El juez en lo contencioso administrativo federal Esteban Furnari podría concentrar todos los amparos colectivos –no así las demandas individuales– que fueron presentados en los tribunales en lo contencioso administrativo en contra del megadecreto firmado por Javier Milei.
Abogado egresado de la UBA, el magistrado, de 45 años, dio sus primeros pasos en la Justicia en el fuero Contencioso Administrativo Federal desde 2000: fue prosecretario y secretario de la Sala V de la Cámara.
Finalmente se convirtió en juez de ese fuero en 2007,sobre el finalde la presidencia de Néstor Kirchner.
Esteban Furnari llegó a juez contencioso administrativo federal en 2007 como subrogante, en medio de una controversia y con el apoyo del kirchnerismo. Era secretario en la Sala V y se produjo una vacante en el Juzgado N° 2 por el ascenso de Sergio Fernández a camarista.
Por el sistema de subrogancias vigente en ese momento, la Cámara propuso una terna de jueces para elegir a los suplentes, pero Esteban Furnari no figuraba entre ellos.
Por el contrario, su nombre había quedado en una lista que no había reunido la mayoría de los votos de los camaristas.
El camarista Sergio Fernández había apoyado su designación y votado por esa lista que quedó en minoría.
No obstante, la Comisión de Selección del Consejo de la Magistratura entendió que Furnari formaba parte de una “terna de minoría” y, salteándose a los otros tres candidatos propuestos por la Cámara Federal, lo designó para ocupar el cargo vacante como subrogante.
La decisión molestó a los jueces que firmaron el dictamen de la mayoría.
Esos camaristas pidieron por nota a la Comisión de Selección que revea su decisión, pero la solicitud fue desestimada.
Así, la designación de Furnari siguió su curso y finalmente juró como juez.
Las objeciones
La designación de Furnari generó tres presentaciones para intentar evitar su juramento. Las hicieron la ONG Poder Ciudadano, la diputada nacional de ARI y exintegrante del Consejo de la Magistratura Marcela Rodríguez y el abogado Ricardo Monner Sans.
Su nombre cobró mayor notoriedad en 2021, cuando un fallo suyo dejó sin efecto la decisión de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la Ciudad a favor de clases presenciales.
La controvertida decisión de Furnari respondió a un pedido del entonces procurador del Tesoro, el kirchnerista Carlos Zannini, quien buscaba bloquear a postura de reabrir las escuelas. Tras su fallo hubo cacerolazos.
“No es ni pro-Estado ni proempresa, es bastante intermedio”, describió a un abogado la nacion con experiencia en litigios en el fuero contencioso administrativo. “Está muy bien formado”, agregó el letrado.
Aunque todos los consultados coinciden en que Furnari llegó a su cargo con el aval y el impulso del camarista Sergio Fernández –acaso uno de los hombres con mayor ascendencia en el fuero contencioso administrativo–, hay quienes sostienen que ya no son tan cercanos.
El camarista Sergio Fernández es hermano de Javier Fernández, auditor de la Auditoría General de la Nación y a quien también se le adjudica ascendencia sobre la Justicia Federal Penal de Comodoro Py 2002.
Sergio Fernández sí tiene, todavía, buen vínculo con el procurador del Tesoro de la Nación, Rodolfo Barra, quien conduce ahora a los abogados del Estado que deberán defender el DNU en la justicia.
El difícil camino de la revolución
A las históricas regulaciones del Estado argentino se le deben agregar el enorme cúmulo de nuevas regulaciones, fideicomisos y reglamentos que establecieron los Kirchner; por eso, la reforma de Milei es más profunda que la de Menem
Joaquín Morales Solá
Javier Milei.....Alfredo Sábat
Victoria Villarruel, vicepresidenta y titular natural del Senado, tendrá que concretar en los hechos la revolución que el presidente Javier Milei escribió en un decreto con la ayuda de Federico Sturzenegger. Villarruel no solo deberá lograr que el Congreso apruebe ese decreto; también tendrá que alcanzar las mayorías necesarias en las dos cámaras del Congreso para que el cuerpo parlamentario apruebe la reforma del Estado que Milei mandará como proyecto de ley. Interesa señalar a Villarruel porque es la única cabeza política del oficialismo en el Congreso que está en condiciones de discernir entre los importante y lo anecdótico, la única también que tiene la dosis justa de realismo político. Debe señalarse que los líderes del oficialismo en Diputados carecen de experiencia y flexibilidad en un momento en que esas condiciones son esenciales para hacer la revolución libertaria prometida por el jefe del Estado. Milei no innovó en las formas, aunque tal vez haya sido más profundo en el fondo. De hecho, el expresidente Raúl Alfonsín creó por decreto en 1985 una nueva moneda nacional, el austral, y el expresidente Carlos Menem ordenó una profunda reforma del Estado en octubre de 1991 también por decreto. En el caso de Menem, debe consignarse que ya en octubre de 1989 su segundo ministro de Economía, Néstor Rapanelli, y el entonces secretario de Coordinación y Programación Económica, Orlando Ferreres, habían redactado las leyes de Emergencia Económica y la primera reforma menemista del Estado. Estas dos últimas fueron leyes separadas porque Menem temía que el Congreso se las rechazara si iban juntas. Las profundas modificaciones de Alfonsín y de Menem se hicieron cuando aún los decretos de necesidad y urgencia no tenían rango constitucional; solo la reforma de 1994 colocó a esos decretos en la Constitución.
También es cierto que la principal batalla de Milei se dará en la Justicia antes que en el Congreso. El juez en los Contencioso Administrativo Esteban Furnari consideró admisible un recurso de inconstitucionalidad planteado por una ONG que lidera el economista Claudio Lozano, que fue funcionario de Alberto Fernández (integró el directorio del Banco Nación) hasta avanzado el mandato del expresidente. Como fue el primer juez en hacerse cargo de un planteo de inconstitucionalidad, Furnari será el magistrado que recibirá en adelante la cataratas de reclamos en el mismo sentido que seguramente habrá. El fuero Contencioso Administrativo es que el recibe los planteos de particulares ante actos supuestamente abusivos por parte del Poder Ejecutivo. El procurador general del Tesoro (jefe de los abogados del Estado), Rodolfo Barra, no sólo es un profesional de reconocida formación jurídica, sino también un interlocutor con buenos vínculos con ese fuero. Barra fue miembro de la Corte Suprema y ministro de Justicia de Menem, y es quien deberá defender ahora en la Justicia los actos del gobierno de Milei, aunque ya el procurador vivió una experiencia parecida en tiempos de Menem.
De todos modos, a las históricas regulaciones del Estado argentino se le deben agregar el enorme cúmulo de nuevas regulaciones, fideicomisos y reglamentos que se establecieron en el largo reinado de los Kirchner. Por eso, la reforma de Milei es más profunda que la de Menem. Ninguna experiencia anterior es parecida a la de los últimos 20 años porque el kirchnerismo duplicó los gastos del Estado en la misma medida que bajó la calidad de sus servicios. Esa paradoja se debe, en gran medida, a que los cargos se llenaron con militantes políticos y a que estos cumplían fundamentalmente misiones políticas. Un ejemplo de todo eso sucedió este martes, cuando se conoció el decreto de Milei que dio de baja a 7000 empleados públicos que ingresaron a la planta permanente del Estado en el año que termina. Cristina Kirchner había hecho lo mismo en 2015 con otra camada de empleados públicos, poco antes de abandonar el poder para que lo ocupara Mauricio Macri, que había ganado las elecciones de ese año. Sea como fuere, esos empleados dados de baja podrían presentarse ante la Justicia para reclamar por sus derechos adquiridos. Las leyes laborales son el motivo por el que la mitad de los trabajadores están en negro. La Argentina debe ser el único país del mundo en el que se habla públicamente de un vasto caudal de trabajo en negro; hasta los dirigentes sindicales aceptan, también en público, que existe ese trabajo por fuera de la ley. Parece no preocuparlos en tanto no se modifiquen las leyes laborales que han hecho de la dirigencia sindical una estirpe política privilegiada, longeva y rica. Milei la acecha: no puede haber revolución liberal con los parámetros laborales de hace 50 años.
Otro linaje que camina hacia su ocaso es la de los intendentes del conurbano porque ellos siempre aseguraron que los triunfos del peronismo en el vasto territorio de Buenos Aires tenían una condición: que no se modificara el viejo sistema de múltiples boletas. Milei anunció que enviará al Congreso un proyecto para establecer la Boleta Única de Papel; esta es una decisión que no se puede adoptar por decreto de necesidad y urgencia. La Constitución señala que los temas electorales no son materia de tales decretos y que, además, la mayoría que los aprobará deberá ser especial: una mayoría absoluta. La mayoría absoluta se conforma con la mitad más uno de todos los miembros del cuerpo, no importa cuántos senadores y diputados nacionales estén presentes en el recinto. Se necesitarán, para que ese proyecto sea aprobado, 129 diputados nacionales y 37 senadores. La boleta única eliminará los robos de boletas o los sobres preparados de antemano que los barones del conurbano entregaban a los votantes cautivos. De ahí su rechazo a la boleta única, rechazo que, con más disimulo, siempre fue acompañado por senadores y diputados nacionales del peronismo. Entre tantas revoluciones en marcha, ayer se liberó el comercio exterior, una decisión que Menem también adoptó en 1991. Se eliminó el SIRA, que era el sistema por el que un funcionario autorizaba o rechazaba las importaciones, incluidas las cruciales importaciones de insumos necesarios para la industria y el campo. Como todo sistema que requiere la autorización de un funcionario, la posibilidad de la corrupción queda demasiado cerca de la mano. Muy cerca. El gobierno de Milei estableció en su lugar un sistema solo de estadística de importaciones, no de autorizaciones, según anunció el vocero presidencial, Manuel Adorni. “Quien decida importar va a poder importar. Punto”, precisó. Desde ya, funcionarios del Gobierno sostienen que un tipo de cambio alto es un límite natural a las importaciones, como la distancia de la Argentina de los grandes países productores es también un arancel natural por el precio del transporte. Sectores industriales importantes, como el textil, cuestionarán esa decisión del gobierno de Milei porque siempre le pidieron protección al Estado. El propio acuerdo del Mercosur con la Unión Europea provocó en su momento una reacción contraria de parte de esos empresarios, a pesar de que el pacto con los europeos establece un plazo de diez años para que los industriales argentinos se preparen para competir.
La Justicia, mientras tanto, va desmontando los juicios iniciados por el kirchnerismo con la información de sus varios servicios de inteligencia. Ayer se conoció la decisión del juez Marcelo Martínez de Giorgi, quien sobreseyó a los participantes de una reunión en el Banco Provincia, en tiempos de Macri y María Eugenia Vidal, en la que se trataba la situación del dirigente sindical de la Uocra Juan Pablo “Pata” Medina, conocido por su actitudes patoteras y extorsivas en La Plata. La denuncia de esa reunión fue presentada por la entonces interventora en la AFI (ex-SIDE) Cristina Caamaño, argumentando que la filmación de esa reunión se había encontrado casualmente en la sede central de los servicios de inteligencia. Un hallazgo al pasar. Pura casualidad. Pero lo cierto es que varios funcionarios bonaerenses fueron procesados por el juez federal Ernesto Kreplak, hermano del ministro de Salud de Axel Kicillof, Nicolás Kreplak. Otra casualidad. La Cámara Federal, con los votos de los jueces Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, fue la primera instancia en disponer los desprocesamientos de todos en esa causa. La cámara señaló debidamente que no existió “la despiadada persecución contra líderes sindicales”. En efecto, era el Pata Medina, no un beato camino a la santidad. Después de la decisión de la Cámara Federal, el caso quedó en manos del juez federal Martínez de Giorgi, que este martes dictó la falta de mérito de todos los exfuncionarios bonaerenses. El fiscal Franco Picardi, cercano al kirchnerismo, anunció que apelará la decisión del juez.
Unos días antes, otro juez federal, Sebastián Ramos, anuló todas las actuaciones de la justicia de Bariloche en el caso conocido como Lago Escondido. En este caso actuó un servicio de inteligencia muy cercano a Cristina Kirchner, el de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), que filtró informalmente las fotos y la información de un grupo de jueces federales, funcionarios de la Capital y ejecutivos de Clarín en el aeropuerto de Bariloche. Las fotos eran las típicas de una cámara de seguridad en el aeropuerto. El entonces jefe de la PSA, José Glinski, había creado un poderoso servicio de inteligencia y, según trascendidos, lo había puesto a disposición de Cristina Kirchner. De hecho, el juez Ramos señaló en su falló la “actividad irregular de la PSA” y destacó que la causa comenzó en las redes sociales promovida por dos concejales de Bariloche. Nunca pudieron explicar ante la Justicia cómo conocieron esa información. Jueces y funcionarios iban a la estancia Lago Escondido, que está cerca de Bariloche y que se usa precisamente como lugar de alojamiento. Ramos subrayó, por eso, que la Justicia no puede “inmiscuirse en la vida privada de las personas”. Si se lee bien la resolución del magistrado, se llega la conclusión de que Ramos continuará la investigación sobre otras tropelías de la Policía Aeroportuaria. ¿Para qué necesita esa policía tener un mamotrético servicio de inteligencia? ¿No es suficiente el servicio de inteligencia oficial, que está en la AFI (la ex-Side)? En tales cosas, de uso personal de los Kirchner, se explica que el gasto del Estado se haya duplicado en muy poco tiempo. El Estado presente es solo una metáfora de la persecución política.
A las históricas regulaciones del Estado argentino se le deben agregar el enorme cúmulo de nuevas regulaciones, fideicomisos y reglamentos que establecieron los Kirchner; por eso, la reforma de Milei es más profunda que la de Menem
Joaquín Morales Solá
Javier Milei.....Alfredo SábatVictoria Villarruel, vicepresidenta y titular natural del Senado, tendrá que concretar en los hechos la revolución que el presidente Javier Milei escribió en un decreto con la ayuda de Federico Sturzenegger. Villarruel no solo deberá lograr que el Congreso apruebe ese decreto; también tendrá que alcanzar las mayorías necesarias en las dos cámaras del Congreso para que el cuerpo parlamentario apruebe la reforma del Estado que Milei mandará como proyecto de ley. Interesa señalar a Villarruel porque es la única cabeza política del oficialismo en el Congreso que está en condiciones de discernir entre los importante y lo anecdótico, la única también que tiene la dosis justa de realismo político. Debe señalarse que los líderes del oficialismo en Diputados carecen de experiencia y flexibilidad en un momento en que esas condiciones son esenciales para hacer la revolución libertaria prometida por el jefe del Estado. Milei no innovó en las formas, aunque tal vez haya sido más profundo en el fondo. De hecho, el expresidente Raúl Alfonsín creó por decreto en 1985 una nueva moneda nacional, el austral, y el expresidente Carlos Menem ordenó una profunda reforma del Estado en octubre de 1991 también por decreto. En el caso de Menem, debe consignarse que ya en octubre de 1989 su segundo ministro de Economía, Néstor Rapanelli, y el entonces secretario de Coordinación y Programación Económica, Orlando Ferreres, habían redactado las leyes de Emergencia Económica y la primera reforma menemista del Estado. Estas dos últimas fueron leyes separadas porque Menem temía que el Congreso se las rechazara si iban juntas. Las profundas modificaciones de Alfonsín y de Menem se hicieron cuando aún los decretos de necesidad y urgencia no tenían rango constitucional; solo la reforma de 1994 colocó a esos decretos en la Constitución.
También es cierto que la principal batalla de Milei se dará en la Justicia antes que en el Congreso. El juez en los Contencioso Administrativo Esteban Furnari consideró admisible un recurso de inconstitucionalidad planteado por una ONG que lidera el economista Claudio Lozano, que fue funcionario de Alberto Fernández (integró el directorio del Banco Nación) hasta avanzado el mandato del expresidente. Como fue el primer juez en hacerse cargo de un planteo de inconstitucionalidad, Furnari será el magistrado que recibirá en adelante la cataratas de reclamos en el mismo sentido que seguramente habrá. El fuero Contencioso Administrativo es que el recibe los planteos de particulares ante actos supuestamente abusivos por parte del Poder Ejecutivo. El procurador general del Tesoro (jefe de los abogados del Estado), Rodolfo Barra, no sólo es un profesional de reconocida formación jurídica, sino también un interlocutor con buenos vínculos con ese fuero. Barra fue miembro de la Corte Suprema y ministro de Justicia de Menem, y es quien deberá defender ahora en la Justicia los actos del gobierno de Milei, aunque ya el procurador vivió una experiencia parecida en tiempos de Menem.
De todos modos, a las históricas regulaciones del Estado argentino se le deben agregar el enorme cúmulo de nuevas regulaciones, fideicomisos y reglamentos que se establecieron en el largo reinado de los Kirchner. Por eso, la reforma de Milei es más profunda que la de Menem. Ninguna experiencia anterior es parecida a la de los últimos 20 años porque el kirchnerismo duplicó los gastos del Estado en la misma medida que bajó la calidad de sus servicios. Esa paradoja se debe, en gran medida, a que los cargos se llenaron con militantes políticos y a que estos cumplían fundamentalmente misiones políticas. Un ejemplo de todo eso sucedió este martes, cuando se conoció el decreto de Milei que dio de baja a 7000 empleados públicos que ingresaron a la planta permanente del Estado en el año que termina. Cristina Kirchner había hecho lo mismo en 2015 con otra camada de empleados públicos, poco antes de abandonar el poder para que lo ocupara Mauricio Macri, que había ganado las elecciones de ese año. Sea como fuere, esos empleados dados de baja podrían presentarse ante la Justicia para reclamar por sus derechos adquiridos. Las leyes laborales son el motivo por el que la mitad de los trabajadores están en negro. La Argentina debe ser el único país del mundo en el que se habla públicamente de un vasto caudal de trabajo en negro; hasta los dirigentes sindicales aceptan, también en público, que existe ese trabajo por fuera de la ley. Parece no preocuparlos en tanto no se modifiquen las leyes laborales que han hecho de la dirigencia sindical una estirpe política privilegiada, longeva y rica. Milei la acecha: no puede haber revolución liberal con los parámetros laborales de hace 50 años.
Otro linaje que camina hacia su ocaso es la de los intendentes del conurbano porque ellos siempre aseguraron que los triunfos del peronismo en el vasto territorio de Buenos Aires tenían una condición: que no se modificara el viejo sistema de múltiples boletas. Milei anunció que enviará al Congreso un proyecto para establecer la Boleta Única de Papel; esta es una decisión que no se puede adoptar por decreto de necesidad y urgencia. La Constitución señala que los temas electorales no son materia de tales decretos y que, además, la mayoría que los aprobará deberá ser especial: una mayoría absoluta. La mayoría absoluta se conforma con la mitad más uno de todos los miembros del cuerpo, no importa cuántos senadores y diputados nacionales estén presentes en el recinto. Se necesitarán, para que ese proyecto sea aprobado, 129 diputados nacionales y 37 senadores. La boleta única eliminará los robos de boletas o los sobres preparados de antemano que los barones del conurbano entregaban a los votantes cautivos. De ahí su rechazo a la boleta única, rechazo que, con más disimulo, siempre fue acompañado por senadores y diputados nacionales del peronismo. Entre tantas revoluciones en marcha, ayer se liberó el comercio exterior, una decisión que Menem también adoptó en 1991. Se eliminó el SIRA, que era el sistema por el que un funcionario autorizaba o rechazaba las importaciones, incluidas las cruciales importaciones de insumos necesarios para la industria y el campo. Como todo sistema que requiere la autorización de un funcionario, la posibilidad de la corrupción queda demasiado cerca de la mano. Muy cerca. El gobierno de Milei estableció en su lugar un sistema solo de estadística de importaciones, no de autorizaciones, según anunció el vocero presidencial, Manuel Adorni. “Quien decida importar va a poder importar. Punto”, precisó. Desde ya, funcionarios del Gobierno sostienen que un tipo de cambio alto es un límite natural a las importaciones, como la distancia de la Argentina de los grandes países productores es también un arancel natural por el precio del transporte. Sectores industriales importantes, como el textil, cuestionarán esa decisión del gobierno de Milei porque siempre le pidieron protección al Estado. El propio acuerdo del Mercosur con la Unión Europea provocó en su momento una reacción contraria de parte de esos empresarios, a pesar de que el pacto con los europeos establece un plazo de diez años para que los industriales argentinos se preparen para competir.
La Justicia, mientras tanto, va desmontando los juicios iniciados por el kirchnerismo con la información de sus varios servicios de inteligencia. Ayer se conoció la decisión del juez Marcelo Martínez de Giorgi, quien sobreseyó a los participantes de una reunión en el Banco Provincia, en tiempos de Macri y María Eugenia Vidal, en la que se trataba la situación del dirigente sindical de la Uocra Juan Pablo “Pata” Medina, conocido por su actitudes patoteras y extorsivas en La Plata. La denuncia de esa reunión fue presentada por la entonces interventora en la AFI (ex-SIDE) Cristina Caamaño, argumentando que la filmación de esa reunión se había encontrado casualmente en la sede central de los servicios de inteligencia. Un hallazgo al pasar. Pura casualidad. Pero lo cierto es que varios funcionarios bonaerenses fueron procesados por el juez federal Ernesto Kreplak, hermano del ministro de Salud de Axel Kicillof, Nicolás Kreplak. Otra casualidad. La Cámara Federal, con los votos de los jueces Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, fue la primera instancia en disponer los desprocesamientos de todos en esa causa. La cámara señaló debidamente que no existió “la despiadada persecución contra líderes sindicales”. En efecto, era el Pata Medina, no un beato camino a la santidad. Después de la decisión de la Cámara Federal, el caso quedó en manos del juez federal Martínez de Giorgi, que este martes dictó la falta de mérito de todos los exfuncionarios bonaerenses. El fiscal Franco Picardi, cercano al kirchnerismo, anunció que apelará la decisión del juez.
Unos días antes, otro juez federal, Sebastián Ramos, anuló todas las actuaciones de la justicia de Bariloche en el caso conocido como Lago Escondido. En este caso actuó un servicio de inteligencia muy cercano a Cristina Kirchner, el de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), que filtró informalmente las fotos y la información de un grupo de jueces federales, funcionarios de la Capital y ejecutivos de Clarín en el aeropuerto de Bariloche. Las fotos eran las típicas de una cámara de seguridad en el aeropuerto. El entonces jefe de la PSA, José Glinski, había creado un poderoso servicio de inteligencia y, según trascendidos, lo había puesto a disposición de Cristina Kirchner. De hecho, el juez Ramos señaló en su falló la “actividad irregular de la PSA” y destacó que la causa comenzó en las redes sociales promovida por dos concejales de Bariloche. Nunca pudieron explicar ante la Justicia cómo conocieron esa información. Jueces y funcionarios iban a la estancia Lago Escondido, que está cerca de Bariloche y que se usa precisamente como lugar de alojamiento. Ramos subrayó, por eso, que la Justicia no puede “inmiscuirse en la vida privada de las personas”. Si se lee bien la resolución del magistrado, se llega la conclusión de que Ramos continuará la investigación sobre otras tropelías de la Policía Aeroportuaria. ¿Para qué necesita esa policía tener un mamotrético servicio de inteligencia? ¿No es suficiente el servicio de inteligencia oficial, que está en la AFI (la ex-Side)? En tales cosas, de uso personal de los Kirchner, se explica que el gasto del Estado se haya duplicado en muy poco tiempo. El Estado presente es solo una metáfora de la persecución política.
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