EDITORIALES

La hoja de ruta de Milei
El camino a la libertad del que nos habla el nuevo presidente deberá ser pavimentado por la ejemplaridad y el absoluto respeto por la Constitución
Nunca antes un mensaje presidencial que abogue por un severo ajuste fiscal cosechó tantos aplausos. No solo recogió apoyos entre los ciudadanos que se congregaron en los alrededores del Congreso de la Nación a escuchar las palabras del flamante presidente de la Nación, sino también entre representantes del empresariado y analistas económicos que valoraron la precisión y el realismo, no exentos de crudeza, con que Javier Milei describió la presente situación económica y financiera de la Argentina, frente a la cual, según explicó el primer mandatario, no hay otra alternativa que no pase por el ajuste y el shock, ni puede pensarse en gradualismos.
Deberá valorar la sociedad argentina la franqueza con que ha hablado el nuevo jefe del Estado, convencido de que es preferible decir una verdad incómoda antes que una mentira confortable.
El término “ajuste” fue tradicionalmente visto como una mala palabra en las últimas cuatro décadas iniciadas con la recuperación de la democracia. Basta recordar que quizás uno de los pocos mensajes presidenciales en los que se habló de un ajuste –más precisamente, de una “economía de guerra”–, como el pronunciado desde el balcón de la Casa Rosada por Raúl Alfonsín en abril de 1985, prólogo del recordado Austral, fue recibido con incomodidad y desasosiego por muchos de los que en aquella oportunidad se dieron cita en la Plaza de Mayo.
Nadie podrá reprocharle ahora al primer mandatario que, durante la prolongada campaña proselitista que precedió a su categórico triunfo electoral en el balotaje, haya ocultado lo que pensaba hacer. La sinceridad fue la característica de Milei y también una de sus mayores virtudes.
Pocas dudas pueden quedarle a la ciudadanía –tanto a quienes votaron por La Libertad Avanza como a quienes optaron por otras alternativas– sobre la real gravedad que, desde el punto de vista socioeconómico y financiero– atraviesa el país. Uno de los aspectos más elogiables del primer discurso de Milei como presidente ha sido la meridiana claridad con que describió la pesada herencia que recibe su gobierno, fruto de décadas de crónico déficit fiscal que se profundizó por el modelo opresivo impuesto por la última gestión kirchnerista, concluida el domingo último, que buscó, bajo el manto de un relato populista, forzar la Constitución nacional para justificar sus ataques a la Justicia, a la prensa independiente, a la seguridad jurídica, a la propiedad y a la iniciativa privada.
La política de ajuste del Estado que propicia el nuevo gobierno encontrará, sin duda, fuertes resistencias en sectores políticos y corporativos vinculados a distintos nichos parasitarios. Para dotarle del necesario apoyo ciudadano que le confiera toda la legitimidad posible, las nuevas autoridades nacionales deberán gobernar con absoluta ejemplaridad, poniendo fin a cualquier privilegio, empezando por realizar todas las auditorías indispensables para anular las irregulares o irresponsables contrataciones de personal en el Estado que han tenido lugar en los últimos meses e incluso a pocas horas de que Alberto Fernández dejara el poder.
Deberá demostrar el flamante gobierno que el ajuste tiene que empezar por terminar con la corrupción de quienes han utilizado el Estado para servir a sus propios fines y no al bien común, y cada acción tendrá que estar sustentada en una comunicación muy eficiente.
Milei sintetizó con coraje y diafanidad de dónde venimos y hacia dónde vamos. Resta conocerse aún la hoja de ruta, que en los próximos días deberá estar despejada, para que los argentinos puedan confiar en que, como ha dicho el Presidente, será este el último mal trago para comenzar la reconstrucción del país y que habrá luz al final del camino. Y si, como ha expresado, el horizonte es la libertad, ese sendero no podrá ser otro que el irrestricto respeto a la Constitución.

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La jueza del caso Lucio
La indignación que ha causado el asesinato del niño Lucio Dupuy, ocurrido en noviembre de 2021, tiene pocos puntos de comparación. La condena para la madre asesina y su novia difícilmente calme la indignación de una sociedad sacudida por este crimen atroz, con vejaciones de todo tipo a un pequeño inocente. Perversión, alevosía, vínculo, imposibilidad de resistencia, en fin, todo lo peor imaginable recayó sobre el pobre Lucio a manos de esta perversa pareja que sigue en la misma cárcel, compartiendo múltiples actividades.
Como ya celebramos desde este espacio, el procurador general de La Pampa, Mario Oscar Bongianino, denunció a la jueza Ana Clara Pérez Ballester, a cargo del Juzgado de Familia Nº 1, y también a la asesora de menores Elvira Alejandra Catan, ambas de General Pico, La Pampa, ante el jury de enjuiciamiento por mal desempeño de sus funciones y por haber omitido obligaciones esenciales en todo procedimiento en el cual está en juego el interés superior de un niño. Así, se resolvieron por unanimidad la suspensión de ambas funcionarias y la retención del 50% de sus sueldos mientras dure el juicio.
En los descargos de la jueza Ana Clara Pérez Ballester, responsable de haber entregado para el cuidado personal (antes tenencia) a Lucio a su madre, Magdalena Espósito Valenti, y a su pareja, Abigail Páez, separánPlan dolo del cuidado de sus tíos luego de dos años, llamaron la atención las argumentaciones del abogado de la magistrada. Expresa que “cuando ella tomó la decisión no había indicio de violencia”, “no se hizo un estudio socioambiental, porque nadie lo pidió” y “no es de práctica en estos casos donde hay acuerdo de partes”.
Así leídas estas afirmaciones parecería que se cree que la violencia expuesta es la única causal para negar un cambio de cuidado personal, cuando es más que evidente que para saber si la hubo o no hay que hacer un peritaje médico y psicológico, y en este último caso no solo sobre el niño, sino también sobre su madre y pareja. Tampoco se hizo un informe ambiental sobre la casa donde viviría Lucio, ¡“porque nadie lo pidió”!, como si hiciera falta que alguien lo pida para que un juzgado de familia intente conocer cómo será el ámbito donde dispone que viva el menor. ¿No es esta una obligación del defensor de menores y de la propia jueza? ¿No debería hacerlo “de oficio” si no existía ese informe en autos? La realidad es que, normalmente, el informe en cuestión es realizado por una asistente social dependiente del juzgado que ilustra al juez, si este no prefiere hacer una inspección personal. Nada de ello ocurrió. En cuanto al invocado “acuerdo de partes”, sorprende esa información cuando se sabe que el padre de Lucio no fue citado a juicio.
Diputados de Pro, inicialmente, acompañados por el bloque Propuesta Federal y luego también por el justicialismo, apoyan el enjuiciamiento de la jueza Pérez Ballester por su mal desempeño.
Se le imputa no haber tenido en miras el interés superior del niño, como lo exigen las leyes y la Convención de Derechos del Niño; no haber hecho el informe socioambiental; no haber convocado a declarar a testigos sobre la conveniencia de la decisión; no haber escuchado al niño, ni que haya intervenido un equipo interdisciplinario para evaluarlos a él y a la pareja que requirió su custodia. Los jueces deben ser especialmente cautelosos cuando en su afán por reconstituir la familia natural, reintegrando los menores a su seno, los ponen en peligros muy graves. No es el de Lucio el único caso que terminó en muerte del niño. Para destacar, reiteramos, no se citó al padre, quien seguramente algo habría tenido para decir en la materia.
A pocos días del enjuiciamiento a la jueza, que los diputados hicieron muy bien en solicitar, todavía no se ha escuchado la plena defensa formal de esta, garantía constitucional que la asiste, pero no se advierte que se hayan tomado todos los recaudos posibles y más que convenientes antes de entregar la custodia del menor. Todo indica que el trágico final de Lucio pudo haberse evitado.

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