OPINIÓN Y COIMAS

Milei, frente al campo minado de sus propios logros
La reducción de la inflación, que el Presidente puede poner del lado del haber, dirige a la Argentina a un horizonte de recesión y mayor desempleo
Luciana Vázquez

Javier Milei.....Alfredo Sábat
La Argentina de Javier Milei corre el riesgo de entrar y acampar en un limbo cargado de nubarrones. Unos provienen de la acumulación de fracasos de las gestiones pasadas. Pero otros son la contracara de las soluciones que intenta el Gobierno a esos problemas endémicos heredados. Un campo minado activado, paradójicamente, por los logros relativos del Gobierno, cargados de dilemas. Por un lado, la salida de la clásica encerrona argentina, la inflación inmanejable, que Milei y su ministro Luis Caputo pueden poner del lado del haber, dirige a la Argentina a un horizonte de más desempleo. El punto crítico aquí es la recesión, con una actividad económica que no se beneficia de la baja de la inflación y elimina puestos de trabajo en lugar de crearlos. Los indicadores que se conocieron ayer, 5,1 puntos de caída del PBI en el primer trimestre y desplome del 7,8 por ciento del consumo privado en lo que va del año, son el contexto para un desempleo que, también se supo ayer, llegó al 7,7 por ciento, un 0,8 por ciento más que en el primer trimestre de 2023.
Por otro lado, la aprobación de la Ley Bases y la flexibilización laboral, que se espera esta semana, no necesariamente conduce a una Argentina de pleno empleo formal y registrado. En ese caso, Perú es el ejemplo inquietante: el país de la región más elogiado por la estabilidad de su macro pero con una de las mayores tasa de informalidad laboral de América Latina. En 2022, el nivel de informalidad de Perú llegó al 74 por ciento. En 2023, logró reducirla al 71,1 por ciento. Sin embargo, no fue una buena noticia: esa baja tuvo que ver con una pérdida de 600.000 empleos del sector informal, sobre todo en el sector agropecuario. Los datos son de ComexPerú.
“Milei podría aprender del éxito económico de Perú”, tituló The Economist en febrero de este año. Para The Economist, Perú es ejemplar en dos temas: es inestable políticamente pero con “la moneda más sólida de Sudamérica”, el sol peruano. “Contra el dólar, fluctúa algo, pero vale lo mismo que en 1999″, detallaba el artículo. Y la independencia del Banco Central, consagrada en la Constitución. La permanencia del presidente del Banco Central peruano, Julio Velarde, desde 2006, no importa el signo ideológico del gobierno, es otro elemento elogiado por The Economist. “En muchas de estas cosas, la Argentina debería copiar Perú”, era la conclusión.
Pero la nota de The Economist no incluyó ese factor central de la informalidad que define a la economía de Perú. Una muestra de que la flexibilidad laboral y el ingreso de inversiones no lleva tan rápido y tan mecánicamente a una mejora de la calidad del empleo.
Milei enfrenta el problema de la cadena de transmisión. ¿Cuál es la correa de transmisión que llevará desde la inflación a la baja, el déficit cero a martillazos, la recesión y el cepo a la reactivación económica, la creación de empleo, el crecimiento y el desarrollo? Es decir, la pregunta es cuándo le tocan a la gente los beneficios de una macro ordenada. La siguiente pregunta es si ordenar la macro de esta manera, es decir, una baja brutal del gasto sin atender a las consecuencias de ese recorte, es un ordenamiento verosímil, creíble y sostenible, es decir, una racionalidad macroeconómica que responda a incentivos reales de la economía, de la inversión, la producción y el consumo, y no tanto a intervenciones y manipulaciones estatales, aunque sea de un Estado libertario.
El problema es más difícil. Aún si la macro funcionara de forma virtuosa y se aprobara, finalmente esta semana, la Ley Bases y esa reforma laboral que tanto se reclama, la transmisión del efecto positivo hacia la mejora de la calidad de vida no es automática. La Argentina puede ingresar al modelo de más empleo pero de menor calidad. Es decir, la precarización como el tono social dominante. En el mejor de los casos, la institucionalización del trabajador pobre. En el peor, la consolidación de la informalidad.
Otro caso que abre preguntas y las deja sin respuestas también se deriva de otra buena noticia del Gobierno. Tampoco es obvio que el crecimiento de la inversión en Vaca Muerta y en el sector de la economía vinculado con la energía y los minerales raros termine sí o sí en crecimiento, desarrollo, más empleo y descenso de la pobreza. En ese punto, Neuquén es el ejemplo: la provincia del sur de la Argentina con mayor tasa de pobreza aunque posea recursos naturales valiosos y deseados.
La situación es difícil e inestable porque cada solución acarrea costos. ¿Cuál es la línea de puntos que conduce de decisiones macro como el RIGI o la sanción de nuevas reglas laborales a la implementación real y perceptible de esos beneficios por parte de la ciudadanía?
Las salidas de los viejos problemas conducen a nuevos callejones sin salida evidente. La baja de la inflación al desempleo, por ejemplo. ¿Cómo salir de ese nuevo laberinto? El Gobierno todavía no parece tenerlo claro. El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció decidido el cierre de una etapa. Fue hace trece días. Pero todavía no anunció medidas nuevas que permitan ver el rumbo de los próximos pasos para despejar la nueva maleza que crece en el camino. El viernes, Caputo volvió a la red social X para hacer anuncios que, en lugar de plantear el plan de acción para la nueva etapa que se inicia, negaron las acciones que le imputaban versiones periodísticas: no habrá devaluación, no se tocará el 2 por ciento del crawling peg, no se tocará el dólar blend, no hay inicio de negociaciones con el FMI. Aclaró todo lo que no se hará pero nada de lo que sí se hará. Es decir, un anuncio que acentuó la incertidumbre. Para algunos observadores de los mercados, se huelen esos aires: la suba del dólar blue y la caída de acciones y bonos fueron el dato ayer.
La única certeza en relación al Gobierno es que cuando hay vacío de gestión, el Gobierno lo llena con viajes al exterior y batalla cultural y con la corrupción como versión posible de la gestión activa. Ahí se inscribe Milei en el acto del Día de la Bandera y los posteos duros de Victoria Villarruel en X contra Myriam Bregman. También con encontronazos cuestionables con la prensa, como el caso de Silvia Mercado, una confrontación innecesaria, contraproducente para los votantes más independientes del Gobierno y cuestionable en términos de calidad republicana y liberal.
Ayer, la Universidad Torcuato Di Tella publicó su tradicional Índice de Confianza en el Gobierno, que disminuyó en junio un 2,1 por ciento respecto a mayo y bajó a 2,46 puntos. Sólo dos de sus cinco componentes tuvieron variación positiva, la evaluación general del Gobierno, que creció en un 1,7 por ciento, y la honestidad de los funcionarios, que subió un 6,44 por ciento, muy en línea de la estrategia mileísta de “denuncia de corrupción igual a gestión”. Pero las caídas fueron mayores que las subas. Los dos componentes más significativos son la eficiencia en la administración del gasto público, que cayó un 9,4 por ciento, y la capacidad para resolver los problemas del país”, donde la caída fue del 7,6 por ciento.
La carrera es contra el tiempo. Le pasó al exministro de Economía Martín Guzmán con el acuerdo del FMI, que se demoró más de la cuenta y llegó tarde. Le pasó a Alberto Fernández cuando doblaba la hojita con los vencimientos de deuda, ocultando cómo se darían después de 2023. Le pasó a Mauricio Macri, que logró el equilibrio fiscal en los últimos meses de su gobierno cuando ya se había quedado sin tiempo.
La Argentina es una maquinaria de equilibrio todavía tremendamente inestable. Sortear el obstáculo de la inflación no se logra sin efectos colaterales en otra sala de máquinas, como el consumo o el empleo. Esto recién empieza.

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Cuatro años y medio de un juicio quieto, una fiscal solitaria y una nueva puerta de salida que abrió la Casación
El proceso espera el inicio del juicio oral desde 2019; hay 157 procesados que intentarán argumentar que hicieron “aportes electorales” y 899 testigos ofrecidos solamente por la fiscal Fabiana León

Diego Cabot
A poco de cumplirse seis años de que se conociera la causa Cuadernos
Pasaron casi seis años y en la causa Cuadernos se puede encontrar un maravilloso compendio de fórmulas procesales, argumentales y jurídicas destinadas a terminar con el proceso antes de que llegue a juicio oral. Ese incómodo momento donde se leen los cargos, declaran los testigos, se produce la prueba, se escuchan los alegatos y, finalmente, se conocen los culpables y los inocentes, es la instancia que la gran mayoría de los imputados quiere evitar. Unos, porque saben que los condenarán; otros, por la banalidad de evitar la foto en el banquillo que quedará para siempre en las bibliotecas digitales. Ni siquiera los que se consideran inocentes quieren ese día, prefieren otro artilugio antes que el juicio oral.
La política y, el poder en general, no quieren juicios orales. Les resultan incómodos y para muchos empresarios, poco estéticos. Algo así como darle absoluta entidad a aquella premisa que reza que, si no hay imágenes, pues no existió. Para la consecución de ese fin se impuso la estrategia de la dilación.
Fue la propia fiscal del Tribunal, Fabiana León, la que presentó un recurso ante el Tribunal de Casación en el que puso de manifiesto el “retardo de justicia”. “Ya se ha agotado todo tiempo prudencial. La fiscalía a mi cargo no avala demoras ni retrasos en la tramitación de las causas, ni las ha originado. Eso aún contando con 4 colaboradores y poco espacio”, dijo el 12 de junio pasado a LA NACION la fiscal León, tras presentar un escrito en el fuero. Se refiere a la demora de cuatro años y medio que lleva el Tribunal Oral conformado por Germán Castelli, Enrique Méndez Signori y Fernando Canero que jamás fijó fecha de inicio.
Hasta septiembre del año pasado, cuando la fiscalía hizo un inventario del proceso, la causa acumuló 159 imputados. Actualmente ese número es de 157 después de que en un accidente aéreo falleciera Juan Chediack, uno de los empresarios arrepentido, y que una sala de Casación decidiera que Ángelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri y exdueño de la constructora Iecsa, antes de Franco Macri, tenía que ser juzgado por infracciones electorales y no por coimas.
La salida de Calcaterra del proceso penal para ser enviado a la Justicia Electoral requiere de un andamiaje no menor ya que sólo es posible esa vía de escape si se reconocen los hechos. Dicho de otra forma, la Justicia validó los “aportes para campaña” sí y solo sí se reconocen los pagos.
La digresión no es menor. Por ahora, todos los que han encontrado caminos alternativos para evitar el juicio oral lo han hecho después de reconocer que pagaron, tal como reveló la investigación  El primero que lo logró fue el Grupo Techint. Varios ejecutivos de la empresa argumentaron haber pagado un millón de dólares a funcionarios argentinos por razones “humanitarias”, para destrabar la repatriación de algunos empleados que habían quedado en Venezuela después de que el gobierno de ese país expropiara una planta de la multinacional. Es decir: pagaron, pero por una emergencia.
El magistrado que validó esos argumentos fue Julián Ercolini, continuador del una parte de la causa después de la muerte de Claudio Bonadio. Ese mismo juez ya había decidido que otros tres empresarios, Manuel Santos Uribelarrea, Hugo Eurnekian y Alejandro Ivanissevich, dejaran de ser investigados por corrupción después que reconocieron que aportaron dinero al emisario del Ministerio de Planificación Federal, Roberto Baratta, pero que fueron para la “campaña”. Todos ellos, casualmente, eran controlados o regulados en alguna de sus actividades, por el recaudador. A ese selecto grupo se suma ahora Calcaterra. Varias decenas más de imputados, intentarán el mismo camino. Como se dijo, prefieren la infracción electoral aunque eso implique no dejar duda sobre los hechos antes de que la foto en el juicio oral.
La llamada causa Cuadernos, además de 157 imputados, se compone de una decena de otros expedientes que se instruyeron a propósito de la investigación periodística. En total, se investigan 540 hechos delictivos tipificados en 26 calificaciones jurídicas. Sólo la fiscalía ofreció 899 testigos que deberán comparecer en las audiencias y solicitó 13 pericias. A ese magma probatorio, además, se sumarán las 157 defensas que propondrán lo suyo.
No hay en los tribunales argentinos una sala en la que puedan convivir todos los interesados si es que deciden presenciar las audiencias. Tampoco se ve claramente que la Justicia pierda el sueño por encontrarla y empezar el proceso. La dilación es el negocio de muchos, y más aún cuando en ese tiempo aparecen puertas de salida que abren cada tanto. Es cuestión de probar y ver qué se necesita para encontrar la misma llave.

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