PROTOCOLO ANTIPIQUETES

Marcharon contra el “decretazo” en Rosario

ROSARIO.– Con una única consigna, rechazar el DNU anunciado por el presidente Javier Milei, una multitud se concentró ayer en la Plaza 25 de Mayo en Rosario y marchó hacia el Monumento a la Bandera, un lugar icónico para festejos y protestas. Gran parte de los manifestantes estaban nucleados en entidades sindicales y sociales, pero también se sumaron a la protesta sectores independientes que buscaron expresar su rechazo a las medidas. “Abajo el decretazo de Milei”, fue uno de los cánticos de los manifestantes.

Patricia Bullrich avanza con la segunda parte del protocolo “antipiquetes”
En el entorno de la ministra comenzaron a estimar los costos del operativo policial para trasladarlos a las organizaciones sociales
Federico González del Solar
Con la venia del presidente Javier Milei, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, avanza con las medidas que prometió emplear para desalentar las movilizaciones callejeras y encara la segunda etapa de su plan antipiquetes. Además de procurar mantener las calles libres durante las manifestaciones –algo que el miércoles sucedió por corto tiempo–, la estrategia de la ministra, plasmada en el protocolo, contempla iniciar acciones para, por un lado, identificar a los manifestantes que infrinjan la ley –y, en caso de que tengan un plan social, privarlos del beneficio– y, por el otro, trasladar el costo del operativo policial a las organizaciones políticas y sociales que hayan participado de las movilizaciones.
“Estamos estimando costos y terminando la identificación”, deslizan en el entorno de la ministra, en línea con lo anunciado ayer por Manuel Adorni en su conferencia de prensa. “En caso de que sean beneficiarios de planes sociales [vamos a proceder] a quitárselos tal como se ha prometido”, sostuvo el vocero presidencial. Además, ratificó que los costos del operativo, que implicó movilizar a la Policía Federal, a la Gendarmería, a Prefectura y a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), recaerán sobre las organizaciones.
Sin embargo, todavía no hay precisiones sobre cómo se pretende repartir esos costos entre las organizaciones sociales –si de manera proporcional a la asistencia, por caso–. Pero, sobre todo, la viabilidad de este segundo tramo del proyecto de Bullrich es puesta en duda por dirigentes de izquierda, abogados de organizaciones sociales y especialistas en seguridad, quienes ven que las chances de que estas medidas prosperen son escasas.
“Es de muy difícil materialización”, explicó un experto en seguridad con mucho roce con la gestión pública. “Las caras que se captan por la videovigilancia las podés chequear contra una base de datos de pedidos de captura, pero no contra la identidad de las personas”, agregó. “Judicialmente es fácilmente atacable. Solamente se podría identificar si está cometiendo una contravención, falta o delito”, puntualizó. A este último punto se refirió la ministra Bullrich, quien señaló en múltiples ocasiones que cortar la calle está tipificado en el artículo 194 del Código Penal, que castiga con hasta dos años de prisión a quien “estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire”.
Entre los costos del operativo que el Gobierno planea cargarles a las organizaciones sociales están los logísticos, como el combustible, y los relativos a los sueldos de los efectivos, como la carga de servicio extra. La misma fuente también enseña sus dudas en este sentido. “Es una cuenta difícil de auditar. Es poco claro en un operativo de estas características conocer cuál es el costo adicional que genera. Las horas que se pueden computar como costo de oportunidad de todo el elemento movilizado no son claras”, explicó.
Con todo, y aunque esperan ver las “acciones concretas”, en las filas de las organizaciones sociales y políticas que participaron el miércoles de la primera movilización contra el Gobierno, proyectan respuestas judiciales a los posibles movimientos oficiales.
Rechazo
“Si son resoluciones administrativas, una vía puede ser el amparo, por todas las ilegalidades que tendría la medida”, señaló Claudia Ferraro, abogada del Polo Obrero. “Desde la vulneración de derechos adquiridos –continuó– hasta la nulidad por utilizar identificación por las cámaras cuando en la ciudad de Buenos Aires sigue vigente una medida cautelar que impide su utilización”, especificó. En abril del año pasado, un fallo del juez Roberto Gallardo, recordado, entre otras polémicas, por intimar al exjefe porteño Horacio Rodríguez Larreta a retirar a la Policía de la Ciudad del domicilio de Cristina Kirchner, suspendió el sistema de reconocimiento facial de la ciudad, medida que sostuvo meses después ante una cautelar que presentó el gobierno porteño. “Dependerá del instrumento por el cual toman esas medidas”, insistió la letrada.
Por su parte, los referentes políticos de algunas de las organizaciones, ante la consulta de la nacion, expresaron su rechazo a las medidas. “Por esa vía solo se podría movilizar y reclamar el que tiene plata para pagar la protesta”, sostuvo Gabriel Solano, dirigente del Partido Obrero. “Es otra estafa ilegal”, añadió su correligionario Néstor Pitrola, en referencia al intento del gobierno de hacerles pagar la “factura” a las movilizaciones

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“Minoría” y “síndrome de Estocolmo”: la visión oficial del cacerolazo
En el Gobierno minimizaron la protesta y dicen que la imagen positiva de Milei es del 60%
Maia Jastreblansky
“Hay gente que sufre síndrome de Estocolmo y sigue abrazada al modelo que los empobrece”. Javier Milei caracterizó así a los grupos que anoche, luego de que se presentó el decreto de necesidad y urgencia (DNU), protestaron con cacerolazos frente al Congreso y en distintos puntos de la ciudad y del conurbano.
El Presidente está convencido de que “una mayoría de argentinos” apoya incondicionalmente sus ideas y sus medidas. Lo hace basado en el resultado del balotaje de hace un mes y también en las reacciones en redes sociales, a las que el Gobierno le da extrema relevancia. Bajo su óptica, quienes repudiaron el megadecreto lo hicieron porque adhieren a otro modelo económico y votaron otra cosa. Sin matices.
Anoche hubo nuevas protestas frente al Congreso y en diferentes puntos de la Ciudad de Buenos Aires. En la Casa Rosada aseguran que los detractores del DNU que se manifestaron el miércoles por la noche son la porción más “ideologizada” del electorado que no se inclinó por La Libertad Avanza. “Hubo muy poca concurrencia y era esperable de parte de quienes no nos votaron y son más ideologizados”, dijo a un estrecho la nacion colaborador de Milei. Subrayó que los cacerolazos se concentraron en la Capital Federal, que es “el distrito con menos votos” libertarios.
“Es normal, pero el apoyo de la gente al DNU es total”, se confió un ladero presidencial. Los colaboradores oficiales se remiten al 56% que Milei obtuvo en la segunda vuelta, pero también a las repercusiones en redes sociales. “Es un pálpito por las redes. Y somos muy buenos en eso”, aseguran. Tal es la seguridad que buscó transmitir el Presidente que ayer salió nuevamente a saludar a la gente desde el balcón de la Casa Rosada.
El otro insumo crucial que tiene Milei son los sondeos de opinión y focus groups que le acerca su principal estratega, Santiago Caputo. En las semanas de transición, esos estudios arrojaron que el “mandato popular” pedía “un cambio de época” y que había sustento suficiente para implementar políticas de shock de corte neoliberal.
Segúnpudoreconstruirlanacion, los estudios que hicieron en la Casa Rosada después de la asunción, con las primeras medidas anunciadas, arrojaron que “Milei tiene más del 60% de la imagen positiva”.
El DNU anunciado por cadena nacional por Milei, con una puesta en escena idéntica a la que había hecho Carlos Menem en 1989, contempla, entre otros puntos, la derogación de la ley de alquileres, de la ley de abastecimiento y de góndolas. “Esto es lo que nunca pudo hacer Mauricio Macri, a lo que nunca se animó”, comentaba ayer un colaborador libertario. El núcleo duro de seguidores jóvenes de Milei en redes tuvo su germen, en parte, en los cuestionamientos al gradualismo que implementó el fundador de Pro.

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