Diego Martin Chaher E INVESTIGACIÓN

Diego Chaher, nuevo titular de las empresas públicas: los planes del Gobierno para privatizar, fusionar y liquidar las SE
Fue ascendido el interventor de los medios públicos, que a partir de ahora trabajará palmo a palmo con Santiago Caputo; los proyectos en carpeta para fusionar empresas estatales; despidos y procesos de venta
Maia Jastreblansky
Diego Martin Chaher
En el Gobierno se está dando una intensa migración interna del poder. En las últimas horas se confirmó que Diego Chaher, que hasta ahora se desempeñó como interventor de los medios públicos –Télam, Radio y Televisión Argentina (RTA) y Educ.Ar– pasará a controlar las más de 20 empresas del Estado en una “Unidad Ejecutora” que dependerá de la Jefatura de Gabinete. Su objetivo, según trascendió en la Casa Rosada, será “acelerar” los procesos de “privatización, liquidación, fusión o transferencia” que estén autorizados por ley.
Chaher reemplazará así a Mauricio González Botto, secretario de las Empresas del Estado (todavía no renunció), alguien que supo ser una espada del eyectado Nicolás Posse. Se trata de un área apetecible por la magnitud de las operaciones que tienen las empresas estatales y por los proyectos de venta a los privados que quiere encarar Javier Milei.
Si bien en los papeles Chaher estará subordinado al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el flamante ministro coordinador siempre aclaró internamente que no pretende estar encima de las empresas públicas. En la práctica, el nuevo titular de las sociedades del Estado trabajará espalda con espalda con el estratega presidencial Santiago Caputo, que sigue expandiendo su influencia día tras día.
Guillermo Francos juró como jefe de Gabinete
“La gestión de las empresas la harán los directorios de las áreas específicas, como obras públicas o transporte. Chaher va empujar la privatización, la liquidación o la transferencia de las empresas que estén permitidas por ley”, dijeron muy cerca del Presidente . El ascendido funcionario deberá hacer que las sociedades resulten apetecibles para los privados y buscar los oferentes para eventualmente venderlas. En la Ley Bases que se votó en Diputados por ahora figuran las privatizaciones de Aerolíneas Argentinas, Energía Argentina SA (Enarsa), RTA, Intercargo, AySA, Correo Argentino, Belgrano Cargas, Sociedad Operadora Ferroviaria (Sofse) y Corredores Viales SA. La venta de la aerolínea de bandera, no obstante, está muy cuestionada en el Senado.
La nueva “Unidad Ejecutora” a cargo de las empresas públicas –se creó esta figura para agilizar el área– también obtura la posibilidad de que las sociedades estatales pasen a ser controladas por Federico Sturzenegger, como se especuló en algún momento. Tal como anticipó Milei quiere asignarle a su economista “coloso” una cartera dedicada únicamente a la modernización y la desregulación, pero no quiere entregarle las empresas públicas ni recortar atribuciones a Luis “Toto” Caputo.
Ascenso de Chaher
El Gobierno decidió ascender a Chaher pese a que la agencia Télam hoy está en un limbo y no se cerró, como había anunciado Milei el 1° de marzo. La Casa Rosada considera al interventor un “buen alumno”, porque 400 trabajadores de la agencia de noticias (aproximadamente la mitad de la planta) aceptaron un retiro voluntario sin que el conflicto escalara a una judicialización, como ocurrió en la era de Mauricio Macri.
Sin embargo, nunca existió un instrumento jurídico que avale la clausura de la empresa. La primera semana de marzo, el Gobierno dio de baja el sitio de Télam y las fuerzas de seguridad impidieron el ingreso al edificio de sus trabajadores. Luego se abrió un proceso de retiros voluntarios que duró 85 días. Los trabajadores de la empresa advierten que “Télam SE sigue existiendo”, porque hasta ahora no hay un proceso para convertir a la agencia en una sociedad anónima (para eventualmente liquidarla) ni un concurso preventivo de crisis en la Secretaría de Trabajo.
En la TV Pública y en Radio Nacional –que también cerraron sus webs y cesantearon empleados– Chaher buscó reducir los pagos de horas extras. Además, fijó un nuevo sistema de contenidos para que sean las productoras las que cubran sus costos con auspiciantes privados.
Edificio Tv Pública...Prensa TVP
Según pudo reconstruir  de distintas fuentes oficiales, uno de los planes que circula en el Gobierno es el de “fusionar el ecosistema de medios públicos”. Es decir, integrar el personal y los activos de RTA, Télam, Contenidos Públicos, el Incaa, Arsat y Bacua para conformar una única compañía que produzca contenidos. El plan de privatización de los medios, no obstante, sigue en pie. Télam, por su parte, sostendría su agencia de publicidad.
Respecto al resto de las empresas del Estado, el objetivo del Gobierno es que estas reduzcan al mínimo las necesidades de asistencia del Tesoro Nacional hasta que puedan ser privatizadas. Hasta ahora, González Botto consiguió un ahorro anualizado de US$1400 millones. En lo referido a los trabajadores (que suman más de 90.000 en todas las sociedades), hasta ahora las desvinculaciones llegaron a un 5%, pero el objetivo oficial es llevar a ese número a un 25% hacia fin de año.
Fuentes del Gobierno aseguran que, por caso, Aerolíneas Argentinas ya redujo su déficit operativo en un 82% y que Correo Argentino llegó a un “punto de equilibrio” tras la reducción del 25% de la planta (2000 cesantías).
Empresas grandes como AySA ya avanzaron con el retiro voluntario de 800 empleados y apuntan a llevar ese número a 1200 para fin de año, con el objetivo de no necesitar más transferencias del Tesoro para el mes de diciembre. Trenes Argentinos Infraestructura y Belgrano Cargas pretenden llegar a ese punto de equilibrio en febrero de 2025.
Entre los planes que elaboró el Gobierno y que pudo reconstruir  además de las privatizaciones, figura la cesión de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) a la provincia de Santa Cruz y de Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD) a las provincias de Catamarca y Tucumán, y la fusión de Dioxitek (que garantiza el suministro de dióxido de uranio a las centrales nucleares) con Nucleoeléctrica Argentina (NASA).

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Los sorpresivos vínculos con la política y el poder detrás de la empresa investigada por las facturas truchas del Polo Obrero
Coxtex SA, una de las firmas que emitió las facturas apócrifas firmadas por Eduardo Belliboni, comparte domicilio con un personaje ligado al kirchnerismo y los servicios de inteligencia, y otros vinculados a causas de lavado
Camila Dolabjian
Franco Bindi
La investigación por el uso de facturas truchas por parte del Polo Obrero, que hizo foco en el uso de fondos de los subsidios del Estado, amenaza con destapar una trama más amplia de lavado de dinero, con nexos en la política y figuras acusadas de corrupción. La empresa Coxtex, una de las empresas que emitió las facturas apócrifas firmadas por Eduardo Belliboni, muestra vínculos sospechosos con abogados y escribanos vinculados a la política, según una investigación 
Factura Coxtex S.A.

Coxtex, que es una sociedad fantasma de acuerdo al expediente que tramita en el juzgado de Sebastián Casanello, operó con el Polo Obrero, que la habría contratado al menos dos veces, por cerca de $5millones. Sin embargo, los nuevos datos demuestran que no solo actuó con el Polo Obrero. Al momento en que facturó para la Cooperativa de Trabajo El Resplandor Limitada (del Polo Obrero), Coxtex ya había emitido otras 535 facturas. Un enorme volumen que demuestra que su actividad iba mucho más allá que el grupo piquetero de izquierda. Meses antes, esas otras facturas habían hecho sonar alarmas en la AFIP, pero nunca fueron atendidas, ni el CUIT fue suspendido  confirmó que el organismo recaudador ya tenía información de la firma sospechosa en 2020.
Designación de Luis Alexander Pichuaga en el GCABA

Coxtex SA fue fundada por Luis Alexander Pichuaga, una persona que fue encontrada en su domicilio, en un operativo policial, en una vivienda descripta como precaria y en situación de pobreza. Al ser consultado, Pichuaga desconoció su participación en la sociedad. Los investigadores sospechan que fue un “prestanombres” de otras figuras más poderosas. Lo llamativo es que su identidad, y la de quien sería su esposa, figuran en la constitución de por lo menos otras tres sociedades, entre las que están VSP Consulting, Ciraco Shoes y Recinsur SA. Todas estas firmas fueron creadas a fines de 2020 (Coxtex y VSP Consulting fueron fundadas el mismo día), y están bajo la sospecha de la AFIP.
VSP Consulting, en Guardia Nacional 1221

Pichuaga figura, además, contratado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, específicamente la Subsecretaría de Gobierno. La última designación publicada fue el 23 de marzo del año pasado, aunque hay contrataciones hechas previamente, como planta de gabinete.
Los domicilios fiscales de estas empresas, sorpresivamente, llevan a otras personas relacionadas con casos de facturas apócrifas y con vínculos con la política. Es una verdadera caja de Pandora.
VSP Consulting, una empresa de publicidad también apuntada por la AFIP por irregularidades, tiene domicilio fiscal, actualizado al 10 de enero del año pasado, en Guardia Nacional 1221, según las bases de datos de la agencia de recaudación. Detrás de ese domicilio aparece un nombre muy sugestivo.
Guardia Nacional 1221, CABA
Esa dirección, que es una casa pequeña tipo PH en la zona sur de la ciudad, es la misma que tiene declarada como domicilio fiscal Franco Bindi, un abogado asociado a los servicios de inteligencia y al kirchnerismo. También defendió a denunciados por lavado de activos como Leonardo Fariña, en una parte de la causa de la “Ruta del dinero K”. Y tiene relación con gobiernos extranjeros como Venezuela (a través de la petrolera PDVSA) y con personajes involucrados la investigación por el Pacto con Irán. Se contactó con Bindi, quien explicó que tiene ese domicilio ante la AFIP porque correspondía al de su contador, Eduardo Corrado, que falleció.
Domicilio de Franco Bindi, abogado
En las últimas semanas, Bindi fue noticia por dos motivos. Primero, porque despidieron a todos los empleados de su canal de televisión, Extra TV, que habría sido vendido en tiempo récord a un empresario paquistaní. Segundo, por su misteriosa aparición en una reunión de Comisión de Juicio Político en la Cámara de Diputados relativa a la confirmación de Marcela Pagano como presidente, lo que finalmente no ocurrió. Fuentes de La Libertad Avanza aseguraron que las sospechas generadas por la presencia de Bindi y sus posibles vínculos con la legisladora libertaria terminaron por sellar el quiebre de confianza con el bloque y la Casa Rosada.
Otros vínculos en torno a los domicilios que se destaparon con el caso del Polo Obrero llevan a “facilitadores profesionales”. De acuerdo a la investigación judicial al momento, se encontraron relaciones con un grupo de escribanos asociados a Lázaro Báez (a quien Bindi también defendió) y Ricardo Jaime, ambos condenados por lavado de activos por maniobras similares a las que se evidencian con este grupo de empresas. Las constituciones de las sociedades a nombre de Pichuaga fueron hechas por Lucía Agundez, abogada, y Gabriela Anahí Rivero.
También comparte domicilio en Guardia Nacional 1221 (como una de sus direcciones alternativas ante la AFIP), Norman Próspero, un contador procesado en la causa de Generación Zoe, la organización liderada por Leonardo Cositorto (en prisión). Las vinculaciones sospechosas se reproducen como hongos en torno a estos domicilios.
Norman Prospero, contador de Generación Zoe
El edificio del domicilio fiscal de Coxtex SA (Av. Montes de Oca 242), la empresa que le facturaba al Polo Obrero, también arroja dudas porque allí vivió durante unos meses, según pudo constatar un importante dirigente social y exfuncionario del gobierno de Alberto Fernández.
Los investigadores judiciales que dieron con las empresas sospechadas de ser usinas de facturas truchas para la política siguen descubriendo vínculos que los convencen de enfrentarse a una red que va más allá de los usos que le dio el Polo Obrero. Y prometen más revelaciones.

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