VIOLENCIA Y MESA JUDICIAL

El gobernador Pullaro mudó a su familia por las amenazas de los narcos
Las intimidaciones se agravaron desde que reforzó el control sobre la cárcel de Piñero; ante una nueva advertencia, sacó de Rosario a sus familiares    
Germán de los Santos
ROSARIO.– Una nueva intimidación recibida ayer, que se sumó a una larga lista de amenazas de los narcos, llevó al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, a mudar a su familia de Rosario y reforzar su seguridad personal.
Las amenazas tienen su origen en las medidas que el gobernador viene tomando desde el 12 de diciembre, cuando ordenó reagrupar los pabellones de alta seguridad de la cárcel de Piñero para reforzar el control sobre los jefes narco detenidos.
Allí se encuentran alojadas las segundas y terceras líneas de los grupos criminales más importantes de Rosario, como la banda Los Monos.
Pullaro recibió ayer la última amenaza contra su familia durante una visita al Registro Civil de Rosario.
ROSARIO.– Desde que asumió como gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro y su familia son blanco de graves amenazas, que llevaron a que el mandatario no solo refuerce su seguridad personal, sino que obligó a que su esposa e hijos tengan que salir de Rosario.
Las amenazas tienen que ver con las medidas que tomó desde el 12 de diciembre Pullaro, cuando ordenó reagrupar los pabellones de alto perfil de la cárcel de Piñero, donde se encuentran alojadas las segundas y terceras líneas de los grupos criminales más importantes de Rosario, como la banda Los Monos.
Horas después de tomar esa decisión, el gobernador comenzó a sufrir fuertes amenazas que los grupos mafiosos hacen visibles en el lugar donde se producen atentados, como ocurrió en el hospital de Emergencias y la sucursal del banco Macro, dos sitios que fueron baleados.
El fin de semana ocurrió otro hecho de suma gravedad. Tres adolescentes, dos de ellos menores de edad, arrojaron una bomba molotov a un ómnibus de la línea 143 en la zona norte de Rosario. Tras este atentado, la policía hizo un operativo cerrojo y detuvo a los tres. Uno de ellos tenía una mochila donde guardaba botellas con nafta y una nota con amenazas al ministro de Seguridad provincial, Pablo Coccocioni. Uno de los mensajes decía: “Coccocio dejá de verduguear a los de alto perfil”, en referencia a los presos que pertenecen a bandas criminales que están alojados en pabellones especiales, con mayores controles.
Ayer hubo otra amenaza contra el gobernador. Lo confirmó el propio Pullaro cuando por la mañana explicó ante los periodistas que había recibido una nueva intimidación antes de ingresar a la delegación Rosario del Registro Civil, en Salta al 2800. Según trascendió, la advertencia estaba escrita en un papel que pasaron por debajo de la puerta de la Dirección de Migraciones, en Urquiza e Italia, a primera hora del día.
“Cuando llegaba al Registro Civil, personal del Ministerio de Seguridad me informó sobre una nueva amenaza contra mi familia”, afirmó Pullaro. “Lamentablemente ya estoy acostumbrado desde que comenzó mi gestión, pero quiero ratificar el rumbo, de seguir peleando contra la delincuencia en la provincia de Santa Fe y Rosario”, apuntó.
“Seguiremos manteniendo controlados a los detenidos que cometían delitos desde las cárceles, alojados en pabellones de alto perfil. Eso es lo que más molesta. Y avanzaremos para bajar los niveles de violencia y aumentar la seguridad en la ciudad”, señaló el gobernador.
Al ser consultado sobre el tenor que tuvo esta nueva amenaza, Pullaro precisó: “Estaba dirigida hacia mi familia e hizo mención a algo sugestivo sobre la donación de órganos. Fue algo muy feo y sucedió hace cinco minutos. Pero no nos van a amedrentar, seguiremos trabajando. El Ministerio de Seguridad está muy sólido en ese sentido”.
Durante la semana pasada trascendió que, tras las amenazas, la familia de Pullaro debió de salir de Rosario por cuestiones de seguridad. El gobernador santafesino admitió esta situación. “Mi familia no está en la ciudad. Los primeros quince días estuvieron encerrados. Vivo en un lugar común, pero en la segunda semana salieron de la ciudad y lo seguiremos evaluando hasta que empiecen las clases. Yo tengo medidas de seguridad. Que se queden tranquilos, contra mí no van a atentar. Estoy bien cuidado y mis años en el Ministerio de seguridad me permitieron aprender cómo cuidarme de estos delincuentes violentos”, advirtió.
Desde antes de asumir al frente de la gobernación el dirigente radical viene enfrentando intimidaciones. Muchas no se hicieron públicas, pero se investigan en la Fiscalía de Rosario. Pullaro confió a su entorno cercano que estos hechos no van a restringir su actividad. Pero trata de evitar grandes aglomeraciones, donde los dispositivos de seguridad son más complicados.
Una modalidad que se impuso
En octubre de 2013, la casa particular del entonces gobernador, el socialista Antonio Bonfatti, fue blanco de un ataque con 21 balazos en momentos en que el mandatario se encontraba viendo televisión con su pareja en el living de su residencia. El hecho provocó una fuerte conmoción porque nadie hasta ese momento se había animado a romper ese límite en la Argentina. A más de una década de ese atentado, en cuya investigación no se pudo identificar al autor intelectual porque Bonfatti retiró la acusación contra quien había confesado haber disparado, los límites se rompen en Rosario con mayor frecuencia.
Desde hace un tiempo las comisarías empezaron a ser blanco de atentados, con disparos y con bombas molotov. El exgobernador Omar Perotti implementó una medida impensada, como vallar las seccionales policiales.
La última semana de diciembre balearon la comisaría 19 de Rosario: desde un auto dos hombres dispararon cuatro tiros que impactaron en las ventanas y en vehículos estacionados. El atentado se concretó un día después de que Vanesa Barrios, la pareja de Ariel “Guille” Cantero, fuera detenida por llevar adelante una serie de balaceras contra un comercio al que extorsionaba con Mariana Ortigala, una extestigo que está detenida por asociación ilícita.
Balear una comisaría expone la temeridad de los grupos mafiosos y la pasividad de la policía, que pocas veces detiene en flagrancia a los autores. No es algo nuevo.
Si hay una imagen que sintetiza la resignación del Estado frente al avance del narcotráfico es aquella que muestra a las comisarías con vallas blindadas. Ante esta postal aparece como primera reacción la sorpresa, recargada de sentido común: si una seccional policial debe blindarse, donde hay efectivos policiales armados y en teoría preparados para enfrentar delincuentes, qué queda para los ciudadanos comunes.
El escenario actual lleva a naturalizar situaciones que eran impensables y que disparan preguntas: con atentados poco premeditados y sofisticados los grupos narcos dejan expuesto que las fuerzas de seguridad transitan por la misma rusticidad y escasa preparación.
El resultado es que Rosario, una ciudad que suma de manera permanente cicatrices en su trama urbana por los balazos, ya no sabe qué blindar, porque todo puede ser blanco de los disparos: canales de TV, cárceles, tribunales federales y provinciales, escuelas, casas y negocios.
El fenómeno de balear comenzó a fines de mayo de 2018, cuando el líder de Los Monos fue trasladado desde la cárcel de Piñero a la Unidad Penal Nº7, en Resistencia, por orden de la justicia federal. El líder narco pensaba que se iban a complicar sus negocios, porque –en teoría– iba a tener mayores controles en esa unidad penitenciaria en Chaco. Ordenó atacar las casas de los magistrados provinciales y los edificios de la justicia provincial, entre ellos el Centro de Justicia Penal. En setiembre de 2021 fue condenado a 22 años por tramar siete de los diez ataques.
Desde ese momento quedó en claro que con poca logística y dinero–un “soldadito” en moto y con una pistola y sin necesidad de tener demasiada puntería– se podía causar mucho daño al Estado. Provocar terror. Ese método comenzó a ser utilizado por otras organizaciones criminales, y el mensaje “con la mafia no se jode” se transformó en un lema que se puede usar también para obtener dinero, por ejemplo, con extorsiones.

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Sobreseen a Macri y a exfuncionarios
La jueza Capuchetti cerró el caso por “inexistencia de delito”
La jueza federal María Eugenia Capuchetti sobreseyó por “inexistencia de delito” a Mauricio Macri y a un grupo de exfuncionarios de su gobierno en la causa conocida como “mesa judicial”, que investigaba supuestas presiones a jueces a través de llamadas, visitas, estrategias mediáticas y denuncias en el Consejo de la Magistratura.
La lista de sobreseídos incluye al exministro de Justicia Germán Garavano; al exsecretario legal y técnico Pablo Clusellas; a la exdiputada y actual legisladora porteña Graciela Ocaña; al procurador de la Ciudad, Juan Bautista Mahiques (que fue representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura); al exministro Jorge Triaca, y al exasesor Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, que sigue prófugo en el marco de otra causa que tramita la jueza María Servini.
Capuchetti hizo lugar a una excepción de falta de acción por inexistencia de delito que planteó Garavano. La jueza firmó su fallo antes del inicio de la feria judicial. Fue apelado por la fiscalía (que entendió que era “prematuro” sobreseer a los acusados) y ahora la Cámara Federal debe decidir si lo confirma o lo revoca.
Para Capuchetti, fueron determinantes las declaraciones de los jueces supuestamente presionados. “La totalidad de los magistrados prestó su testimonio al ser formalmente convocados –dijo la jueza en su fallo–, en todas las ocasiones mucho después de haber culminado las supuestas presiones, o de haber intervenido en los expedientes que motivaron las alegadas injerencias indebidas”. Según Capuchetti, “sus testimonios fueron coherentes y consistentes entre sí, y con respecto a lo resuelto en cada una de las causas traídas a su conocimiento, lo que evidencia que no fueron influenciados de manera indebida o que las presiones no tuvieron un impacto significativo”.
Para la magistrada “no es menor” el hecho de que “no se trata de víctimas legas, que años después de un evento traumático podrían resignificar vivencias delictivas para aportar sus versiones a la justicia” sino de “magistrados que no solo se presume conocen el derecho y por lo tanto pueden mínimamente distinguir un accionar delictivo de aquél que no lo es, sino que, además, cuentan con la carga pública de denunciar ante la existencia de un delito como tal”.

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