Los haberes recuperan capacidad de compra
El proyecto con el cual el oficialismo busca insistir en Diputados haría que suba el piso del ingreso neto alcanzado por el tributo de $4,9 millones a $13,9 millones para este año; cuáles son las diferencias con el gravamen sobre los salarios de los emple
Silvia Stang
Los autónomos se verían beneficiados si se aprobara la reforma de Ganancias
En mayo, los ingresos de quienes no cobran bonos volvieron al valor real que tuvieron en noviembre; qué reajustes se dieron
El proyecto de ley de medidas fiscales que impulsa el Gobierno llevaría de $4.902.157 a $13.909.657 el ingreso neto de este año a partir del cual los autónomos se ven alcanzados por el impuesto a las ganancias, y esa base se actualizaría en septiembre próximo. Las modificaciones también se traducirían en menores montos a tributar para quienes queden alcanzados por la carga fiscal.
Más allá de los cambios en Ganancias, la aprobación de otro punto de la iniciativa referida a temas fiscales ampliaría el universo de trabajadores independientes que pueden estar en el monotributo en lugar de ser contribuyentes del régimen general de autónomos. Esto es así porque se prevé un incremento sustancial del ingreso tope que habilita a anotarse y permanecer en el sistema impositivo simplificado.
Las cifras mencionadas en el primer párrafo se condicen con ingresos mensuales promedio de $408.513, en el caso del régimen vigente, y de $1.159.138 si se observa el proyecto de ley. “Esa es la ganancia neta –destaca el contador Alberto Mastandrea, socio de Impuestos y Legales de la firma BDO–; es decir, la cifra que queda luego de restarle a lo facturado los gastos vinculados con la actividad y también las deducciones por conceptos como la cuota de la prepaga, los salarios del personal doméstico, etcétera”.
También se descuenta del monto facturado el aporte previsional, que desde abril último sube todos los meses. En junio, el importe de la categoría II es de $52.037,35.
Si se estimara que la ganancia neta de un profesional es el 40% de su facturación, dice Mastandrea, el ingreso en bruto para tributar, de acuerdo con el proyecto de ley, sería cercano a los $3 millones mensuales. En el sistema vigente, la cifra estimada es de poco más de $1 millón.
“Las modificaciones propuestas tienen en cuenta un incremento más significativo [de las bases para tributar] que los que hubo en períodos previos”, evalúa César Litvin, CEO del estudio Lisicki, Litvin & Asociados, que afirma que los autónomos fueron “los grandes olvidados” por medidas de alivio fiscal tomadas en los últimos años.
La ley vigente desde enero (y que el Gobierno busca modificar) dispone que, si se trata de asalariados, se paga el “impuesto cedular sobre los mayores ingresos” cuando se supera una remuneración mensual equivalente al salario mínimo vital y móvil (SMVM) multiplicado por 15. Dada esa regla, en el actual semestre el piso para tributar es de $2,34 millones mensuales en bruto (sin diferenciar si la persona tiene, o no, familiares que dependen económicamente de ella). Para julio está prevista una actualización. Y para ese reajuste –que tendría impacto en la determinación del impuesto de todo el año– se deberá considerar el SMVM que esté vigente ese mes. El proyecto de ley llevaría las bases para pagar Ganancias, en el caso de asalariados, a $1,8 millones (sin cargas de familia) y a $2,36 millones (con deducción por cónyuge y dos hijos).
Según recuerdan los contadores, a diferencia del empleado, el autónomo puede deducir (restar del ingreso antes del cálculo del tributo) varios gastos vinculados con la actividad. Cuáles son esas erogaciones, dice Mastandrea, es algo que depende de la tarea desarrollada, “pero hay que recordar que hubo causas en las que se permitió deducir gastos de vestimenta, maquillaje” y otros que, según se pudo justificar, eran necesarios para el trabajo.
Los autónomos pueden hacer también deducciones por familiares. Pueden declararse hijos menores de 18 años o incapacitados para el trabajo, y cónyuge o conviviente, si se trata de una persona sin ingresos propios o con ingresos muy escasos (según el proyecto, de no más de $3.091.35 por todo 2024). Por ejemplo, con cónyuge y dos hijos menores, la cifra de $13.909.657 libre del impuesto –según el proyecto– se elevaría a $19.756.984.
El capítulo de la iniciativa oficial sobre Ganancias fue aprobado en Diputados y rechazado en el Senado. En cambio, sí se aprobó en ambas cámaras la reforma del monotributo, que prevé que el tope de facturación de este año suba a $68 millones para servicios y para comercio.
Ahora, el oficialismo busca insistir en la Cámara Baja con los cambios en Ganancias. Si se aprobara, el impacto para los autónomos no sería inmediato, sino que se reflejaría en la determinación del impuesto de 2024, que se hará en 2025, aclara Gabriela Russo, presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires. La contadora agrega que si hubiera una actualización de los montos en septiembre –como prevé el texto–, eso incidiría en el cálculo del impuesto de todo el año, y, entonces, la base para tributar sería más alta que la inicialmente definida por la eventual ley, de $13.909.657 anuales.
De hecho, más allá de los anticipos, la declaración jurada por Ganancias y el pago de los saldos por 2023 debe hacerse este año y, si bien los vencimientos estaban previstos para este mes, fueron prorrogados para fines de agosto
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El poder de compra de los haberes volvió en mayo al nivel de noviembre último
En seis meses los ingresos de quienes no tienen bono aumentaron un 117,4%; la suma de la prestación mínima más el refuerzo avanzó menos, un 109%
En mayo, los ingresos de quienes no cobran bonos volvieron al valor real que tuvieron en noviembre; qué reajustes se dieron
El proyecto de ley de medidas fiscales que impulsa el Gobierno llevaría de $4.902.157 a $13.909.657 el ingreso neto de este año a partir del cual los autónomos se ven alcanzados por el impuesto a las ganancias, y esa base se actualizaría en septiembre próximo. Las modificaciones también se traducirían en menores montos a tributar para quienes queden alcanzados por la carga fiscal.
Más allá de los cambios en Ganancias, la aprobación de otro punto de la iniciativa referida a temas fiscales ampliaría el universo de trabajadores independientes que pueden estar en el monotributo en lugar de ser contribuyentes del régimen general de autónomos. Esto es así porque se prevé un incremento sustancial del ingreso tope que habilita a anotarse y permanecer en el sistema impositivo simplificado.
Las cifras mencionadas en el primer párrafo se condicen con ingresos mensuales promedio de $408.513, en el caso del régimen vigente, y de $1.159.138 si se observa el proyecto de ley. “Esa es la ganancia neta –destaca el contador Alberto Mastandrea, socio de Impuestos y Legales de la firma BDO–; es decir, la cifra que queda luego de restarle a lo facturado los gastos vinculados con la actividad y también las deducciones por conceptos como la cuota de la prepaga, los salarios del personal doméstico, etcétera”.
También se descuenta del monto facturado el aporte previsional, que desde abril último sube todos los meses. En junio, el importe de la categoría II es de $52.037,35.
Si se estimara que la ganancia neta de un profesional es el 40% de su facturación, dice Mastandrea, el ingreso en bruto para tributar, de acuerdo con el proyecto de ley, sería cercano a los $3 millones mensuales. En el sistema vigente, la cifra estimada es de poco más de $1 millón.
“Las modificaciones propuestas tienen en cuenta un incremento más significativo [de las bases para tributar] que los que hubo en períodos previos”, evalúa César Litvin, CEO del estudio Lisicki, Litvin & Asociados, que afirma que los autónomos fueron “los grandes olvidados” por medidas de alivio fiscal tomadas en los últimos años.
La ley vigente desde enero (y que el Gobierno busca modificar) dispone que, si se trata de asalariados, se paga el “impuesto cedular sobre los mayores ingresos” cuando se supera una remuneración mensual equivalente al salario mínimo vital y móvil (SMVM) multiplicado por 15. Dada esa regla, en el actual semestre el piso para tributar es de $2,34 millones mensuales en bruto (sin diferenciar si la persona tiene, o no, familiares que dependen económicamente de ella). Para julio está prevista una actualización. Y para ese reajuste –que tendría impacto en la determinación del impuesto de todo el año– se deberá considerar el SMVM que esté vigente ese mes. El proyecto de ley llevaría las bases para pagar Ganancias, en el caso de asalariados, a $1,8 millones (sin cargas de familia) y a $2,36 millones (con deducción por cónyuge y dos hijos).
Según recuerdan los contadores, a diferencia del empleado, el autónomo puede deducir (restar del ingreso antes del cálculo del tributo) varios gastos vinculados con la actividad. Cuáles son esas erogaciones, dice Mastandrea, es algo que depende de la tarea desarrollada, “pero hay que recordar que hubo causas en las que se permitió deducir gastos de vestimenta, maquillaje” y otros que, según se pudo justificar, eran necesarios para el trabajo.
Los autónomos pueden hacer también deducciones por familiares. Pueden declararse hijos menores de 18 años o incapacitados para el trabajo, y cónyuge o conviviente, si se trata de una persona sin ingresos propios o con ingresos muy escasos (según el proyecto, de no más de $3.091.35 por todo 2024). Por ejemplo, con cónyuge y dos hijos menores, la cifra de $13.909.657 libre del impuesto –según el proyecto– se elevaría a $19.756.984.
El capítulo de la iniciativa oficial sobre Ganancias fue aprobado en Diputados y rechazado en el Senado. En cambio, sí se aprobó en ambas cámaras la reforma del monotributo, que prevé que el tope de facturación de este año suba a $68 millones para servicios y para comercio.
Ahora, el oficialismo busca insistir en la Cámara Baja con los cambios en Ganancias. Si se aprobara, el impacto para los autónomos no sería inmediato, sino que se reflejaría en la determinación del impuesto de 2024, que se hará en 2025, aclara Gabriela Russo, presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires. La contadora agrega que si hubiera una actualización de los montos en septiembre –como prevé el texto–, eso incidiría en el cálculo del impuesto de todo el año, y, entonces, la base para tributar sería más alta que la inicialmente definida por la eventual ley, de $13.909.657 anuales.
De hecho, más allá de los anticipos, la declaración jurada por Ganancias y el pago de los saldos por 2023 debe hacerse este año y, si bien los vencimientos estaban previstos para este mes, fueron prorrogados para fines de agosto
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El poder de compra de los haberes volvió en mayo al nivel de noviembre último
En seis meses los ingresos de quienes no tienen bono aumentaron un 117,4%; la suma de la prestación mínima más el refuerzo avanzó menos, un 109%
Silvia Stang
Los haberes previsionales del sistema general de la Anses recuperaron en mayo último el valor real de noviembre de 2023. A esa conclusión se llega si se consideran la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informada por el Indec y las recomposiciones que se les fueron otorgando en el período a los ingresos de los jubilados sin bonos.
Para quienes perciben como ingreso previsional solo un haber mínimo, el poder adquisitivo de mayo fue un 6% más bajo que el de seis meses atrás. En este grupo está aproximadamente el 45% de los beneficiarios –unos 2,6 millones–, según la estadística publicada por la Subsecretaría de Seguridad Social.
En el período de diciembre a mayo, la inflación fue de 115,6%. Las jubilaciones, sin contar el refuerzo, recibieron un incremento acumulado de 117,4%. El bono, por su parte, subió de $37.000 a $70.000, es decir, un 89%, y, por eso, para quien cobra la mínima y recibe esa ayuda extra en forma íntegra (hay quienes perciben cifras menores), la variación del ingreso total fue de 109%.
El primer aumento del período en cuestión fue el de diciembre; ese mes se otorgó un 20,87% por la aplicación de la fórmula de movilidad anterior (el cálculo daba más de 28%, pero la suba, oficializada en la gestión de Alberto Fernández, se redujo en los hechos, porque la ley votada por el Congreso en 2020 fijó un tope anual para la suba de las jubilaciones). En enero y febrero, mientras la inflación acumuló 36,5%, los haberes quedaron congelados. En marzo llegó el primer reajuste concretado bajo la gestión actual y fue de 27,18%, porque ese fue el resultado de la fórmula que rigió desde 2021 y que ahora ya quedó derogada. En abril comenzaron a regir los cambios dispuestos por el DNU 274: el aumento de haberes fue de 27,4% ese mes y de 11,01% en mayo. Desde entonces se aplican reajustes mensuales y por inflación, y en abril se agregó un 12,5% como “incremento extraordinario”. Las subas mencionadas, que son acumulativas, completan el citado 117,4% hasta mayo.
Si se mira lo ocurrido en el período de 12 meses finalizado ese mes, se concluye que los ingresos de quienes no perciben bonos tuvieron en mayo último un poder de compra un 14% más bajo que el de igual mes de 2023. Y la capacidad adquisitiva de quienes perciben el haber mínimo y el refuerzo, fue un 6,2% más baja que la de un año atrás. Esas caídas interanuales se recortaron respecto de meses previos.
El pago de bonos es una práctica continua desde septiembre de 2022 y derivó en efectos distorsivos para el sistema, porque desde su inicio solo abarca a un grupo de jubilados, cuando en rigor todos perdieron frente a la inflación. Solo en 2023, considerado el año de punta a punta, la caída del poder de compra fue de 14,2% para quienes cobran el haber mínimo más bono (resultaron así los menos afectados); de 32,3% para los jubilados que nunca tuvieron refuerzo (sin tener necesariamente ingresos que puedan considerarse medios o altos), y de 37,4% para el grupo de quienes percibieron un adicional durante un año y dejaron de cobrarlo en septiembre.
Alrededor del 95% de quienes perciben un haber mínimo requirió de una moratoria por aportes no hechos en su momento. Ese universo es muy heterogéneo y estar en ese grupo no equivale necesariamente a no haber aportado nunca, sino a no haberlo hecho según los requisitos vigentes: hay quienes no contribuyeron y hay quienes, por ejemplo, lo hicieron por más de 20 años, pero no alcanzaron los 30 que exige la ley.
En los cinco primeros meses del año la suba de haberes fue de 79,9% y la inflación, de 71,9%. El aumento del ingreso integrado por el haber mínimo y el bono llegó a 61,9%, y el monto fue en mayo de $260.141, cifra ubicada por debajo del valor, a ese mes, de la canasta básica total de un adulto, de $275.518 según el Indec.
Los haberes previsionales del sistema general de la Anses recuperaron en mayo último el valor real de noviembre de 2023. A esa conclusión se llega si se consideran la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informada por el Indec y las recomposiciones que se les fueron otorgando en el período a los ingresos de los jubilados sin bonos.
Para quienes perciben como ingreso previsional solo un haber mínimo, el poder adquisitivo de mayo fue un 6% más bajo que el de seis meses atrás. En este grupo está aproximadamente el 45% de los beneficiarios –unos 2,6 millones–, según la estadística publicada por la Subsecretaría de Seguridad Social.
En el período de diciembre a mayo, la inflación fue de 115,6%. Las jubilaciones, sin contar el refuerzo, recibieron un incremento acumulado de 117,4%. El bono, por su parte, subió de $37.000 a $70.000, es decir, un 89%, y, por eso, para quien cobra la mínima y recibe esa ayuda extra en forma íntegra (hay quienes perciben cifras menores), la variación del ingreso total fue de 109%.
El primer aumento del período en cuestión fue el de diciembre; ese mes se otorgó un 20,87% por la aplicación de la fórmula de movilidad anterior (el cálculo daba más de 28%, pero la suba, oficializada en la gestión de Alberto Fernández, se redujo en los hechos, porque la ley votada por el Congreso en 2020 fijó un tope anual para la suba de las jubilaciones). En enero y febrero, mientras la inflación acumuló 36,5%, los haberes quedaron congelados. En marzo llegó el primer reajuste concretado bajo la gestión actual y fue de 27,18%, porque ese fue el resultado de la fórmula que rigió desde 2021 y que ahora ya quedó derogada. En abril comenzaron a regir los cambios dispuestos por el DNU 274: el aumento de haberes fue de 27,4% ese mes y de 11,01% en mayo. Desde entonces se aplican reajustes mensuales y por inflación, y en abril se agregó un 12,5% como “incremento extraordinario”. Las subas mencionadas, que son acumulativas, completan el citado 117,4% hasta mayo.
Si se mira lo ocurrido en el período de 12 meses finalizado ese mes, se concluye que los ingresos de quienes no perciben bonos tuvieron en mayo último un poder de compra un 14% más bajo que el de igual mes de 2023. Y la capacidad adquisitiva de quienes perciben el haber mínimo y el refuerzo, fue un 6,2% más baja que la de un año atrás. Esas caídas interanuales se recortaron respecto de meses previos.
El pago de bonos es una práctica continua desde septiembre de 2022 y derivó en efectos distorsivos para el sistema, porque desde su inicio solo abarca a un grupo de jubilados, cuando en rigor todos perdieron frente a la inflación. Solo en 2023, considerado el año de punta a punta, la caída del poder de compra fue de 14,2% para quienes cobran el haber mínimo más bono (resultaron así los menos afectados); de 32,3% para los jubilados que nunca tuvieron refuerzo (sin tener necesariamente ingresos que puedan considerarse medios o altos), y de 37,4% para el grupo de quienes percibieron un adicional durante un año y dejaron de cobrarlo en septiembre.
Alrededor del 95% de quienes perciben un haber mínimo requirió de una moratoria por aportes no hechos en su momento. Ese universo es muy heterogéneo y estar en ese grupo no equivale necesariamente a no haber aportado nunca, sino a no haberlo hecho según los requisitos vigentes: hay quienes no contribuyeron y hay quienes, por ejemplo, lo hicieron por más de 20 años, pero no alcanzaron los 30 que exige la ley.
En los cinco primeros meses del año la suba de haberes fue de 79,9% y la inflación, de 71,9%. El aumento del ingreso integrado por el haber mínimo y el bono llegó a 61,9%, y el monto fue en mayo de $260.141, cifra ubicada por debajo del valor, a ese mes, de la canasta básica total de un adulto, de $275.518 según el Indec.
http://indecquetrabajaiii.blogspot.com.ar/. INDECQUETRABAJA
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