Detectan que plata de los planes sociales terminaba en empresas del Polo Obrero
Los investigadores analizan si hubo compras simuladas del grupo piquetero
Camila Dolabjian
La Justicia está reconstruyendo la ruta del dinero que partía del Estado como subsidios para beneficiarios y terminaba en las agrupaciones piqueteras. El caso más avanzado es el que compromete al Polo Obrero, liderado por Eduardo Belliboni.
Además de haber reunido pruebas sobre extorsiones y amenazas a los beneficiarios de los planes sociales, los investigadores judiciales reconstruyeron que parte del dinero salía del Estado, pasaba a través de un sistema de cooperativas y empresas fantasma, que generaban facturas apócrifas, y luego volvía a través de compras simuladas a compañías vinculadas con la política y, en particular, con el Polo Obrero.
Seaccedió a cheques rendiciones ante el Ministerio de Desarrollo Social que la Justicia investiga como indicios de esta ruta del dinero. Belliboni deberá presentarse a indagatoria el próximo 25 de junio.
En menos de 10 días, el 25 de junio, Eduardo Belliboni deberá presentarse en Comodoro Py a indagatoria en el juzgado de Sebastián Casanello. El caso del Polo Obrero y su líder es el más avanzado en cuanto a las denuncias que se realizaron contra los grupos piqueteros, en las que además de haberse reunido prueba sobre extorsiones y amenazas a los beneficiarios de los planes sociales, se recopiló documentación contundente sobre el manejo de los subsidios que recibían del Estado. En ese sentido, la Justicia acumuló fuertes indicios de que el dinero salía de las arcas públicas, pasaba a través de un sistema de cooperativas y empresas fantasma con facturas truchas y cheques redirigidos, y volvía a los bolsillos de la política.
El 30 de mayo, reveló la nacion las facturas apócrifas que firmaba el propio Belliboni, pero el líder piquetero negó conocer que las empresas que le prestaban servicios o le vendían productos eran de compañías fantasma. Ahora, la nacion accedió a una serie de cheques y posteriores rendiciones al Ministerio de Desarrollo Social que lo complican todavía más, porque la firma de Belliboni aparece en diferentes segmentos del circuito de dinero. Y revela que los destinatarios finales de los fondos que se pagaban en concepto de computadoras, software y otros bienes, en realidad, no eran los supuestos vendedores, sino la empresa que está detrás de la propaganda del Partido Obrero. Estos elementos fueron incorporados como indicios de una ruta del dinero destinada a quedarse con parte del dinero de los subsidios a través de facturas apócrifas.
El recorrido es el siguiente: el dinero era transferido del Estado nacional a las cooperativas del Polo Obrero que gestionaban los planes. Estas eran la Cooperativa El Resplandor Ltda. y la Asociación Civil Polo Obrero. Luego, las cooperativas supuestamente “compraban” o “adquirían servicios” a empresas para proveer de insumos de trabajo a quienes recibían los planes. Esos pagos se realizaban con cheques a sociedades vacías como Coxtex, que la Justicia investiga como una posible usina de facturas truchas. Los cheques, sin embargo, estaban dirigidos a otras empresas que redirigieron el dinero a un destinatario final común: Ediciones e Impresiones Rumbos SRL, que está detrás del semanario Prensa Obrera y tiene domicilio fiscal en la sede oficial del Partido Obrero.
Por ejemplo, el 4 de noviembre de 2021, Coxtex SA emitió una factura B a la Asociación Civil Polo Obrero por un monto total de $3.644.418, por los siguientes productos: 12 notebooks Lenovo Ideada S 340 gris 15.6 Intelcore 15; 11 softwares Pro Tools Perpetual (descriptos en páginas que lo venden como sistemas de producción de audio para artistas, productores musicales y profesionales del sonido para elaborar música, películas y programas de televisión), y cuatro parlantes inalámbricos Como 700 Sony. Fue rendida a Desarrollo Social con la firma de su presidente, el líder piquetero Eduardo Belliboni.
Esa compra se pagó, según el recibo que el dirigente también envió con su sello a las oficinas del Estado, con ocho cheques. Uno de ellos, identificado con los últimos tres dígitos 712, fue librado a favor de una tercera sociedad, Makosen SRL, con la firma también de Belliboni. Esta empresa, posteriormente, hizo una factura a favor de Ediciones e Impresiones Rumbos SRL por “gestión de campaña online” y “proveedores medios web”, por el mismo monto que recibió del Polo Obrero, y transfirió el dinero a la sociedad detrás del Partido Obrero.
Lo mismo ocurrió con la Cooperativa El Resplandor. El mismo día que el caso anterior, se emitió otra factura, tipo A, por un monto de $1.815.000, por seis de las mismas notebooks y cinco softwares de producción audiovisual. A esa factura se le asoció un cheque por $1.500.000, mientras que los $315.000 restantes no se explica como se pagaron. Luego, se usó el mismo mecanismo. El cheque fue librado a Makosen SRL por $1,5 millones y facturado luego a Ediciones e Impresiones Rumbos SRL por un monto incluso inferior, de $1.070.000. No queda claro que pasó con el dinero que se “perdió” en el pasamanos.
Coxtex SA, la empresa fantasma que intermedió en estas operaciones, fue fundada por Luis Alexander Pichuaga (canadiense) y María Soledad Vega, dos personas de bajos recursos que, según los testimonios recopilados hasta el momento en la investigación, fueron abordados por facilitadores profesionales que, a cambio de su nombre, les daban pequeños montos de dinero. Ellos tenían que hacer tramites en bancos y poner la firma en documentos, pero desconocían exactamente de qué se trataba.
Como reveló la nacion, las direcciones, los escribanos y abogados que figuran detrás de estas sociedades han aparecido en otros casos de lavado de dinero y evasión fiscal. Los domicilios fiscales de estas empresas, sorpresivamente, llevan a otras personas relacionadas con casos de facturas apócrifas y con vínculos con la política, como Franco Bindi, abogado cercano a Lázaro Báez y Leonardo Fariña y Norman Próspero, detenido por el caso de Leonardo Cositorto por estafa. Los profesionales alrededor de los documentos firmados, como Juan Bautista Derrasaga y Ana Palesa, fueron acusados de constituir sociedades fantasmas con personas en situación de vulnerabilidad para armar “pantallas” en tramas como Carbón Blanco, personas involucradas en los Panamá Papers y en el círculo de empresarios vinculados al condenado extitular de la AFIP Ricardo Echegaray.
Lo llamativo es que Pichuaga y Vega tienen más sociedades juntos. Coxtex no sería ni siquiera la que más facturación tuvo en los últimos años y el Polo Obrero no fue el único cliente. Las otras tres empresas se llaman Ciriaco Shoes SRL, Recinsur SA y VSP Consulting SA.
La semana pasada, el juez Casanello ordenó una serie de allanamientos alrededor de estas sociedades, incluidas imprenta y un departamento del piso 12 de la calle Maipú 311, un edificio de oficinas que estuvo en la mira judicial en otras causas por lavado de activos, “cuevas” financieras, evasión tributaria y facturas truchas asociadas a, entre otros, los financistas Ernesto Clarens y Guillermo Greppi.
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La Justicia intima al Gobierno a explicar sus nexos con la OEI
La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que rastrea irregularidades en el Estado, apunta a tener el mapa completo del sistema de contratación externo
Federico González del Solar
Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano x
El vínculo del Estado con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) está bajo la mira de la Justicia. La controversia por presuntas “irregularidades” en la contratación de personal dentro de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, dependiente del Ministerio de Capital Humano, generó un cisma político en el Gobierno y disparó distintas líneas de investigación que buscan echar luz sobre un sistema de contratación que quedó teñido por la sospecha.
En paralelo a la investigación que encabeza el fiscal Ramiro González –que en las últimas horas solicitó información adicional a la OEI, el organismo internacional que quedó envuelto en la controversia por las contrataciones–, una dependencia del Ministerio Público Fiscal impulsa otra pesquisa, más amplia, que apunta a tener el mapa completo del vínculo que el Estado tejió con la OEI en los últimos años.
La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), un organismo con amplias facultadas para promover, acompañar o iniciar investigaciones, puso la lupa sobre el conjunto de las contrataciones que el Estado realizó a través del organismo. Su interés excede por largo los presuntos contratos fantasma de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. Por eso, solicitó información a más de una decena de organismos estatales que contrataron personal con la OEI como intermediaria.
La Jefatura de Gabinete y su Consejo Asesor, el Ministerio de Capital Humano, las secretarías de Educación, Obras Públicas, Innovación, Ciencia y Tecnología, y Desarrollo Cultural, junto con la Anses, la Sedronar, la Agencia de Acceso a la Información Pública, el Ente de Obras Hídricas, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y la Comisión de Bibliotecas Populares deberán atender las inquietudes de Sergio Rodríguez, el fiscal al frente de la PIA.
Todas ellas fueron intimadas a facilitar información relativa a los vínculos que forjaron con la OEI: deberán precisar la cantidad de contratos efectuados, entregar los convenios que los posibilitaron –junto las actas complementarias–, informar sobre los flujos de dinero, y explicar las motivaciones detrás de la incorporación de nuevos empleados a través de este mecanismo. La investigación abarca también a la anterior gestión.
Por ahora, salvo excepciones, los organismos han suministrado la información solicitada y la PIA, según confiaron fuentes judiciales, contaría con algunos números parciales que dan cuenta –tentativa– del alcance de un sistema que ganó notoriedad a partir de una decena de contratos en la Secretaría de Niñez.
En paralelo, la PIA solicitó a Capital Humano la apertura de dos sumarios administrativos: uno por los alimentos almacenados en los depósitos y otro a raíz del cuestionado mecanismo de contratación. La cartera que lidera Sandra Pettovello, que sí aportó información sobre los contratos, todavía no reaccionó ante este otro pedido de la PIA y está retrasada con la entrega. Una vez iniciados los sumarios, deberán ser girados a la Procuraduría.
En tanto, el fiscal González, que investiga específicamente el nexo entre Capital Humano y la OEI, solicitó a este último un plexo de información sobre los contratos nacidos bajo la gestión libertaria: el convenio macro que posibilitó realizar las contrataciones, las actas complementarias que instrumentaron su ejecución, la cantidad de contratos realizados, la certificación de servicios de los prestadores y los datos personales de estos, junto con la cantidad de erogaciones realizadas. La OEI, cuyo director en la Argentina es Luis Scasso, se puso a disposición.
Los claroscuros
El sistema exhibe muchos puntos que generan dudas en los investigadores. El vértice más oscuro, donde puso el ojo el fiscal González y que junto a la polémica de los galpones culminó en la salida de Pablo de la Torre de la Secretaría de Niñez, tiene que ver con la presunta existencia de una caja negra alimentada a través de contratos fantasma que motorizaba la OEI a pedido del ministerio.
La posibilidad de que estas dependencias hayan utilizado estas contrataciones externas como un mecanismo de sobresueldos también es contemplada por los investigadores. Funcionarios con cargos oficializados podrían haber recibido, a través de un contrato OEI, un sueldo adicional para engrosar sus haberes.
Otro punto a esclarecer –similar al anterior– es de la superposición de haberes. Tal como contó cuando el Estado, como paso previo a una designación, contrata a un trabajador de manera temporal, al efectuarse el nombramiento oficial se lo realiza –usualmente– de manera retroactiva, pero al hacerlo se deducen los meses trabajados bajo contrato temporal, de manera que el trabajador no cobre dos veces por el mismo trabajo. Cuando, por el contrario, es un organismo internacional el que realiza la contratación temporal previa a una designación, esta deducción no es posible ya que la trazabilidad del vínculo se pierde. Según pudo averiguar este medio, las designaciones de algunos trabajadores contratados por la OEI se hicieron de manera retroactiva.
Como estos contratos externos no dejan huella dentro de la administración pública, la incorporación de agentes a través de esta modalidad puede sortear la definición -que se mantiene desde la gestión anterior- de agrandar la planta del Estado por debajo de las direcciones generales.
El vínculo del Estado con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) está bajo la mira de la Justicia. La controversia por presuntas “irregularidades” en la contratación de personal dentro de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, dependiente del Ministerio de Capital Humano, generó un cisma político en el Gobierno y disparó distintas líneas de investigación que buscan echar luz sobre un sistema de contratación que quedó teñido por la sospecha.
En paralelo a la investigación que encabeza el fiscal Ramiro González –que en las últimas horas solicitó información adicional a la OEI, el organismo internacional que quedó envuelto en la controversia por las contrataciones–, una dependencia del Ministerio Público Fiscal impulsa otra pesquisa, más amplia, que apunta a tener el mapa completo del vínculo que el Estado tejió con la OEI en los últimos años.
La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), un organismo con amplias facultadas para promover, acompañar o iniciar investigaciones, puso la lupa sobre el conjunto de las contrataciones que el Estado realizó a través del organismo. Su interés excede por largo los presuntos contratos fantasma de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. Por eso, solicitó información a más de una decena de organismos estatales que contrataron personal con la OEI como intermediaria.
La Jefatura de Gabinete y su Consejo Asesor, el Ministerio de Capital Humano, las secretarías de Educación, Obras Públicas, Innovación, Ciencia y Tecnología, y Desarrollo Cultural, junto con la Anses, la Sedronar, la Agencia de Acceso a la Información Pública, el Ente de Obras Hídricas, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y la Comisión de Bibliotecas Populares deberán atender las inquietudes de Sergio Rodríguez, el fiscal al frente de la PIA.
Todas ellas fueron intimadas a facilitar información relativa a los vínculos que forjaron con la OEI: deberán precisar la cantidad de contratos efectuados, entregar los convenios que los posibilitaron –junto las actas complementarias–, informar sobre los flujos de dinero, y explicar las motivaciones detrás de la incorporación de nuevos empleados a través de este mecanismo. La investigación abarca también a la anterior gestión.
Por ahora, salvo excepciones, los organismos han suministrado la información solicitada y la PIA, según confiaron fuentes judiciales, contaría con algunos números parciales que dan cuenta –tentativa– del alcance de un sistema que ganó notoriedad a partir de una decena de contratos en la Secretaría de Niñez.
En paralelo, la PIA solicitó a Capital Humano la apertura de dos sumarios administrativos: uno por los alimentos almacenados en los depósitos y otro a raíz del cuestionado mecanismo de contratación. La cartera que lidera Sandra Pettovello, que sí aportó información sobre los contratos, todavía no reaccionó ante este otro pedido de la PIA y está retrasada con la entrega. Una vez iniciados los sumarios, deberán ser girados a la Procuraduría.
En tanto, el fiscal González, que investiga específicamente el nexo entre Capital Humano y la OEI, solicitó a este último un plexo de información sobre los contratos nacidos bajo la gestión libertaria: el convenio macro que posibilitó realizar las contrataciones, las actas complementarias que instrumentaron su ejecución, la cantidad de contratos realizados, la certificación de servicios de los prestadores y los datos personales de estos, junto con la cantidad de erogaciones realizadas. La OEI, cuyo director en la Argentina es Luis Scasso, se puso a disposición.
Los claroscuros
El sistema exhibe muchos puntos que generan dudas en los investigadores. El vértice más oscuro, donde puso el ojo el fiscal González y que junto a la polémica de los galpones culminó en la salida de Pablo de la Torre de la Secretaría de Niñez, tiene que ver con la presunta existencia de una caja negra alimentada a través de contratos fantasma que motorizaba la OEI a pedido del ministerio.
La posibilidad de que estas dependencias hayan utilizado estas contrataciones externas como un mecanismo de sobresueldos también es contemplada por los investigadores. Funcionarios con cargos oficializados podrían haber recibido, a través de un contrato OEI, un sueldo adicional para engrosar sus haberes.
Otro punto a esclarecer –similar al anterior– es de la superposición de haberes. Tal como contó cuando el Estado, como paso previo a una designación, contrata a un trabajador de manera temporal, al efectuarse el nombramiento oficial se lo realiza –usualmente– de manera retroactiva, pero al hacerlo se deducen los meses trabajados bajo contrato temporal, de manera que el trabajador no cobre dos veces por el mismo trabajo. Cuando, por el contrario, es un organismo internacional el que realiza la contratación temporal previa a una designación, esta deducción no es posible ya que la trazabilidad del vínculo se pierde. Según pudo averiguar este medio, las designaciones de algunos trabajadores contratados por la OEI se hicieron de manera retroactiva.
Como estos contratos externos no dejan huella dentro de la administración pública, la incorporación de agentes a través de esta modalidad puede sortear la definición -que se mantiene desde la gestión anterior- de agrandar la planta del Estado por debajo de las direcciones generales.
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