Un abogado cercano a Cúneo Libarona va a la Oficina Anticorrupción
Es Alejandro Melik; también se definió la IGJ
Hernán Cappiello
Alejandro Melik, junto a Guillermo Coppola
El flamante ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, va completando los casilleros de su cartera y resolvió designar al frente de la Oficina Anticorrupción a Alejandro Melik, un exsecretario penal y abogado de su máxima confianza, y a cargo de la Subsecretaría de Asuntos Registrales, al extesorero del Colegio de Escribanos Carlos Medina.
Con estas medidas, confiadas a por fuentes oficiales, la nacion más la confirmación de que el exjuez Alberto Baños será el secretario de Derechos Humanos, se va completando la plantilla, a la que aún le quedan decenas de cargos por definir.
Cúneo Libarona ya designó al secretario de Justicia, Sebastián Amerio, un abogado que era prosecretario de la Secretaría Penal de la Corte Suprema de Justicia, empleado judicial desde los 18 años y profesor universitario, que ya está trabajando desde hace una semana con el nuevo ministro.
Uno de los cargos que restan cubrir es el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura. Se resolverá esta semana y el elegido podría ser el jefe de gabinete del ministerio, Diego Guerendiain.
En un principio, Cúneo Libarona tenía la idea de cubrir la Oficina Anticorrupción con una persona que fuera sugerida por la oposición. Se habló incluso de una terna.
Sin embargo, el ministro optó por designar a Melik, que es un abogado con el que trabajó en la defensa de Guillermo Coppola,
El ministro ya designó a Amerio como secretario de Justicia,por ejemplo, cuando logró su absolución en el caso del jarrón, donde le plantaron cocaína
Melik estará así a cargo de uno de los organismos de control del Estado que regresan a la órbita del Ministerio de Justicia.
La Oficina Anticorrupción tiene una doble función: es la que recibe y analiza las declaraciones de bienes de los funcionarios públicos del Poder Ejecutivo
y la que realiza investigaciones que pueden convertirse en denuncias penales contra funcionarios.
Asimismo, el papel de la Oficina Anticorrupción en el último gobierno estuvo en tela de juicio, no solo por su fragilidad institucional y su dependencia funcional del Poder Ejecutivo (su titular está a tiro de decreto presidencial), sino también porque había renunciado deliberadamente a su rol de querellante en las causas penales contra funcionarios. Esto es porque el anterior director, el fiscal Félix Crous, interpretaba que esa tarea ya la realizaban los fiscales y no le competía al organismo.
Esta renuncia a la querella en los casos de corrupción hizo, por ejemplo, que la Oficina Anticorrupción no acusara en el juicio en el que Cristina Kirchner fue condenada a 6 años de prisión en la causa de Vialidad.
La Oficia Anticorrupción renunció a la querella a poco de empezar los alegatos finales.
En cuanto a la Subsecretaría de Asuntos Registrales, quedó a cargo el escribano Medina. Es un profesional de larga trayectoria en el Colegio de Escribanos –donde ya su padre fue parte una de las autoridades– y a quien entre sus colegas destacan como un hombre de probada integridad. Fue Tesorero hasta octubre pasado. Medina era muy cercano a Claudio Caputo, presidente del Colegio entre 2017 y 2019, fallecido en junio pasado y padre de Santiago Caputo, el estratega político de Milei.
De Medina dependerán la Inspección General de Justicia (IGJ), los Registros de la Propiedad y también los registros de la Propiedad Automotor. Estos últimos son una caja de la política. Se reparten más de 1800 en todo el país y es obligatorio hacer allí los trámites de patentamiento y de transferencia de los vehículos. Es un sector opaco de la administración pública. Los titulares de los registros son muchas veces beneficiarios de favores políticos.
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El Gobierno dijo que no habrá pauta a los medios por un año
Lo anunció el vocero presidencial, y lo ratificó el ministro Caputo; los proyectos de Juntos por el Cambio para regularl
En una nueva conferencia de prensa que encabezó ayer a la mañana, el vocero presidencial, Manuel Adorni, informó que por un año se anulará la pauta oficial a medios de comunicación. “Quería comentarles que, si bien ya era de conocimiento público, queda suspendida la pauta por un año a los medios”, afirmó Adorni, que así ratificó una de las premisas que Milei había dado durante la campaña, aunque evitó dar precisiones sobre la instrumentación de la medida. Dijo también que “la libertad de expresión no se negocia” y se comprometió a que eso esté garantizado.
Posteriormente, en el anuncio de las primeras medidas, el ministro de Economía, Luis Caputo, ratificó la decisión al incluirlo entre los diez anuncios, y dijo que el año pasado se gastó en este rubro, entre Presidencia y los distintos ministerios, $34.000 millones. Según el informe elaborado por la Secretaría de Medios, el máximo receptor de fondos de ese gasto fue el sitio web YouTube. La plataforma online recibió más de 1000 millones de pesos en concepto de publicidad oficial.
A partir de una serie de consultas efectuadas por este diario, no parece haber letra ni avances concretos en torno de cuáles serán los alcances del recorte, sobre todo en lo referido a la inclusión o no de empresas públicas u organismos descentralizados.
La iniciativa fue dada a conocer en el segundo día de gobierno como una más del plan de ajuste que implementará la nueva administración pero, además de no estar instrumentada, no tendría el respaldo de los aliados del Gobierno. En sectores de Juntos por el Cambio no habría un aval para suspender la publicidad oficial y son al menos tres los proyectos de ley elaborados por legisladoras radicales y de Pro en el Congreso para regular la distribución y asignación de publicidad oficial.
La pauta oficial es el presupuesto destinado a la difusión de la gestión de la administración nacional, las empresas o sociedades del Estado, los entes descentralizados del mismo u otros organismos donde la participación mayoritaria sea gubernamental. A cambio de los fondos de la pauta oficial, se difunden campañas a través de distintos medios de comunicación gráficos, web o audiovisuales.
El flamante ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, va completando los casilleros de su cartera y resolvió designar al frente de la Oficina Anticorrupción a Alejandro Melik, un exsecretario penal y abogado de su máxima confianza, y a cargo de la Subsecretaría de Asuntos Registrales, al extesorero del Colegio de Escribanos Carlos Medina.
Con estas medidas, confiadas a por fuentes oficiales, la nacion más la confirmación de que el exjuez Alberto Baños será el secretario de Derechos Humanos, se va completando la plantilla, a la que aún le quedan decenas de cargos por definir.
Cúneo Libarona ya designó al secretario de Justicia, Sebastián Amerio, un abogado que era prosecretario de la Secretaría Penal de la Corte Suprema de Justicia, empleado judicial desde los 18 años y profesor universitario, que ya está trabajando desde hace una semana con el nuevo ministro.
Uno de los cargos que restan cubrir es el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura. Se resolverá esta semana y el elegido podría ser el jefe de gabinete del ministerio, Diego Guerendiain.
En un principio, Cúneo Libarona tenía la idea de cubrir la Oficina Anticorrupción con una persona que fuera sugerida por la oposición. Se habló incluso de una terna.
Sin embargo, el ministro optó por designar a Melik, que es un abogado con el que trabajó en la defensa de Guillermo Coppola,
El ministro ya designó a Amerio como secretario de Justicia,por ejemplo, cuando logró su absolución en el caso del jarrón, donde le plantaron cocaína
Melik estará así a cargo de uno de los organismos de control del Estado que regresan a la órbita del Ministerio de Justicia.
La Oficina Anticorrupción tiene una doble función: es la que recibe y analiza las declaraciones de bienes de los funcionarios públicos del Poder Ejecutivo
y la que realiza investigaciones que pueden convertirse en denuncias penales contra funcionarios.
Asimismo, el papel de la Oficina Anticorrupción en el último gobierno estuvo en tela de juicio, no solo por su fragilidad institucional y su dependencia funcional del Poder Ejecutivo (su titular está a tiro de decreto presidencial), sino también porque había renunciado deliberadamente a su rol de querellante en las causas penales contra funcionarios. Esto es porque el anterior director, el fiscal Félix Crous, interpretaba que esa tarea ya la realizaban los fiscales y no le competía al organismo.
Esta renuncia a la querella en los casos de corrupción hizo, por ejemplo, que la Oficina Anticorrupción no acusara en el juicio en el que Cristina Kirchner fue condenada a 6 años de prisión en la causa de Vialidad.
La Oficia Anticorrupción renunció a la querella a poco de empezar los alegatos finales.
En cuanto a la Subsecretaría de Asuntos Registrales, quedó a cargo el escribano Medina. Es un profesional de larga trayectoria en el Colegio de Escribanos –donde ya su padre fue parte una de las autoridades– y a quien entre sus colegas destacan como un hombre de probada integridad. Fue Tesorero hasta octubre pasado. Medina era muy cercano a Claudio Caputo, presidente del Colegio entre 2017 y 2019, fallecido en junio pasado y padre de Santiago Caputo, el estratega político de Milei.
De Medina dependerán la Inspección General de Justicia (IGJ), los Registros de la Propiedad y también los registros de la Propiedad Automotor. Estos últimos son una caja de la política. Se reparten más de 1800 en todo el país y es obligatorio hacer allí los trámites de patentamiento y de transferencia de los vehículos. Es un sector opaco de la administración pública. Los titulares de los registros son muchas veces beneficiarios de favores políticos.
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El Gobierno dijo que no habrá pauta a los medios por un año
Lo anunció el vocero presidencial, y lo ratificó el ministro Caputo; los proyectos de Juntos por el Cambio para regularl
En una nueva conferencia de prensa que encabezó ayer a la mañana, el vocero presidencial, Manuel Adorni, informó que por un año se anulará la pauta oficial a medios de comunicación. “Quería comentarles que, si bien ya era de conocimiento público, queda suspendida la pauta por un año a los medios”, afirmó Adorni, que así ratificó una de las premisas que Milei había dado durante la campaña, aunque evitó dar precisiones sobre la instrumentación de la medida. Dijo también que “la libertad de expresión no se negocia” y se comprometió a que eso esté garantizado.
Posteriormente, en el anuncio de las primeras medidas, el ministro de Economía, Luis Caputo, ratificó la decisión al incluirlo entre los diez anuncios, y dijo que el año pasado se gastó en este rubro, entre Presidencia y los distintos ministerios, $34.000 millones. Según el informe elaborado por la Secretaría de Medios, el máximo receptor de fondos de ese gasto fue el sitio web YouTube. La plataforma online recibió más de 1000 millones de pesos en concepto de publicidad oficial.
A partir de una serie de consultas efectuadas por este diario, no parece haber letra ni avances concretos en torno de cuáles serán los alcances del recorte, sobre todo en lo referido a la inclusión o no de empresas públicas u organismos descentralizados.
La iniciativa fue dada a conocer en el segundo día de gobierno como una más del plan de ajuste que implementará la nueva administración pero, además de no estar instrumentada, no tendría el respaldo de los aliados del Gobierno. En sectores de Juntos por el Cambio no habría un aval para suspender la publicidad oficial y son al menos tres los proyectos de ley elaborados por legisladoras radicales y de Pro en el Congreso para regular la distribución y asignación de publicidad oficial.
La pauta oficial es el presupuesto destinado a la difusión de la gestión de la administración nacional, las empresas o sociedades del Estado, los entes descentralizados del mismo u otros organismos donde la participación mayoritaria sea gubernamental. A cambio de los fondos de la pauta oficial, se difunden campañas a través de distintos medios de comunicación gráficos, web o audiovisuales.
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