Colón 793
A los seis días de la asunción presidencial de Javier Milei, el bosquejo del nuevo Ministerio de Capital Humano, que promete englobar otras cinco carteras nacionales, parece no estar aún del todo definido. Mientras, la flamante dependencia mantiene un particular hermetismo: sus funcionarios no tienen comunicación con los medios ni hacen declaraciones oficiales, y todavía no publican en las redes sociales ni tienen página web.
En este contexto, la incertidumbre crece entre los 1278 empleados de uno de los ministerios que se supone quedarán circunscriptos dentro de su órbita, el de las Mujeres, Géneros y Diversidades. Fuentes de esta dependencia plantean que aún no ha habido ningún tipo de transición ni comunicación con Capital Humano. “Hemos pedido tener una reunión para poder iniciar algún tipo de diálogo, pero no hemos tenido respuesta”, indicó una funcionaria consultada, que prefirió mantener su identidad en reserva.
Hasta ahora, lo que ha dejado saber el gobierno nacional es que esta cartera perderá su rango ministerial, hasta el punto de quedar subsumida dentro de una secretaría. De cumplirse esta medida, el Ministerio de las Mujeres sería el que sufriría la mayor rebaja de categoría de todo el gabinete, seguido por el de Ambiente, que, según ya fue anunciado, pasará a ser una subsecretaría.
De acuerdo con la reciente modificación de la ley de ministerios (decreto 8/2023), los compromisos y obligaciones que asumía hasta ahora el Ministerio de las Mujeres –la mayoría vinculados con la prevención contra la violencia hacia las mujeres y el amparo económico y legal de las víctimas de violencia de género– pasarían a ser ejecutadas por Capital Humano.
Más específicamente, según pudo reconstruir la nacion, pasarían a ser menester de la nueva Secretaría de Niñez y Familia, a cargo de Pablo de la Torre, exsecretario de Salud y Bienestar Familiar de la Municipalidad de San Miguel, a quien la ministra Sandra Pettovello conoció en la Universidad Austral, durante su licenciatura en Ciencias para la Familia. La secretaría que el exfuncionario de San Miguel tendrá a cargo aún no tiene organigrama, según fuentes ligadas al gabinete.
“No parece haber todavía nada definido al respecto”, afirmaron fuentes del Poder Ejecutivo sobre el futuro de las políticas de género, algunas de las cuales que no solo están reguladas por la legislación argentina –ley de violencia contra la mujer (Nº 26.485 )–, sino que también son parte de los compromisos internacionales a los que adhiere el país. Informaron, a su vez, que el foco central de la Secretaría de Niñez y Familia será abordar la primera infancia, con eje en la nutrición y la estimulación temprana, para igualar las oportunidades de los menores antes de su llegada a la escuela primaria.

La idea principal, aclararon, es intentar replicar el trabajo que viene realizando el municipio de San Miguel, del que fue intendente Joaquín de la Torre, hermano del ahora secretario nacional, en materia de primera infancia –basado en el méconversar todo Conin– en el resto del país.
“Todavía no se sabe qué políticas de género seguirán. No podemos saber qué impacto va a tener el cambio de rango, qué programas de este ministerio van a continuar. Mientras tanto, hay más de 40.000 mujeres beneficiarias del plan Acompañar que no saben si el lunes que viene dejarán de recibir ayuda”, dijeron desde el ahora desarticulado Ministerio de las Mujeres. El plan Acompañar, que absorbe el 80% de la partida anual de esta dependencia, es una ayuda económica equivalente a un salario mínimo, vital y móvil por seis meses para víctimas de violencia de género.
Mientras, el ministerio sigue funcionando, aunque de manera acéfala. La primera y la segunda línea de funcionarios ya han dejado sus cargos, mientras que el resto de los empleados –24 de planta y otros 1252 contratados– continúan en funciones. “Las políticas siguen funcionando porque tenemos presupuesto asignado para este mes. También para los sueldos”, explicaron.
“Hay leyes que cumplir. El Estado tiene obligaciones asumidas y compromisos internacionales con rango constitucional en materia de políticas contra la violencia de género. Estamos a disposición del nuevo gobierno desde hace semanas para y planificar una transición, pero no se han comunicado con nosotros. Es una irresponsabilidad que decidan qué van a hacer con el ministerio sin conocimiento de cada una de las políticas y programas que tenemos y su impacto en la población”, agregaron.
El Ministerio de las Mujeres fue creado por la gestión del entonces presidente Alberto Fernández y su primera titular fue Elizabeth Gómez Alcorta. La abogada y militante feminista renunció, en 2022, de forma “indeclinable” a su cargo por su desacuerdo con el desalojo de los mapuches en Villa Mascardi, tras denunciar “graves violaciones de los derechos humanos de las mujeres detenidas”. Fue reemplazada por la licenciada en Ciencias Políticas Ayelén Mazzina Guiñazú, de 33 años, que hasta entonces ocupaba ese mismo cargo en San Luis.
Antes del último gobierno kirchnerista el área tenía apenas rango de instituto. Su política más longeva es la línea telefónica 144, destinada a la atención de víctimas de violencia de género, que funciona desde hace más de 10 años y actualmente atiende un promedio de 340 llamados diarios, según datos oficiales. El presupuesto anual de 2023 de la dependencia fue de $81.523,9 millones, que representa el 0,58% de toda la administración pública nacional.
Es por ello que fuentes del gobierno saliente afirmaron que la promesa que hizo La Libertad Avanza (LLA) durante la campaña de cerrar el organismo es, desde su perspectiva, una decisión más “política que económica”.
“Tenemos una de las plantas de empleados más pequeñas que hay en todo el gobierno nacional”, había argumentado la semana pasada en diálogo con la nacion la entonces jefa de Gabinete de ese ministerio, Érica Laporte, quien anteayer dejó su cargo.
El cambio de rango parece responder, además de a una cuestión presupuestaria con el criterio de reducir el déficit fiscal nacional, a una netamente ideológica. Así como Alberto Fernández había prometido su elevación al rango de ministerio durante la campaña presidencial del kirchnerismo en 2019, Javier Milei se comprometió este año a erradicarlo.
A su vez, la vicepresidenta Victoria Villarruel dejó en claro durante los últimos meses estar de acuerdo con esta decisión: “Es un embudo de ingresos públicos –opinó durante una entrevista en septiembre pasado–. No sirve para nada. No mejoró la situación de las mujeres, pero sí mejoró la situación de las que están contratadas ahí adentro”.
A su vez, Villarruel había afirmado en aquel momento que, desde su punto de vista, la violencia de género no existe. “La violencia, para mí y para muchos, no tiene género. Entiendo que hay situaciones en las que la mujer es víctima, pero también hay niños que son víctimas, ancianos que son víctimas y hombres y discapacitados. Entonces me parece que cuando creamos estas diferenciaciones, rompemos la igualdad ante la ley y le hacemos un grandísimo daño al sistema democrático”, había argumentado la actual vicepresidenta.
La cartera nacional pasaría a depender de la Secretaría de Niñez y Familia
Tiene 24 empleados de planta y 1252 contratados; siguen en funciones

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