La trampa del despilfarro
Detrás de las medidas
Carlos Pagni
Las tensiones derivadas de un angustiante inventario de ajustes, que intoxican el clima de estas Fiestas, amenazan con tender un velo sobre el problema central que afecta al país. Es un problema sobre el que abundaron las advertencias a lo largo de, por lo menos, los últimos diez años.
Sin embargo, cuando esos vaticinios se verifican, lo que resultaba evidente queda disimulado debajo de una capa de anécdotas inquietantes. La cuestión es bastante clara: el gasto público, que a comienzos del ciclo kirchnerista representaba el 22% del producto bruto, se expandió hasta convertirse en el 42% en 2015. Durante la gestión de Mauricio Macri, sobre todo en la etapa del fiscalista Nicolás Dujovne, se retrajo a un 36%. Pero Alberto Fernández volvió a impulsarlo hasta 39%. Jubilaciones, empleos y subsidios representan el 85% de ese incremento. Para solventar esa hipertrofia se recurrió a una batería de impuestos distorsivos, un endeudamiento insostenible, y una emisión monetaria exorbitante. Es difícil, acaso imposible, encontrar un antecedente internacional para un proceso de despilfarro de esa dimensión en un lapso equivalente. Así se construyó la trampa en la que están atrapados los argentinos.
Así se construyó la trampa en la que está atrapado Javier Milei. Anoche el Presidente comunicó el contenido de su ambicioso programa de liberalización económica, que se proyecta sobre infinidad de negocios constituidos sobre la base de las protecciones del Estado. Es una iniciativa de gran alcance, que intenta revertir una inercia de muchas décadas, y que será controvertida desde el punto de vista legislativo y judicial. Hizo bien en encomendarla a “las fuerzas del cielo”. Una señal de realismo. Con el paso de los días se sabrá con más claridad si se trata de un programa que está entre las prioridades de Milei o si, por ahora, constituye una declaración de principios destinada a satisfacer a una parte de sus votantes mientras encara las dificultades más urgentes.
La demagogia kirchnerista, consistente en una propensión irresponsable a sacrificar el futuro en el altar del presente, fue denunciada infinidad de veces. Como aquel Juan Perón de los años 40, pero con muchísimo menos talento y pragmatismo, Cristina y Néstor Kirchner soñaron construir un imperio de mil años sobre una bonanza que no llegó a durar mucho más que un lustro. Las inconsistencias que se fueron acumulando para disimular esa ficción pusieron a la sociedad en una situación calamitosa. Inflación del 200% con tendencia a acelerarse, el Banco Central sometido a un vaciamiento, pobreza superior al 40%. Estas miserias se multiplicaron a la sombra de una bandera: detrás de cada necesidad hay un derecho. Al borde de la hiperinflación, ahora los herederos del kirchnerismo deben lidiar con una consigna menos confortable: detrás de cada recorte hay un reclamo. El peronismo tiene mil maneras de hacer oposición. Pero entre todas hay una que es la más perversa: la herencia que deja.
Milei y su equipo deben ahora desactivar una bomba peligrosa. Y se encuentran con restricciones evidentes. Cada beneficio que retire genera un dolor. En el Congreso y la Justicia aparecen restricciones. Esas dificultades pueden volverse, por momentos, delirantes. Un ejemplo: el reclamo de los gobernadores que, para ganar las elecciones con Sergio Massa, avalaron un reducción sus ingresos por la vía de una reducción al impuesto a las Ganancias, que ahora quiere revocar. Más sencillo: anteayer le pidieron a Milei que les devuelva los fondos a los que ellos renunciaron para que Massa le pudiera ganar a Milei.
El primer plano de la agenda colectiva es ocupado día a día por las consecuencias de algunas de estas grandes distorsiones. En las últimas horas le tocó a la relación con las organizaciones sociales y sus movilizaciones de protesta. El conflicto tiene dimensiones reales y simbólicas. El Gobierno asigna singular importancia a estas últimas. Minucioso en la administración de su imagen, Milei se mostró ayer al frente de un centro de monitoreo de la Policía Federal. En el afán por divulgar las fotos de esa escena se filtró la clave de wifi de esa fuerza de seguridad.
La asistencia al Departamento Central de la avenida Belgrano fue una señal del interés de Milei por, junto a Patricia Bullrich, sostener el mensaje de orden en las calles. Sobre todo, cuando está en curso un plan de ajuste. Esa preocupación se manifestó también en un detalle significativo. El Presidente se aseguró el control personal de la conducción de las fuerzas de Seguridad. En especial en el caso de la Federal, cuyo jefe fue seleccionado antes de la designación de Bullrich como ministra. Se trata del comisario general Luis Rollé, quien mantiene una antigua relación con los ejecutivos de Aeropuertos Argentina 2000, la empresa en la que trabajó Milei y de la que proviene buena parte de su staff. Rollé estuvo al frente de la Superintendencia de Aviación de la policía, que opera en un hangar donado en su momento por Eduardo Eurnekian.
La presencia de Milei en el cuartel indicó su interés por desbaratar el desafío de las organizaciones sociales, al que el oficialismo se refiere por su vieja denominación: organizaciones piqueteras. También señaló el límite que enfrenta el Gobierno para hacer frente a ese reto. La seguridad urbana corresponde, en la ciudad de Buenos Aires, a la Policía Metropolitana, que depende de Jorge Macri y su ministro Waldo Wolf. En el caso de la provincia, el responsable es Axel Kicillof y el ministro Javier Alonso. En la distribución de competencias, anteayer se acordó que Bullrich y sus uniformados sólo podrían intervenir en el espacio federal. Como se trataría sólo del Río de la Plata, les correspondería sólo monitorear los puentes.
Antes de iniciar su despliegue, los líderes de las organizaciones sociales habían recibido ayer un mensaje pacificador del gobierno porteño: “No queremos conflicto. Para evitar que se corten las calles vamos a delimitar un canal para que se desplacen”. Fue el método que se siguió durante casi toda la tarde, hasta que los manifestantes ingresaron en Diagonal Sur y Diagonal Norte. Allí ocuparon todos los carriles y desencadenaron algunos enfrentamientos que terminaron con militantes detenidos. Jorge Macri se ufanó al final de la tarde, después de asegurarse que la jornada había sido incruenta, de que “cambió la lógica de quien controla la calle”. “¿Hacía falta hacer leña del árbol caído, pobre Horacio?”, preguntó un gracioso, aludiendo a las viejas polémicas de la derecha macrista con el alcalde Horacio Rodríguez Larreta. El gracioso fue también hiriente: la metáfora del árbol caído no es la más convenienteparaelgobiernodeJorge Macri en estos días, cuando muchas calles siguen cortadas, más que por manifestantes, por troncos y ramas.
El nuevo alcalde va tomando distancia de las gestiones anteriores. Controla el pasaje de responsabilidades de Edgardo Cenzón a Ezequiel Sabor, la más delicada de las transiciones, y también gana autonomía frente a los radicales del distrito, coríodo mandados por Emiliano Yacobitti y Martín Lousteau. Estos dirigentes encabezaron una cumbre el pasado 15, a propósito del cumpleaños de Yacobitti, diputado nacional y vicerrector de la Universidad de Buenos Aires. Los invitados pensaron que, siguiendo una tradición partidaria, serían convocados al Club del Progreso. Pero la fiesta se hizo en Roldán, la catedral del massismo que pertenece a José Luis Manzano y Daniel Vila. Allí estuvieron, entre otros allegados, el binguero Daniel Angelici; el próspero Felipe de Miguel, exjefe de Gabinete de Larreta; y el exespía Antonio “Jaime” Stiuso, quien se ha convertido en alegrante de este tipo de reuniones, en las que le celebran los relatos de antiguas hazañasdelsubmundo.Elgrupoque encabezan Yacobitti y Lousteau se llama Evolución. ¿A qué se referirá?
La pregunta ayer era otra, más relevante: ¿los detenidos en Diagonal Norte serán beneficiarios de planes sociales? ¿Les serán cancelados? Ayer la controversia por la identificación y sanción a los que corten el tránsito quedó en un discreto segundo plano. Es un aspecto del debate que se presta al sarcasmo. Ayer desde el entorno de Milei se siguió divulgando un discurso de Cristina Kirchner, pronunciado en 2014, en el que la entonces Presidenta reclamaba un acuerdo político para garantizar el derecho a la circulación con un énfasis digno de Bullrich. Los piqueteros, por su parte, exhumaron una foto de la ministra de Seguridad participando de una marcha que bloqueaba una avenida durante el gobierno de la señora de Kirchner. La paradoja cubre todo. ¿O el proveedor de las cámaras que permiten el reconocimiento facial de los que cometen contravenciones no son provistas por Mario Montoto, santo patrono del Movimiento Evita? Es habitual que sea Montoto el encargado de presentar a su viejo compañero montonero, Emilio Pérsico, y a Fernando “Chino” Navarro, a los funcionarios no peronistas recién incorporados a la administración. Así fue en los gobiernos de Macri y de María Eugenia Vidal. Más allá de esas casualidades, que corroboran un diagnóstico que Milei parecer ir abandonando, el de una casta transversal afincada en el presupuesto del Estado, el método que pretende adoptar el plan oficial ofrece algunas dudas. Por ejemplo, la que plantea el carácter privado, sujeto a garantías, de datos como la imagen personal.
El debate sobre prestaciones del plan Potenciar Trabajo, que asigna 75.000 pesos por mes a los integrantes de cooperativas que responden a movimientos piqueteros, sacó de foco otra desviación, menos conocida pero, acaso, más escandalosa. La del increíble caudal de fondos públicos que se ha venido volcando en entidades del más diverso tipo. En el primer semestre de este año, la administración Fernández repartió entre Asociaciones Sociales, a través de distintas dependencias del Estado, 2.318.486.167 pesos. Si se considera un tipo de cambio promedio de 212 pesos por dólar, se trata de 10.940.704 dólares. Encabezan la lista la Asociación Civil “El Amanecer de los Cartoneros”, que cobró en esos seis meses más de 1 millón de dólares, o 219 millones de pesos, y la Asociación “Abuelas de Plaza de Mayo”, que recibió en el mismo peen 999.199 dólares, o 211 millones de pesos.
En el rubro cooperativas, Fernández fue más generoso. Entregó 6.702.402.866 pesos en 6 meses, que es el equivalente a 31.627.968 dólares. La depositaria de la suma más importante fue la cooperativa Manos Berissenses, a la que le asignaron en ese semestre 2.730.476 dólares o su equivalente de 578.625.600 pesos. La organización ganó notoriedad por haber provisto al Ministerio de Desarrollo Social, dirigido por Victoria Tolosa Paz, en una adjudicación directa, 20.000 frazadas de dos plazas a casi 10.000 pesos cada una. La Cooperativa Los Pitufos, también proveedora del mismo ministerio, entró segunda en el reparto con 1.706.548 dólares, o el equivalente de 361.641.000 pesos. La mayoría de estas organizaciones es conducida por líderes piqueteros o, en general, por dirigentes ligados al kirchnerismo.
¿Habrá revisiones, auditorías o recortes en estos desembolsos? El itinerario de la motosierra de Milei es enigmático. Por ejemplo, entre las iniciativas del plan de desregulación de Federico Sturzenegger, anunciado anoche, está la de convertir a en sociedades anónimas a las empresas públicas que son sociedades del Estado. Sería un modo de ahorrar recursos. Sin embargo, cuando se analizan las cuentas disponibles, se advierte que más del 70% de los subsidios del Tesoro a empresas públicas se dirige a sociedades anónimas. Enarsa, que se encarga de importaciones de gas, Aerolíneas y AySA son las más demandantes de recursos.
El plan que anoche Milei comunicó Milei incluye un pedido de permiso al Congreso para privatizar algunas de esas compañías. El programa avanza sobre algunas opacas fortalezas del sistema político, como el Registro Nacional Automotor. Otras fuentes de financiamiento de “la casta” no aparecen siquiera mencionadas: por ejemplo, deroga las promociones industriales, pero calla ante el controvertido régimen de promoción de Tierra del Fuego. Tampoco menciona el medio centenar de fondos fiduciarios que han servido para montar el negocio de una economía paralela basada en el presupuesto público.
En todo este paisaje, AySA, que es una SA, tiene una gran significación particular. Allí echaron raíces los Massa, sobre todo Malena Galmarini. La sucesión en esa compañía ha sido materia de un pacto de Massa con Milei. Alguien que conoce bien ese aspecto de la transición, explica: “Sergio pidió que allí vaya alguien que no persiga a Malena, y se lo concedieron”. Es una de las razones por las que ha habido tantas dificultades para encontrar un presidente de la compañía. Al final aceptó Marcelo Papandrea. No es un amigo de Massa, pero proviene de las empresas de Jorge Brito, fallecido padrino del ex ministro de Economía. Al parecer, Papandrea sabe que ingresó a un campo minado. Tal vez por eso quiso asegurarse que la responsabilidad por lo sucedido en el pasado radique otra instancia: Nicolás Posse, el jefe de Gabinete, encargó una auditoría sobre AySA. Es un trabajo delicado por distintas razones. Entre ellas, una escandalosa licitación de insumos químicos que benefició a Mauricio Filiberti, quien calzaría a la perfección en el identikit de “empresario prebendario” que agitaba Milei en la campaña. Filiberti, “Mauri” para los Massa, hizo una fortuna descomunal como proveedor privilegiado de la compañía. El otro escándalo que podría traer algún dolor de cabeza a los auditores es el de la compra de vehículos por 25 millones de dólares. Los Massa están tranquilos en ese frente: el juez que “investiga” el caso es el controvertido Ariel Lijo. ¿Sabrá Lijo que los utilitarios comprados por Galmarini todavía no fueron entregados? ¿Lo sabrán los auditores? Por las dudas, el sindicalista-espía, José Luis Lingeri, hace correr la versión de que en una comida de despedida tuvo un gran encontronazo con la esposa de Massa. Se ve que Filiberti, casi un socio del gremialista, no pudo conciliarlos. Valiente al final de todos los mandatos, Lingeri intenta, por enésima vez en su opulenta vida, cruzar el Jordán. Experto en aguas.
El común de los gremialistas tiene, en rigor, otros problemas. En los últimos días gastaron horas eternas en revisar el mega-DNU que presentó anoche el Presidente, con un sinfín de cambios regulatorios. Los dirigentes de la CGT consiguieron salvar el convenio por rama de actividad, es decir, que no se descentralice la negociación colectiva con una habilitación a que se realice por empresa. Rescatarontambiénlaultraactividad de esos convenios: dicho de otro modo, que no queden cancelados cuando vence su plazo de vigencia. Pero no pudieron evitar que se proyecten cambios en el régimen de las obras sociales, sus eternas “cajas”. Mientras negocianconlosfuncionariosdeTrabajo, los líderes de la CGT hacen estudiar la viabilidad de ese Decreto de Necesidad y Urgencia ómnibus. Ayer celebraron las advertencias de Vilma Ibarra, quien señaló lo que muchos especialistas vienen observando: que para que un DNU sea convalidado por el Congreso y la Justicia, debe estarfundadalanecesidadylaurgencia de su dictado. Un requisito difícil de satisfacer cuando la medida incluye infinidad de cambios normativos. Es un problema para el procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, y también para María Ibarzábal, administrativista del estudio Cassagne, responsable de monitorear la viabilidad judicial de la compleja iniciativa lanzada anoche. Es la hermana de José Luis Ibarzábal, quien quedó al frente de Parques Nacionales,elcargoqueocupósusuegro Eugenio Bréard durante la gestión Macri.Ibarzábalpertenecealoquese hadenominado“GrupoCumelén”:es una cofradía de funcionarios ligados al poderoso asesor Santiago Caputo, “El Mago del Kremlin”.
Ese animal de mil cabezas que es el peronismo aparece también en el frente federal. Milei participó durante tres horas de la reunión con los gobernadores, que integran un club dominado por ese partido. Varios confesaron al salir del encuentro su sorpresa por la firmeza y la tranquilidad que advirtieron en el mandatario. Inclusive cuando quedó expuesto a los reproches de Axel Kicillof, quien creyó necesario acla
La sucesión en AySA ha sido materia de un pacto de Massa con Milei
lo obvio: que tiene diferencias conceptuales con el Presidente.
El centro de la discusión con las provincias es la recaudación de Ganancias, recortada por la reforma impulsada por Massa y sus víctimas, los gobernadores peronistas. Milei y el ministro del Interior, Guillermo Francos, sugirieron a sus interlocutores que restauren desde el Congreso la vieja alícuota recortada por Massa. Nadie, tampoco el Poder Ejecutivo, quiere hacerse cargo de ese costo, que supone recortar los salarios en un momento en que la altísima inflación se encarga de licuarlos. Quedó en carpeta, por lo tanto, estudiar un aumento del Impuesto a los Combustibles que representa, por ejemplo, el 17% del precio del gasoil. ¿Es la contrapartida para la aprobación del DNU? A la luz del fervoroso discurso que anoche pronunció el Presidente, el aumento de un nuevo gravamen suena mucho más grave e incoherente. Retenciones, impuesto país. ¿Ahora combustibles? Gran victoria de la maldita casta.
La ingeniería fiscal que está sobre la mesa federal debe ser compatible con un nuevo programa con el Fondo Monetario Internacional. Es la posibilidad que asoma después de la visita de los funcionarios del Tesoro de los Estados Unidos Jay Schambaugh y Michael Kaplan. Hay que prestar atención al segundo, íntimo amigo de Luis “Toto” Caputo desde hace muchos años. Schambaugh mantuvo todo tipo de reuniones. Pero, al parecer, hubo una decisiva: la que mantuvo con Paolo Rocca y Alejandro Bulgheroni. Al parece estos empresarios fueron los más persuasivos para que comience a analizarse una posibilidad muy desafiante: que con el nuevo programa haya una ampliación de 15.000 millones de dólares de la ayuda a la Argentina. Se trata de un variable crucial para el propósito de levantar el cepo y habilitar una unificación cambiaria sin la cual es imposible que la economía pueda adquirir alguna normalidad.
Ese alivio todavía tiene, como el decreto de Milei, un rango utópico. En cambio, hay una relación clave para el Gobierno que parece estar normalizándose. Es el vínculo con China: contra lo que afirmaron anteayer algunas versiones, el embajador Wan Wei viajó a Pekín para tomarse vacaciones. Antes de hacerlo, dejó una aclaración a sus interlocutores habituales: “La relación con China no se ha modificado respecto de la que manteníamos con el gobierno de Fernández”. Una información clave para el destino del swap de monedas. Un problema menos para Milei, en su tarea de desmontar la trampa kirchnerista.
Las tensiones derivadas de un angustiante inventario de ajustes, que intoxican el clima de estas Fiestas, amenazan con tender un velo sobre el problema central que afecta al país. Es un problema sobre el que abundaron las advertencias a lo largo de, por lo menos, los últimos diez años.
Sin embargo, cuando esos vaticinios se verifican, lo que resultaba evidente queda disimulado debajo de una capa de anécdotas inquietantes. La cuestión es bastante clara: el gasto público, que a comienzos del ciclo kirchnerista representaba el 22% del producto bruto, se expandió hasta convertirse en el 42% en 2015. Durante la gestión de Mauricio Macri, sobre todo en la etapa del fiscalista Nicolás Dujovne, se retrajo a un 36%. Pero Alberto Fernández volvió a impulsarlo hasta 39%. Jubilaciones, empleos y subsidios representan el 85% de ese incremento. Para solventar esa hipertrofia se recurrió a una batería de impuestos distorsivos, un endeudamiento insostenible, y una emisión monetaria exorbitante. Es difícil, acaso imposible, encontrar un antecedente internacional para un proceso de despilfarro de esa dimensión en un lapso equivalente. Así se construyó la trampa en la que están atrapados los argentinos.
Así se construyó la trampa en la que está atrapado Javier Milei. Anoche el Presidente comunicó el contenido de su ambicioso programa de liberalización económica, que se proyecta sobre infinidad de negocios constituidos sobre la base de las protecciones del Estado. Es una iniciativa de gran alcance, que intenta revertir una inercia de muchas décadas, y que será controvertida desde el punto de vista legislativo y judicial. Hizo bien en encomendarla a “las fuerzas del cielo”. Una señal de realismo. Con el paso de los días se sabrá con más claridad si se trata de un programa que está entre las prioridades de Milei o si, por ahora, constituye una declaración de principios destinada a satisfacer a una parte de sus votantes mientras encara las dificultades más urgentes.
La demagogia kirchnerista, consistente en una propensión irresponsable a sacrificar el futuro en el altar del presente, fue denunciada infinidad de veces. Como aquel Juan Perón de los años 40, pero con muchísimo menos talento y pragmatismo, Cristina y Néstor Kirchner soñaron construir un imperio de mil años sobre una bonanza que no llegó a durar mucho más que un lustro. Las inconsistencias que se fueron acumulando para disimular esa ficción pusieron a la sociedad en una situación calamitosa. Inflación del 200% con tendencia a acelerarse, el Banco Central sometido a un vaciamiento, pobreza superior al 40%. Estas miserias se multiplicaron a la sombra de una bandera: detrás de cada necesidad hay un derecho. Al borde de la hiperinflación, ahora los herederos del kirchnerismo deben lidiar con una consigna menos confortable: detrás de cada recorte hay un reclamo. El peronismo tiene mil maneras de hacer oposición. Pero entre todas hay una que es la más perversa: la herencia que deja.
Milei y su equipo deben ahora desactivar una bomba peligrosa. Y se encuentran con restricciones evidentes. Cada beneficio que retire genera un dolor. En el Congreso y la Justicia aparecen restricciones. Esas dificultades pueden volverse, por momentos, delirantes. Un ejemplo: el reclamo de los gobernadores que, para ganar las elecciones con Sergio Massa, avalaron un reducción sus ingresos por la vía de una reducción al impuesto a las Ganancias, que ahora quiere revocar. Más sencillo: anteayer le pidieron a Milei que les devuelva los fondos a los que ellos renunciaron para que Massa le pudiera ganar a Milei.
El primer plano de la agenda colectiva es ocupado día a día por las consecuencias de algunas de estas grandes distorsiones. En las últimas horas le tocó a la relación con las organizaciones sociales y sus movilizaciones de protesta. El conflicto tiene dimensiones reales y simbólicas. El Gobierno asigna singular importancia a estas últimas. Minucioso en la administración de su imagen, Milei se mostró ayer al frente de un centro de monitoreo de la Policía Federal. En el afán por divulgar las fotos de esa escena se filtró la clave de wifi de esa fuerza de seguridad.
La asistencia al Departamento Central de la avenida Belgrano fue una señal del interés de Milei por, junto a Patricia Bullrich, sostener el mensaje de orden en las calles. Sobre todo, cuando está en curso un plan de ajuste. Esa preocupación se manifestó también en un detalle significativo. El Presidente se aseguró el control personal de la conducción de las fuerzas de Seguridad. En especial en el caso de la Federal, cuyo jefe fue seleccionado antes de la designación de Bullrich como ministra. Se trata del comisario general Luis Rollé, quien mantiene una antigua relación con los ejecutivos de Aeropuertos Argentina 2000, la empresa en la que trabajó Milei y de la que proviene buena parte de su staff. Rollé estuvo al frente de la Superintendencia de Aviación de la policía, que opera en un hangar donado en su momento por Eduardo Eurnekian.
La presencia de Milei en el cuartel indicó su interés por desbaratar el desafío de las organizaciones sociales, al que el oficialismo se refiere por su vieja denominación: organizaciones piqueteras. También señaló el límite que enfrenta el Gobierno para hacer frente a ese reto. La seguridad urbana corresponde, en la ciudad de Buenos Aires, a la Policía Metropolitana, que depende de Jorge Macri y su ministro Waldo Wolf. En el caso de la provincia, el responsable es Axel Kicillof y el ministro Javier Alonso. En la distribución de competencias, anteayer se acordó que Bullrich y sus uniformados sólo podrían intervenir en el espacio federal. Como se trataría sólo del Río de la Plata, les correspondería sólo monitorear los puentes.
Antes de iniciar su despliegue, los líderes de las organizaciones sociales habían recibido ayer un mensaje pacificador del gobierno porteño: “No queremos conflicto. Para evitar que se corten las calles vamos a delimitar un canal para que se desplacen”. Fue el método que se siguió durante casi toda la tarde, hasta que los manifestantes ingresaron en Diagonal Sur y Diagonal Norte. Allí ocuparon todos los carriles y desencadenaron algunos enfrentamientos que terminaron con militantes detenidos. Jorge Macri se ufanó al final de la tarde, después de asegurarse que la jornada había sido incruenta, de que “cambió la lógica de quien controla la calle”. “¿Hacía falta hacer leña del árbol caído, pobre Horacio?”, preguntó un gracioso, aludiendo a las viejas polémicas de la derecha macrista con el alcalde Horacio Rodríguez Larreta. El gracioso fue también hiriente: la metáfora del árbol caído no es la más convenienteparaelgobiernodeJorge Macri en estos días, cuando muchas calles siguen cortadas, más que por manifestantes, por troncos y ramas.
El nuevo alcalde va tomando distancia de las gestiones anteriores. Controla el pasaje de responsabilidades de Edgardo Cenzón a Ezequiel Sabor, la más delicada de las transiciones, y también gana autonomía frente a los radicales del distrito, coríodo mandados por Emiliano Yacobitti y Martín Lousteau. Estos dirigentes encabezaron una cumbre el pasado 15, a propósito del cumpleaños de Yacobitti, diputado nacional y vicerrector de la Universidad de Buenos Aires. Los invitados pensaron que, siguiendo una tradición partidaria, serían convocados al Club del Progreso. Pero la fiesta se hizo en Roldán, la catedral del massismo que pertenece a José Luis Manzano y Daniel Vila. Allí estuvieron, entre otros allegados, el binguero Daniel Angelici; el próspero Felipe de Miguel, exjefe de Gabinete de Larreta; y el exespía Antonio “Jaime” Stiuso, quien se ha convertido en alegrante de este tipo de reuniones, en las que le celebran los relatos de antiguas hazañasdelsubmundo.Elgrupoque encabezan Yacobitti y Lousteau se llama Evolución. ¿A qué se referirá?
La pregunta ayer era otra, más relevante: ¿los detenidos en Diagonal Norte serán beneficiarios de planes sociales? ¿Les serán cancelados? Ayer la controversia por la identificación y sanción a los que corten el tránsito quedó en un discreto segundo plano. Es un aspecto del debate que se presta al sarcasmo. Ayer desde el entorno de Milei se siguió divulgando un discurso de Cristina Kirchner, pronunciado en 2014, en el que la entonces Presidenta reclamaba un acuerdo político para garantizar el derecho a la circulación con un énfasis digno de Bullrich. Los piqueteros, por su parte, exhumaron una foto de la ministra de Seguridad participando de una marcha que bloqueaba una avenida durante el gobierno de la señora de Kirchner. La paradoja cubre todo. ¿O el proveedor de las cámaras que permiten el reconocimiento facial de los que cometen contravenciones no son provistas por Mario Montoto, santo patrono del Movimiento Evita? Es habitual que sea Montoto el encargado de presentar a su viejo compañero montonero, Emilio Pérsico, y a Fernando “Chino” Navarro, a los funcionarios no peronistas recién incorporados a la administración. Así fue en los gobiernos de Macri y de María Eugenia Vidal. Más allá de esas casualidades, que corroboran un diagnóstico que Milei parecer ir abandonando, el de una casta transversal afincada en el presupuesto del Estado, el método que pretende adoptar el plan oficial ofrece algunas dudas. Por ejemplo, la que plantea el carácter privado, sujeto a garantías, de datos como la imagen personal.
El debate sobre prestaciones del plan Potenciar Trabajo, que asigna 75.000 pesos por mes a los integrantes de cooperativas que responden a movimientos piqueteros, sacó de foco otra desviación, menos conocida pero, acaso, más escandalosa. La del increíble caudal de fondos públicos que se ha venido volcando en entidades del más diverso tipo. En el primer semestre de este año, la administración Fernández repartió entre Asociaciones Sociales, a través de distintas dependencias del Estado, 2.318.486.167 pesos. Si se considera un tipo de cambio promedio de 212 pesos por dólar, se trata de 10.940.704 dólares. Encabezan la lista la Asociación Civil “El Amanecer de los Cartoneros”, que cobró en esos seis meses más de 1 millón de dólares, o 219 millones de pesos, y la Asociación “Abuelas de Plaza de Mayo”, que recibió en el mismo peen 999.199 dólares, o 211 millones de pesos.
En el rubro cooperativas, Fernández fue más generoso. Entregó 6.702.402.866 pesos en 6 meses, que es el equivalente a 31.627.968 dólares. La depositaria de la suma más importante fue la cooperativa Manos Berissenses, a la que le asignaron en ese semestre 2.730.476 dólares o su equivalente de 578.625.600 pesos. La organización ganó notoriedad por haber provisto al Ministerio de Desarrollo Social, dirigido por Victoria Tolosa Paz, en una adjudicación directa, 20.000 frazadas de dos plazas a casi 10.000 pesos cada una. La Cooperativa Los Pitufos, también proveedora del mismo ministerio, entró segunda en el reparto con 1.706.548 dólares, o el equivalente de 361.641.000 pesos. La mayoría de estas organizaciones es conducida por líderes piqueteros o, en general, por dirigentes ligados al kirchnerismo.
¿Habrá revisiones, auditorías o recortes en estos desembolsos? El itinerario de la motosierra de Milei es enigmático. Por ejemplo, entre las iniciativas del plan de desregulación de Federico Sturzenegger, anunciado anoche, está la de convertir a en sociedades anónimas a las empresas públicas que son sociedades del Estado. Sería un modo de ahorrar recursos. Sin embargo, cuando se analizan las cuentas disponibles, se advierte que más del 70% de los subsidios del Tesoro a empresas públicas se dirige a sociedades anónimas. Enarsa, que se encarga de importaciones de gas, Aerolíneas y AySA son las más demandantes de recursos.
El plan que anoche Milei comunicó Milei incluye un pedido de permiso al Congreso para privatizar algunas de esas compañías. El programa avanza sobre algunas opacas fortalezas del sistema político, como el Registro Nacional Automotor. Otras fuentes de financiamiento de “la casta” no aparecen siquiera mencionadas: por ejemplo, deroga las promociones industriales, pero calla ante el controvertido régimen de promoción de Tierra del Fuego. Tampoco menciona el medio centenar de fondos fiduciarios que han servido para montar el negocio de una economía paralela basada en el presupuesto público.
En todo este paisaje, AySA, que es una SA, tiene una gran significación particular. Allí echaron raíces los Massa, sobre todo Malena Galmarini. La sucesión en esa compañía ha sido materia de un pacto de Massa con Milei. Alguien que conoce bien ese aspecto de la transición, explica: “Sergio pidió que allí vaya alguien que no persiga a Malena, y se lo concedieron”. Es una de las razones por las que ha habido tantas dificultades para encontrar un presidente de la compañía. Al final aceptó Marcelo Papandrea. No es un amigo de Massa, pero proviene de las empresas de Jorge Brito, fallecido padrino del ex ministro de Economía. Al parecer, Papandrea sabe que ingresó a un campo minado. Tal vez por eso quiso asegurarse que la responsabilidad por lo sucedido en el pasado radique otra instancia: Nicolás Posse, el jefe de Gabinete, encargó una auditoría sobre AySA. Es un trabajo delicado por distintas razones. Entre ellas, una escandalosa licitación de insumos químicos que benefició a Mauricio Filiberti, quien calzaría a la perfección en el identikit de “empresario prebendario” que agitaba Milei en la campaña. Filiberti, “Mauri” para los Massa, hizo una fortuna descomunal como proveedor privilegiado de la compañía. El otro escándalo que podría traer algún dolor de cabeza a los auditores es el de la compra de vehículos por 25 millones de dólares. Los Massa están tranquilos en ese frente: el juez que “investiga” el caso es el controvertido Ariel Lijo. ¿Sabrá Lijo que los utilitarios comprados por Galmarini todavía no fueron entregados? ¿Lo sabrán los auditores? Por las dudas, el sindicalista-espía, José Luis Lingeri, hace correr la versión de que en una comida de despedida tuvo un gran encontronazo con la esposa de Massa. Se ve que Filiberti, casi un socio del gremialista, no pudo conciliarlos. Valiente al final de todos los mandatos, Lingeri intenta, por enésima vez en su opulenta vida, cruzar el Jordán. Experto en aguas.
El común de los gremialistas tiene, en rigor, otros problemas. En los últimos días gastaron horas eternas en revisar el mega-DNU que presentó anoche el Presidente, con un sinfín de cambios regulatorios. Los dirigentes de la CGT consiguieron salvar el convenio por rama de actividad, es decir, que no se descentralice la negociación colectiva con una habilitación a que se realice por empresa. Rescatarontambiénlaultraactividad de esos convenios: dicho de otro modo, que no queden cancelados cuando vence su plazo de vigencia. Pero no pudieron evitar que se proyecten cambios en el régimen de las obras sociales, sus eternas “cajas”. Mientras negocianconlosfuncionariosdeTrabajo, los líderes de la CGT hacen estudiar la viabilidad de ese Decreto de Necesidad y Urgencia ómnibus. Ayer celebraron las advertencias de Vilma Ibarra, quien señaló lo que muchos especialistas vienen observando: que para que un DNU sea convalidado por el Congreso y la Justicia, debe estarfundadalanecesidadylaurgencia de su dictado. Un requisito difícil de satisfacer cuando la medida incluye infinidad de cambios normativos. Es un problema para el procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, y también para María Ibarzábal, administrativista del estudio Cassagne, responsable de monitorear la viabilidad judicial de la compleja iniciativa lanzada anoche. Es la hermana de José Luis Ibarzábal, quien quedó al frente de Parques Nacionales,elcargoqueocupósusuegro Eugenio Bréard durante la gestión Macri.Ibarzábalpertenecealoquese hadenominado“GrupoCumelén”:es una cofradía de funcionarios ligados al poderoso asesor Santiago Caputo, “El Mago del Kremlin”.
Ese animal de mil cabezas que es el peronismo aparece también en el frente federal. Milei participó durante tres horas de la reunión con los gobernadores, que integran un club dominado por ese partido. Varios confesaron al salir del encuentro su sorpresa por la firmeza y la tranquilidad que advirtieron en el mandatario. Inclusive cuando quedó expuesto a los reproches de Axel Kicillof, quien creyó necesario acla
La sucesión en AySA ha sido materia de un pacto de Massa con Milei
lo obvio: que tiene diferencias conceptuales con el Presidente.
El centro de la discusión con las provincias es la recaudación de Ganancias, recortada por la reforma impulsada por Massa y sus víctimas, los gobernadores peronistas. Milei y el ministro del Interior, Guillermo Francos, sugirieron a sus interlocutores que restauren desde el Congreso la vieja alícuota recortada por Massa. Nadie, tampoco el Poder Ejecutivo, quiere hacerse cargo de ese costo, que supone recortar los salarios en un momento en que la altísima inflación se encarga de licuarlos. Quedó en carpeta, por lo tanto, estudiar un aumento del Impuesto a los Combustibles que representa, por ejemplo, el 17% del precio del gasoil. ¿Es la contrapartida para la aprobación del DNU? A la luz del fervoroso discurso que anoche pronunció el Presidente, el aumento de un nuevo gravamen suena mucho más grave e incoherente. Retenciones, impuesto país. ¿Ahora combustibles? Gran victoria de la maldita casta.
La ingeniería fiscal que está sobre la mesa federal debe ser compatible con un nuevo programa con el Fondo Monetario Internacional. Es la posibilidad que asoma después de la visita de los funcionarios del Tesoro de los Estados Unidos Jay Schambaugh y Michael Kaplan. Hay que prestar atención al segundo, íntimo amigo de Luis “Toto” Caputo desde hace muchos años. Schambaugh mantuvo todo tipo de reuniones. Pero, al parecer, hubo una decisiva: la que mantuvo con Paolo Rocca y Alejandro Bulgheroni. Al parece estos empresarios fueron los más persuasivos para que comience a analizarse una posibilidad muy desafiante: que con el nuevo programa haya una ampliación de 15.000 millones de dólares de la ayuda a la Argentina. Se trata de un variable crucial para el propósito de levantar el cepo y habilitar una unificación cambiaria sin la cual es imposible que la economía pueda adquirir alguna normalidad.
Ese alivio todavía tiene, como el decreto de Milei, un rango utópico. En cambio, hay una relación clave para el Gobierno que parece estar normalizándose. Es el vínculo con China: contra lo que afirmaron anteayer algunas versiones, el embajador Wan Wei viajó a Pekín para tomarse vacaciones. Antes de hacerlo, dejó una aclaración a sus interlocutores habituales: “La relación con China no se ha modificado respecto de la que manteníamos con el gobierno de Fernández”. Una información clave para el destino del swap de monedas. Un problema menos para Milei, en su tarea de desmontar la trampa kirchnerista.
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Los aliados evalúan la letra chica; el PJ se opone
Kicillof, los diputados kirchneristas y la CGT cuestionaron el “avasallamiento” de derechos; Pro celebró los cambios, pero sus socios cuestionaron el método
Matías Moreno
Mitad de un salario mínimo. Además, es un indicador para el trabajo informal y para actividades que no están sindicalizadas en jornadas laborales de ocho horas. Participarán las principales cámaras empresarias y las tres centrales obreras.
Consejo del Salario
El secretario de Trabajo está a la espera de dos señales para oficializar la convocatoria. La primera es que se confirme mediante decreto presidencial o resolución ministerial que el monto del Potenciar Trabajo no será más actualizado automáticamente con el salario mínimo. Así se había establecido durante la gestión de Mauricio Macri como un gesto a los movimientos sociales aliados, por lo que se fijó así el salario social complementario en un 50% de lo que resultaba el salario vital y móvil. Esta decisión de dejar de lado a los beneficiarios del Potenciar Trabajo va en línea con la política de licuación salarial que anunció la semana pasada el ministro Caputo.
La segunda señal que espera Yasin es la luz verde de Sandra Pettovello, la ministra de Capital Humano, que tiene dentro de su órbita Trabajo y Desarrollo Social. De hecho hubo ayer intercambios entre Yasin y Pablo de la Torre, el secretario del área, sobre el futuro de los planes. Por disposición de la gestión del Frente de Todos, a partir del 1° de enero de 2024, los 1.200.000 beneficiarios de los Potenciar Trabajo y su presupuesto correspondiente deberían estar bajo el radar de la cartera laboral. Esta medida podría prorrogarse hasta marzo o abril. Así lo evalúan fuentes oficiales que ya pusieron en marcha una suerte de auditoría de los beneficiarios y los movimientos sociales, algunos de ellos, protagonistas ayer de la primera movilización en contra del ajuste de Javier Milei.
El peronismo se apresuró ayer a anticipar su rechazo al megadecreto de necesidad y urgencia de Javier Milei, que apunta a desregular la economía y eliminar trabas a las inversiones. En contrapartida, en Juntos por el Cambio surgieron diferentes reacciones frente a los nuncios: mientras dirigentes del ala dura de Pro celebraron las modificaciones, desde la UCR, la Coalición Cívica y Cambio Federal apuntaron, centralmente, contra la utilización de un decreto de necesidad de urgencia (DNU) para evitar el debate en el Congreso.
Poco después del mensaje grabado del Presidente, el gobernador Axel Kicillof comunicó su rechazo al megadecreto. “A espaldas de la división de poderes, anuncia un decreto que sin necesidad ni urgencia pretende derogar un conjunto de leyes de todo tipo. Así, se propone privatizar todo, desregular todo, destruir derechos de los trabajadores, arrasar con sectores completos de la producción, rifar los clubes de fútbol y el patrimonio de los argentinos. Todo esto, sin pasar por el Congreso que podría sesionar y discutirlo. Le faltó decir ‘democracia: ¡afuera!’”, escribió el gobernador en su cuenta de X.
La exsecretaria de Legal y Técnica de la Presidencia Vilma Ibarra, que antes de que se conociera la letra chica del decreto había alertado sobre las amenazas que podría contener, reaccionó tras la publicación de la norma. “El DNU firmado por Milei no cumple los requisitos constitucionales ni pasa los mínimos controles republicanos. Es para saquear nuestros recursos naturales, para entregar la soberanía, precarizar el trabajo y restringir nuestros derechos”, dijo.
Incluso antes de la conferencia de prensa presidencial, el titular del bloque de diputados peronistas, Germán Martínez, pidió frenar el decreto. Segundos después, la bancada comenzó a enumerar las razones por las que impugnarán el DNU en el Congreso y la Justicia.
“Las medidas anunciadas generarán un enorme perjuicio al pueblo argentino. Vamos a exigir que el Congreso funcione; se reúna la Comisión Bicameral de Tratamiento de los DNU; y se convoque a Extraordinarias”, indicaron desde el bloque de Unión por la Patria.
“Milei se arroga facultades legislativas. No convoca a Sesiones Extraordinarias. Se lleva puesta a la Constitución. Frente al silencio cómplice de algunos, nuestro bloque va a defender la democracia, la división de poderes y la República. Argentina no necesita un Fujimori”, agregaron, luego de calificar el megadecreto como un “brutal avasallamiento” del Congreso.
La CGT, alineada con el peronismo, también anticipó su rechazo. “Por ahora son solo enunciados o títulos, vamos a esperar el anuncio. Seguramente va a haber una reacción de forma inmediata para judicializar el DNU y ver qué medidas se pueden tomar”, dijo Pablo Moyano en AM 750.
Por su parte, los referentes de Pro, la UCR, el bloque Cambio Federal, que preside Miguel Pichetto, y la Coalición Cívica comenzaron a dar señales de cómo se posicionarán frente a la ambiciosa reforma económica, laboral y estatal que anunció el Presidente.
Mientras que dirigentes del ala dura de Pro, como los diputados Hernán Lombardi y Sabrina Ajmechet, celebraron los cambios que implementará el Presidente, dirigentes de partidos que integraban JxC pusieron reparos sobre la constitucionalidad de la medida y alertaron sobre las consecuencias judiciales que podría tener el paquete de desregulaciones. Cuestionan, sobre todo, que haya decidido avanzar con medidas como la habilitación para privatizar empresas públicas por decreto en lugar de enviar un proyecto de ley al Congreso, donde Milei solo cuenta con siete senadores y menos de 40 diputados.
La mayoría de los jefes parlamentarios optó por evaluar los alcances de los anuncios junto a sus asesores. Es el caso, por caso, del senador nacional y jefe de la UCR, Martín Lousteau. Fuentes cercanas al economista aseguran que se manifestará en contra del megadecreto.
Según Maximiliano Ferraro, titular de la CC, la fuerza de Carrió, el paquete anunciado por el Presidente “no cumpliría con los requisitos constitucionales del artículo 99º inciso 3º”. “Es por eso que se procederá a la evaluación pormenorizada de cada ley derogada y/o modificada ya que el Presidente, pudiendo llamar a sesiones extraordinarias en el Congreso, optó por arrogarse facultades legislativas”, explicó Ferraro.
“Estoy de acuerdo con gran parte de las medidas anunciadas, no en todas, pero no entiendo por qué mandan muchas de ellas por decreto y no a través de un proyecto de ley. Tienen un Congreso predispuesto a acompañar las iniciativas”, afirmó Nicolás Massot, de Cambia Federal.
“Me parece buenísimo el decreto desregulador del Presidente, incluso muchos de los artículos como derogación de alquileres, de abastecimiento o los registros automotores digitales, son proyectos que coinciden con los que presente en el Congreso. Pero decreto no deroga ley”, advirtió, por su parte, el radical Martín Tetaz
Consejo del Salario
El secretario de Trabajo está a la espera de dos señales para oficializar la convocatoria. La primera es que se confirme mediante decreto presidencial o resolución ministerial que el monto del Potenciar Trabajo no será más actualizado automáticamente con el salario mínimo. Así se había establecido durante la gestión de Mauricio Macri como un gesto a los movimientos sociales aliados, por lo que se fijó así el salario social complementario en un 50% de lo que resultaba el salario vital y móvil. Esta decisión de dejar de lado a los beneficiarios del Potenciar Trabajo va en línea con la política de licuación salarial que anunció la semana pasada el ministro Caputo.
La segunda señal que espera Yasin es la luz verde de Sandra Pettovello, la ministra de Capital Humano, que tiene dentro de su órbita Trabajo y Desarrollo Social. De hecho hubo ayer intercambios entre Yasin y Pablo de la Torre, el secretario del área, sobre el futuro de los planes. Por disposición de la gestión del Frente de Todos, a partir del 1° de enero de 2024, los 1.200.000 beneficiarios de los Potenciar Trabajo y su presupuesto correspondiente deberían estar bajo el radar de la cartera laboral. Esta medida podría prorrogarse hasta marzo o abril. Así lo evalúan fuentes oficiales que ya pusieron en marcha una suerte de auditoría de los beneficiarios y los movimientos sociales, algunos de ellos, protagonistas ayer de la primera movilización en contra del ajuste de Javier Milei.
El peronismo se apresuró ayer a anticipar su rechazo al megadecreto de necesidad y urgencia de Javier Milei, que apunta a desregular la economía y eliminar trabas a las inversiones. En contrapartida, en Juntos por el Cambio surgieron diferentes reacciones frente a los nuncios: mientras dirigentes del ala dura de Pro celebraron las modificaciones, desde la UCR, la Coalición Cívica y Cambio Federal apuntaron, centralmente, contra la utilización de un decreto de necesidad de urgencia (DNU) para evitar el debate en el Congreso.
Poco después del mensaje grabado del Presidente, el gobernador Axel Kicillof comunicó su rechazo al megadecreto. “A espaldas de la división de poderes, anuncia un decreto que sin necesidad ni urgencia pretende derogar un conjunto de leyes de todo tipo. Así, se propone privatizar todo, desregular todo, destruir derechos de los trabajadores, arrasar con sectores completos de la producción, rifar los clubes de fútbol y el patrimonio de los argentinos. Todo esto, sin pasar por el Congreso que podría sesionar y discutirlo. Le faltó decir ‘democracia: ¡afuera!’”, escribió el gobernador en su cuenta de X.
La exsecretaria de Legal y Técnica de la Presidencia Vilma Ibarra, que antes de que se conociera la letra chica del decreto había alertado sobre las amenazas que podría contener, reaccionó tras la publicación de la norma. “El DNU firmado por Milei no cumple los requisitos constitucionales ni pasa los mínimos controles republicanos. Es para saquear nuestros recursos naturales, para entregar la soberanía, precarizar el trabajo y restringir nuestros derechos”, dijo.
Incluso antes de la conferencia de prensa presidencial, el titular del bloque de diputados peronistas, Germán Martínez, pidió frenar el decreto. Segundos después, la bancada comenzó a enumerar las razones por las que impugnarán el DNU en el Congreso y la Justicia.
“Las medidas anunciadas generarán un enorme perjuicio al pueblo argentino. Vamos a exigir que el Congreso funcione; se reúna la Comisión Bicameral de Tratamiento de los DNU; y se convoque a Extraordinarias”, indicaron desde el bloque de Unión por la Patria.
“Milei se arroga facultades legislativas. No convoca a Sesiones Extraordinarias. Se lleva puesta a la Constitución. Frente al silencio cómplice de algunos, nuestro bloque va a defender la democracia, la división de poderes y la República. Argentina no necesita un Fujimori”, agregaron, luego de calificar el megadecreto como un “brutal avasallamiento” del Congreso.
La CGT, alineada con el peronismo, también anticipó su rechazo. “Por ahora son solo enunciados o títulos, vamos a esperar el anuncio. Seguramente va a haber una reacción de forma inmediata para judicializar el DNU y ver qué medidas se pueden tomar”, dijo Pablo Moyano en AM 750.
Por su parte, los referentes de Pro, la UCR, el bloque Cambio Federal, que preside Miguel Pichetto, y la Coalición Cívica comenzaron a dar señales de cómo se posicionarán frente a la ambiciosa reforma económica, laboral y estatal que anunció el Presidente.
Mientras que dirigentes del ala dura de Pro, como los diputados Hernán Lombardi y Sabrina Ajmechet, celebraron los cambios que implementará el Presidente, dirigentes de partidos que integraban JxC pusieron reparos sobre la constitucionalidad de la medida y alertaron sobre las consecuencias judiciales que podría tener el paquete de desregulaciones. Cuestionan, sobre todo, que haya decidido avanzar con medidas como la habilitación para privatizar empresas públicas por decreto en lugar de enviar un proyecto de ley al Congreso, donde Milei solo cuenta con siete senadores y menos de 40 diputados.
La mayoría de los jefes parlamentarios optó por evaluar los alcances de los anuncios junto a sus asesores. Es el caso, por caso, del senador nacional y jefe de la UCR, Martín Lousteau. Fuentes cercanas al economista aseguran que se manifestará en contra del megadecreto.
Según Maximiliano Ferraro, titular de la CC, la fuerza de Carrió, el paquete anunciado por el Presidente “no cumpliría con los requisitos constitucionales del artículo 99º inciso 3º”. “Es por eso que se procederá a la evaluación pormenorizada de cada ley derogada y/o modificada ya que el Presidente, pudiendo llamar a sesiones extraordinarias en el Congreso, optó por arrogarse facultades legislativas”, explicó Ferraro.
“Estoy de acuerdo con gran parte de las medidas anunciadas, no en todas, pero no entiendo por qué mandan muchas de ellas por decreto y no a través de un proyecto de ley. Tienen un Congreso predispuesto a acompañar las iniciativas”, afirmó Nicolás Massot, de Cambia Federal.
“Me parece buenísimo el decreto desregulador del Presidente, incluso muchos de los artículos como derogación de alquileres, de abastecimiento o los registros automotores digitales, son proyectos que coinciden con los que presente en el Congreso. Pero decreto no deroga ley”, advirtió, por su parte, el radical Martín Tetaz
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