LA AGENDA ESTRUCTURAL

Los diputados se resisten a cambiar Ganancias y modificar las jubilaciones
Son los principales obstáculos que encontrará el paquete de reformas de Milei en el Congreso; hay apoyo para el resto

Laura Serra
Consciente de que la “luna de miel” con el electorado que lo votó acabará más pronto que tarde, el presidente Javier Milei presentará la semana próxima al Congreso el paquete de medidas de ajuste con las que pretende alcanzar el déficit cero el año próximo. Salvo el kirchnerismo y la izquierda, los restantes bloques opositores se muestran predispuestos a colaborar con el nuevo gobierno en ese objetivo, aunque ya anticiparon objeciones a por lo menos dos de las iniciativas que anunció el ministro de Economía Luis Caputo: la derogación de la ley de movilidad jubilatoria y la restitución del impuesto a las ganancias.
El primer desafío parlamentario que afrontará el presidente Milei no se augura sencillo. Por de pronto, no habrá un fast track de los proyectos que enviará el Poder Ejecutivo, lo que pondrá a prueba la voluntad negociadora del jefe del Estado y sus colaboradores. La gravedad de la crisis económica y el peligro de que el país sucumba en una hiperinflación colocan al oficialismo en una posición de relativa ventaja en la pulseada, pero incluso los bloques más afines advierten que no librarán cheques en blanco. Dicho en otras palabras, no concederán delegaciones legislativas extraordinarias al Poder Ejecutivo en nombre de la emergencia, por más grave que esta sea.
Los potenciales aliados del Gobierno –Pro, la UCR, Cambio Federal, la Coalición Cívica y legisladores provinciales– se encuentran en una posición incómoda. De un lado los tironea la presión social de un electorado que, pese al impacto descomunal de la devaluación del 54% que dispuso el ministro Caputo, revalida su voto de confianza en el Presidente y sus reformas de shock y, por el otro, la angustia de millones de asalariados de las clases media y media baja, que, junto a los jubilados, aparecen como las primeras víctimas del “plan motosierra”.
Frente a este dilema, estos espacios políticos buscarán posicionarse en un punto medio: apoyarán aquellas reformas estructurales que apunten al objetivo de reducir el déficit, pero sin carta blanca y con propuestas alternativas para que el peso del ajuste no recaiga solo en el ciudadano de a pie. Una cosa es contribuir a la gobernabilidad; otra cosa, alegan, es convertirse a los ojos de la gente en los verdugos del ajuste.
“Estamos de acuerdo con el rumbo que trazó el Gobierno hacia un déficit cero, pero no hay una única manera de lograrlo. Discutir esto no implica discutir el rumbo, sino poner sobre la mesa distintas soluciones fiscales posibles, que pueden tocar otros sectores, otras partidas presupuestarias, para que el esfuerzo de la carga del ajuste sea más equitativo”, resume el diputado Nicolás Massot.
Sin embargo, medidas como la derogación lisa y llana de la ley de movilidad jubilatoria ya tendrían el certificado de defunción anticipada del Congreso. La intención de los funcionarios es otorgar reajustes a los ingresos por la vía de decretos. En el radicalismo, con sus 34 diputados y 13 senadores, desconfían y anticipan su rechazo. También los diputados de la Coalición Cívica. Sin estos votos el proyecto no sale.
Según las planillas que trascendieron del Ministerio de Economía, el Gobierno pretende reducir el déficit en un 0,4% del PBI con esta medida. De allí la desconfianza de los radicales: están convencidos de que, aunque el ministro Caputo haya afirmado lo contrario, los reajustes por decreto correrán por detrás del fogonazo inflacionario que se prevé para los tres primeros meses de 2024.
“El presidente Milei está pidiendo lo mismo que Alberto Fernández cuando asumió su gestión: que deroguemos la ley de movilidad. Nosotros votamos en contra aquella vez y haremos lo mismo ahora: de ninguna manera vamos a permitir que el ajuste recaiga sobre los jubilados, sus haberes cayeron mucho durante el último gobierno. Ya bastante sufridos están”, advirtió el diputado Martín Tetaz, un economista que en líneas generales avala el rumbo de las medidas que adoptó el Gobierno, pero, al igual que su partido, no está dispuesto a sacrificar su electorado en ofrenda a Milei.
Este tema genera resquemores incluso en la bancada más colaborativa, la de Pro. La cuestión se discutió, junto al resto de las medidas que anunció Caputo, durante un encuentro que los legisladores compartieron con economistas del espacio el miércoles pasado. Allí estaban el exministro de Hacienda Hernán Lacunza, Luciano Laspina y José Luis Espert. “Fue sin dudas el tema más espinoso”, admitió uno de los participantes.
Cristian Ritondo, jefe de bloque e interlocutor frecuente con el oficialismo, propone la suspensión de la ley –en lugar de la derogación– por un plazo determinado. “Puede ser por un año”, sugiere. En su momento, Alberto Fernández le pidió al Congreso que la fórmula de movilidad jubilatoria que había instrumentado el gobierno de Mauricio Macri se suspendiera por 180 días. Luego prorrogó este plazo por decreto.
La propuesta de Ritondo llegó a oídos de Cambio Federal, que conduce Miguel Ángel Pichetto y tiene entre sus filas a Emilio Monzó, Nicolás Massot, Ricardo López Murphy y Margarita Stolbizer, entre otros. “Es una locura que el Gobierno venga con este tema al Congreso cuando sabemos que genera una tensión enorme”, reprochan en esa bancada.
El problema que vislumbran es que, aun si prosperase en el Congreso la derogación o la suspensión de la ley, corre serios riesgos de ser nuevamente judicializada. Varios jueces de distintas provincias ya se pronunciaron a favor de quienes hicieron planteos por la suspensión de la movilidad en 2020 y le ordenaron a la Anses hacer un recálculo de los haberes (con diferentes criterios). Como los fallos fueron apelados, la palabra final la tiene la Corte Suprema.
Otro tema urticante es la restitución de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias, una medida con la que el Gobierno pretende robustecer la recaudación en un 0,4% del PBI. Caputo les tiró la pelota a los gobernadores: al justificar la reimplantación del tributo sostuvo que “es a pedido de ellos”, ya que su eliminación –que el Congreso votó a instancias del excandidato presidencial Sergio Massa– provocó una fuerte merma en los recursos coparticipables que perciben.
El oficialismo imaginó que con la restitución del impuesto lograría meter una cuña en Unión por la Patria y ganarse los votos peronistas de los gobernadores al paquete de reformas. Se equivoca.
“Nosotros no vamos a ceder en la eliminación de Ganancias. Sería castigar todavía más a la gente”, enfatiza un legislador del norte, alter ego de su gobernador. Lo mismo suena desde las provincias de La Pampa, La Rioja y Tucumán. La compensación a las provincias debería provenir de la Nación, sostienen los peronistas. Reflotarán la propuesta que, hace un mes, presentó el gobernador Rogelio Frigerio y que firmaron todos los gobernadores: que se coparticipe la mitad de la recaudación del impuesto al cheque.
La jugada no es ingenua. Frigerio es gobernador de Entre Ríos de Juntos por el Cambio y su propuesta fue suscripta por los mandatarios de la UCR y de Pro, incluidos Alfredo Cornejo y Gustavo Valdés, los más dialoguistas con el Gobierno. Otro dialoguista, Martín Llaryora, de Córdoba, también la firmó. El gobernador cordobés controla un bloque de ocho diputados.
Llaryora se reunió el jueves último con el ministro del Interior, Guillermo Francos: si bien allí ratificó su compromiso de colaborar con la gobernabilidad, su acompañamiento no será incondicional. De hecho, durante el encuentro expresó su preocupación por la reducción en los subsidios al transporte automotor; la poda anunciada por Caputo haría colapsar al sistema en el interior. La restitución de las retenciones al 15% para los productos agropecuarios –salvo la soja– es otro tema que preocupa; las entidades del sector ya levantaron su voz. Algunos legisladores no descartan imponer un plazo a la medida.
¿Estará dispuesto el presidente Milei a aceptar estas concesiones a cambio de votos en el Congreso? No parece tener demasiadas alternativas. Tal vez contra su voluntad tenga que aplicar la motosierra en otras partidas presupuestarias que no formaron parte de los anuncios de Caputo. “Hay sectores empresarios que gozan de exenciones impositivas millonarias y que, llamativamente, no se los toca”, deslizan en el peronismo. El exministro de Economía Sergio Massa supo detallar en una separata en el presupuesto 2024 una serie de gastos tributarios –es decir, beneficios y regímenes impositivos diferenciales– que tienen un peso de 4,72% del PBI. Será la próxima jugada del peronismo

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Cúneo Libarona. “En marzo vamos a plantear al candidato para la Corte Suprema”
El nuevo ministro de Justicia ratifica que dejará de impulsar las querellas contra los delitos de corrupción del kirchnerismo, y da un giro en derechos humanos: dejará de enfocarse solo en la dictadura 

Hernán Cappiello| El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona
Mariano Cúneo Libarona extraña la vista de su estudio de abogado del piso 28 con vista al río. Ahora mira una pared blanca en el quinto piso del Ministerio de Justicia, donde tiene su despacho. Asumió hace cinco días. Ya decidió que en marzo enviará al Senado el nombre de un candidato para completar la Corte, no necesariamente una mujer, propondrá en enero al nuevo procurador general, implementará de “manera urgente” y sin presupuesto extra, en todo el país, el nuevo Código Procesal Penal.
El nuevo ministro anunció que reducirá a un tercio el personal, eliminó el Inadi, descentralizará los registros de propiedad automotor e inauguró una era de cordialidad entre la Justicia y el Poder Ejecutivo. Traje gris, camisa celeste, corbata y ojos al tono, fuma cigarritos de hoja de tabaco en la sala de reuniones donde trabaja, luego de la reunión mañanera de gabinete del viernes, donde la economía se llevó toda la atención. Allí explicó su política de reducción de inmuebles alquilados y de achique de sus dependencias. Luego recibió a la nacion en un salón despojado, sin cuadros, solo con una bandera. La anterior gestión dejó olvidada en un placar unas computadoras y un árbol de Navidad, que aún no pudieron armar. Decidió que la Oficina Anticorrupción, donde designó a un abogado cercano suyo y de máxima confianza, no será querellante en casos de corrupción (al igual que durante el último gobierno) y tampoco la UIF tendrá esa facultad.
–¿Cuál es su previsión de reducción del ministerio?
–Podemos sacar un nombre de una dependencia, pero queda el personal. Por ejemplo, sacamos el Inadi, pero me siguen quedando 400 empleados. Es una ficción. No vamos a hacerlo desaparecer, sino que sus funciones importantescontraladiscriminación las va a tener, pero dependiendo de la Secretaría del Derechos Humanos. No necesito 400 empleados para la discriminación, me puedo arreglar con lo que tengo en ese equipazo de la EX-ESMA. Tengo que achicar predios, que es lo destaqué mucho en gabinete. En Córdoba el Inadi tiene 15 empleados. ¿Vos creés que son necesarios 15 empleados para una denuncia de discriminación?
–¿Se van a eliminar los registros de la propiedad automotor?
–Está la decisión de hacer todo digital, público, rápido, revisar trámites y en su momento, cuando brillen y estén ordenados, pasarlos a la Ciudad y a cada jurisdicción. Esto se va a ordenar. Un auto te sale carísimo como consecuencia de la cantidad de formularios, papeles y gastos que implican trámites, que tienen que reducirse.
–¿Cómo prevé la relación con la Corte? ¿Puede ser con una “luna de miel”, que se acabe con la primera sentencia?
–Como abogado aprendí que ganás o perdés. Por suerte en general ganaba, he dado vuelta cada historia. Con la Corte tengo una relación cordial, afectuosa, de respeto y tengo una historia en los tribunales, adonde iba desde los 5 años con mi papá. Fui el secretario más joven de la historia argentina con 22 años
–¿Va a cubrir la vacante que hay en la Corte?
–Lo vamos a plantear en marzo. En ese aspecto, el Presidente me dio mucha libertad. Tengo perfiles: que sepan derecho, pero que tengan sentido común, calle, lógica y experiencia judicial. No me va el superestudioso, tiene que tener criterio equilibrio, sensatez, una gran armonía y espíritu libertario.
–¿Mujer?
–Déjalo ahí. Me gustan mucho más las juezas mujeres que los hombres. Fijate, ¿qué escándalo conocemos de juezas mujeres? Hagamos historia, alguna en los 80.
–¿Tiene candidatos in pectore?
–Una lista corta que me está dando vuelta la cabeza cuando salgo a caminar y pienso.
–¿Y con la Procuración?
- Vamos a proponer lo antes posible a Marcelo Lucini [camarista del crimen próximo a jubilarse, respetado y resistido por los fiscales porque no es fiscal]. No hay mejor. No tengo duda. No tuvo críticas de nadie
–¿Van a proponer cambiar la ley para reducir el mandato o elegirlo con menos de los dos tercios de los senadores?
–No vamos a cambiar la ley.
–¿Y cómo van a lograr que sea elegido sin fuerza parlamentaria?
–Salvo que vos me digas “no, porque no”, que estaría bordeando el abuso de autoridad doloso, que es un delito, no creo que nadie lo cuestione. No tiene una mancha en todos los años que estuvo en la Justicia. El padre era camarista, se crió en el interior, a los 18 años fue empleado, concursó para secretario. Una carrera intachable. Hasta los mismos jueces federales y fiscales y la Asociación de Fiscales lo han aceptado. Yo pensé que lo iban a matar como a todos y no he recibido ni una objeción. Una amiga mía fiscal me dice que el procurador tiene que ser un fiscal, pero ¿por qué?
–¿Le preocupa que la Corte dicte un fallo sobre la quita de la coparticipación a la ciudad de Buenos Aires y se transforme en un problema económico?
–Está presente, como un montón de cuestionamientos económicos, deudas, juicios, juicios internacionales. Son pequeñas bombas de tiempo. Es una preocupación, pero creo que tenemos tiempo.
–¿Lo habló con la Corte?
–No. La gran batalla de este país es el tema económico y achicarle el Estado, que son los puntos neurálgicos del presidente Milei.
–Para esos objetivos se necesitan leyes. ¿Teme que sean objetadas en la Justicia?
–Lo que es ley va a tener un filtro previo del Congreso, que ya lo va a blindar; lo que es decreto, si son ajustados a la razonabilidad y la legalidad, no le tengo miedo a nadie. Si vos presentás un mamarracho, obviamente la Justicia en Contencioso lo va a declarar inconstitucional.
–¿Eso demora la ley ómnibus?
–Se analiza y se analiza mucho, hay muchos debates, se circulariza en el gabinete. Todavía no se conoce una versión porque estamos todos ajustando. Yo cambié muchísimo de mi área y la vamos pasando por diversos funcionarios. Me la llevo para el fin de semana. La semana que viene va a estar. Las diferencias existen, va a haber debate en el Congreso, va a haber supresiones, va a haber correcciones.
–¿Cómo ve las diferencias internas en la Corte? ¿Tiene algún impacto en el Gobierno?
–Nosotros no podemos destinar un segundo a abocarnos a ese tipo de opiniones de pares. Es un tema de ellos.
–¿Qué le preocupa más del funcionamiento de la Justicia?
–La celeridad y la imagen y lo que
Milei llama la mano justa, es decir que la sanción sea proporcional al hecho cometido. Por ejemplo, la reiterancia como riesgo procesal. Es que aquellos detenidos, aunque no tengan condena, y se reitera la detención, es una razón para evitar la libertad y establecer mano justa.
–¿Tiene en carpeta federalizar los juzgados nacionales de instrucción y evitar el traspaso?
–No, nada de eso. Vamos al sistema acusatorio y al traspaso, cuando ocurra, veremos. Se va a analizar el traspaso, pero no ahora. Yo hoy pienso más en que brille el Registro de la Propiedad Inmueble, la IGJ y que, en breve lapso, una vez digitalizado, ordenado, con una política nueva de inversiones, pase a la Ciudad.
–¿Hay una preocupación por la interferencia de la AFI y el espionaje en la Justicia?
-–Yo lo viví con Alfonsín, con Carlos Menem, y vi cómo se desnaturalizó la función de la AFI. La propuesta es profesionalizarla, limitarla a sus funciones legales. ¡Basta de espionaje ilegal! ¡Basta de usar la AFI con fines individuales ¡La persona designada va a hacer el mayor esfuerzo para adecuarla al marco de la legalidad!
–¿Implica el regreso de la influencia de Jaime Stiuso
–Yo no lo vi sentando en ninguna mesa, en ninguna reunión.
–Se dijo que la Oficina Anticorrupción iba a estar en manos de la oposición, pero designó a un abogado cercano suyo. ¿Por qué?
–Cuando yo entré a los tribunales, Alejandro Melik era oficial mío, mi superior, y me ayudó muchísimo a ordenar la secretaría. Nos ganamos el concurso los dos para ser secretarios. Siempre tuvimos una excelente relación. Es una persona honorable. No va a utilizar la Oficina Anticorrupción con fines políticos. Le quitamos la potestad de querellar, para eso están los fiscales y la UIF, lo mismo. Viola el principio de igualdad de armas. La OA fue usada como un arma de guerra en todas las batallas, como la UIF y la AFI.
–¿Puede haber un acuerdo de gobernabilidad, que Milei desista de la persecución penal de los delitos del kirchnerismo o del macrismo a cambio de contar con apoyo parlamentario?
–He escuchado eso. La idea es que son los tribunales los que deben trabajar, los organismos del Estado no van a salir a buscar delitos, los que detectan, los van a denunciar. Eso seguro. ¡Olvidate!
–¿Hubo persecución del macrismo al kirchnerismo, del kirchnerismo contra Macri, hubo lawfare?
–Hubo una guerra terrible que la trasladaron a los tribunales. Dentro de esa guerra hubo hechos que se detectaron, comprobaron fehacientemente, que fueron delitos y otras cosas, donde se rompieron códigos, hechos que no me parece que tengan ninguna relevancia penal. Pero para opinar de eso, que lo hagan los jueces. Se politizó la Justicia y hoy la idea es despolitizarla, darle independencia, que trabajen tranquilos. Yo creo que esta es la mejor camada de jueces federales que ha tenido la Argentina en muchos años.
–Sorprendió la designación del exjuez Alberto Baños en Derechos Humanos, porque no viene de ese sector.
–Alberto Baños y Marcelo Ruiz y las jóvenes que los acompañan tuvieron una recepción muy cordial y muy amistosa de todos los organismos de derechos humanos en la EX-ESMA. Todos los juicios que están en trámite seguirán por su canal normal, en forma independiente y libre, lo que yo quiero es ampliar los derechos humanos.
–¿Hacia dónde?
–Hacia las víctimas como centro del derecho penal: la señora que engañan, entran a su casa y le sacan los ahorros de toda su vida, el señor que le clavan el cuchillo en la Avenida de Libertador, o el que le roban el celular. No solo los delitos vinculados con la dictadura, sino poder ampliarlo a la víctima.
–Victoria Villarruel planteó una mirada sobre la política de derechos humanos que dice que también hace falta una reivindicación de los militares, ¿coincide?
–La política de derechos humanos va a tener esa mirada también, El fallo del Juicio a las Juntas en su punto 8 trata de todo eso. Lo que dice la doctora Villarruel debe estar presente arriba a la mesa. Tiene que ser considerado y también valorado, acá hubo víctimas por muchos lados, se aplicó el poder del Estado a un grupo tiene que juzgarse íntegramente lo que sucedió. Sin perjuicio de que yo tengo una mirada más de futuro pensando en las víctimas de 2023 o de 2024, relacionando la pobreza con el delito.
–Los jueces le reclaman por las leyes de Ganancias y la de jubilaciones.
–Cómo están es un disparate que haya un secretario antiguo que cobre más que un juez nuevo que paga Ganancias, atenta contra la lógica y el sentido común, tiene que ordenarse. Los secretarios no quieren ascender a jueces porque cobrarían menos. Es una locura. Y con el régimen jubilatorio a lo largo de la historia utilizaron la jubilaciones para vaciar el Poder Judicial, yo lo viví en mi familia, entonces eso es otro tema que hay que ponerlo en proporcionalidad.

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