El desempleo bajó a 5,7% en el tercer trimestre del año, según el Indec
La desocupación cayó 0,5 puntos porcentuales respecto del segundo trimestre; se redujo la presión sobre el mercado laboral
Carlos Manzoni
Aumentaron los asalariados formales
En una economía con una inflación acelerada y fuerte caída del poder adquisitivo de los salarios, la leve mejora de algunos indicadores del mercado de trabajo representan un alivio. En el tercer trimestre de 2023 bajó el desempleo, que se ubicó en 5,7% de la población económicamente activa, 0,5 puntos porcentuales por debajo de la cifra del segundo semestre (6,2%).
Esta mejora estuvo en línea con la tasa de actividad, que aumentó 0,6 puntos porcentuales en la medición interanual. A su vez, la tasa de empleo creció 1,3 puntos porcentuales, lo que llevó el nivel de desempleo a un nuevo mínimo en el año.
El economista Claudio Caprarulo, director de la consultora Analytica, afirmó que, al mismo tiempo, bajaron los indicadores de presión laboral, que están compuestos por aquellos que quisieran trabajar más. “Mientras aumentaron los asalariados formales más que los informales y cayeron los no asalariados”, comentó el especialista.
En efecto, según especificó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), en su informe “Mercado de trabajo. Tasas e indicadores socioeconómicos” (EPH), la tasa de actividad subió 0,6 puntos porcentuales con respecto al trimestre anterior (de 47,6% a 48,2%) y la tasa de empleo alcanzó 45,5%, 0,9 puntos porcentuales por encima de la medición anterior (44,6%). “Se destaca la disminución de la presión sobre el mercado de trabajo en 1,1 puntos porcentuales (de 27,9% a 26,8%)”, subrayó el organismo oficial.
Un informe de la consultora LCG consignó que entre julio y septiembre 769.000 personas pasaron a ser ocupadas. “Se destacó la creación de 922.000 puestos de trabajo forma les respecto de un año atrás. Sumado a esto, se conjugó la baja de 288.000 puestos de trabajo independientes y el incremento de 135.000 puestos asalariados informales”, se detalló.
El economista Milos Maggi, del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa), comentó que los últimos datos del Indec llevan a pensar que el mercado laboral está mejorando, pero que hay que cuestionar si eso es realmente así. “Cuando desglosamos el empleo por sectores, encontramos un problema. El empleo privado (y productivo) ha experimentado una caída del 80,6% al 79,5% entre el segundo y tercer trimestre del año, mientras que el empleo público ha registrado un incremento del 17,8% al 18,8%”, analizó.
Es más, la contracara de la mejora en los indicadores de empleo del tercer trimestre del año es que posiblemente se trate del último trimestre favorable para el empleo, teniendo en cuenta que lo será también para la actividad económica. “En el cuarto trimestre podríamos ver mayor participación de la informalidad y mayor tasa de desempleo, mientras que para el año que viene se prevé un escenario con menos puestos de trabajo de todos los segmentos, especialmente los más desprotegidos”, proyectó Caprarulo.
Respecto de lo que cabe esperar para los próximos meses, el informe de LCG remarcó que el escenario de administración de las restricciones atenta directamente contra la inversión y la actividad y, por ende, contra la creación genuina de empleo. “En este contexto, no esperamos grandes cambios, salvo el crecimiento vegetativo, sin el acompañamiento de una creación de empleo paralela. Esto podría imponer una suba de la tasa de desempleo, que estimamos volverá a acercarse al 7% para el resto del año”, concluyó.
Maggi opinó que para tener un crecimiento sólido del empleo es fundamental implementar una modernización laboral que permita la generación de trabajos productivos y de calidad. “Esto implica reducir las cargas laborales y los costos asociados a los despidos”, subrayó el economista.
En una economía con una inflación acelerada y fuerte caída del poder adquisitivo de los salarios, la leve mejora de algunos indicadores del mercado de trabajo representan un alivio. En el tercer trimestre de 2023 bajó el desempleo, que se ubicó en 5,7% de la población económicamente activa, 0,5 puntos porcentuales por debajo de la cifra del segundo semestre (6,2%).
Esta mejora estuvo en línea con la tasa de actividad, que aumentó 0,6 puntos porcentuales en la medición interanual. A su vez, la tasa de empleo creció 1,3 puntos porcentuales, lo que llevó el nivel de desempleo a un nuevo mínimo en el año.
El economista Claudio Caprarulo, director de la consultora Analytica, afirmó que, al mismo tiempo, bajaron los indicadores de presión laboral, que están compuestos por aquellos que quisieran trabajar más. “Mientras aumentaron los asalariados formales más que los informales y cayeron los no asalariados”, comentó el especialista.
En efecto, según especificó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), en su informe “Mercado de trabajo. Tasas e indicadores socioeconómicos” (EPH), la tasa de actividad subió 0,6 puntos porcentuales con respecto al trimestre anterior (de 47,6% a 48,2%) y la tasa de empleo alcanzó 45,5%, 0,9 puntos porcentuales por encima de la medición anterior (44,6%). “Se destaca la disminución de la presión sobre el mercado de trabajo en 1,1 puntos porcentuales (de 27,9% a 26,8%)”, subrayó el organismo oficial.
Un informe de la consultora LCG consignó que entre julio y septiembre 769.000 personas pasaron a ser ocupadas. “Se destacó la creación de 922.000 puestos de trabajo forma les respecto de un año atrás. Sumado a esto, se conjugó la baja de 288.000 puestos de trabajo independientes y el incremento de 135.000 puestos asalariados informales”, se detalló.
El economista Milos Maggi, del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa), comentó que los últimos datos del Indec llevan a pensar que el mercado laboral está mejorando, pero que hay que cuestionar si eso es realmente así. “Cuando desglosamos el empleo por sectores, encontramos un problema. El empleo privado (y productivo) ha experimentado una caída del 80,6% al 79,5% entre el segundo y tercer trimestre del año, mientras que el empleo público ha registrado un incremento del 17,8% al 18,8%”, analizó.
Es más, la contracara de la mejora en los indicadores de empleo del tercer trimestre del año es que posiblemente se trate del último trimestre favorable para el empleo, teniendo en cuenta que lo será también para la actividad económica. “En el cuarto trimestre podríamos ver mayor participación de la informalidad y mayor tasa de desempleo, mientras que para el año que viene se prevé un escenario con menos puestos de trabajo de todos los segmentos, especialmente los más desprotegidos”, proyectó Caprarulo.
Respecto de lo que cabe esperar para los próximos meses, el informe de LCG remarcó que el escenario de administración de las restricciones atenta directamente contra la inversión y la actividad y, por ende, contra la creación genuina de empleo. “En este contexto, no esperamos grandes cambios, salvo el crecimiento vegetativo, sin el acompañamiento de una creación de empleo paralela. Esto podría imponer una suba de la tasa de desempleo, que estimamos volverá a acercarse al 7% para el resto del año”, concluyó.
Maggi opinó que para tener un crecimiento sólido del empleo es fundamental implementar una modernización laboral que permita la generación de trabajos productivos y de calidad. “Esto implica reducir las cargas laborales y los costos asociados a los despidos”, subrayó el economista.
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Caso YPF: el país debe pagar el 10 de enero para no sufrir embargos
La jueza Preska rechazó el pedido de prórroga argentino en el juicio por US$16.000 millones
La jueza Loretta Preska, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, rechazó ayer el pedido argentino para volver a extender por 30 días el plazo que había concedido –hasta el 10 de enero– para que el Estado nacional presente las garantías y así cumpla con este pago derivado de la sentencia que la magistrada dictó en contra del país en el caso YPF. El depósito de esa garantía permitirá a la Argentina evitar posibles embargos por parte de los fondos Burford Capital y Eton Park.
Preska había avalado, a fines de noviembre, un pedido similar realizado por la administración de Alberto Fernández, para alargar precisamente hasta el 10 de enero próximo el plazo originalmente fijado para el 5 de este mes en el cual el país debía depositar una garantía por el juicio perdido por la expropiación de YPF.
Vale recordar que la jueza ya determinó que el país tiene que pagar una indemnización de US$16.100 millones por la forma en que se encaró la expropiación del 51% de las acciones de YPF decidida por la entonces presidenta Cristina Kirchner, en 2012.
La presentación de los pedidos de postergación la realizó el abogado estadounidense Robert Giuffra, socio del estudio Sullivan & Cromwell, que representa al Estado argentino. Aunque la Argentina no aceptó pagar la indemnización y notificó que apelará el fallo ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito, por disposición de los demandantes y de la jueza Preska, debía dejar como garantía el 26% de las acciones de YPF que están en manos del Estado y una supuesta deuda que Paraguay mantiene con la Argentina por la construcción de la represa Yacyretá, equivalente a unos US$2000 millones al valor actual.
La otra opción sería cubrirlo con la emisión de un bono por el total de la indemnización, es decir, debía ser un título público por US$16.100 millones.
La defensa argentina había dicho que no podía incurrir en ese tipo de endeudamiento en las actuales condiciones macroeconómicas, y los demandantes respondieron que el país ofreciera a cambio otros activos. Entre ellos, propuso las acciones de YPF; la deuda que el Gobierno de Alberto Fernández dijo que Paraguay tiene con el país por la construcción de Yacyretá, y el capital del
La Justicia de EE.UU ya dictaminó que la Argentina debe pagar una indemnización
El Gobierno había pedido más plazo antes de depositar la garantía
Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses.
La jueza Preska accedió a los primeros dos pedidos, pero dijo que el FGS estaba comprometido con los haberes jubilatorios. “Si no se constituyen garantías el 10/1, el 11/1 pueden arrancar los pedidos de embargo contra el país”, recordó al respecto Darío Epstein, director de R ese ar ch forTr ad ers hablando de una pesada herencia.
El compromiso queda establecido apenas un día después de un vencimiento de deuda importante que enfrenta el país. “El 9 de enero hay pago a bonistas por US$1600 millones El 10/1 debe presentar garantías por US$16.000 millones o sino embargo”, recordó al respecto el economista Salvador Vitelli, de Romano Group.
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Los asentamientos y las villas en todo el país ya triplican la superficie de la Capital
El último informe del Renabap y Techo indica que hay 6467 barrios populares; unos 5.000.000 de personas habitan esos conglomerados; la pobreza supera el 40% de la población nacional
Mauricio Giambartolomei
La mayoría de los barrios populares, como la villa 31 en Retiro, superan los 20 años de antigüedad
La pobreza avanza en la Argentina a un ritmo demoledor y, al cierre de este año, marca que es mayor que en diciembre pasado, al alcanzar ya al 40,1% de la población. El contexto económico, político y social no acompaña y los datos que se van conociendo son devastadores. La desigualdad se concentra en las villas, asentamientos y barrios populares de la Argentina, que en total ocupan una superficie tres veces más grande que la de la ciudad de Buenos Aires.
El dato surge del último informe del Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap), realizado con el músculo de Techo Argentina y otras organizaciones de la sociedad civil. Según la actualización del documento en todo el país, hay 6467 barrios populares que ocupan 684 kilómetros cuadrados, cuando la superficie porteña apenas supera los 200 kilómetros cuadrados.
El Renabap es un relevamiento que se realiza en todo el territorio argentino para detectar las necesidades de la población y enfrentarlas con políticas públicas de integración social y urbana. Es coordinado por la Secretaría de Integración Social y Urbana de la Nación.
Para el análisis se considera barrio popular a todo conjunto habitacional y urbanización informal “que se constituyó mediante distintas estrategias de ocupación del suelo, que presentan diferentes grados de precariedad y hacinamiento, un déficit en el acceso formal a los servicios básicos y una situación dominial irregular en la tenencia del suelo”.
Además, los núcleos de viviendas “deben contar con un mínimo de ocho familias, con la mitad de sus habitantes sin título de propiedad del suelo, ni acceso formal a al menos dos de los servicios básicos (agua corriente, energía eléctrica, red cloacal)”.
En esta situación viven al menos 1.200.000 familias y un estimado de 5.000.000 de personas, con una mayor concentración registrada en las provincias de Buenos Aires (2065 barrios populares), Santa Fe (469), Chaco (442) y Misiones (413). En la Ciudad de Buenos Aires se registraron 49.
El 81,23% de los barrios registrados son asentamientos (5253) mientras que el 17,43% son villas (1127) y el 1,35%, conjuntos habitacionales (87). De todos ellos, el 87% tiene más de 20 años de antigüedad y han aumentado, según la última medición. Al 31 de diciembre de 2018 se habían registrado 5687 barrios populares, es decir, 780 más que el número de este año. Aunque hay un salto evidente, esto no significa necesariamente que se hayan incrementado los barrios populares. La explicación está en la metodología del muestreo.
“El aumento no implica que se hayan generado esa cantidad de barrios nuevos, ya que el Renabap ha incorporado muchos territorios conformados en años anteriores que en relevamientos pasados no habían sido identificados. A su vez, también se han aumentado las áreas relevadas al llegar al universo de urbanizaciones que pueden ser consideradas barrio popular como, por ejemplo, un conjunto habitacional”, se explica en el informe.
El crecimiento de la superficie de los barrios populares también fue relevado por Techo como unidad ejecutora, y la conclusión determina que hubo un importante aumento en los últimos años. En diciembre de 2016 la superficie total era de 611 km² y, dos años después, en diciembre de 2018, llegó a 643 km². En 2020 trepó hasta los 671 km² y, en 2023, se encuentra en 684 km². La tendencia indica un crecimiento medio de un 2,06% anual, algo superior al 1,47% de crecimiento medio anual de las principales ciudades argentinas.
“Es una buena noticia contar con información actualizada sobre la situación de las personas que viven en barrios populares. Lo que es fundamental ahora es que Estado, sociedad civil y sector privado, de manera articulada, trabajemos para responder a la pregunta: ¿qué podemos hacer para que los 5.000.000 de personas que viven en barrios populares tengan la oportunidad de salir de la situación de vulnerabilidad en la que están?”, se preguntó Juan Maquieyra, director ejecutivo de Techo Argentina.
La desigualdad en esos barrios expone las necesidades de sus habitantes. En el 66% de los casos, las personas no tienen acceso formal a la energía eléctrica, el 92% carecen de agua potable de red, el 97% no cuenta con cloacas y el 99% no accede al gas natural sino que se abastece con garrafas o de otra forma.
“En momentos de restricción económica como estos, además de aumentar los montos de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar, es fundamental invertir en vivienda e infraestructura en los barrios populares. Nadie puede educarse, conseguir un trabajo y desarrollar su libertad si no tiene una casa donde dormir, comer y cuidar a su familia”, opinó Maquieyra, en relación con los anuncios realizados anteayer por el gobierno de Javier Milei.
“El Estado tiene un rol prioritario en esa inversión, que debe ser acompañada y potenciada por el sector privado y social. Desde Techo vamos a seguir construyendo donde más se necesite, y promoviendo mesas y espacios de diálogo donde desde el encuentro de los que piensan distinto podamos generar soluciones concretas y sustentables”, destacó.
Indigencia
La actualización del Renabap llega poco después de que se conocieran los números de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) que realiza el Indec para determinar la pobreza en la Argentina. Atravesado por la inflación y la licuación de los ingresos de los argentinos, el organismo estatal determinó que en el primer semestre del año la pobreza alcanzó al 40,1%, lo que implica un salto de casi un punto frente a la medición de fines de 2022 (39,2%) y de 3,6 puntos en relación con el primer semestre del año pasado.
La indigencia, por su parte, tocó el 9,3% contra el 8,1% de diciembre del año pasado. En este último grupo se encuentran los más desfavorecidos dentro de la pobreza.
Los datos de la EPH corresponden al relevamiento en 31 aglomerados urbanos que en total suman 29.000.000 de personas, de los cuales 11,8 millones están por debajo de la línea de pobreza. Si los porcentajes se extienden a toda la población (poco más de 46.000.000), incluida la rural, el número equivale a 18.500.000 pobres, de los cuales 4.300.000 son indigentes
Las provincias más complicadas
Buenos Aires
2065
Santa Fe
469
Chaco
442
Misiones
413
Ciudad de Buenos Aires
49
La pobreza avanza en la Argentina a un ritmo demoledor y, al cierre de este año, marca que es mayor que en diciembre pasado, al alcanzar ya al 40,1% de la población. El contexto económico, político y social no acompaña y los datos que se van conociendo son devastadores. La desigualdad se concentra en las villas, asentamientos y barrios populares de la Argentina, que en total ocupan una superficie tres veces más grande que la de la ciudad de Buenos Aires.
El dato surge del último informe del Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap), realizado con el músculo de Techo Argentina y otras organizaciones de la sociedad civil. Según la actualización del documento en todo el país, hay 6467 barrios populares que ocupan 684 kilómetros cuadrados, cuando la superficie porteña apenas supera los 200 kilómetros cuadrados.
El Renabap es un relevamiento que se realiza en todo el territorio argentino para detectar las necesidades de la población y enfrentarlas con políticas públicas de integración social y urbana. Es coordinado por la Secretaría de Integración Social y Urbana de la Nación.
Para el análisis se considera barrio popular a todo conjunto habitacional y urbanización informal “que se constituyó mediante distintas estrategias de ocupación del suelo, que presentan diferentes grados de precariedad y hacinamiento, un déficit en el acceso formal a los servicios básicos y una situación dominial irregular en la tenencia del suelo”.
Además, los núcleos de viviendas “deben contar con un mínimo de ocho familias, con la mitad de sus habitantes sin título de propiedad del suelo, ni acceso formal a al menos dos de los servicios básicos (agua corriente, energía eléctrica, red cloacal)”.
En esta situación viven al menos 1.200.000 familias y un estimado de 5.000.000 de personas, con una mayor concentración registrada en las provincias de Buenos Aires (2065 barrios populares), Santa Fe (469), Chaco (442) y Misiones (413). En la Ciudad de Buenos Aires se registraron 49.
El 81,23% de los barrios registrados son asentamientos (5253) mientras que el 17,43% son villas (1127) y el 1,35%, conjuntos habitacionales (87). De todos ellos, el 87% tiene más de 20 años de antigüedad y han aumentado, según la última medición. Al 31 de diciembre de 2018 se habían registrado 5687 barrios populares, es decir, 780 más que el número de este año. Aunque hay un salto evidente, esto no significa necesariamente que se hayan incrementado los barrios populares. La explicación está en la metodología del muestreo.
“El aumento no implica que se hayan generado esa cantidad de barrios nuevos, ya que el Renabap ha incorporado muchos territorios conformados en años anteriores que en relevamientos pasados no habían sido identificados. A su vez, también se han aumentado las áreas relevadas al llegar al universo de urbanizaciones que pueden ser consideradas barrio popular como, por ejemplo, un conjunto habitacional”, se explica en el informe.
El crecimiento de la superficie de los barrios populares también fue relevado por Techo como unidad ejecutora, y la conclusión determina que hubo un importante aumento en los últimos años. En diciembre de 2016 la superficie total era de 611 km² y, dos años después, en diciembre de 2018, llegó a 643 km². En 2020 trepó hasta los 671 km² y, en 2023, se encuentra en 684 km². La tendencia indica un crecimiento medio de un 2,06% anual, algo superior al 1,47% de crecimiento medio anual de las principales ciudades argentinas.
“Es una buena noticia contar con información actualizada sobre la situación de las personas que viven en barrios populares. Lo que es fundamental ahora es que Estado, sociedad civil y sector privado, de manera articulada, trabajemos para responder a la pregunta: ¿qué podemos hacer para que los 5.000.000 de personas que viven en barrios populares tengan la oportunidad de salir de la situación de vulnerabilidad en la que están?”, se preguntó Juan Maquieyra, director ejecutivo de Techo Argentina.
La desigualdad en esos barrios expone las necesidades de sus habitantes. En el 66% de los casos, las personas no tienen acceso formal a la energía eléctrica, el 92% carecen de agua potable de red, el 97% no cuenta con cloacas y el 99% no accede al gas natural sino que se abastece con garrafas o de otra forma.
“En momentos de restricción económica como estos, además de aumentar los montos de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar, es fundamental invertir en vivienda e infraestructura en los barrios populares. Nadie puede educarse, conseguir un trabajo y desarrollar su libertad si no tiene una casa donde dormir, comer y cuidar a su familia”, opinó Maquieyra, en relación con los anuncios realizados anteayer por el gobierno de Javier Milei.
“El Estado tiene un rol prioritario en esa inversión, que debe ser acompañada y potenciada por el sector privado y social. Desde Techo vamos a seguir construyendo donde más se necesite, y promoviendo mesas y espacios de diálogo donde desde el encuentro de los que piensan distinto podamos generar soluciones concretas y sustentables”, destacó.
Indigencia
La actualización del Renabap llega poco después de que se conocieran los números de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) que realiza el Indec para determinar la pobreza en la Argentina. Atravesado por la inflación y la licuación de los ingresos de los argentinos, el organismo estatal determinó que en el primer semestre del año la pobreza alcanzó al 40,1%, lo que implica un salto de casi un punto frente a la medición de fines de 2022 (39,2%) y de 3,6 puntos en relación con el primer semestre del año pasado.
La indigencia, por su parte, tocó el 9,3% contra el 8,1% de diciembre del año pasado. En este último grupo se encuentran los más desfavorecidos dentro de la pobreza.
Los datos de la EPH corresponden al relevamiento en 31 aglomerados urbanos que en total suman 29.000.000 de personas, de los cuales 11,8 millones están por debajo de la línea de pobreza. Si los porcentajes se extienden a toda la población (poco más de 46.000.000), incluida la rural, el número equivale a 18.500.000 pobres, de los cuales 4.300.000 son indigentes
Las provincias más complicadas
Buenos Aires
2065
Santa Fe
469
Chaco
442
Misiones
413
Ciudad de Buenos Aires
49
http://indecquetrabajaiii.blogspot.com.ar/. INDECQUETRABAJA
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