NOMBRAMIENTO, EL ESCENARIO Y COBRO

Un secretario de Casación, el candidato para un puesto clave
El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, propuso como nuevo presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF) al secretario de la Cámara Federal de Casación Penal, Ignacio Yacobucci, hijo de un camarista, magíster en Derecho Penal, contador y profesor universitario. “Es un cargo importante. La capacidad del candidato no está en duda. Impecable. Pero es un lugar que requiere armado de equipo. Es el gran candidato”, dijo a la nacion una fuente oficial, que espera consolidar la propuesta con el resto de sus colaboradores, y confirmaron allegados al propio postulante.
Para consolidar la candidatura, que debe ser publicada en el Boletín oficial, la ley prevé un período de adhesiones e impugnaciones, una audiencia pública, una investigación fiscal y recién luego, si el postulante saliera indemne, se produce la designación. Yacobucci trabaja en la Cámara de Casación Penal, en la vocalía del juez Javier Carbajo.
La UIF es un organismo clave para el control del poder económico. Es un ente autárquico a cargo del control del lavado de dinero producto de delitos graves como el narcotráfico y la corrupción.

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La nueva oposición, forzada a activarse a toda velocidad
Mariano Spezzapria.
La aceleración que les imprimió Javier Milei a los primeros días de su Presidencia, primero con la implementación del protocolo antipiquetes y casi de inmediato con el megadecreto de desregulación de la economía, puso a los sectores que buscan encarnar la oposición al gobierno libertario en la necesidad de adelantar su posicionamiento, en buena medida porque observan una confrontación política inminente, tanto en las calles como en el Congreso, que hubieran preferido postergar para después del verano.
Desde Sergio Massa, que perdió el balotaje con Milei pero que les recuerda a sus interlocutores que ganó la primera vuelta –la que cuenta para las bancas del Congreso–, pasando por Martín Lousteau –que no pudo con Jorge Macri en la ciudad aunque luego se quedó con la jefatura de la UCR–, siguiendo por Axel Kicillof –el delfín de Cristina Kirchner que obtuvo la reelección en la Provincia– y llegando hasta Horacio Rodríguez Larreta, todos buscan un lugar bajo el rótulo de la “nueva oposición”.
A la par que se sorprenden por la audacia de Milei, a quien también consideran temerario porque tiene “un bajo anclaje político e institucional” para impulsar reformas estructurales, los referentes de la nueva oposición intercambian impresiones en forma reservada, pero están lejos de articular una estrategia conjunta. Se entiende: Massa viene de ser gobierno hasta hace dos semanas; Lousteau y Larreta fueron opositores desde una coalición que ya no es tal; y Kicillof se quedó sin paraguas nacional y parece destinado a atrincherarse en La Plata.
“Voy a ayudar a ponerle cabeza a un proceso político nuevo”, dice Massa por estos días a quien quiera escucharlo. Por las oficinas de la flamante Fundación Encuentro, con sede en el búnker partidario de la Avenida del Libertador al 800, empezaron a desfilar gobernadores, intendentes, sindicalistas y legisladores en busca de precisiones sobre el futuro del tigrense. Con el solo hecho de recibirlos, ya les está dando una señal: no está en sus planes alejarse de la política. Todos se llevaron bajo el brazo un informe sobre las medidas económicas de Milei y, en las últimas horas, también sobre el contenido del megadecreto. El autor de ese trabajo es Guillermo Michel, quien encabezó la Aduana hasta la semana pasada.
El propio Massa encabezó una primera reunión con diputados peronistas –del FR y del PJ– en la que “se analizó que el incremento de la presión fiscal de todo el paquete de medidas se proyecta en 2,36% del PBI, lo cual implica una mayor carga tributaria para los trabajadores, jubilados, monotributistas, pero también para las pymes, las economías regionales y la industria”, definió uno de los participantes del encuentro. Allí se los vio al exgobernador entrerriano Gustavo Bordet, al santafesino Roberto Mirabella y al tucumano Pablo Yedlin, entre otros que históricamente son parte del massismo.
El enclave
En el peronismo, pero también en otros espacios, consideran que el Congreso será uno de los principales enclaves de la oposición en la etapa política que se inauguró el 10 de diciembre. Allí las bancadas de Unión por la Patria (UP) se mantuvieron unidas, a diferencia de lo que sucedió en 2016, cuando el PJ tuvo que regresar al llano tras las dos presidencias de Cristina Kirchner. Incluso, en la Cámara de Diputados sumaron un integrante, el jujeño Guillermo Snopek, quien regresó así a las filas del peronismo nacional tras la escisión que protagonizó este año en el Senado.
“Volvió a la casita de los padres”, graficó un dirigente que siguió el derrotero de Snopek, simbólico porque el PJ anotó entre sus cuentas pendientes la necesidad de fortalecerse en el interior del país, porque la reciente elección confirmó que ya no le alcanza con los votos de la provincia de Buenos Aires para poner un presidente de la Nación. Sin embargo, desde el territorio bonaerense saldrá la oposición más dura a la gestión de Milei. “La idea es plantar bandera y ejercer un criterio político de contraste desde el día 1”, explicaron en UP la línea que seguirá el gobernador Kicillof, con el aval de Cristina Kirchner.
Kicillof, que ayer recibió a Massa y a Máximo Kirchner en La Plata, lo dejó en claro la jornada posterior a la reunión de Milei con los gobernadores. “Se propone privatizar todo, desregular todo, destruir derechos de los trabajadores, arrasar con sectores completos de la producción, rifar los clubes de fútbol y el patrimonio de los argentinos. Todo esto, sin pasar por el Congreso, que podría sesionar y discutirlo. Le faltó decir “democracia: ¡afuera!”, exclamó. El mandatario kirchnerista tiene, no obstante, una limitación: la canilla de recursos no fluirá desde el Ministerio de Economía, lo que lo lleva a pedir endeudamiento en dólares y a subir el sensible impuesto inmobiliario rural.
En las filas del radicalismo, la gestación del documento titulado “Declaración de la mesa nacional de la Unión Cívica Radical” tras el anuncio del megadecreto de Milei fue tomada como un acto fundacional del nuevo liderazgo de Lousteau. “Consensuó un documento muy categórico que firmaron los 15 miembros de la mesa del partido, que expresan a todas las líneas internas. Fue el primer desafío importante como presidente del partido y marcó el rumbo”, dijeron a la nacion cerca del senador porteño. “Ninguna crisis se resuelve avasallando la institucionalidad democrática”, advirtió el texto.
Más allá de la consolidación de Lousteau como presidente de la UCR, allí también saben que la interna con los gobernadores Alfredo Cornejo (Mendoza) y Gustavo Valdés (Corrientes) seguirá en estado de latencia. De hecho, los mandatarios provinciales tienen posiciones más cercanas al gobierno nacional, aunque tampoco apoyan el megadecreto. En una postura más directa se ubica, por su parte, el exalcalde porteño Horacio Rodríguez Larreta, quien no concuerda con la alianza del macrismo con los libertarios. “Así no. La Argentina necesita reformas, pero no por decreto”, posteó en las redes sociales.
Larreta, que perdió la interna de Juntos por el Cambio con Patricia Bullrich –ahora ministra de Milei– mantiene un posicionamiento opositor al gobierno nacional y se diferencia del ala dura de Pro, que dirige Mauricio Macri. No la tiene fácil, porque dirigentes que fueron de su riñón político, como Diego Santilli, multiplican gestos de empatía libertaria. “Cuando gobernaron firmaron casi 500 DNU en 16 años, siempre atacando al Congreso y a la Justicia. La mayoría de los argentinos eligió un cambio rotundo, hay que acompañar. Van 10 días de gobierno, dejen trabajar al Presidente”, reclamó el diputado porteño. Pero otros dirigentes, como Miguel Pichetto y Emilio Monzó, claves en el Congreso, parecen más cercanos a la postura de Larreta.
Los dirigentes que van formando la “nueva oposición” al incipiente gobierno libertario son, por el momento, refractarios a la articulación de una estrategia conjunta. Los une el espanto antes que una visión de futuro común. Pero aunque no lo admitan, ya hubo contactos entre algunos de ellos. Incluso intercambiaron documentos sobre el impacto del DNU de desregulación de la economía. También siguen de cerca el camino de la judicialización del megadecreto. Y coinciden en una lectura: los tiempos políticos que vienen no serán los clásicos de la relajada temporada estival, ya que el presidente Milei decidió apretar el acelerador a fondo.

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El Gobierno amenaza con cobrarles $60 millones a los piqueteros
El vocero presidencial dijo que les pasarán la factura con los costos del operativo de seguridad a 14 organizaciones sociales; los dirigentes irán a la Justicia por la demanda

Paula Rossi
En otra jornada de protestas callejeras, el vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó ayer que el Gobierno les facturará 60 millones de pesos a las organizaciones sociales que participaron de la movilización del 20 de diciembre por el costo del operativo de seguridad. “Vamos a intimarlas para que se hagan cargo del gasto”, dijo el vocero de Javier Milei en su conferencia de prensa diaria. No dio detalles de cómo se hará el cobro ni cómo fueron identificadas las agrupaciones, que ya avisaron que judicializarán la acusación.
“En línea con la reducción de los gastos de la política y del gasto público, nos llena de satisfacción que se haya entendido que llegó el tiempo del ciudadano o que quedó atrás el tiempo del privilegio político”, expresó el portavoz. Confirmó que el Gobierno denunció a 32 dirigentes piqueteros por el delito de extorsión al Estado en el manejo de planes sociales. “La denuncia ha recaído en el tribunal del doctor Casanello y en la fiscalía de Gerardo Pollicita”, precisó.
“El total de denuncias que recibió la línea 134, canal que hemos utilizado para que de manera anónima quienes se sentían extorsionados puedan hacérnoslo saber, fue de 16.150, de las cuales hay 1200 que tenían o que encuadran dentro de la tipología señalada; o sea que se podía relacionar con el delito de extorsión”, dijo Adorni. Y agregó: “Hasta el momento, hay 32 personas denunciadas en la línea 134 con el detalle de quiénes son y en qué organización operan”.
“Vamos a intimar a las organizaciones sociales para que se hagan cargo del gasto del operativo porque no le corresponde a la ciudadanía”, siguió el vocero en relación con el dispositivo de seguridad desplegado este miércoles. “Hay una estimación que ronda los 60 millones de pesos y por supuesto esta será la factura que les pasaremos”, sostuvo el funcionario libertario.
En ese sentido, el portavoz precisó que en el marco de la aplicación del protocolo de orden público “se identificaron 14 organizaciones sociales que estuvieron involucradas” en la protesta del miércoles. Las enumeró: Polo Obrero; Corriente Clasista y Combativa; Movimiento Evita; William Cooke; MTR 12 de abril; CUBA MTR; Libres del Sur; Darío Santillán; La Dignidad; el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL); Barrios de Pie; Torres; MTE, y Movimiento Patria Justa.
Mientras que desde la Casa Rosada todavía no detallaron a la nacion cómo piensan cobrarles esos costos millonarios del operativo de seguridad ideado por la ministra Patricia Bullrich, las agrupaciones que fueron incluidas en el listado están en alerta y hasta activaron a sus abogados para iniciar posibles acciones judiciales. Algunas son de izquierda y otras están alineadas con el peronismo, pero la mayoría de sus popes coinciden en que la gestión de Milei quiere buscar enemigos en sus filas y también en las sindicales. Incluso, tanto en el Movimiento Evita como en la Corriente Clasista y Combativa, en Barrios de Pie, en Libres del Sur y en el MTE, de Juan Grabois, todas incluidas en la lista, aseguran no haber llamado a movilizar el 20 ni haber estado en la Plaza de Mayo.
Rechazo
“Quieren hacer explotar la Argentina”, sintetizó  el líder de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) Juan Carlos Alderete, que fue diputado nacional de Unión por la Patria hasta este año y se quedó afuera por un lugar en la conformación actual del Congreso. “Nosotros no marchamos el 20D, hoy [por ayer] se están haciendo ollas populares en todo el país. Adorni se equivocó al decir que la CCC estuvo en la marcha. No estuvimos ni la convocamos”, aseguró el dirigente, convencido de que la “casta empresarial, menemista y macrista” confluye en la Casa Rosada.
“El derecho a la protesta es constitucional. Una normativa ministerial no puede estar por sobre la jerarquía constitucional; están forzando las normativas para vivir en un Estado de excepción. La única forma que tienen para pasar un ajuste brutal como el que pretenden es con un Estado cada vez más represivo y eso termina mal”, indicó Daniel Menéndez, de Barrios de Pie. En la misma línea se mostró Gildo Onorato, referente del Movimiento Evita con fuerte injerencia en la provincia de Buenos Aires. “Estas falsas denuncias intentan correr el eje de lo importante”. Por su parte Silvia Saravia, de Libres del Sur, fue una de las más vehementes al aseverar que si desde Balcarce 50 les llegan a querer cobrar por el operativo, irán a la Justicia porque ellos están en la lista y tampoco participaron de la convocatoria, según indicó. “Le está fallando la Inteligencia a Adorni porque evidentemente en el Gobierno no tienen idea ni quién se movilizó. Nosotros no fuimos convocantes ni participamos de la movilización del miércoles”, remarcó.

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