Petri ordenó dar de baja una compra de alimentos para las Fuerzas Armadas
El ministro de Defensa la pidió pese a que buena parte de la mercadería fue consumida; costó 205 millones de pesosMariano de Vedia
Una licitación por la compra de alimentos para las Fuerzas Armadas por $205 millones generó una fuerte controversia y llevó al ministro de Defensa, Luis Petri, a ordenar a las autoridades militares dejarla sin efecto. Pero la medida sería de imposible cumplimiento, porque la operación no solo ya fue realizada, sino que la comida fue distribuida y, en gran parte, consumida.
En consecuencia, se inició una auditoría interna, lo que congela el proceso de compra por los productos que quedaban pendientes, según se informó.
Se trata de una compra que realizó el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, que conduce el brigadier general Xavier Julián Isaac, para abastecer de comida a 1800 efectivos militares que se desempeñan en unidades del organismo. La compra incluía salmón rosado, asado, bifes de chorizo, quesos, fiambres y dulces, un menú considerado llamativo en medio de la crisis por la distribución de alimentos que enfrenta el Ministerio de Capital Humano, según reveló el medio El Destape, al informar sobre una licitación pública incluida en el portal oficial comprar.gob.ar.
En el organismo militar que conduce Isaac explicaron que la licitación, de carácter abierta, se inició en noviembre de 2023, durante el gobierno de Alberto Fernández, para el período abril/junio de 2024, y dijeron a que la operación la nacion no presenta irregularidades.
“La solicitud para la compra de los alimentos se realizó el 8 de noviembre de 2023 y la convocatoria a la licitación pública se publicó en el Boletín Oficial los días 29 de diciembre de 2023 y 2 de enero de 2024”, indicaron fuentes castrenses, al desestimar la existencia de impugnaciones o anomalías. La compra se realizó por $205.940.820,63 e incluyó 491 productos, tomando como referencia los valores sugeridos por la Sindicatura General de la Nación (Sigen). Las fuentes aclararon que, al tratarse de licitación abierta, no existe obligación de adquirir todos los productos incluidos en el listado.
“Es una licitación que tuvo continuidad de una gestión a otra y su interrupción habría producido grandes dificultades en el abastecimiento de alimentos de todo el personal militar del Estado Mayor Conjunto”, explicaron en el organismo castrense, al insistir en que “no se advierten anomalías en el proceso”.
Según el detalle difundido por El Destape, la compra incluyó 84 kilos de salmón rosado (por $3.158.400), 203 kilos de bife de chorizo ($2.309.125), 383 kilos de asado ($2.245.875), 209 kilos de bife con lomo ($1.460.910), 456 kilos de vacío ($3.939.840), 209 kilos de colita de cuadril ($2.026.464), 40 kilos de queso parmesano ($701.720), 80 hormas de queso sardo ($702.560), 500 kilos de jamón cocido ($3.664.980) y salame de Milán ($795.528), entre otros productos.
Tras el dictamen de una comisión evaluadora, la adjudicación de la licitación fue aprobada el 26 de marzo, fecha en la que se firmaron las órdenes de compra, por lo que hoy resulta imposible dar marcha atrás, señalaron fuentes castrenses.
A pesar de ello, algunos productos fueron dados de baja, como variedades de café, papa, pasas de uva, tomate redondo, ajo, apio y otros. Pero no así los productos más llamativos.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Cuadernos: la fiscal criticó a los jueces por las demoras
Habló de “retardo de justicia” de parte de los magistrados a cargo del juicio oral y público.
Hernán Cappiello
La fiscal general Fabiana León
En una durísima e inusual queja, la fiscal general Fabiana León denunció a los jueces que deben realizar el juicio oral y público contra Cristina Kirchner y más de 160 exfuncionarios y empresarios por el caso conocido como “los cuadernos de las coimas”. Los acusó de “retardo de justicia”, al no tomar en casi cuatro años y medio medidas para llevar adelante este proceso y los que están conectados con ese expediente.
Los denunciados ante la Cámara Federal de Casación Penal, que es el máximo tribuna penal del país por debajo de la Corte, son los jueces del tribunal oral federal N° 7, Germán Castelli, Enrique Méndez Signori y Fernando Canero, que tienen el caso desde hace cuatro años y cinco meses, sin que avancen en fijar fecha para el juicio, ni en decidir la admisibilidad de las medidas de prueba.
Los jueces de la Cámara de Casación de la Sala II, quienes deben resolver si llaman la atención al tribunal oral, no se pusieron de acuerdo con sus colegas de la Sala IV sobre quién debe intervenir para hacerlo. Pero luego de la publicación de esta denuncia, decidieron ayer “formar un legajo independiente” (sin perjuicio de que no se resolvió quién es competente) para dar trámite a la queja de la fiscal León y pedirle informes al Tribunal Oral Federal N° 7, para que expliquen las razones de la demora.
“Ya se ha agotado todo tiempo prudencial. La fiscalía a mi cargo no avala demoras ni retrasos en la tramitación de las causas, ni las ha originado. Eso aun contando con cuatro colaboradores y poco espacio”, dijo a la fiscal León, la nacion tras presentar ambos escritos, que demandan una rápida respuesta de los jueces de la Cámara de Casación Penal.
El caso cuadernos tiene 161 imputados. La principal acusada en esta causa es Cristina Kirchner como jefa de una asociación ilícita. Las acusaciones surgieron de Oscar Centeno, un chofer del Ministerio de Planificación que anotó en cuadernos los viajes que hacía con funcionarios kirchneristas de la cartera del ex Ministerio de Planificación Federal para retirar sobornos pagados por empresarios. Funcionarios “arrepentidos” admitieron los cobros y los empresarios reconocieron los pagos ante la Justicia. hizo la investigación la nacion periodística que permitió destapar la maniobra.
La causa cuadernos es en realidad varias causas conectadas. La principal es la que contiene los escritos de Centeno, con tres tramos, y a ella se suman otros casos de fraude y de lavado donde se habla de una organización criminal, sucedida entre los años 2003 y 2015, “en cuyo marco se canalizaron sobornos y pagos para la satisfacción de esos intereses espurios y con miras a la obtención de beneficios recíprocos –de empresarios y funcionarios– a razón de ese acuerdo ilícito previo”, según evaluó la Justicia.
En rigor, las dos “quejas por retardo de justicia” se presentaron en dos casos conexos con el principal: aquel en que se investigan supuestos sobornos en la compra de barcos de gas natural licuado (GNL) y en el que se investiga a la empleada doméstica del exministro Julio De Vido por sus fastuosos bienes.
En el primer asunto, del GNL, deben resolver ahora la denuncia por “retardo de justicia” los jueces de la Sala I de la Casación, Diego Barroetaveña, Daniel Petrone y Carlos Mahiques. El escrito está fechado el 31 de mayo y no resolvieron.
A la queja por “retardo de justicia” en el caso de la cocinera de De Vido se lo están pasando, entre ellos, los jueces de la Sala II (Ángela Ledesma, Alejandro Slokar y Guillermo Yacobucci) y de la Sala IV de la Casación (Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Javier Carbajo), por desacuerdos acerca de a quién le corresponde decidir.
La fiscal León, en ambas causas, viene insistiendo con “pedidos de pronto despacho” para que los jueces le impriman celeridad a la admisibilidad de la prueba y que decidan cuáles son los testigos del proceso. La fiscalía incluso propuso que las causas se juzgan de manera separada, intercalada o sucesiva, pero que avance el juicio oral.
“La dilación, que no solamente yo califico de injustificada, no responde más que a una forma de dirección del proceso que es responsabilidad –y no privilegio– de los jueces. Su consecuencia impacta en la imagen misma del Poder Judicial y conduce a provocar perjuicios irreparables para las partes, las pruebas y los intereses generales de la sociedad”, dijo la fiscal, que pidió a la Casación que exhorte a los jueces a que pongan fecha de inicio al juicio o al menos que fijen las condiciones para su realización.
La fiscalía dijo en su escrito, al que accedió la nacion, que el fiscal de instrucción formuló requerimiento de elevación a juicio el 8 de noviembre de 2019. Se acusa a Julio Miguel De Vido, Roberto Baratta, Roberto Nicolás Dromi, José Roberto Dromi y Exequiel Espinosa de haber intervenido entre 2008 y 2009 en la compra de gas natural licuado (GNL) y perjudicado al Estado a través de la defraudación de sus intereses. A fines de 2019 la causa quedó radicada en manos de los jueces ahora denunciados.
Un año y medio después se citó a las partes a ofrecer prueba y en dos ocasiones, en mayo pasado, se exhortó al tribunal a que fije fecha al juicio y decida qué prueba es admitida, pero los jueces solo contestaron con un “téngase presente”.
“A la fecha de esta presentación, han transcurrido cuatro años, cinco meses y 22 días desde la radicación de esta causa y dos años, nueve meses y 20 días desde que las actuaciones se encuentran en condiciones de contar con auto de admisibilidad de la prueba ofrecida”, se quejó la fiscal León.
“La situación provocada por la mora del Tribunal es, a esta altura, grave”, sentenció la fiscal, que dijo que los jueces del tribunal oral le han impreso al expediente “desde un inicio un camino sinuoso y dilatorio, con demoras de años en dar curso o respuesta a los actos esenciales que demanda el avance del proceso a su culminación”.
“Los antecedentes y las fechas del caso, ya suficientemente recreados, dan la pauta sobre la imperiosa necesidad de imprimir celeridad al ya dilatado trámite que se le ha asignado a esta causa, como aquellas en su conjunto”, escribió León. Y remarcó: “Ya se ha agotado todo tiempo prudencial para seguir dilatando el avance que este tipo de proceso –en realidad, de todo proceso– en su camino a una resolución definitiva y en tiempo oportuno”.
La fiscal dijo que “lo único que importa es que ya se han superado –y desde hace demasiado tiempo– todos los actos procesales necesarios para avanzar hacia el juicio oral, con la celeridad que a todo proceso penal le corresponde y a este se le niega”, aun cuando se trate de un caso complejo o que no se dispongan de recursos. Criticó la desprolijidad de los integrantes del tribunal porque “tardaron años para la certificación parcial de la documentación, sin que –¡y a 5 años!– exista un certificado final y detallado” de los documentos que permita rastrearlos.
Los denunciados ante la Cámara Federal de Casación Penal, que es el máximo tribuna penal del país por debajo de la Corte, son los jueces del tribunal oral federal N° 7, Germán Castelli, Enrique Méndez Signori y Fernando Canero, que tienen el caso desde hace cuatro años y cinco meses, sin que avancen en fijar fecha para el juicio, ni en decidir la admisibilidad de las medidas de prueba.
Los jueces de la Cámara de Casación de la Sala II, quienes deben resolver si llaman la atención al tribunal oral, no se pusieron de acuerdo con sus colegas de la Sala IV sobre quién debe intervenir para hacerlo. Pero luego de la publicación de esta denuncia, decidieron ayer “formar un legajo independiente” (sin perjuicio de que no se resolvió quién es competente) para dar trámite a la queja de la fiscal León y pedirle informes al Tribunal Oral Federal N° 7, para que expliquen las razones de la demora.
“Ya se ha agotado todo tiempo prudencial. La fiscalía a mi cargo no avala demoras ni retrasos en la tramitación de las causas, ni las ha originado. Eso aun contando con cuatro colaboradores y poco espacio”, dijo a la fiscal León, la nacion tras presentar ambos escritos, que demandan una rápida respuesta de los jueces de la Cámara de Casación Penal.
El caso cuadernos tiene 161 imputados. La principal acusada en esta causa es Cristina Kirchner como jefa de una asociación ilícita. Las acusaciones surgieron de Oscar Centeno, un chofer del Ministerio de Planificación que anotó en cuadernos los viajes que hacía con funcionarios kirchneristas de la cartera del ex Ministerio de Planificación Federal para retirar sobornos pagados por empresarios. Funcionarios “arrepentidos” admitieron los cobros y los empresarios reconocieron los pagos ante la Justicia. hizo la investigación la nacion periodística que permitió destapar la maniobra.
La causa cuadernos es en realidad varias causas conectadas. La principal es la que contiene los escritos de Centeno, con tres tramos, y a ella se suman otros casos de fraude y de lavado donde se habla de una organización criminal, sucedida entre los años 2003 y 2015, “en cuyo marco se canalizaron sobornos y pagos para la satisfacción de esos intereses espurios y con miras a la obtención de beneficios recíprocos –de empresarios y funcionarios– a razón de ese acuerdo ilícito previo”, según evaluó la Justicia.
En rigor, las dos “quejas por retardo de justicia” se presentaron en dos casos conexos con el principal: aquel en que se investigan supuestos sobornos en la compra de barcos de gas natural licuado (GNL) y en el que se investiga a la empleada doméstica del exministro Julio De Vido por sus fastuosos bienes.
En el primer asunto, del GNL, deben resolver ahora la denuncia por “retardo de justicia” los jueces de la Sala I de la Casación, Diego Barroetaveña, Daniel Petrone y Carlos Mahiques. El escrito está fechado el 31 de mayo y no resolvieron.
A la queja por “retardo de justicia” en el caso de la cocinera de De Vido se lo están pasando, entre ellos, los jueces de la Sala II (Ángela Ledesma, Alejandro Slokar y Guillermo Yacobucci) y de la Sala IV de la Casación (Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Javier Carbajo), por desacuerdos acerca de a quién le corresponde decidir.
La fiscal León, en ambas causas, viene insistiendo con “pedidos de pronto despacho” para que los jueces le impriman celeridad a la admisibilidad de la prueba y que decidan cuáles son los testigos del proceso. La fiscalía incluso propuso que las causas se juzgan de manera separada, intercalada o sucesiva, pero que avance el juicio oral.
“La dilación, que no solamente yo califico de injustificada, no responde más que a una forma de dirección del proceso que es responsabilidad –y no privilegio– de los jueces. Su consecuencia impacta en la imagen misma del Poder Judicial y conduce a provocar perjuicios irreparables para las partes, las pruebas y los intereses generales de la sociedad”, dijo la fiscal, que pidió a la Casación que exhorte a los jueces a que pongan fecha de inicio al juicio o al menos que fijen las condiciones para su realización.
La fiscalía dijo en su escrito, al que accedió la nacion, que el fiscal de instrucción formuló requerimiento de elevación a juicio el 8 de noviembre de 2019. Se acusa a Julio Miguel De Vido, Roberto Baratta, Roberto Nicolás Dromi, José Roberto Dromi y Exequiel Espinosa de haber intervenido entre 2008 y 2009 en la compra de gas natural licuado (GNL) y perjudicado al Estado a través de la defraudación de sus intereses. A fines de 2019 la causa quedó radicada en manos de los jueces ahora denunciados.
Un año y medio después se citó a las partes a ofrecer prueba y en dos ocasiones, en mayo pasado, se exhortó al tribunal a que fije fecha al juicio y decida qué prueba es admitida, pero los jueces solo contestaron con un “téngase presente”.
“A la fecha de esta presentación, han transcurrido cuatro años, cinco meses y 22 días desde la radicación de esta causa y dos años, nueve meses y 20 días desde que las actuaciones se encuentran en condiciones de contar con auto de admisibilidad de la prueba ofrecida”, se quejó la fiscal León.
“La situación provocada por la mora del Tribunal es, a esta altura, grave”, sentenció la fiscal, que dijo que los jueces del tribunal oral le han impreso al expediente “desde un inicio un camino sinuoso y dilatorio, con demoras de años en dar curso o respuesta a los actos esenciales que demanda el avance del proceso a su culminación”.
“Los antecedentes y las fechas del caso, ya suficientemente recreados, dan la pauta sobre la imperiosa necesidad de imprimir celeridad al ya dilatado trámite que se le ha asignado a esta causa, como aquellas en su conjunto”, escribió León. Y remarcó: “Ya se ha agotado todo tiempo prudencial para seguir dilatando el avance que este tipo de proceso –en realidad, de todo proceso– en su camino a una resolución definitiva y en tiempo oportuno”.
La fiscal dijo que “lo único que importa es que ya se han superado –y desde hace demasiado tiempo– todos los actos procesales necesarios para avanzar hacia el juicio oral, con la celeridad que a todo proceso penal le corresponde y a este se le niega”, aun cuando se trate de un caso complejo o que no se dispongan de recursos. Criticó la desprolijidad de los integrantes del tribunal porque “tardaron años para la certificación parcial de la documentación, sin que –¡y a 5 años!– exista un certificado final y detallado” de los documentos que permita rastrearlos.
http://indecquetrabajaiii.blogspot.com.ar/. INDECQUETRABAJA
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.