La salida en Economía tras una semana de hiperacción
Los cambios que vienen, la llegada de Federico Sturzenegger, las definiciones que tiene en gateras el Presidente y un optimismo inusitado; qué pasará con la inflación de junio
José Del Rio
La renuncia de Joaquín Cottani a su puesto de secretario de Política Económica en el Ministerio de Economía lejos estuvo de ser inesperada. Luis “Toto” Caputo sabía de esto desde hacía varias semanas. Su familia vive en Nueva York y se había vuelto insostenible tanto a nivel familiar como a nivel logístico mantener la doble vida futura entre los aeropuertos de Ezeiza y JFK. La buena relación entre ambos es tal que se había contemplado la posibilidad de que colaborara desde allá.
Pero esto equivalía a volver a tener una representación del Estado en Nueva York y Caputo la descartó por dos razones: implicaba aumentar el gasto y además él mismo la había cerrado en su gestión anterior durante el gobierno de Mauricio Macri.
Por otra parte, como la búsqueda del equilibrio fiscal aparece como una máxima de época, tampoco barajan estar activos en el mercado de deuda como para justificar esa posibilidad en el corto plazo.
“Joaquín es un señor. Su salida no fue sorpresiva, lo hablamos durante un tiempo y entiendo su situación”, le resumió Caputo a uno de los integrantes de su mesa chica al cierre de la jornada del viernes. El tiempo de la formalización de la partida tampoco fue casual: se concretó la renovación del swap con China, la inflación fue del 4,2%, se avanzó en una nueva fase con el Fondo Monetario Internacional, el presidente viajó al G-7 y la aprobación de la Ley Bases en el Senado dieron el marco ideal para la comunicación. Cortaron de plano así posibles versiones malintencionadas, sostienen en Balcarce 50.
La elección del sucesor estaba cerrada desde comienzos de la semana aunque todavía falta sellar detalles finales antes de su asunción. José Luis Daza, el futuro número dos de Caputo, se graduó en la Universidad de Chile y es doctor en Economía por la universidad de Georgetown, en Washington.
Su nombre estuvo incluso entre los candidatos a ocupar el Ministerio de Economía chileno durante la campaña electoral de 2021 por la lista del representante de ultraderecha José Antonio Kast, con quien aún hoy mantiene fuertes vínculos.
“Es el hombre al que apuntamos por su experiencia y conocimiento, aunque como vive en el exterior no es algo que pueda producirse de hoy para mañana”, graficaron en Economía.
Caputo y Daza trabajaron juntos en distintos estadios profesionales tanto en JP Morgan como en el Deutsche Bank, al punto de haber compartido el programa de entrenamiento en el banco cuando ninguno de los dos peinaba canas.
Se conocen desde hace más de 30 años y tienen una relación de mutuo respeto. El conjunto de puntos forma también una recta con Demian Reidel, el asesor de largo plazo del presidente Milei, con quien Daza y el argentino David Sekiguchi cofundaron QFR Capital Management.
El otro movimiento que sigue latente es el de Federico Sturzenegger como ministro del gobierno de Javier Milei. Para ello falta la definición, cada vez más próxima, del Presidente, aunque algunos líderes libertarios anticipan que lo ven al frente de un eventual Ministerio de Modernización versión 2024, o de una secretaría que reporte directamente al Presidente en pocos días.
“Su foco será la microeconomía y le encontramos un gran valor a su trabajo. Son temas estratégicos en los que Federico hace tiempo que está trabajando y hay infinidad de reformas que demandan un seguimiento y muchísima pasión que él tiene. Es totalmente mentira que haya rechazo desde Economía para su nombramiento”, graficaron altas fuentes del ministerio.
Lo que pasó y lo que viene
“La aprobación de la Ley Bases y la reforma fiscal es un éxito indudable del Gobierno. Más importante que lo que se logró es lo que se evitó. De haber sido rechazada la ley, la dinámica económica y política habría tenido un giro negativo: caída de precios de activos, suba de dólar paralelos y brechas, desconfianza externa, aumento de la conflictividad interna y radicalización del gobierno”, resume Alejandro Catterberg, titular de Poliarquía.
En el mismo sentido opina uno de los tres empresarios más importantes de la Argentina que habita en Uruguay: “Sería de necios no darse cuenta de que la baja de la inflación ya está recuperando el salario real de los argentinos e inclusive las jubilaciones, que habían arrancado golpeadas, empiezan a sentir el impacto positivo de las correcciones macro”, describió desde el off.
Con menos eufemismos volvió a aparecer Marcos Galperin, el creador de Mercado Libre, que disparó a sus 405.000 seguidores: “¿Qué sentirá la gente que vota en contra de una ley que, luego de ser aprobada, suben los bonos, baja el riesgo país, cae el dólar, suben las acciones... En algún momento se replantearán que sus ideas son malas para el país?”.
El consultor político Sebastián López Perera fue un paso más allá. “Te aseguro que si hoy mido a Milei, Victoria Villarruel y Patricia Bullrich, sus niveles de aceptación en la sociedad mejoraron muchísimo respecto de nuestra última medición. El cuidado de las calles, la baja de la inflación y la Ley Bases les dan el marco ideal”, sostuvo.
Y rescató un dato adicional: “A nosotros nos da que la gente valora más hoy la gestión inclusive que a los funcionarios”. Este punto sorprende a los principales dirigentes de la oposición que siguen de cerca el barómetro de López Perera.
Por su parte, el analista Jorge Giacobbe plantea un 58,7% de imagen positiva para Milei, del 55,2% para Villarruel y del 55,1% para Bullrich. Del otro lado, con un 74,6% de imagen negativa están Máximo Kirchner, 69,1% Sergio Massa y 67,6% Cristina Kirchner, según la misma fuente. A Luis Caputo la imagen positiva le da un 51,6%, un número no menor para la temporada alta del ajuste.
La relación del Gobierno con las encuestas sigue siendo la misma que en época de campaña: del promedio sacan una tendencia y de la tendencia analizan el humor social.
Entre el corto y el largo plazo
En el quinto piso del Ministerio de Economía tuvieron una semana para el recuerdo con algunos resultados concretos al punto de que existe por los pasillos barajan con cierta ironía una propuesta de fondo: empezar a chequear las declaraciones públicas de economistas con los datos una vez que se difunden.
“Queremos crear una especie de VAR del fútbol pero llevado a evaluar los pronósticos contra la realidad”, ironizaron. Además del relevamiento de expectativas del mercado, todavía resuena el fuego amigo de dos economistas que habían vaticinado una inflación en torno al 7% para el último mes y que no admitieron el error de cálculo con el dato oficial.
Con tarifas, combustibles y cuotas de prepagas contenidas, la inflación de mayo fue de 4,2%. Fue la quinta desaceleración consecutiva del índice oficial y hay que remontarse a enero de 2022 para encontrar una más baja. El índice de precios al consumidor (IPC) acumuló 71,9% en lo que va del año y 276,4% en los últimos doce meses.
Es la primera desaceleración en la comparación interanual desde julio de 2023. Sin embargo, el dato más significativo fue que la inflación núcleo -aquella que no contempla precios regulados ni estacionalesavanzó 3,7%, el menor número desde enero de 2022.
“Para junio no creemos que suba un punto por el aumento de tarifas de gas y electricidad, como dijeron algunos consultores, pero sí sabemos que puede tener un impacto que la haga subir un poquito. No nos preocupa porque la macro está cada vez más ordenada y el gasto público no se negocia”, se entusiasmaron en Economía de cara a las proyecciones del mes en curso.
No obstante, agregaron que la primera semana “no rompió la inercia a la baja que viene siendo sostenida desde hace ya varios meses”. Los economistas más críticos ponen la mira en los niveles de actividad y en la pérdida de 100.000 puestos de trabajo en el sector privado.
El otro punto que celebraron el es swap con China. El Banco Central (BCRA) anunció que llegó a un acuerdo con su par de la República Popular de China (PBOC) para renovar la “totalidad del tramo activado del swap por RMB 35.000 millones (equivalente a US$5000 millones) entre ambas instituciones por un plazo de 12 meses”.
Más allá de la formalidad de los comunicados, significó oxígeno para la administración que tiene en sus planes de mediano plazo la salida del cepo. “El mercado quería complicar y ponían que íbamos a devolver los US$5000 millones. Nosotros sabíamos que eso no sucedería, pero esperamos la formalidad del caso”, se sinceraron en Economía.
La celebración en X -ex-Twitterpor parte de la canciller Diana Mondino y la posible visita del presidente Milei a ese país son otros dos ejes de pragmatismo político más allá de ideologías contrapuestas entre el mundo del líder asiático Xi Jinping y el de los anarcocapitalistas.
“Tanto en este punto como en el viaje al G-7 se empieza a notar una distancia entre la dialéctica de campaña y la realidad. Es la primera vez que resulta tan evidente”, manifestó un analista internacional que prefirió mantener su nombre a resguardo.
Por otra parte, el Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó la octava revisión del programa con la Argentina y despejó el camino para avanzar hacia una nueva negociación con el organismo en busca de fondos frescos que permitan acelerar la salida del cepo.
“El programa sigue firmemente encaminado, habiéndose cumplido con margen todos los criterios cuantitativos de rendimiento para finales de marzo de 2024”, ponderó el Fondo en un comunicado. Pero también puso la mira en “mejorar la calidad del ajuste fiscal, iniciar pasos hacia un marco mejorado de política monetaria y cambiaria, e implementar la agenda estructural” para desbloquear la inversión, el crecimiento y la mejora del empleo formal.
Además, los directores indicaron que “será necesario proseguir con los esfuerzos para apoyar a los más vulnerables, ampliar el apoyo político y garantizar la agilidad en la formulación de las políticas”, según el comunicado.
“El concepto nuestro es filosófico: arreglamos la macro y no nos metemos en la micro salvo para generar marcos para una mayor competencia y evitar abusos. La economía ya no está recalentada y no hay sobrante de pesos. Así que si tenés la macro en orden y el equilibrio fiscal como norma, estoy convencido de que el camino es el correcto. Puede haber un poco más o un poco menos de volatilidad con el dólar, pero la cuestión de fondo pasa por otro lado y es el que nos preocupa y ocupa, que es cambiar la matriz argentina”, concluyó Caputo esta semana en una reunión cerrada que tuvo con un ministro de Economía de la región.
Al igual que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se mostró optimista acerca de que la reforma en los impuestos a las ganancias y bienes personales llegará a buen puerto y por eso ambos siguen de cerca que en Diputados se vuelva a la versión original, que es la que creen tiene mayores chances de luz verde. Ni más ni menos.
La elección del sucesor de Cottani estaba cerrada desde comienzos de la semana, aunque todavía falta sellar detalles finales antes de su asunción
“Queremos crear una especie de VAR del fútbol para evaluar los pronósticos contra la realidad”, dicen en Economía
Cómo funciona el millonario negocio de la pesca, que el Gobierno puso en la mira
Este año vencen permisos de explotación y la discusión sobre el canon que paga la industria ictícola se coló en la agenda pública; el proyecto original de la Ley Bases modificaba el régimen, pero los artículos fueron eliminados del texto que se votó
Diego Cabot
Los barcos poteros son los dedicados a la pesca del calamar, una de las especies que más se exportan desde la Argentina
Hace unos meses, la Argentina empezó a debatir un tema que jamás estuvo en la agenda pública. De la mano de la original ley Bases, aquella que se presentó en el Congreso y que luego el Poder Ejecutivo retiró, se amplió el zoom sobre un negocio descomunal, que jamás pasó por el tamiz de la opinión pública. ¿De qué se trata? Del entramado regulatorio que rodea el mundo de la pesca, un recurso natural renovable del que la Argentina dispone gracias a la enorme costa que tiene sobre el océano Atlántico.
Fue Federico Sturzenegger quien sacó a la superficie el asunto. “El régimen de pesca es un problema porque la regalía que se paga para pescar en el mar argentino es de 0,15%. Es un absurdo. Para decirlo con todas las letras, hay gente que pesca nuestros peces y no paga nada por ello. Allí la ley bases original planteaba que entre los pesqueros argentinos, cuando les vencieron sus contratos actuales, deberían pujar para obtener el derecho de pesca”, dijo a Clarín hace unos meses el economista, uno de los asesores principales del presidente Javier Milei y futuro ministro según las palabras del mandatario.
La sola mención del asunto desató una descomunal tormenta en el sector. Los empresarios movieron sus redes, los sindicatos ayudaron y la política hizo lo suyo. El resultado fue que toda iniciativa sobre alguna modificación se retiró de la segunda versión de la Ley Bases. Como quien dice, “nada por aquí; nada por allá”.
Solo algunos datos para entender de qué se trata este negocio que manejan grupos empresarios consolidados y con alta integración vertical. Durante varios años de la última década, la exportación de pescado fue mucho más importante que la de carne vacuna. Por ejemplo, por cada 10 dólares exportados de carne vacuna en 2016, se facturan al exterior alrededor de 17 de pescados. Claro que era la época afectada por los controles de las ventas al exterior que tuvo su pico en el kirchnerismo, sobre todo entre 2014 y 2015.
Ahora, aquella ecuación regresó a su cause natural. En 2023, las exportaciones de pescado o subproductos llegaron a US$1.757 millones, mientras que las de carne vacuna ascendieron a US$2735, según datos que surgen del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (Ipcva) y de la Subsecretaría de Pesca, que depende de la Secretaría de Bioeconomía. Sucedieron un par de cosas: la baja del precio del producto marino, la caída en los volúmenes y, finalmente, el regreso de la carne argentina a las góndolas del mundo.
Ahora bien, cómo se maneja y quiénes traccionan el mundo de la pesca, una enorme usina de dólares, con una importancia vital para varias ciudades del interior de la Argentina y con relaciones tan trenzadas en la política como sus propias redes.
Este año vencen algunos permisos de las empresas pesqueras y el proyecto original de la Ley Bases había previsto un cambio en el régimen para obtenerlos
La actividad se encuentra regulada por el Régimen Federal de Pesca (24.922) que establece que los “recursos vivos existentes en las aguas de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) argentina y en la plataforma continental argentina (que se extiende desde la línea de base hasta las 200 millas náuticas) a partir de las 12 millas marítimas son de dominio y jurisdicción exclusivos del Estado Nacional”. Hasta esa milla 12, la explotación de estos recursos son de dominio de las provincias con litoral marítimo, además de lo que exista en las aguas interiores. Es decir, la jurisdicción nacional, sobre la que Sturzenegger podría regular, son las 188 millas federales.
Un punto aquí: la milla 201, donde se posicionan centenares de barcos extranjeros, chinos especialmente, y se llevan toneladas de calamar. Se trata de aguas internacionales y no hay mucho para hacer ahí, más que controlar que no ingresen a las aguas jurisdiccionales. Difícil de resolver.
La cadena de valor cuenta con 503 buques que pescan en el Mar Argentino, a los que se suman 146 establecimientos en tierra, 237 armadores, 200 empresas industriales, 316 empresas comercializadoras y 34 transportistas. En ese universo hay menos de una docena que concentran casi el 80% de la exportación, el resto, un entramado de pymes, muchas de ellas familiares, que se ubican en varias ciudades portuarias, con Mar del Plata como la más importante. En la industria informan que emplean 46.000 trabajadores, entre directos e indirectos.
Los desembarques durante 2023 se concentraron en tres puertos: Mar del Plata (49%), Puerto Madryn (16%), Rawson (11%). Le siguen Puerto Deseado (8%) y Ushuaia (4%), donde opera casi exclusivamente la flota congeladora. Pescan para abastecer el escaso consumo interno que llega a entre 5 y 6 kilos per cápita (lejos del nivel mundial que es de 19 kilos por habitante), pero por sobre todo, para exportar. De hecho, las pescaderías argentinas suelen abastecerse con el pescado de jurisdicción provincial.
Con la respuesta al siguiente interrogante empieza a explicarse gran parte de la discusión por el destino final de los dólares que produce la actividad que introdujo Sturzenegger a la agenda. La pregunta es simple. ¿Qué se pesca? “El 85% de las exportaciones pesqueras en 2023 correspondieron a langostinos, calamar y merluza hubbsi”, contestan en las Cámara de Armadores de Pesqueros y congeladores de la Argentina (Capeca).
El asesor presidencial Federico Sturzenegger previó modificar el sistema de otorgamiento de permisos de pesca, para lograr que las empresas paguen un mayor canon por los productos que extraen del mar
De acuerdo a datos de la Secretaría de Pesca, en los primeros 5 meses del año se exportaron 90,5 millones de dólares de merluza, a razón de 2640 dólares por tonelada. Ese negocio es el que desempolvó el debate. Sucede que a fin de año vencen las licencias que varios años atrás entregó el Gobierno y que establecen qué cupo de pescados puede extraer cada una de las pesqueras en aguas de jurisdicción federal. Como se dijo, este año vencen aquellos permisos de la merluza, uno de los productos estrella. Pero, sin dudas, el negocio grande está en el calamar y el langostino. Un dato: el primero lleva exportado en los primeros cuatro meses del año US$251 millones; el segundo, US$231,2 millones. Por esos productos, la industria paga retenciones que van entre 5 y 9%, según el producto.
“Yo no quiero ir contra ningún derecho adquirido, pero cuando vencen las licencias de pesca deberían licitarse y el que paga más por es permiso se lleva el cupo”, les dijo Sturzenegger a los pescadores en varias de las reuniones que tuvieron desde que esa iniciativa tomó estado público con la presentación de la primera versión de la ley base.
Fuente: Ministerio de Agroindustria, sobre la base de datos del Indec
La sola mención de ese mecanismo en el horizonte, es decir de pagar una suerte de regalía, puso en alerta los pescadores. Cada un lanzó sus redes. El asesor presidencial quería, además, que ni siquiera fuera necesario que los buques toquen puertos argentinos. Es decir, si algún barco se quedaba con un cupo podría congelar a bordo y partir con su captura. Finalmente, decía Sturzenegger, ya habían pagado su canon por esa captura. Estaba decidido a quitar esta cláusula, pero no aquella de licitar al mejor postor. “Es un recurso natural, como el cobre. A nadie se le ocurre que alguien puede venir, explotar el cobre y no dejar nada en el país”, argumentaba.
“¡Vade retro!” gritaron los gremios y los empresarios, con un coro de segunda voz entonado por gobernadores costeros y muchos voceros políticos oficiosos, hombres y mujeres de llanura pero con llamativo interés en la pesca. Y empezó el debate.
Los empresarios prepararon una batería de argumentos para interdictar aquella iniciativa. “Pagamos alrededor de 130 millones de dólares anuales de retenciones”, se les escuchó. Munidos de estadísticas, contaron que son grandes generadores de divisas para el país y que es verdad que se pagaba apenas un 0,15% de un cargo que es una suerte de regalías, pero que justo cuando Sturzenegger hizo la cuenta estaba desactualizado. “Luego se actualizó por el precio del gasoil y ya es mucho más”, dicen en Capeca.
“En los últimos 20 años el sector aportó al fisco más de US$ 2.300 millones solamente en concepto de derechos de extracción, siendo este un tributo que no existe en ningún otro sector pesquero en el mundo. El sector no tiene posibilidades de seguir creciendo en volúmenes de captura, ya que todas las especies están explotadas en su máximo rendimiento, pero en condiciones sustentables. Lo que sí puede hacer es aumentar las exportaciones con agregado de valor, algo que muchas empresas ya realizan pese a la falta de competitividad e incentivos”, repiten.
En el sector de la pesca hay 200 empresas industriales, 316 firmas comercializadoras y 34 transportistas
Sturzenegger escuchaba y les repetía que compitan, que pujen por el cupo y el que paga más se lo lleva. Los pesqueros contestaban que estaban los derechos adquiridos, las plantas y los barcos. Y las inversiones que habían construido en este tiempo. El gran problema, dicen, es que vengan los grupos extranjeros, principalmente chinos y españoles, y que hagan ofertas imposibles para el mercado local. Explicaban al asesor que ya tenían los barcos operativos, y toda la producción en tierra.
El regulador miraba y volvía sobre sus argumentos, de hecho, consideraba que con todo instalado, eventualmente, tenían una ventaja ya que podrían ofrecer más por el producto dado que no tendrían que amortizar barcos y plantas, usadas desde hace años gracias a aquellos permisos que ahora vencen.
Mientras, las cámaras (Caipa, socios con 50 buques), la Cámara Argentina de Armadores de Buques Pesqueros de Altura, Caapba, (45 buques fresqueros, que transporta producto refrigerado) y Capeca (19 grupos empresarios con 74 buques), argumentaban, de la mano de los derechos adquiridos que vencen en poco tiempo. En todo, caso, dicen, “aumenten la Unidad de Pesca” (aquella que aumentó a razón de los precios del gasoil y que sirve como un pseudo arancel), que el 1° de abril de 2024 se actualizó a $935 hasta el 1° de octubre de 2024, pero que les respeten los cupos. Pero con las licencias, ¡no! Se unió CAPA, que nuclea a los pateros, buques que pescan calamar; además de la Capip, 55 buques radicados en Puerto Madryn y los puertos patagónicos y la Cámara de Frigoríficos Exportadores de la Pesca (Cafrexport), entre otras cámaras que dispusieron su arsenal de argumentos.
Hay un dato más que bien podría ser el punto de negociación. Por esa Unidad de Pesca, que es lo que de hecho funciona como canon y que se paga por las capturas realizadas -formalmente se llama Derecho Único de Extracción-, anualmente se pagan entre 10 y 12 millones de dólares. Una opción que se baraja es aumentar aquella unidad y mejorar la recaudación.
Claro que hay nombres propios. El Pabellón Argentino en la Seafood Expo Global 2022 bien podría ser una suerte de podio de los principales actores. Participaron Arbumasa (10 buques); Brother Ocean; Buena Proa (2); Cabo Vírgenes, una compañía española; Charlie Tango Pesca Argentina (10 barcos, en Puerto Madryn) y Conarpesa, la empresa que fue conocida por ser una de las financista de las campaña de Néstor Kirchner. Además, estaban Consemar, una empresa venezolana de servicios marítimos; Estrella Patagónica, también de Madryn con 4 barcos; Good Fish (Mar del Plata); Illex Fishing; Congeladores Patagónicos y Pesquera Puerto Comodoro. Finalmente, Newsan Food, la compañía de Rubén Chernajovsky, uno de los hombres fuertes del régimen de Ushuaia, dueño de Newsan, que empezó como una financiadora de expediciones a cambio de pescado para exportar y generar dólares, y terminó por ser un jugador de peso en el sector, ya en sociedad de varios barcos que operan en los mares más al Sur, en busca de merluza negra.
Cada uno hizo su juego. Uno, habló con la política para lograr un acuerdo que le ayude a mantener aquel artículo de, a al menos, licitar los permisos. Los otros, hicieron lo propio en búsqueda de mantener el status quo. Hasta Elisa Carrió, histórica denunciante de algunas pesqueras del Sur desde la época de Néstor Kirchner, pasó el trasmallo en conversaciones informales con sus dirigentes en la búsqueda de votos. Volvió sin nada.
Aquella iniciativa terminó con ningún apoyo, ni de los políticos costeros ni de los de llanura o montaña. Poco tiempo después, la segunda versión de la ley llegó al Congreso: no quedó ni rastros del intento de cobrar por la extracción de peces.
Sturzenegger lo dejó ahí, archivado. ¿Archivado? Se verá dentro de poco, cuando finalmente llegue el vencimiento de los permisos. Entonces, la autoridad decidirá la nueva manera de entregarlos. Quizá en ese momento, Sturzenegger sea ministro y, conocedor del Estado, sabe perfectamente que para varias reformas alcanza la resolución o el decreto.
Este año vencen permisos de explotación y la discusión sobre el canon que paga la industria ictícola se coló en la agenda pública; el proyecto original de la Ley Bases modificaba el régimen, pero los artículos fueron eliminados del texto que se votó
Diego Cabot
Los barcos poteros son los dedicados a la pesca del calamar, una de las especies que más se exportan desde la ArgentinaHace unos meses, la Argentina empezó a debatir un tema que jamás estuvo en la agenda pública. De la mano de la original ley Bases, aquella que se presentó en el Congreso y que luego el Poder Ejecutivo retiró, se amplió el zoom sobre un negocio descomunal, que jamás pasó por el tamiz de la opinión pública. ¿De qué se trata? Del entramado regulatorio que rodea el mundo de la pesca, un recurso natural renovable del que la Argentina dispone gracias a la enorme costa que tiene sobre el océano Atlántico.
Fue Federico Sturzenegger quien sacó a la superficie el asunto. “El régimen de pesca es un problema porque la regalía que se paga para pescar en el mar argentino es de 0,15%. Es un absurdo. Para decirlo con todas las letras, hay gente que pesca nuestros peces y no paga nada por ello. Allí la ley bases original planteaba que entre los pesqueros argentinos, cuando les vencieron sus contratos actuales, deberían pujar para obtener el derecho de pesca”, dijo a Clarín hace unos meses el economista, uno de los asesores principales del presidente Javier Milei y futuro ministro según las palabras del mandatario.
La sola mención del asunto desató una descomunal tormenta en el sector. Los empresarios movieron sus redes, los sindicatos ayudaron y la política hizo lo suyo. El resultado fue que toda iniciativa sobre alguna modificación se retiró de la segunda versión de la Ley Bases. Como quien dice, “nada por aquí; nada por allá”.
Solo algunos datos para entender de qué se trata este negocio que manejan grupos empresarios consolidados y con alta integración vertical. Durante varios años de la última década, la exportación de pescado fue mucho más importante que la de carne vacuna. Por ejemplo, por cada 10 dólares exportados de carne vacuna en 2016, se facturan al exterior alrededor de 17 de pescados. Claro que era la época afectada por los controles de las ventas al exterior que tuvo su pico en el kirchnerismo, sobre todo entre 2014 y 2015.
Ahora, aquella ecuación regresó a su cause natural. En 2023, las exportaciones de pescado o subproductos llegaron a US$1.757 millones, mientras que las de carne vacuna ascendieron a US$2735, según datos que surgen del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (Ipcva) y de la Subsecretaría de Pesca, que depende de la Secretaría de Bioeconomía. Sucedieron un par de cosas: la baja del precio del producto marino, la caída en los volúmenes y, finalmente, el regreso de la carne argentina a las góndolas del mundo.
Ahora bien, cómo se maneja y quiénes traccionan el mundo de la pesca, una enorme usina de dólares, con una importancia vital para varias ciudades del interior de la Argentina y con relaciones tan trenzadas en la política como sus propias redes.
Este año vencen algunos permisos de las empresas pesqueras y el proyecto original de la Ley Bases había previsto un cambio en el régimen para obtenerlosLa actividad se encuentra regulada por el Régimen Federal de Pesca (24.922) que establece que los “recursos vivos existentes en las aguas de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) argentina y en la plataforma continental argentina (que se extiende desde la línea de base hasta las 200 millas náuticas) a partir de las 12 millas marítimas son de dominio y jurisdicción exclusivos del Estado Nacional”. Hasta esa milla 12, la explotación de estos recursos son de dominio de las provincias con litoral marítimo, además de lo que exista en las aguas interiores. Es decir, la jurisdicción nacional, sobre la que Sturzenegger podría regular, son las 188 millas federales.
Un punto aquí: la milla 201, donde se posicionan centenares de barcos extranjeros, chinos especialmente, y se llevan toneladas de calamar. Se trata de aguas internacionales y no hay mucho para hacer ahí, más que controlar que no ingresen a las aguas jurisdiccionales. Difícil de resolver.
La cadena de valor cuenta con 503 buques que pescan en el Mar Argentino, a los que se suman 146 establecimientos en tierra, 237 armadores, 200 empresas industriales, 316 empresas comercializadoras y 34 transportistas. En ese universo hay menos de una docena que concentran casi el 80% de la exportación, el resto, un entramado de pymes, muchas de ellas familiares, que se ubican en varias ciudades portuarias, con Mar del Plata como la más importante. En la industria informan que emplean 46.000 trabajadores, entre directos e indirectos.
Los desembarques durante 2023 se concentraron en tres puertos: Mar del Plata (49%), Puerto Madryn (16%), Rawson (11%). Le siguen Puerto Deseado (8%) y Ushuaia (4%), donde opera casi exclusivamente la flota congeladora. Pescan para abastecer el escaso consumo interno que llega a entre 5 y 6 kilos per cápita (lejos del nivel mundial que es de 19 kilos por habitante), pero por sobre todo, para exportar. De hecho, las pescaderías argentinas suelen abastecerse con el pescado de jurisdicción provincial.
Con la respuesta al siguiente interrogante empieza a explicarse gran parte de la discusión por el destino final de los dólares que produce la actividad que introdujo Sturzenegger a la agenda. La pregunta es simple. ¿Qué se pesca? “El 85% de las exportaciones pesqueras en 2023 correspondieron a langostinos, calamar y merluza hubbsi”, contestan en las Cámara de Armadores de Pesqueros y congeladores de la Argentina (Capeca).
El asesor presidencial Federico Sturzenegger previó modificar el sistema de otorgamiento de permisos de pesca, para lograr que las empresas paguen un mayor canon por los productos que extraen del marDe acuerdo a datos de la Secretaría de Pesca, en los primeros 5 meses del año se exportaron 90,5 millones de dólares de merluza, a razón de 2640 dólares por tonelada. Ese negocio es el que desempolvó el debate. Sucede que a fin de año vencen las licencias que varios años atrás entregó el Gobierno y que establecen qué cupo de pescados puede extraer cada una de las pesqueras en aguas de jurisdicción federal. Como se dijo, este año vencen aquellos permisos de la merluza, uno de los productos estrella. Pero, sin dudas, el negocio grande está en el calamar y el langostino. Un dato: el primero lleva exportado en los primeros cuatro meses del año US$251 millones; el segundo, US$231,2 millones. Por esos productos, la industria paga retenciones que van entre 5 y 9%, según el producto.
“Yo no quiero ir contra ningún derecho adquirido, pero cuando vencen las licencias de pesca deberían licitarse y el que paga más por es permiso se lleva el cupo”, les dijo Sturzenegger a los pescadores en varias de las reuniones que tuvieron desde que esa iniciativa tomó estado público con la presentación de la primera versión de la ley base.
Fuente: Ministerio de Agroindustria, sobre la base de datos del Indec
La sola mención de ese mecanismo en el horizonte, es decir de pagar una suerte de regalía, puso en alerta los pescadores. Cada un lanzó sus redes. El asesor presidencial quería, además, que ni siquiera fuera necesario que los buques toquen puertos argentinos. Es decir, si algún barco se quedaba con un cupo podría congelar a bordo y partir con su captura. Finalmente, decía Sturzenegger, ya habían pagado su canon por esa captura. Estaba decidido a quitar esta cláusula, pero no aquella de licitar al mejor postor. “Es un recurso natural, como el cobre. A nadie se le ocurre que alguien puede venir, explotar el cobre y no dejar nada en el país”, argumentaba.
“¡Vade retro!” gritaron los gremios y los empresarios, con un coro de segunda voz entonado por gobernadores costeros y muchos voceros políticos oficiosos, hombres y mujeres de llanura pero con llamativo interés en la pesca. Y empezó el debate.
Los empresarios prepararon una batería de argumentos para interdictar aquella iniciativa. “Pagamos alrededor de 130 millones de dólares anuales de retenciones”, se les escuchó. Munidos de estadísticas, contaron que son grandes generadores de divisas para el país y que es verdad que se pagaba apenas un 0,15% de un cargo que es una suerte de regalías, pero que justo cuando Sturzenegger hizo la cuenta estaba desactualizado. “Luego se actualizó por el precio del gasoil y ya es mucho más”, dicen en Capeca.
“En los últimos 20 años el sector aportó al fisco más de US$ 2.300 millones solamente en concepto de derechos de extracción, siendo este un tributo que no existe en ningún otro sector pesquero en el mundo. El sector no tiene posibilidades de seguir creciendo en volúmenes de captura, ya que todas las especies están explotadas en su máximo rendimiento, pero en condiciones sustentables. Lo que sí puede hacer es aumentar las exportaciones con agregado de valor, algo que muchas empresas ya realizan pese a la falta de competitividad e incentivos”, repiten.
En el sector de la pesca hay 200 empresas industriales, 316 firmas comercializadoras y 34 transportistasSturzenegger escuchaba y les repetía que compitan, que pujen por el cupo y el que paga más se lo lleva. Los pesqueros contestaban que estaban los derechos adquiridos, las plantas y los barcos. Y las inversiones que habían construido en este tiempo. El gran problema, dicen, es que vengan los grupos extranjeros, principalmente chinos y españoles, y que hagan ofertas imposibles para el mercado local. Explicaban al asesor que ya tenían los barcos operativos, y toda la producción en tierra.
El regulador miraba y volvía sobre sus argumentos, de hecho, consideraba que con todo instalado, eventualmente, tenían una ventaja ya que podrían ofrecer más por el producto dado que no tendrían que amortizar barcos y plantas, usadas desde hace años gracias a aquellos permisos que ahora vencen.
Mientras, las cámaras (Caipa, socios con 50 buques), la Cámara Argentina de Armadores de Buques Pesqueros de Altura, Caapba, (45 buques fresqueros, que transporta producto refrigerado) y Capeca (19 grupos empresarios con 74 buques), argumentaban, de la mano de los derechos adquiridos que vencen en poco tiempo. En todo, caso, dicen, “aumenten la Unidad de Pesca” (aquella que aumentó a razón de los precios del gasoil y que sirve como un pseudo arancel), que el 1° de abril de 2024 se actualizó a $935 hasta el 1° de octubre de 2024, pero que les respeten los cupos. Pero con las licencias, ¡no! Se unió CAPA, que nuclea a los pateros, buques que pescan calamar; además de la Capip, 55 buques radicados en Puerto Madryn y los puertos patagónicos y la Cámara de Frigoríficos Exportadores de la Pesca (Cafrexport), entre otras cámaras que dispusieron su arsenal de argumentos.
Hay un dato más que bien podría ser el punto de negociación. Por esa Unidad de Pesca, que es lo que de hecho funciona como canon y que se paga por las capturas realizadas -formalmente se llama Derecho Único de Extracción-, anualmente se pagan entre 10 y 12 millones de dólares. Una opción que se baraja es aumentar aquella unidad y mejorar la recaudación.
Claro que hay nombres propios. El Pabellón Argentino en la Seafood Expo Global 2022 bien podría ser una suerte de podio de los principales actores. Participaron Arbumasa (10 buques); Brother Ocean; Buena Proa (2); Cabo Vírgenes, una compañía española; Charlie Tango Pesca Argentina (10 barcos, en Puerto Madryn) y Conarpesa, la empresa que fue conocida por ser una de las financista de las campaña de Néstor Kirchner. Además, estaban Consemar, una empresa venezolana de servicios marítimos; Estrella Patagónica, también de Madryn con 4 barcos; Good Fish (Mar del Plata); Illex Fishing; Congeladores Patagónicos y Pesquera Puerto Comodoro. Finalmente, Newsan Food, la compañía de Rubén Chernajovsky, uno de los hombres fuertes del régimen de Ushuaia, dueño de Newsan, que empezó como una financiadora de expediciones a cambio de pescado para exportar y generar dólares, y terminó por ser un jugador de peso en el sector, ya en sociedad de varios barcos que operan en los mares más al Sur, en busca de merluza negra.
Cada uno hizo su juego. Uno, habló con la política para lograr un acuerdo que le ayude a mantener aquel artículo de, a al menos, licitar los permisos. Los otros, hicieron lo propio en búsqueda de mantener el status quo. Hasta Elisa Carrió, histórica denunciante de algunas pesqueras del Sur desde la época de Néstor Kirchner, pasó el trasmallo en conversaciones informales con sus dirigentes en la búsqueda de votos. Volvió sin nada.
Aquella iniciativa terminó con ningún apoyo, ni de los políticos costeros ni de los de llanura o montaña. Poco tiempo después, la segunda versión de la ley llegó al Congreso: no quedó ni rastros del intento de cobrar por la extracción de peces.
Sturzenegger lo dejó ahí, archivado. ¿Archivado? Se verá dentro de poco, cuando finalmente llegue el vencimiento de los permisos. Entonces, la autoridad decidirá la nueva manera de entregarlos. Quizá en ese momento, Sturzenegger sea ministro y, conocedor del Estado, sabe perfectamente que para varias reformas alcanza la resolución o el decreto.
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