La campaña en EE.UU. ¿Qué impacto tendrá la condena penal a Trump?
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Andrés Oppenheimer
MIAMI.- Muchos analistas están especulando que la condena del aspirante presidencial republicano Donald Trump por falsificación de documentos de sus empresas para encubrir un escándalo sexual puede hacerle perder las elecciones del 5 de noviembre. Yo no estoy tan seguro.
Después de haber observado la trayectoria de muchos demagogos populistas como Trump en América Latina, he visto esta película varias veces. Y suele tener un final feliz para los villanos.
Apenas fue declarado culpable de los 34 cargos criminales en el juicio en Nueva York, Trump tildó al sistema de justicia de Estados Unidos de supuestamente estar complotado contra él. Dijo que “esto fue una vergüenza”, y añadió: “Soy un hombre muy inocente. Estoy luchando por nuestro país, estoy luchando por nuestra Constitución”.
Mientras lo escuchaba, no pude evitar establecer paralelos con una larga lista de populistas latinoamericanos que jugaron el mismo juego de victimización tras ser condenados por varios delitos, y que fueron electos años después.
El difunto hombre fuerte de Venezuela, Hugo Chávez, fue condenado por dar un golpe de Estado en 1992, indultado dos años después y fue elegido presidente en 1998. Gran parte de la estrategia de campaña de Chávez fue presentarse como una víctima de un sistema supuestamente corrupto.
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, el líder colombiano Gustavo Petro, la expresidenta de la Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, y varios otros populistas también han jugado la carta de la victimización después de ser declarados culpables, o inhabilitados para postularse para la presidencia. Y en muchos casos, fueron reelectos sin problemas.
Lula fue condenado en 2017 por cargos de corrupción y lavado de dinero cometidos durante su gobierno de 2003 a 2010, y sentenciado a 26 años de prisión. Pasó 580 días en prisión, hasta que un tribunal anuló su sentencia en 2021. Un año después, ganó las elecciones presidenciales de Brasil.
Fernández de Kirchner de Argentina y Correa de Ecuador afirman ser víctimas de “lawfare”, un término que usan tramposamente para referirse a una supuesta conspiración de las elites y el poder judicial para perseguir a los defensores del pueblo.
Trump, que enfrenta otros tres procesos penales, incluido uno por intentar subvertir el resultado de las elecciones de 2020, atacó no solo al sistema de justicia estadounidense, sino al juez, al que acusó sin pruebas de ser “corrupto”, e incluso al jurado.
Pero no me apresuraría a vaticinar una derrota electoral de Trump, entre otras cosas porque tiene un control férreo sobre el Partido Republicano y el apoyo de poderosos medios de derecha.
La presentadora de Fox News, Jeanine Pirro, dijo poco después del veredicto que la justicia había actuado “para tumbar a un candidato a presidente”. Su compañero presentador de Fox News Sean Hannity dijo que el veredicto Trump fue “una condena sin delito”.
Es como si los estadounidenses hubieran olvidado que Fox News tuvo que pagar 787 millones de dólares en un juicio por afirmar falsamente que las elecciones de 2020 habían sido manipuladas. Los documentos judiciales mostraron que los ejecutivos y presentadores de Fox News sabían perfectamente que el presidente Biden había ganado, pero la cadena habría mentido para no perder su audiencia trumpista.
Ya antes de sus últimos ataques al Poder Judicial, Trump había defendido como “patriotas” y “rehenes” a sus seguidores que fueron arrestados en el violento ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021, que resultó en cinco muertes.
El ataque del Capitolio, el 6 de enero de 2021Y Trump sigue negando haber perdido las elecciones de 2020 a pesar de que 60 tribunales rechazaron los argumentos de sus abogados, e incluso la Corte Suprema, de mayoría conservadora, los consideró infundados.
Es cierto que los populistas latinoamericanos como Chávez o Lula ganaron elecciones solo después de que fueron indultados, o de que sus sentencias fueron revocadas. Aun así, vale la pena resaltar las similitudes entre la condena penal a Trump y la historia reciente de varios populistas latinoamericanos.
En casi todos los casos, se presentan como supuestas víctimas de élites siniestras, atacan las instituciones democráticas como el Poder Judicial, califican de “enemigos del pueblo” a los periodistas incómodos, y no respetan los resultados de las elecciones que pierden. Y a lo largo del camino, acaparan grandes titulares, y muchas veces terminan ganando elecciones.
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Jefe de la agencia italiana que administra los valores confiscados al crimen organizado para darles un fin social se reunió con jueces, fiscales y legisladores para impulsar una ley en el país
Germán de los Santos 
Bruno Corda, director de la agencia italiana de administración de bienes incautados a la mafia
Bruno Corda, director de la agencia que administra los bienes secuestrados y confiscados a la criminalidad organizada en Italia, asegura que la mafia en su país “cambió”. Fueron los crímenes del juez Giovanni Falcone y el magistrado Paolo Borsellino, integrantes del equipo especial que llevó adelante el megaproceso contra la Cosa Nostra y fueron asesinados en Sicilia en 1992, los que encendieron la reacción popular que provocó que la mafia cambiara.
Según este funcionario, que administra los bienes extirpados a la mafia –como ocurrió en 2018 con las fastuosas propiedades en Roma del clan Casamónica–, “el Estado muestra que es más poderoso que la mafia cuando logra sacarle sus bienes”. Italia es el país que más avanzó en este sentido.
Más de 20.000 bienes confiscados a la mafia italiana han sido puestos al servicio de la comunidad. Propiedades, campos, vehículos, maquinaria agrícola y obras de arte, entre muchos otros, son gestionados por organizaciones de la sociedad civil, que los destinan, a su vez, a cooperativas y a emprendimientos con contenido social.
Corda llegó a Buenos Aires para participar de un seminario organizado por la Unión Europea –en el marco del programa Copolad– y la organización social Libera, que impulsa en Italia esta idea desde la década del 90. Jueces, fiscales, autoridades y representantes del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y legisladores nacionales de siete bloques parlamentarios mantuvieron reuniones e intercambiaron ideas para avanzar, además, con el Proyecto Bien Restituido, una iniciativa legal patrocinada por Libera y otras organizaciones, como la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Fundación Multipolar y el Circolo Giuridico di Argentina, que fue presentada el mes pasado en la Cámara de Diputados de la Nación.
El objetivo es establecer este sistema en la Argentina para que los bienes que decomisa la Justicia puedan ser administrados por una agencia que les dé un fin social. Según un estudio realizado por la consultora Analytica en la Argentina, el Estado podría aprovechar unos 100.000 millones de pesos en concepto de bienes –propiedades, aviones y vehículos–, armas y joyas que se decomisan en causas judiciales y que con el paso del tiempo se herrumbran en depósitos judiciales.
En diálogo Corda señaló que “este tipo de acciones del Estado generan mensajes muy claros para las nuevas generaciones, que muchas veces ven que la mafia está resguardada de impunidad”.
–¿Es cada vez más complejo perseguir el crimen organizado por su modo de funcionamiento globalizado?
–Hay un cambio importante que se dio en los últimos años. En Italia hoy vivimos una situación que es diferente de la que enfrentábamos hace 20 años, en la época en que los grupos criminales y mafiosos estaban muy fortalecidos y llevaban adelante hechos sangrientos que tuvieron una fuerte repercusión e impacto en la sociedad. Este cambio no quiere decir que el problema de la mafia esté resuelto, sino que es diferente. Ahora debemos de poner más atención en las inversiones y los movimientos a nivel financiero y económico de estas organizaciones vinculadas al crimen organizado en distintas partes del mundo. Es la nueva manifestación más peligrosa y sofisticada de la mafia. Creo que los países en los que el crimen organizado se manifiesta, como por ejemplo con el tráfico de drogas, deben fortalecer sus legislaciones para poder enfrentar este problema y generar espacios de coordinación para que las policías pueden compartir información para seguir las rutas del dinero.
–¿Hubo un hecho decisivo en Italia que marcó la decisión de confiscar y reutilizar los bienes en la mafia a nivel social?
–Esta fue una iniciativa que surgió desde la gente y tuvo un amplio consenso. Italia fue el primer país del mundo en crear un sistema para el uso social de las propiedades, vehículos, yates, fábricas, campos y empresas del crimen organizado. La normativa es algo visible, porque luego llega a la sociedad que se apropia de esos bienes. Por eso, tiene un significado cultural práctico y un mensaje muy claro que va dirigido a las nuevas generaciones. Esto tiene una gran relevancia porque es la prueba de que el Estado es más fuerte que el crimen organizado. El paso del tiempo lleva al deterioro de los bienes y, sobre todo, crea dificultades. Entonces, es necesario proteger el valor del activo de esta manera, porque significa recuperarlo en lo que a la economía legal se refiere.
–¿Hubo miedo, de parte de la población, de que fueran blanco de venganzas?
–No surgió miedo, porque un punto clave y delicado es que se diseña un sistema en el que los destinatarios de los bienes son los municipios. En esto hay que tener mucho cuidado con la posible infiltración de los grupos criminales en las intendencias, que son quienes manejan estos recursos. Hemos detectado en unos pocos casos que el criminal genera una estrategia para reclamar los bienes y destruirlos después de transferirlos. Hay una creencia de la gente joven que tiene la sensación de que el que comete un delito no lo paga. Es un fenómeno que tiene que ver con la impunidad. Cada vez es más común en Italia que el delincuente no necesariamente se imponga en el territorio con violencia, sino a través del consenso, de la penetración en el mundo del trabajo y de la economía legal. El Estado tiene que romper esa creencia de que reina la impunidad. Muchos jóvenes creen que cometer un delito, como ir a robar o estar dentro de un grupo criminal, es algo que rápidamente los hará ascender a nivel económico y les aportará una buena vida. El Estado debe demostrar que le puede quitar esos bienes al criminal, como mansiones, autos y barcos, que son la manifestación externa de su actividad mafiosa, y hacer que alguien más los reutilice. Es la mayor lección que se le puede dar a la sociedad civil. La comunidad recibe y protege los bienes, por eso no tiene miedo.
–¿Fue el hartazgo de la violencia, con los crímenes de jueces que investigaban a la mafia, lo que generó el acuerdo político para avanzar sobre los bienes?
–Los asesinatos de Falcone y su esposa y de Borsellino, en 1992, constituyeron episodios muy fuertes que despertaron una reacción popular frente a las mafias. Fue clave ese momento histórico porque los grupos criminales se dieron cuenta de que no podían usar la violencia extrema porque habían pasado a tener como principal enemigo a la sociedad. Ese cambio que se dio fue muy importante, también, porque percibieron que debían invertir dinero para retomar los vínculos con la población. El Estado tuvo que cambiar su enfoque, porque debió ya no solo poner la lupa sobre las personas que cometían delitos, sino también sobre los flujos de capitales y activos.
–¿Hay experiencias en América Latina que se hayan inspirado en el modelo italiano de confiscación y recupero de activos con utilización social?
–Colombia es un caso interesante que ha iniciado un camino en los últimos años. La normativa es diferente de la de Italia, pero hay elementos similares. También el caso de la Argentina, donde hay una nueva oportunidad para el tratamiento de una ley. Esto es muy importante que países como Colombia y la Argentina debatan este tipo de normativas porque irradia interés en otros países de la región que pueden seguir el mismo camino.
CASOS DE ESTUDIO IMPULSADOS POR LA JUSTICIA
El proyecto Bien restituido reconoce varios “casos testigo” de reutilización de bienes originados en el crimen organizado. uno de ellos fue el que llevó adelante en 2008 el entonces juez federal Sergio Torres (hoy ministro de la Suprema Corte bonaerense), que decretó la incautación de las maquinarias textiles en un caso de trata para entregarlas al inTi con la obligación de generar puestos de trabajo para las personas rescatadas de la situación de trabajo esclavo. Eso se tradujo en la creación del Centro Demostrativo de indumentaria en la ciudad de Buenos aires. También se destacaron el secuestro de 28.000 hectáreas en el norte de Salta que pertenecían al narco Delfín Castedo y el caso de la maquinaria vial incautada en una causa de lavado de dinero que ahora es utilizada por Vialidad nacional y el Ejército.
http://indecquetrabajaiii.blogspot.com.ar/. INDECQUETRABAJA
Bruno Corda, director de la agencia que administra los bienes secuestrados y confiscados a la criminalidad organizada en Italia, asegura que la mafia en su país “cambió”. Fueron los crímenes del juez Giovanni Falcone y el magistrado Paolo Borsellino, integrantes del equipo especial que llevó adelante el megaproceso contra la Cosa Nostra y fueron asesinados en Sicilia en 1992, los que encendieron la reacción popular que provocó que la mafia cambiara.
Según este funcionario, que administra los bienes extirpados a la mafia –como ocurrió en 2018 con las fastuosas propiedades en Roma del clan Casamónica–, “el Estado muestra que es más poderoso que la mafia cuando logra sacarle sus bienes”. Italia es el país que más avanzó en este sentido.
Más de 20.000 bienes confiscados a la mafia italiana han sido puestos al servicio de la comunidad. Propiedades, campos, vehículos, maquinaria agrícola y obras de arte, entre muchos otros, son gestionados por organizaciones de la sociedad civil, que los destinan, a su vez, a cooperativas y a emprendimientos con contenido social.
Corda llegó a Buenos Aires para participar de un seminario organizado por la Unión Europea –en el marco del programa Copolad– y la organización social Libera, que impulsa en Italia esta idea desde la década del 90. Jueces, fiscales, autoridades y representantes del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y legisladores nacionales de siete bloques parlamentarios mantuvieron reuniones e intercambiaron ideas para avanzar, además, con el Proyecto Bien Restituido, una iniciativa legal patrocinada por Libera y otras organizaciones, como la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Fundación Multipolar y el Circolo Giuridico di Argentina, que fue presentada el mes pasado en la Cámara de Diputados de la Nación.
El objetivo es establecer este sistema en la Argentina para que los bienes que decomisa la Justicia puedan ser administrados por una agencia que les dé un fin social. Según un estudio realizado por la consultora Analytica en la Argentina, el Estado podría aprovechar unos 100.000 millones de pesos en concepto de bienes –propiedades, aviones y vehículos–, armas y joyas que se decomisan en causas judiciales y que con el paso del tiempo se herrumbran en depósitos judiciales.
En diálogo Corda señaló que “este tipo de acciones del Estado generan mensajes muy claros para las nuevas generaciones, que muchas veces ven que la mafia está resguardada de impunidad”.
–¿Es cada vez más complejo perseguir el crimen organizado por su modo de funcionamiento globalizado?
–Hay un cambio importante que se dio en los últimos años. En Italia hoy vivimos una situación que es diferente de la que enfrentábamos hace 20 años, en la época en que los grupos criminales y mafiosos estaban muy fortalecidos y llevaban adelante hechos sangrientos que tuvieron una fuerte repercusión e impacto en la sociedad. Este cambio no quiere decir que el problema de la mafia esté resuelto, sino que es diferente. Ahora debemos de poner más atención en las inversiones y los movimientos a nivel financiero y económico de estas organizaciones vinculadas al crimen organizado en distintas partes del mundo. Es la nueva manifestación más peligrosa y sofisticada de la mafia. Creo que los países en los que el crimen organizado se manifiesta, como por ejemplo con el tráfico de drogas, deben fortalecer sus legislaciones para poder enfrentar este problema y generar espacios de coordinación para que las policías pueden compartir información para seguir las rutas del dinero.
–¿Hubo un hecho decisivo en Italia que marcó la decisión de confiscar y reutilizar los bienes en la mafia a nivel social?
–Esta fue una iniciativa que surgió desde la gente y tuvo un amplio consenso. Italia fue el primer país del mundo en crear un sistema para el uso social de las propiedades, vehículos, yates, fábricas, campos y empresas del crimen organizado. La normativa es algo visible, porque luego llega a la sociedad que se apropia de esos bienes. Por eso, tiene un significado cultural práctico y un mensaje muy claro que va dirigido a las nuevas generaciones. Esto tiene una gran relevancia porque es la prueba de que el Estado es más fuerte que el crimen organizado. El paso del tiempo lleva al deterioro de los bienes y, sobre todo, crea dificultades. Entonces, es necesario proteger el valor del activo de esta manera, porque significa recuperarlo en lo que a la economía legal se refiere.
–¿Hubo miedo, de parte de la población, de que fueran blanco de venganzas?
–No surgió miedo, porque un punto clave y delicado es que se diseña un sistema en el que los destinatarios de los bienes son los municipios. En esto hay que tener mucho cuidado con la posible infiltración de los grupos criminales en las intendencias, que son quienes manejan estos recursos. Hemos detectado en unos pocos casos que el criminal genera una estrategia para reclamar los bienes y destruirlos después de transferirlos. Hay una creencia de la gente joven que tiene la sensación de que el que comete un delito no lo paga. Es un fenómeno que tiene que ver con la impunidad. Cada vez es más común en Italia que el delincuente no necesariamente se imponga en el territorio con violencia, sino a través del consenso, de la penetración en el mundo del trabajo y de la economía legal. El Estado tiene que romper esa creencia de que reina la impunidad. Muchos jóvenes creen que cometer un delito, como ir a robar o estar dentro de un grupo criminal, es algo que rápidamente los hará ascender a nivel económico y les aportará una buena vida. El Estado debe demostrar que le puede quitar esos bienes al criminal, como mansiones, autos y barcos, que son la manifestación externa de su actividad mafiosa, y hacer que alguien más los reutilice. Es la mayor lección que se le puede dar a la sociedad civil. La comunidad recibe y protege los bienes, por eso no tiene miedo.
–¿Fue el hartazgo de la violencia, con los crímenes de jueces que investigaban a la mafia, lo que generó el acuerdo político para avanzar sobre los bienes?
–Los asesinatos de Falcone y su esposa y de Borsellino, en 1992, constituyeron episodios muy fuertes que despertaron una reacción popular frente a las mafias. Fue clave ese momento histórico porque los grupos criminales se dieron cuenta de que no podían usar la violencia extrema porque habían pasado a tener como principal enemigo a la sociedad. Ese cambio que se dio fue muy importante, también, porque percibieron que debían invertir dinero para retomar los vínculos con la población. El Estado tuvo que cambiar su enfoque, porque debió ya no solo poner la lupa sobre las personas que cometían delitos, sino también sobre los flujos de capitales y activos.
–¿Hay experiencias en América Latina que se hayan inspirado en el modelo italiano de confiscación y recupero de activos con utilización social?
–Colombia es un caso interesante que ha iniciado un camino en los últimos años. La normativa es diferente de la de Italia, pero hay elementos similares. También el caso de la Argentina, donde hay una nueva oportunidad para el tratamiento de una ley. Esto es muy importante que países como Colombia y la Argentina debatan este tipo de normativas porque irradia interés en otros países de la región que pueden seguir el mismo camino.
CASOS DE ESTUDIO IMPULSADOS POR LA JUSTICIA
El proyecto Bien restituido reconoce varios “casos testigo” de reutilización de bienes originados en el crimen organizado. uno de ellos fue el que llevó adelante en 2008 el entonces juez federal Sergio Torres (hoy ministro de la Suprema Corte bonaerense), que decretó la incautación de las maquinarias textiles en un caso de trata para entregarlas al inTi con la obligación de generar puestos de trabajo para las personas rescatadas de la situación de trabajo esclavo. Eso se tradujo en la creación del Centro Demostrativo de indumentaria en la ciudad de Buenos aires. También se destacaron el secuestro de 28.000 hectáreas en el norte de Salta que pertenecían al narco Delfín Castedo y el caso de la maquinaria vial incautada en una causa de lavado de dinero que ahora es utilizada por Vialidad nacional y el Ejército.
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