ACHIQUE DEL CORREO Y SENTENCIA

La Cámara Nacional Electoral pide informes al Correo Argentino por los despidos y cierres de sucursales por las elecciones de 2025
Los camaristas preocupados se reunieron con la jueza Servini que controla las elecciones presidenciales; el Correo oficial en un comunicado garantizó la organización de los comicios
Hernán Cappiello

María José Lucesole
Personal del Correo Argentino durante la entrega de urnas en las últimas elecciones nacionales
La Cámara Nacional Electoral, el máximo tribunal del país en materia de elecciones, está evaluando el impacto sobre los comicios 2025 del cierre de sucursales del Correo Argentino y el despido de miles de empleados que realiza el Gobierno, pues es esa empresa estatal es la que por ley se encarga de trasladar las urnas, los útiles, resguardarlas tras el comicio y realizar el escrutinio provisori
Por eso es que los camaristas Santiago Corcuera, Daniel Bejas y Alberto Dalla Vía recibieron hoy en su reunión de acuerdo a la jueza federal con competencia electoral de la Capital Federal, María Servini, para tratar el tema de la reducción del personal del Correo Argentino. Así lo informaron en un comunicado oficial.
Esta situación preocupa a los magistrados federales electorales de distintos puntos del país, tal como advirtió  el juez federal de la provincia de Buenos Aires Alejo Ramos Padilla, quién manifestó su inquietud por el impacto que la medida tendría en organización y realización de las elecciones, pues el Correo se encarga de las notificaciones de designación de autoridades de mesa, así como de desplegar y retirar las urnas, boletas y demás material electoral.
La justicia electoral está preocupada por los agentes más experimentados en la actividad electoral adhirieron al retiro voluntario propuesto por el Gobierno. La Cámara Nacional Electoral le pidió a la Dirección de Servicios Electorales del Correo que informe sobre el impacto que la reestructuración tiene en la organización de la logística de los procesos electorales.
Además, como resultado de la reunión mantenida el día de hoy, el Tribunal decidió convocar a una Comisión de Gestión, que funciona en la justicia nacional electoral, donde jueces y secretarios electorales de todo el país compartirán sus impresiones sobre la cuestión y el estado de situación en sus respectivas jurisdicciones.
La alarma creció este mes porque el Gobierno avanza con el achique del Correo Argentino y proyecta más de 7000 despidos. La intención es reducir la planta a 9500 personas y 500 sucursales.
Para 2024 la empresa tenía previsto un déficit de 222.000 millones de pesos. Esto se debe principalmente que tiene una estructura sobredimensionada (a enero de 2024, contaba con 16.898 empleados) y tiene 1452 sucursales todo el país. El Gobierno dice que están distribuidas de manera ineficiente.
Desde abril, el Correo Argentino lanzó un plan de retiros voluntarios, y al 31 de mayo tenía más de 3000 adhesiones. Aún con una menor dotación de personal, el Correo sigue funcionando de forma eficiente.
El Gobierno, por su parte, dijo que las elecciones no están en riesgo. “En relación a las elecciones legislativas del año que viene y el rol específico del Correo Argentino en esa instancia, hay garantías absolutas de que se va a cumplir con las tareas habituales que le corresponden”, dijo un vocero del Gabinete.
El Correo Argentino cerró decenas de sucursales en poblados aislados de un millar de habitantes y en otros donde es la única vía para que lleguen a esos lugares los trámites de pago de la AUH o la Anses.
El Gobierno consideró que el proceso electoral es un evento que sucede cada dos años, e implica unos pocos días de trabajo muy intenso” y durante ese período, y como todos los años” contratará el Correo como contrata habitualmente personal eventual, unas 70.000 personas”. Dijeron los voceros que “no tendría sentido que el Correo tuviera una enorme cantidad de empleados cobrando un sueldo por trabajar sólo una semana cada dos años para la distribución y recepción de las urnas, el material electoral y la documentación.
Los jueces de la Cámara Nacional Electoral (CNE)
El Correo dijo en un comunicado que “existen garantías absolutas de que se cumplirá con las tareas que le corresponden a los futuros actos electorales”. Informó que cuentan con 13.600 empleados y la celebración de elecciones involucra aproximadamente a 76.000 personas en todo el país, incluyendo, además de los trabajadores telepostales, a empresas transportistas, el comando electoral y demás personal de la justicia electoral.
“Como se trata de un evento que sucede cada dos años e implica unos pocos días de trabajo muy intenso, el Correo contrata históricamente personal eventual para cumplir con todas las tareas relacionadas a la elección. En 2025 se conducirá de la misma manera”, dijo la empresa.
La reducción de personal y el cierre de sucursales provocó que en cada provincia se multiplicaran las acciones de amparo. Solo en Río Negro se presentaron amparos para evitar el cierre de las oficinas de Chichinales, Ingeniero Huergo, General Fernández Oro, Cervantes, General Godoy, Comallo, Valcheta, Chimpay, Río Colorado, Lamarque, Luis Beltrán, y Sierra Grande. También están afectadas las de Tolhuin en Tierra del Fuego, una localidad de 10.000 habitantes, o Corcovado, en Chubut, donde echaron al único empleado y se cerró la oficina.
La jueza María Servini
En la ciudad de Buenos Aires, las urnas son trasladadas por el Correo Argentino, que carga los camiones según el orden en que debe repartirse y hace el seguimiento de los traslados en cada caso, desde y hacia los colegios donde se vota. La jueza federal María Servini recibió la semana pasada la visita de algunos de empleados que fueron avisados por el Correo para jubilarse de manera anticipada. Se encendieron las alarmas.
La misma preocupación llegó a la Cámara Nacional Electoral, donde los jueces Santiago Corcuera, Alberto Dalla Vía y Daniel Bejas conversaron sobre el asunto y analizan plantearle al Ministerio del Interior un pedido para que garantice y asegure las “funcionalidades electorales”, es decir que se cumpla con la ley electoral y el Correo oficial pueda desarrollar su tarea.
El Código Nacional Electoral alude al rol del Correo oficial 16 veces en su texto. Se señala allí que el Correo es quien proveerá los elementos para escribir las actas, el que trasladará la urnas, el que le pedirá al presidente de mesa el telegrama para transmitirlo para el escrutinio, recibirá las urnas después del comicio y se colocarán en un cuarto con las puertas, ventanas y cualquiera otra abertura cerradas y selladas.
Así las cosas con el cierre de sucursales en el interior del país, no habrá lugares donde resguardar esas urnas en esas localidades y se deberán trasladar a otros lugares más lejanos para cumplir con la ley.
Fuentes de la Justicia electoral explicaron que el correo oficial si bien se lleva el 75 por ciento del presupuesto de la organización de las elecciones es el designado por la ley para encargarse del traslado de las urnas. La decisión política de achicarlo, privatizarlo o reconvertirlo no es de injerencia de la justicia, pero si lo es la tarea que debe realizar la justicia electoral con el Correo oficial, según la legislación.
El problema es el cierre de los edificios de los pueblos más pequeños. “No tenemos escapatoria debemos trabajar con el Correo”, dijo un funcionario judicial que no ocultó su disconformidad con el funcionamiento del organismo, aún cuando su actual presidente Camilo Baldino, era funcionario de Cristina Kirchner como gerente general del organismo. “La justicia electoral nunca estuvo contenta cuando este funcionario era gerente general”, dijo una fuente judicial.
En las elecciones provinciales no se da lo mismo que en las elecciones nacionales. Los códigos de la justicia electoral de las provincias permiten la contratación de empresas de correo privado para las tareas de traslado de urnas y transmisión de telegramas. Allí se licita el servicio y se opta por el que plantea un precio más conveniente.
La preocupación bonaerense
El tema tiene particular repercusión en la provincia de Buenos Aires, donde la Justicia Electoral, el Poder Ejecutivo y la Legislatura emitieron distintos pronunciamientos.
La justicia fue más enfática en encender luces de alerta sobre los peligros que conlleva para el proceso electoral el ajuste en las oficinas de correo. Esto inquieta a las más altas autoridades electorales del país, según informóel juez federal con competencia electoral Alejo Ramos Padilla.
“El correo históricamente cumple una función enorme y notifica a autoridades de mesa. En la provincia de Buenos Aires son 95.000 de estas notificaciones. Además se notifica a los delegados de los establecimientos que pueden ser una escuela, un club social”, detalló Ramos Padilla, a cargo del Juzgado Federal N°1.
“Nosotros ponemos mesas a más de mil kilómetros de distancia. El correo y los carteros saben a quién notificar. Estos empleados notifican y excusan las autoridades de mesa. Es difícil tercerizar estas tareas en caso que efectivamente se cierren las oficinas de correo en distritos menos poblados- remarcó el magistrado- El correo reparte urnas en coordinación con el comando electoral. Hace el despliegue y repliegue de urnas y bolsines. Y luego el correo se ocupa de mandar telegrama a la DINE. Todo eso es monitoreado por el comando electoral, que se hace trackeado con código de barras”, enumeró.
“Esto inquieta a las más altas autoridades electorales del país. Genera enorme preocupación -manifestó Ramos Padilla- El calendario electoral es muy corto y si se cierran sucursales la trazabilidad y la inmediatez se pone en riesgo. Cualquier descalabro implica un colegio no se abre o una persona que no vote”, expresó el magistrado.
El juez Ramos Padilla, con competencia electoral en la provincia de Buenos Aires

El gobernador Axel Kicillof ya advirtió sobre las dificultades que trae aparejado en la logística de los comicios y la oposición presentó un proyecto en la Legislatura para expresar su inquietud.
“Es muy grave el desmantelamiento del Correo que está ejecutando Milei en muchos pueblos de la Provincia. Como cuando los gobiernos que admira cerraron el ferrocarril, contribuye a aislar al interior. Pero también preocupa mucho el efecto sobre los actos electorales”, aseguró Kicillof.
“Estamos haciendo un relevamiento para saber cuántas de las 900 sedes de correo se cerraron en la provincia de Buenos Aires. Nos preocupa: son todas oficinas de pueblos chicos, del interior de la provincia. También unas del conurbano bonaerense. Pero es más grave en esas localidades del interior”, dijo Carlos Bianco, ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

La Corte Suprema le ordenó al “señor del tabaco” pagar impuestos a los cigarrillos
Con esta definición, Tabacalera Sarandí, la empresa de Pablo Otero, deberá pagar el tributo que no abona desde hace 8 años
Hernán Cappiello
Pablo Otero, empresario de la industria tabacalera
La Corte Suprema de Justicia dispuso que Tabacalera Sarandí, la empresa de Pablo Otero, conocido como el “señor del Tabaco”, pague impuestos internos a los cigarrillos.
La decisión fue tomada por los votos de los jueces Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda, en conjunto, y de Ricardo Lorenzetti, que lo hizo aparte, con una argumentación diferente y más extensa. El juez Carlos Rosenkrantz no firmó porque está de licencia.
Desde hace 8 años, la empresa, mediante sentencias judiciales y medidas cautelares, evitó pagar ese tributo, lo que le permitió ahorrarse 2000 millones de dólares y vender sus productos de marcas populares a precio más barato, con lo que conquistó el 35 por ciento del mercado de los cigarrillos, en perjuicio de las empresas que comercializan las marcas premium.
Los miembros de la Corte Suprema de Justicia, Lorenzetti, Maqueda, Rosenkrantz y Rosatti, en el Congreso, el 1° de marzo
La Corte Suprema de Justicia había dejado sin efecto medidas cautelares en las que se sostenía la empresa, pero la firma siguió sin pagar porque tenía dos fallos de fondo, que le daban la razón al declarar la institucionalidad de la ley que imponía el pago de montos mínimos para distintos tipos de productos relacionados con el tabaco. Por eso, es que la justicia había dispuesto ejecutar esas sentencias lo que permitió a Tabacalera Sarandí no pagar.
Ahora, la Corte dispuso la suspensión de la ejecución de las sentencias que lo habilitaban a no pagar, con lo que la empresa debe empezar a tributar el impuesto interno al tabaco.
La disposición que impuso el impuesto motivó una serie de acciones judiciales por parte de diversas empresas tabacaleras más pequeñas, con el argumento central de que, al establecerse un piso mínimo elevado en el impuesto, las empresas de menor tamaño se encontraban en inferioridad de condiciones para competir con las grandes multinacionales.
El 28 de mayo pasado, la Corte dejó sin efecto cuatro medidas cautelares concedidas a Tabacalera Sarandí S.A., que frenaban el actuación del fisco para perseguir el cobro del impuesto interno al tabaco. A la semana siguiente, la Corte dejó sin efecto otra medida cautelar similar, pero que favorecía a otra tabacalera, la santafesina Bronway Technology S.A.
En su sentencia de hoy, la Corte recordó que el 14 de marzo de este año, la Sala IV de la Cámara Contencioso Administrativo Federal admitió la ejecución anticipada de la sentencia declarativa de inconstitucionalidad solicitada por Tabacalera Sarandí S.A.
Esa posibilidad está prevista en el Código Procesal, Civil y Comercial de la Nación cuando la firma cuenta con dos fallos favorables. Y en el caso, y en la práctica, implicaba que Tabacalera Sarandí no pagaría al tributo, hasta tanto la Corte se expidiera sobre la cuestión de fondo.
La Corte señaló ahora que “corresponde la suspensión del incidente de ejecución de sentencia si los argumentos planteados en el recurso extraordinario y mantenidos en la queja podrían, prima facie, y sin que implique pronunciamiento sobre el fondo de la cuestión debatida, involucrar cuestiones susceptibles de examen en la instancia del artículo 14 de la ley 48″ (recurso extraordinario).
El máximo tribunal entendió que es la Cámara, con su decisión, “en la práctica, ha inhibido potestades fiscales por un monto excepcionalmente elevado y alterado el efecto del recurso interpuesto por la apelante contra la sentencia de fondo, requiriendo para ello solamente la caución juratoria de la parte apelada”.
Por eso, decretó la suspensión de la ejecución de la sentencia ordenada por la Cámara Contencioso Administrativo Federal. De esta forma, ya no queda pendiente ninguna medida preventiva, cautelar o de ejecución anticipada que tramite ante la Corte, que le impida al fisco determinar y percibir el tributo contra Tabacalera Sarandí S.A.
En paralelo, sobre la cuestión de fondo (la constitucionalidad o no de la normativa que regula el impuesto interno al tabaco), en la reunión de los jueces de la Corte el martes pasado, el tribunal decidió correr vista a la Procuración General de la Nación, para que emita su dictamen con lo que pronto resolverá sobre este asunto
Los jueces que habían beneficiado a la empresa en primera instancia era Enrique Lavié Pico y la Sala IV de la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal, Jorge Morán, Marcelo Duffy, que declararon la inconstitucionalidad de los arts. 103, 104 y 106 de la Ley 27.430.
Rosatti y Maqueda señalaron que los argumentos planteados por la AFIP podrían involucrar cuestiones susceptibles de ser revisadas por la Corte.
Lorenzetti hizo hincapié en la excepcionalidad de la situación, que implicó la suspensión de la ejecución de la sentencia cuando la regla es, ante dos sentencias favorables, la ejecutoriedad de la decisión.
Sin embargo, dijo Lorenzetti, se presentaban particularidades en el caso que justificaban suspender, como la clara posibilidad de que la ejecución derive en un agravio de difícil reparación posterior ya que la sentencia de la Cámara la había admitido solo con una caución juratoria y no real que, como tal, de ninguna manera cubría los posibles perjuicios para el Estado, sobretodo tratándose de montos económicos de gran magnitud.
Remarcó que la Corte Suprema ya había revocado varias medidas cautelares en ese mismo expediente y, agregó, que la ejecución implicaba paralizar el ejercicio de la facultad impositiva del Estado Nacional, excediendo el interés individual de las partes, lo que permitía definir al caso como de relevancia institucional.
El debate legislativo
La puja adoptó un carácter institucional cuando se quitó de la ley ómnibus original un capítulo con el objetivo de favorecer a Tabacalera Sarandí. Tallaron fuerte las exigencias de diputados de Pro y La Libertad Avanza. El capítulo resistido por Otero fue finalmente aprobado por la Cámara Baja con el texto de la actual Ley Bases, luego de ser reincorporado por iniciativa de la Coalición Cívica.
El resultado de la votación para reintroducir las modificaciones da cuenta de que logró aprobarse por una sugestiva cantidad de abstenciones. En líneas generales, La Libertad Avanza y Pro votaron en contra (en decir, en favor de mantener el régimen que beneficia a Otero), mientras que los diputados de bloques provinciales y la Coalición Cívica votaron a favor de reformar el régimen. La mayor parte de la izquierda y el Frente de Todos se abstuvieron. El resultado fue 82 votos afirmativos, 77 negativos y 69 abstenciones.
La empresa de Otero produce las marcas Master Red, Red Point y Kiel, significativamente más baratas que las que venden sus competidoras. Ellas son los gigantes internacionales de la industria, pero Otero contó con la ventaja de la protección del Estado durante años.

http://indecquetrabajaiii.blogspot.com.ar/. INDECQUETRABAJA